REUNIÓN DE EXPERTOS GUBERNAMENTALES SOBRE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL SUBACUÁTICO CONTINUARÁ PARA FINALES DE JUNIO PRINCIPIOS DE JULIO

            París, 6 de abril – La cuarta Reunión de Expertos Gubernamentales sobre el Proyecto de  Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático retomará su trabajo a finales de junio, principios de julio. Esta prórroga fue propuesta por el Director General de la UNESCO, Koichiro Matsuura, para permitir nuevas consultas sobre ciertos puntos todavía en discusión.

            Cerca de 350 expertos gubernamentales – representantes de 100 Estados Miembros de la UNESCO, dos observadores permanentes, ocho organizaciones no gubernamentales y la División de Asuntos Marítimos y de Derecho del Mar (DOALOS) de la Consultoría Jurídica de las Naciones Unidas – se reunieron en la sede de la UNESCO en París, del 26 de marzo al 6 de abril.

              Esas dos semanas de debates, moderados por la Presidencia de Carsten Lund (Dinamarca), permitieron lograr un consenso sobre un gran número de temas, especialmente sobre el carácter prioritario de la preservación in situ del patrimonio cultural subacuático; el principio de la colaboración entre los Estados y el de la información compartida; la relación entre el derecho de los hallazgos y el derecho del salvamento; la necesidad de una sensibilización del público respecto al valor y el interés del patrimonio cultural subacuático; y las reglas relativas a las intervenciones sobre el patrimonio cultural subacuático que se inspira en la Carta Internacional para la Protección y la Gestión del Patrimonio Cultural Subacuático del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) de 1996.

            Puntos claves – como la responsabilidad del Estado costero respecto al patrimonio cultural ubicado en su plataforma continental – quedan pendientes de discusión para la segunda fase de la reunión.

            Para llegar a un acuerdo sobre el Proyecto de Convención, los participantes se han enfrentado al desafío de tener que integrar diferentes preocupaciones: el respeto de la legislación internacional existente sobre el tema, como la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982; los intereses particulares de los Estados; las consideraciones científicas, culturales, medioambientales o vinculadas con la investigación; y los derechos públicos y los intereses de sector privado. (UNESCOPRESSE)