La Tela, la araña y la mosca

Seydou Amadou Oumarou y René Lefort

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¿Cómo impedir a los niños el acceso a sitios web violentos sin oponerse a la libertad de expresión?





Las restricciones de los Estados sirven sobre todo para impedir la utilización de la red con fines “subversivos”.













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El precio
de la vida

Una serie de demandas interpuestas por fumadores que padecen de cáncer o por sus familiares contra las tabacaleras ha desencadenado en Estados Unidos un debate de carácter ético, mientras los abogados de los grupos acusados estiman que el hecho de fumar constituye una decisión personal. Cuando el Estado debe pagar la factura médica de los daños causados por el tabaco, el asunto cobra una dimensión diferente, responden sus oponentes, haciendo valer el interés colectivo.
Según la ley estadounidense, no basta probar la falta, sino que hay que medir también el perjuicio. Tom Pursell, consejero del fiscal general del estado de Minnesota, trabajó recientemente en uno de los casos más importantes de este tipo, en el que se acusaba a once grupos británicos y estadounidenses: “Apoyándonos en el testimonio de los epidemiólogos acerca de las enfermedades provocadas por el tabaco, examinamos cuidadosamente todas las solicitudes de reembolso del seguro médico público, entre 1976 y 1996, cuya cuantía habría sido de 1.300 millones de dólares, suma que nos parece modesta.” “¡Ciencia de pacotilla! ¡Datos equivocados!”, vociferaron los abogados de la defensa, señalando errores en esa contabilidad. Por ejemplo, ¿qué se hace con los fondos que el Estado obtiene de los impuestos que gravan los paquetes de cigarrillos? Es más, las empresas acusadas llegaron a sostener que en definitiva habían permitido que el sistema médico se ahorrara dos mil millones de dólares en gastos de hospitalización, pues la muerte prematura de los fumadores disminuía la atención médica de larga duración.
El tribunal calificó de “odioso y terriblemente contrario a la salud pública que se explote la muerte de personas para defenderse o para aminorar los daños y perjuicios” y rechazó esa tesis el 24 de enero de 1998. “El juez era sumamente parcial y no respetó los hechos”, comentó Michael York, abogado del gigante del tabaco Philip Morris. Este último aceptó pese a todo un arreglo amistoso, consistente en pagar más de seis mil millones de dólares.







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¿Cuáles son los criterios y los medios para controlar
los contenidos de Internet?








El asunto se complica aún más si se tiene en cuenta la encriptación.


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Peligro en la Red

Los servidores de Internet se han multiplicado en un tiempo récord: 213 operadores en 1981, mil en 1984, cien mil en 1989, un millón en 1992, 9,5 millones en 1996. Desde mediados de 1995 a mediados de 1996, nacieron cinco millones de nuevos servidores.
En medio de tal inmensidad, la Unión Europea repertorió algunas áreas susceptibles de contener información perjudicial, ilegal o que podría ser utilizada con fines criminales. Dichas advertencias se refieren sobre todo a:
• seguridad nacional (instrucciones para fabricar bombas, producción ilegal de drogas, actividades terroristas);
• protección de menores (violencia y pornografía);
• protección de la dignidad humana (incitación al odio racial, discriminación racial);
• seguridad económica (fraude, instrucciones para piratear tarjetas de crédito);
• protección de la información;
• protección de la vida privada (comunicación no autorizada de informaciones de carácter personal, acoso electrónico);
• protección de la reputación (difamación, publicidad comparativa ilegal);
• protección de la propiedad intelectual (difusión no autorizada de obras protegidas por derechos de autor, como los programas informáticos o la música).

La censura de Internet, ¿apunta a prohibir lo inaceptable o a hacer callar voces que molestan? ¿Cómo manejar un instrumento de comunicación concebido para escapar a todo tipo de control?

En la pantalla negra una calavera hace su revolución girando incansablemente sobre sí misma. A lo largo de las páginas desfilan, entre otras, la imagen de un bebé al que se ha colocado el bigote del Führer o un montaje fotográfico de Arnold Schwarzenegger blandiendo una espada con Ingrid Bergman a sus pies, ambos como Dios los echó al mundo. Pero salimos de las bromas de colegiales cuando aparecen, al azar de la navegación, sitios dedicados a la fabricación de bombas o al tráfico sexual de niños, o foros de debate sobre la superioridad de la raza blanca. La feliz unión de las telecomunicaciones con la informática de la que surgió Internet plantea problemas sin precedentes de control de la información, frente a los cuales los Estados, los proveedores de acceso, los educadores o las familias buscan con grandes dificultades una solución.

¿Cómo controlar la información?
Una publicación periódica cuenta con una redacción y una imprenta, una cadena de televisión posee presentadores, estudios, emisores. En resumen, los medios de comunicación tradicionales son identificables y tienen un componente físico o material sobre el que las autoridades están en condiciones de actuar cuando estiman que se ha violado la ley. Un periodista puede ser procesado, un periódico clausurado, una emisora cerrada. En vista de ello esos medios tienen un territorio: aunque sus mensajes puedan cruzar las fronteras, sus actividades están sometidas por lo menos a la jurisdicción de un país. Nada semejante tratándose de Internet. En primer término, los emisores de información son innumerables: cualquiera de los cien millones de internautas puede, no sólo enviar correo electrónico o participar en foros de debates, sino convertir su pc en un servidor gracias a una maniobra electrónica elemental. A continuación, ese internauta es en cierto modo “virtual”: su mensaje puede transitar por tantas vías que, al final, su fuente original de emisión ni siquiera es identificable.
El control de los contenidos, estímese legítimo o no, debe adaptarse pues a esta nueva realidad. Exigiría un acuerdo universal que supondría a su vez una ética común en la materia, o al menos un mínimo común denominador. Estamos muy lejos de ello: los Países Bajos, China, Zambia, Estados Unidos, Cuba o Francia, para tomar sólo esos ejemplos, aplican criterios de control diametralmente diferentes, incluso inconciliables.
Es la ofensa a la moral lo que invocan los proveedores de servicio Internet y algunas asociaciones que luchan por la “descontaminación del web”. La feroz competencia que caracteriza el otorgamiento de acceso y de servicios lleva a numerosos proveedores a cultivar una imagen sana, entre otras sobre la cuestión de la pedofilia, por miedo de aparecer como distribuidores de contenidos “maculados”.
Así, en los Países Bajos las autoridades no pretenden imponer leyes represivas e incitan más bien a proveedores de acceso a hacer ellos mismos la limpieza eliminando de sus servidores todo contenido de carácter pedófilo o racista. En enero de 1996 los proveedores de servicio Internet de ese país crearon una fundación encargada de liquidar los sitios indeseables. La policía sólo interviene cuando el autor de las páginas incriminadas se niega a contemporizar. Pero no se trata de atentar contra la libertad de expresión, se apresura a precisar Renee Zwart, integrante de la fundación, para quien la censura es un “instrumento medieval”.
En otras partes son muchos los que proporcionan a sus clientes instrumentos de filtrado del tráfico, a fin de despojarlo de su contenido pornográfico o racista. Existen en el mercado varios instrumentos de este tipo, entre otros Cyber Patrol, Cybersitter, NetNanny o Surfwatch. Funcionan a partir de un repertorio de foros o de sitios web que se sabe ofrecen contenidos que se estiman ofensivos y de palabras clave consideradas obscenas. La conexión se interrumpe en cuanto se intenta abrir uno de esos sitios o desde que la palabra prohibida aparece en la pantalla. Según la Electronic Frontier Foundation, una asociación estadounidense de defensa de una libertad radical de expresión en la red, que corresponde a la ley y a la tradición del país, si bien esos soportes lógicos permiten una protección contra los contenidos indecentes, también bloquean el acceso a numerosos sitios de carácter político o social, en particular los dedicados a la lucha contra el sida o a la promoción de las mujeres. Por consiguiente, la experiencia es “poco concluyente”. Y se ha comprobado “que es relativamente fácil desbaratar esos soportes lógicos, incluso para los usuarios novatos”, afirma Jean Paul Cloutier, pionero quebequés del web independiente y redactor de Chroniques de Cybérie, páginas de información y de reflexión en línea con las infopistas.
Las restricciones de los Estados pueden imponerse en nombre de la defensa de la moral. Pero sirven sobre todo para impedir la utilización de la red con fines calificados de “subversivos”. En China los internautas deben hacerse declarar a la policía y comprometerse a no utilizar ese medio para llevar a cabo “actividades antigubernamentales”. Además, desde 1996 todo el tráfico está controlado por el gobierno que dispone de un fichero de propietarios de modems. “Por ejemplo, ahora está prohibido que un hombre de negocios se procure por Internet informaciones bursátiles consideradas estratégicas”, afirma Christophe Tronche, miembro de la sección francesa de Citadel, una asociación que lucha por el respeto de la libertad individual en Internet. En Cuba el comité de regulación que aprueba las solicitudes de acceso a la red está constituido exclusivamente por representantes del Ministerio de Justicia, del Interior y de las Fuerzas Armadas.
En casos como ésos, el control del ciberespacio es menos complicado puesto que “los operadores de telecomunicaciones pertenecen al Estado”, explica Cloutier. Pero ese control no es fácil cuando el sitio está instalado en un servidor situado fuera del territorio nacional. Es el caso –entre tantos otros– de Argelia, donde los internautas tienen acceso a un sitio de “oficiales disidentes” del ejército del país. “El contenido de nuestro sitio no es del agrado del gobierno argelino... utilizamos el web como una oportunidad” exulta el responsable anónimo de ese sitio. Internet puede ser empleado como alternativa a la censura de los medios tradicionales, en especial la prensa escrita. Es el mecanismo que la asociación francesa de defensa de la libertad de prensa, Reporters Sans Frontières (R
SF), encontró en noviembre último para tratar de dar nueva vida al periódico mauritano Mauritanie Nouvelles, suspendido durante siete meses, poniendo en línea algunos de sus artículos. Hoy día los opositores a los regímenes monolíticos pueden utilizar Internet para crear espacios de libertad que les están vedados en el plano nacional y contar con una audiencia internacional difícil de obtener de otro modo. Una posibilidad que contraría a los censores del mundo entero, pues “Internet es actualmente el único espacio de libertad al margen de todo control político”, según Lyonnel Thouvenot, de RSF.
En las democracias liberales, donde los contenidos que se procura eliminar son sobre todo los de carácter pedófilo y racista, el primer control de Internet se remonta a 1995, con la aprobación por el Congreso de Estados Unidos del Communication Decency Act, cuyo objetivo es reprimir severamente la transmisión por las redes informáticas de contenidos “chocantes” o “indecentes” en nombre de la protección de la infancia. Le ley establece, en caso de infracción, una multa de 250.000 dólares y hasta dos años de prisión. Un año más tarde esta legislación fue declarada inconstitucional y derogada por la Corte Suprema. Asimismo en nombre de la libertad de expresión los sitios neonazis no se han prohibido en ese país y florecen también en Dinamarca.
En Alemania, en mayo último, el tribunal de Munich reconoció a Félix Somm, ex responsable local del proveedor de servicios Internet CompuServe, culpable de difusión de contenido pornográfico en Internet, por conducto de infogrupos, y lo condenó a dos años de prisión, con remisión de la pena, y a 100.000 marcos de multa. Está pendiente un recurso de apelación contra esta sentencia. En ese país las autoridades judiciales son también particularmente estrictas con los sitios de propaganda neonazi o con ciertas revistas en línea de extrema izquierda como Radikal, acusada de hacer la apología de la violencia. Esta publicación, prohibida en los quioscos, está incorporada en un servidor neerlandés. Sin embargo, según Cloutier, “pocos Estados disponen de una legislación específica para Internet... Todo depende de la forma en que se aplica la legislación vigente que limita la libertad de expresión, del margen de maniobra de que se dispone para criticar al gobierno, de la definición nacional de contenidos que pueden atentar contra la seguridad del Estado...”
El asunto se complica aún más si se tiene en cuenta la encriptación en la que se inserta. El elemento esencial del control del tráfico de Internet es la negativa de los Estados a liberalizar completamente el cifrado, técnica de codificación que descansa en una especie de bloqueo al que corresponde una clave conocida por los dos corresponsales y que les permite leer, a la llegada, los mensajes que se envían codificados. Su desmonopolización significaría técnicamente el fin de la censura de Internet, pues cada cual podría enviar o recibir un contenido encriptado del que ninguna persona no autorizada podría enterarse. En realidad, todos los Estados temen que esos intercambios electrónicos transfronterizos masivos, con múltiples utilizaciones y al margen de todo control, limiten sus privilegios regios a medida que avanza la globalización. Unos son legítimos si permiten luchar contra el lavado del dinero mal habido o el desarrollo de la pedofilia. Los demás son algo superado: el auge del comercio electrónico exige que los modos de pago den plenas garantías, cosa que depende de una encriptación inviolable. Ahora bien, la mayor parte de los especialistas coinciden en afirmar que la red debe superar la etapa artesanal, el intercambio de informaciones entre científicos y particulares, para convertirse en un instrumento privilegiado de comunicación de masas dentro de la esfera comercial, trátese de empresas entre sí o de productores y consumidores. Las asociaciones de defensa de la libertad de expresión en la red, entre las que figuran la American Civil Liberties Union (A
CLU) o la Electronic Frontier Foundation (EFF), luchan por lo demás por una total liberalización de las tecnologías de encriptación, y en especial del Pretty Good Privacy (PGP). Es cierto que el común de los internautas de Estados Unidos puede contar con este último, pero sólo en una versión de que disponen los servicios policiales. En Francia, por ejemplo, el cifrado se hace en virtud de una derogación gubernamental a fin de que la policía pueda leer el tráfico.
No se escapa a sus orígenes: Internet fue concebido inicialmente por militares que querían un medio de comunicación tan ramificado que la destrucción de una de sus partes no paralizara el todo. Por lo tanto no resultará fácil controlarlo.

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