Jody Williams, Coordinadora de la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Antipersonal, colaureada con el Premio Nobel de la Paz 1997.
Carteles de la campaña
contra las minas antipersonal en el Reino Unido.
Incluso los más optimistas no creían posible la prohibición, en un plazo tan breve, de un arma utilizada a lo largo del siglo en todo el planeta y por la mayor parte de los ejércitos. Sin embargo, en 1997 se otorgó el Premio Nobel de la Paz a la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Antipersonal, recompensándola así por haber desencadenado “un proceso que, en un lapso de pocos años, permitió pasar de una utopía a un proyecto realizable”. Concluía calificándolo de “modelo para los esfuerzos internacionales futuros en materia de paz y de desarme”. El sueño se hizo realidad en diciembre de 1997, cuando 121 países firmaron en Ottawa la Convención sobre la prohibición de las minas antipersonal. Su número va en aumento y nada puede ya detener esta marcha hacia la meta.
A finales de los años ochenta y comienzos de los noventa, ciertas ong empezaron a analizar seriamente este verdadero escándalo humanitario mundial, esas decenas de millones de minas antipersonal que anualmente provocan cientos de víctimas. En octubre de 1992, Handicap International, Human Rights Watch, Medico International, Mines Advisory Group, Physicians for Human Rigths y Vietnam Veterans of America Foundation lanzaron, en forma de llamamiento conjunto, una campaña que reclamaba poner término al empleo, la producción, el comercio y el almacenamiento de minas antipersonal. Encarecieron también a los gobiernos que destinaran más recursos al barrido de minas y a la asistencia a las víctimas.
La campaña fue creciendo hasta reunir, en una coalición sin precedentes, un millar de organizaciones repartidas en sesenta países. Paralelamente su comité directivo, integrado inicialmente por las seis ong que lanzaron la operación, se amplió a fin de reflejar la diversidad de los participantes, que abarcaban organizaciones que iban de Afganistán a Suecia, pasando por Camboya, Sudáfrica, Kenya, Japón, Colombia o Noruega. La Federación Luterana Mundial se sumó también a la campaña. Nuestra fuerza residió siempre en el hecho de funcionar con estructuras flexibles, sin secretaría central, sin dirección general ni burocracia. Nos reuníamos regularmente para elaborar estrategias globales y planificar acciones conjuntas, pero cada cual podía realizar libremente su propia labor, adaptándola a su mandato, a su cultura y al contexto. El único vínculo entre las ong era estar férreamente unidas en torno a un objetivo común. Su línea directriz era ejercer presión para que se adoptaran medidas a nivel internacional, regional y nacional. Al principio se trataba de hacer que los países revisaran la Convención sobre ciertas armas convencionales (Cac) de 1980, con miras a controlar la utilización de minas antipersonal y obtener, a través de enmiendas, la eliminación de éstas. Pero como la convención revisada no generó un acuerdo que estableciera una prohibición general, proseguimos nuestro combate, llamando a los gobiernos a constituir un grupo favorable a la prohibición, que se reunió en varias oportunidades en Ginebra. Luego, en mayo de 1996, el gobierno canadiense propuso acoger en su territorio una reunión gubernamental en octubre de ese mismo año. Ello dio lugar a difíciles negociaciones que desembocaron en la conferencia histórica de Ottawa, en diciembre de 1997, dedicada a la Convención sobre la prohibición de las minas antipersonal.
No sólo ese tratado fue negociado en tiempo récord, sino que pasará probablemente a la historia como el que entró más rápidamente en vigor. En el momento de su redacción, 28 Estados —más de la mitad del número exigido para su aplicación— habían depositado sus instrumentos de ratificación ante las Naciones Unidas, mientras que a otros seis, que desde entonces ya los han redactado, sólo les falta materializar la entrega de sus textos. El resultado de esta campaña y de la colaboración con los Estados es notable. Este proceso histórico prueba que los gobiernos y la sociedad civil no deben mirarse como adversarios. Muestra que las naciones medianas y pequeñas pueden consagrarse, conjuntamente con la sociedad civil, a la solución de problemas humanitarios a una velocidad sorprendente.
El Correro de la UNESCO