La cortina de humo de Kioto
	Anil Agarwal et Sunita Narain, Centro para la Ciencia y el Medio Ambiente, Nueva Dehli, India.
Emisiones mundiales de dióxido de carbono por grandes regiones   Amenazas persistentes Un clamor empieza a hacerse sentir en las filas de la comunidad internacional. Proviene de las negociaciones que prosiguen unos cien Estados a fin de reducir o eliminar el empleo de los contaminantes orgánicos persistentes (cop), sustancias que figuran entre las más peligrosas que produce el hombre. Los cop comprenden pesticidas e insecticidas, como el ddt, y subproductos de la actividad industrial, como la dioxina, emitida en grandes cantidades por los incineradores de desechos, o el furano, utilizado como solvente para materias plásticas o resinas. Verse expuesto a los cop puede, entre otras cosas, provocar cáncer, dañar el sistema nervioso y alterar las defensas inmunitarias. Como hizo hincapié el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), que lleva la voz cantante en las conversaciones intergubernamentales, existe hoy un amplio consenso sobre la necesidad de reducir la utilización de esos productos tóxicos. Pero este acuerdo de fachada no logra ocultar las divergencias que existen aún entre países industrializados y países en desarrollo. En efecto, los primeros ya han prohibido o reglamentado la utilización de ciertos cop, entre los que cabe mencionar el ddt y diversos productos clorados. Incluso 32 Estados de Europa y de América del Norte firmaron, a fines de junio, dos protocolos sobre la contaminación del aire encaminados a reforzar esas medidas. Su objetivo es acelerar la movilización a escala mundial pues, como los contaminantes viajan de un extremo a otro del planeta a través de la atmósfera o del agua, sólo la aplicación de medidas globales será realmente eficaz para limitar sus efectos en el plano local. En la otra acera, los países del Sur, que siguen empleando esencialmente el ddt para combatir el paludismo (más de dos millones de muertos por año), desean que los del Norte se lleven la mano al bolsillo para ayudarlos a recurrir a alternativas menos peligrosas pero a menudo más costosas. Digámoslo sin rodeos: la movilización anticop aún no está a punto. Reunidos en Montreal (Canadá) en el pasado mes de julio, los Estados se dieron plazo hasta finales de siglo para precisar las medidas concretas que habrá que aplicar.	Cada vez se va viendo con más claridad que el Protocolo de Kioto —que tiene por objeto reducir las emisiones de dióxido de carbono en los países industrializados— no es sólo un convenio sobre el medio ambiente, sino uno de los acuerdos comerciales más importantes del siglo. Habida cuenta de los enormes intereses en juego, a los países en desarrollo, India y China en particular, les conviene estudiar muy a fondo sus consecuencias en vez de ceder a las presiones occidentales para que lo acepten. El Protocolo, que se firmó en diciembre de 1997, reafirma el propósito mundial de atajar el problema del cambio climático provocado por las actividades humanas. Los países en desarrollo son los primeros interesados ya que, según el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, creado por las Naciones Unidas en 1988, son dos veces más vulnerables a las consecuencias del cambio climático que las naciones industrializadas. Diversos comentaristas, sobre todo en Occidente, han dedicado ya muchas páginas a glosar la posible ineficacia del Protocolo, pero conviene también insistir en su indiferencia hacia los intereses de las generaciones presentes y futuras de los países en desarrollo. Según el Protocolo, entre 2008 y 2012 los países industrializados deberían reducir sus emisiones de dióxido de carbono en un 5% como mínimo con respecto a los niveles de 1990. El problema estriba en que el acatamiento de esta cláusula se ha reducido a una especie de juego de lotería, en la que los países que prometen una mayor “reducción porcentual” son considerados buenos jugadores y los que están a favor de porcentajes menores son tachados de tramposos. Todo ello no es más que una cortina de humo que desvía la atención del auténtico problema: los que emiten mayores cantidades de gases con efecto de invernadero, o sea, los países industrializados, podrán seguir contaminando gracias a un sistema de cálculo que les permite alcanzar los objetivos prometidos sin reducir sus emisiones. El quid de la cuestión reside en el año que se toma como referencia para determinar la “cuota” de gases contaminantes que puede emitir cada país. Si una nación no agota la cuota a la que tiene derecho, puede vender el excedente a otra. Algunos países parten con ventaja dado que la estimación inicial de su cuota es demasiado elevada. De hecho, este mecanismo tiene un efecto perverso, pues incita a los países en desarrollo que no han aceptado aún el Protocolo a aumentar sus emisiones cuanto antes. Este es seguramente el aspecto más negativo del Protocolo, pues a los países que actualmente hacen esfuerzos por utilizar una energía limpia les resultará más difícil y más caro ajustarse a las reducciones una vez que las emisiones hayan sido calculadas en función del año de referencia. A los que siguen utilizando tecnologías y combustibles muy contaminantes, por el contrario, les será relativamente fácil aceptar “reducciones porcentuales elevadas” y quedarán divinamente ante el mundo entero. Una estategia contable Pese a este fallo garrafal, el Norte está ejerciendo tremendas presiones sobre los países en desarrollo para que suscriban el Protocolo. El vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, lo expresó con suma claridad en Kioto: “No podemos firmar un acuerdo sin una participación significativa de países en desarrollo importantes.” Así, el artículo 12 del Protocolo propicia ostensiblemente la cooperación Norte-Sur instituyendo un Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL) que incita a los países industrializados a invertir en tecnología no contaminante en el Sur. Ahora bien, el objetivo del MDL no es ayudar al Sur, sino prestar “asistencia” a los países industrializados para que cumplan con su compromiso de reducir las emisiones. Pues a cambio de esas inversiones en programas no contaminantes, los países en desarrollo venden a los países industrializados y las empresas privadas unidades de “reducción garantizada”, que podrán utilizarse como créditos en los balances contables del Protocolo. El MDL ofrece una infinidad de subterfugios morales y económicos. ¿El único papel que les toca a los países en desarrollo en la lucha contra el cambio climático consiste en ayudar a los países industrializados a respetar sus compromisos? De acuerdo con este programa, gracias a sus inversiones en proyectos en el Sur, los países industrializados no tienen que modificar nada dentro de sus fronteras. Al mismo tiempo el MDL permite al Norte comprar la participación del Sur. Pero, ¿a qué precio? Es evidente que al Norte le conviene mantener el precio de esas unidades lo más bajo posible. La administración estadounidense, por ejemplo, propone pagar por los créditos de emisión una suma ridícula, entre 14 y 23 dólares por tonelada, cuando el precio de su programa nacional de reducción de emisiones gira en torno a 125 dólares por tonelada. La finalidad del MDL es, pues, ofrecer al Norte una vasta serie de proyectos al más bajo costo en el Sur. Ello obligará a los países en desarrollo a competir entre sí para ofrecer al Norte los proyectos de inversión más baratos y rentables. Es evidente que el problema del cambio climático ha sido desplazado del terreno ecológico al de las finanzas. Lo esencial es ahora comerciar sin restricciones y sin preocuparse del espinoso problema de los derechos de propiedad de los pobres. Incitación al derroche Supongamos que este sistema de compraventa funcione a corto plazo y que los países en desarrollo adopten tecnologías menos consumidoras de energía. ¿Qué sucederá a largo plazo? Cuanto más avancen por esta vía los países en desarrollo, menos interesante será para los países industrializados invertir en ellos, y bien pudiera suceder que las inversiones internas les resulten más rentables. Y si el calentamiento mundial siguiera representando una amenaza —cosa bastante probable, al no haber hecho nada los países industrializados en su propio territorio— una vez más se presionará a los países en desarrollo para que reduzcan sus emisiones, sólo que esta vez solos y a un precio más alto. ¿Qué forma de cooperación institucional se les va a ofrecer entonces? El MDL no ofrece ninguna respuesta, ya que deja en suspenso el futuro de la cooperación Norte-Sur en la materia. Es más, permite a las generaciones actuales de los países en desarrollo descuidar el control de las emisiones, dejando a las generaciones futuras una carga financiera aún más pesada. Surge además otro interrogante: ¿cómo determinar si la introducción en un país en desarrollo de una tecnología energéticamente más rentable tiene por objeto reducir las emisiones o satisfacer los intereses de industriales nacionales o extranjeros? Los principios de este comercio de emisiones se analizarán más a fondo en la Conferencia de Estados Partes en el Protocolo que se celebrará en noviembre en Buenos Aires. Esta sería la ocasión de avanzar en la preservación del medio ambiente proclamando el principio de “autorizaciones iguales per capita”, según el cual todos tienen derecho a emitir la misma cantidad de gases con efecto de invernadero. Ello no sólo sería justo, sino que permitiría avanzar hacia el objetivo final de la Convención Marco sobre el Cambio Climático (origen del Protocolo de Kioto): la estabilización de las concentraciones atmosféricas de gases con efecto de invernadero. Este planteamiento equitativo tendría muchísima más eficacia que la artificiosa estrategia contable del Protocolo. Los debates de Buenos Aires deberán tener presente además el veloz ritmo de crecimiento de los países en desarrollo. Si éstos aceptan el Protocolo, se les asignarán “cuotas” de emisiones, pero es poco probable que puedan hacer uso de esas autorizaciones en un futuro próximo. La solución justa y ecológicamente correcta consistiría en permitirles explotar más tarde esos derechos no utilizados, a medida que sus economías se vayan desarrollado. Esta medida les daría de modo inmediato un incentivo para adoptar un tipo de desarrollo poco contaminante, en vez de ayudar simplemente a los países industrializados a “cumplir sus objetivos”. Este contexto económico contribuiría a crear un mercado mundial para las tecnologías occidentales a base de energía solar —primero en los países en desarrollo y después en los industrializados— y facilitaría así la transición mundial a las tecnologías de emisión cero. Cuanto antes conquisten esas tecnologías el sector energético, antes se verá libre el mundo de la amenaza que representa el cambio climático. Esta sería la “participación significativa” de los países en desarrollo, por decirlo en los términos del Vicepresidente de Estados Unidos. El Correro de la UNESCO