Ayacucho, capital del departamento peruano
del mismo nombre, donde se iniciaron hace casi veinte años las acciones de
Sendero Luminoso, vive hoy entre rosas y espinas, entre la celebración de
la derrota militar de ese grupo terrorista y la vigencia de una “paz armada”, ya
que columnas emergentes de esa cruenta organización siguen presentes de manera
subterránea en distritos y provincias aledañas.
Conocida también como Huamanga, por el nombre que le dieron los españoles
al fundarla el 29 de enero de 1539, Ayacucho está situada a 2.752 metros de
altitud en un fértil valle de la Cordillera occidental. Es una ciudad mestiza
en la que todas las clases sociales comparten la tradición y el habla quechuas,
pues una clase culta ha mantenido esa vieja cultura bilingüe sin que las discriminaciones
sociales hayan afectado su continuidad como ha sido el caso en otros lugares del
Perú.
Cuna de la cultura wari, extraordinario imperio preincaico, Ayacucho expresa su herencia
mestiza en un rico folklore musical que mezcla el son andino del huayno con una clara
influencia romántica de origen hispano. Esta música anima a la ciudad,
cuyas 37 iglesias –oficialmente 33, por ser la edad de Cristo– se suman a la celebración
de la máxima festividad huamanguina, la Semana Santa Ayacuchana, famosa en
todo el Perú, donde coexisten el fervor cristiano y la tradición indígena.
Interrumpida durante varios años por el temor de los habitantes a dinamitazos
o emboscadas y por la imposibilidad de celebrar procesiones nocturnas, esta fiesta
recuperó su esplendor sólo en 1993, después de la captura del
máximo líder de Sendero Luminoso, Carlos Abimael Guzmán, el
12 de septiembre de 1992.
Además, en sus alrededores perduran importantes jalones de la historia del
Perú y de América, como la Pampa de Quinua, donde se libró la
batalla de Ayacucho, que selló la independencia de América Latina,
y que hoy comienza a olvidar su pasado guerrero para transformarse en escenario de
una contienda puramente cultural, el Encuentro de Teatro en el que participan compañías
de todo el mundo.
Pero ni el clima celebratorio que han recuperado sus fiestas ni la casi normalización
de su vida urbana pueden disimular las heridas dejadas por años de terror
y de violencia. Ese legado ha marcado incluso a una parte de la juventud, que organizada
en pandillas ha generado un nuevo problema social. Generalmente integradas por adolescentes
que han visto de cerca el terrorismo y han perdido por su causa a algún pariente
–rara es la familia huamanguina que no tiene algún muerto que velar–, se cuentan
por decenas en el Ayacucho actual, y atacan, roban e incluso matan.
A ello se suma la situación precaria de los desplazados por la violencia terrorista,
que han invadido literalmente la ciudad y que debido a las condiciones de un retorno
incierto prefieren permanecer en ella en lugar de regresar a sus lugares de origen.
Y es que el departamento de Ayacucho fue, con mucho, el más golpeado del Perú
por el flagelo senderista: en sus negros anales figuran más de 10.000 asesinatos,
3.000 desaparecidos y 170.000 desplazados, que representan el 35% de su población
actual.
Cuna de muchas culturas, ciudad de contrastes, de iglesias coloniales y viejas callejuelas
perdidas, de mañanas de sol, de tardes de sombra y noches de huayno y cerveza,
Ayacucho poco a poco sigue el difícil camino de una recuperación que
requiere no sólo de tiempo, sino, sobre todo, de la reconstrucción
del tejido social basada en la solidaridad, práctica tradicional de las comunidades
andinas.
Aunque los años del toque de queda, cuando a partir de las ocho de la noche
nadie se aventuraba a salir a la calle y comercios y restaurantes cerraban sus puertas
a cal y canto, son cosa del pasado, en la provincia de Huamanga sigue vigente el
estado de emergencia, al igual que en otras cuatro de las once que forman el departamento.
Ello se traduce en la supresión de determinadas garantías constitucionales
y otorga a la autoridad militar libertad para hacer allanamientos en edificios públicos
y privados.
Paseando por las apacibles calles de Ayacucho bajo un cielo despejado, se diría
que ninguna nube ensombrece la posibilidad del regreso a la paz. Sin embargo, ésta
sólo podrá hacerse realidad a medida que la población vuelva
a ejercer sus derechos básicos y al fin se apliquen medidas concretas contra
la pobreza y la marginación. |
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En el Perú, Ayacucho
empieza a revivir. Pero veinte años de violencia han dejado dolorosas secuelas.
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Perú: el costo de la guerra sucia
Profesor de filosofía de la Universidad de Ayacucho, Carlos Abimael Guzmán,
fundador de Sendero Luminoso (grupo disidente del partido comunista peruano), lanzó
su “guerra popular prolongada” con un acto simbólico en mayo de 1980: a dos
días de las elecciones, un comando quemó las urnas de Chuschi, pueblo
aislado del departamento. Al término de doce años de régimen
militar, la miseria parecía sin remedio y reinaba la anarquía. Muy
al comienzo, los senderistas, sumamente bien organizados, habían sido bien
acogidos por la población, a la que distribuyeron tierras. Todo degeneró
cuando empezaron a asesinar a los campesinos “traidores” y a los responsables de
organizaciones sociales, imponiendo un orden totalitario implacable y sanguinario,
sobre la base de un discurso profético abstruso.
Los senderistas y sus “enemigos” del Movimiento revolucionario Túpac Amaru
(MRTA), el otro grupo insurgente nacido en 1983, que firmó
su sentencia de muerte con la toma de rehenes en la embajada del Japón en
1996, perdieron ambos con esta “guerra sucia”. El saldo es muy grave: 26.000 muertos,
4.000 desaparecidos y 50.000 huérfanos. El gobierno evalúa su costo
económico en más de 25.000 millones de dólares, el equivalente
de la deuda externa del país, cuyo servicio absorbe un tercio de las divisas
procedentes de las exportaciones (en particular pesca, cobre, zinc, plata).
Elegido en 1990 y reelegido en 1995, el presidente Alberto Fujimori lanzó
un vasto plan de ajuste estructural y de liberalización de la economía,
pero limitando las libertades desde que realizó lo que muchos calificaron
de “golpe de Estado civil” en 1992 (disolución del parlamento, suspensión
de las garantías constitucionales, destitución de más de 500
magistrados).
La hiperinflación fue vencida (pasando de una tasa de 2.700% en 1989 a 7%
en 1998) y el crecimiento fue el más alto de América Latina en 1994
(13%). Se aminoró en 1998 (2%), sobre todo a causa de las lluvias torrenciales
de El Niño y de las repercusiones de la crisis asiática. Según
el Banco Mundial, 54% de los 25 millones de peruanos viven bajo el umbral de pobreza
y el subempleo afecta a la mitad de la población activa.
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