
“La mejor manera de enseñar
matemáticas”, caricatura publicada en el periódico Daily Nation de
Nairobi.
“Algunos alumnos dijeron que habían abandonado la escuela a causa de los
malos tratos recibidos de sus maestros. Se trata claramente de una violación
del derecho del niño a la educación.”
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Maestros con mano
dura
Al igual que en Kenya, en varios países
de Africa Oriental, como Tanzania, Sudán y Somalia, los castigos corporales
son legales. Los gobiernos aducen que no disponen de recursos suficientes ni de personal
calificado para reducir las clases numerosas y que a algunos profesores les resulta
difícil controlar a los alumnos sin ese tipo de castigos.
Hay informaciones de que en Tanzania algunos estudiantes murieron tras haber sufrido
malos tratos graves en las escuelas. A muchos maestros no les gusta imponer castigos
corporales, pero “estiman que es la forma más fácil de lidiar con clases
numerosas”, afirma Dale Chandler, director ejecutivo de Kuleana, un centro para los
derechos del niño con sede en Tanzania.
Kuleana trabaja con otras ong de la región para crear una mayor conciencia
entre el personal docente y los padres acerca del carácter negativo de los
castigos físicos. Chandler afirma que la finalidad de la campaña es
hacer entender a las familias que si se maltrata a los menores, éstos tienden
a no someterse a las normas cuando llegan a la edad adulta.
Sin embargo, en Etiopía, la prohibición legal de los castigos corporales
en las escuelas no mejoró la situación. “Los alumnos siguen recibiendo
golpes de los maestros pese a la prohibición aprobada en 1988”, dice Tibebu
Bogaie, coordinador de programas de Swedish Save The Children, una ong establecida
en Addis Abeba. La organización, que a principios del presente año
publicó un informe sobre los castigos corporales en Etiopía, está
haciendo campaña contra su aplicación en las escuelas y en los hogares.
En Sudán, los maestros señalan que las escuelas a cargo de los misioneros
en el sur del país organizan programas de orientación y consejo para
los alumnos a fin de identificar las razones de su mala conducta. Pero advierten
que las clases cada vez más saturadas pueden obligarlos a volver a aplicar
castigos corporales para combatir la indisciplina.
Sin embargo, los especialistas rechazan la idea de que la única solución
para imponer la disciplina sea recurrir a los castigos físicos. Peter Newell,
coordinador de EPOCH-Worldwide, una ong que lucha contra ese tipo de castigos,
afirma que en los países donde se prohibieron hace décadas “las escuelas
no se están viniendo abajo a causa de la indisciplina. La falta de recursos
no puede servir de excusa a los golpes. Se trata una violación fundamental
de los derechos humanos.”

Sitios web útiles:
www.unicef.org
www.stophitting.com
www.freethechildren.org
Para más informaciones sobre los derechos del niño y los castigos
corporales:
EPOCH-Worldwide
77, Holloway Road, London N7 8JZ
Telephone: 00-44-171-700 0627
Fax: 00-44-171-700 1105
E-mail:
epoch-worldwide@
mcrl.poptel.org.uk
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“En la época de la dominación británica, los que no pagaban
impuestos o se negaban a cumplir la reglamentación vigente eran apaleados
en público. Emplear el garrote era un símbolo de autoridad y ese legado
se mantiene.”
“Lo primero que preguntamos a los participantes es cómo tratan a sus propios
hijos. Una vez que entienden el problema, son ellos mismos los que proponen soluciones
alternativas.” |
La aplicación
de castigos corporales en las escuelas de Kenya constituye un serio problema: provoca
un aumento de la deserción escolar y en algunos casos hasta la muerte.
Justus Omanga,
un alumno de cuarto año de la escuela secundaria Mobamaba (distrito Kisii,
Kenya), se negaba a reconocer que había dejado entrar a una muchacha en el
establecimiento una noche del pasado mes de agosto. Ante su obstinación, sus
profesores se enfurecieron.
Cuatro de ellos patearon y golpearon a Omanga con un pesado garrote. El muchacho
perdió el conocimiento. Un mes más tarde falleció en un hospital
como consecuencia de una grave disfunción renal y de otras lesiones internas,
según sus familiares.
El caso de Omanga es uno de tantos. Según la prensa keniana, en los últimos
cuatro años por lo menos seis alumnos murieron como consecuencia de castigos
corporales. Las palizas son cosa frecuente en la escuela, y algunos estudiantes han
sufrido graves lesiones como “hematomas y cortes, fracturas, pérdida de dientes
y hemorragias internas”, señala un informe reciente de Human Rights Watch
(HRW), ong con sede en Nueva York, titulado Proteger
a los niños: los castigos corporales en las escuelas de Kenya.
Un entorno
pedagógico hostil
Kenya no es el único
país en el mundo donde aún se aplican castigos corporales. En realidad,
sólo 70 países han prohibido esa práctica, empezando por Suecia
en 1979. Pero según los especialistas es en Kenya donde la situación
es más grave. “En ese país, los malos tratos a los niños en
las escuelas han alcanzado niveles altamente peligrosos”, afirma Yodon Thonden, una
tibetano-americana que dirigió el equipo de cinco investigadores responsables
del informe del Hrw.
El problema no son sólo las secuelas físicas, que al menos en Kenya
son muy frecuentes, sino también el hecho de que los castigos corporales suelen
provocar en las víctimas un profundo resentimiento y una pérdida de
la autoestima, y pueden incitarlas a buscar la solución de sus problemas en
la violencia y la venganza.
Además, las organizaciones de defensa de la infancia sostienen que este tipo
de castigos vulneran la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos
del Niño de 1989, ratificada por 191 países, entre ellos Kenya. El
artículo 19 de ese texto establece que los Estados deben adoptar medidas apropiadas
para proteger al niño contra “toda forma de perjuicio o abuso físico
o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación”.
El informe del Hrw, basado en un estudio sobre el terreno a partir de entrevistas
con alumnos, profesores, padres y funcionarios responsables, señala que los
niños kenianos suelen ser castigados por faltas de poca monta como llegar
tarde o tener roto el uniforme.
El problema empieza a tener serias repercusiones en la educación básica.
De un estudio reciente se desprende que la tasa de matrícula en las escuelas
primarias disminuye rápidamente y que sólo 42% de los menores matriculados
en el primer año concluyen sus estudios primarios. La baja se debe, entre
otras cosas, a la pobreza y a un entorno pedagógico hostil, afirman los expertos.
“Algunos alumnos dijeron que habían abandonado la escuela a causa de los malos
tratos recibidos de sus maestros. Se trata claramente de una violación del
derecho del niño a la educación”, afirma Thonden.
“Hasta ahora ningún profesor ha sido declarado culpable de las muertes de
menores”, observa Jemimah Mwakisha, periodista que ha escrito ampliamente sobre el
tema en el Daily Nation, principal periódico de Kenya. Muy rara vez se ha
condenado a un maestro por lesiones graves infligidas a sus alumnos. Las víctimas
a menudo proceden de zonas rurales, donde la gente no dispone de medios para pagar
un abogado y la asistencia judicial es escasa. Además, señala Mwakisha,
cuando los profesores han sido llevados ante los tribunales no se los ha sancionado,
pues resulta muy difícil probar un móvil de esas muertes, como exige
la legislación penal.
Miedo
a denunciar
Los castigos corporales
particularmente graves suelen ser frecuentes en el campo. “Los campesinos no se atreven
a denunciar los malos tratos de que son objeto sus hijos por temor a que después
éstos paguen las consecuencias”, añade Mwakisha.
Públicamente, los funcionarios del Ministerio de Educación han negado
de manera categórica las alegaciones del Hrw, y acusan a esta ong de exagerar
algunos incidentes aislados en las zonas rurales. Sin embargo, en privado, un alto
funcionario del Ministerio de Educación admitió que el informe era
“más o menos exacto”. Declaró que los maestros “en muchas escuelas
golpean brutalmente a los niños sin razones valederas. Es una práctica
que sólo puede eliminarse suprimiendo de plano los castigos corporales”.
Las muertes recientes y el informe desencadenaron un debate en Kenya acerca de la
prohibición de los castigos corporales, siguiendo el ejemplo de otros países
africanos como Namibia, Burkina Faso, Sudáfrica y Etiopía, que en los
últimos años han adoptado esa medida.
De acuerdo con la reglamentación estatal, los castigos corporales pueden aplicarse
sólo en caso de grave negligencia en el trabajo escolar, mentiras, violencia
e insubordinación grave. Los golpes con un palo de no más de 1,25 cm
de diámetro sólo pueden propinarse en presencia del director. De acuerdo
con los reglamentos, los muchachos son golpeados en el trasero y las niñas
en la palma de las manos. Los alumnos no pueden recibir más de seis golpes
y debe levantarse acta de todo lo ocurrido.
“Esos reglamentos apenas se cumplen”, señala Thonden: “Los maestros golpean
y azotan a los alumnos con garrotes, varas de bambú e incluso látigos.”
Si bien admiten que habría que limitar su aplicación, muchos profesores
kenianos son partidarios de mantener esos castigos. Cuando hace algunos años
el inspector general de educación intentó declarar ilegal dicha práctica,
el sindicato de docentes anunció que no acataría esa prohibición.
Clases
repletas
Numerosos maestros
argumentan que sin castigos corporales el caos reinaría en las escuelas y
los alumnos serían aún más rebeldes al llegar a los establecimientos
secundarios. Creen que a la larga los castigos no generan más violencia, sino
que tienen un efecto disuasivo. “Los países occidentales dan demasiada libertad
a los niños. Fíjense en los incidentes violentos que se producen en
muchas escuelas de Estados Unidos”, señala Lawrence Kahindi Majali, secretario
general adjunto del sindicato nacional de profesores de Kenya (KNUT).
Muchos maestros kenianos sostienen también que los castigos corporales son
uno de los pocos instrumentos de que disponen para mantener la disciplina en clases
repletas. Según un informe gubernamental, hay 5.718.700 alumnos y 192.000
profesores de nivel primario, o sea un profesor para 30 alumnos. En muchas escuelas
son frecuentes las clases de 50 a 60 alumnos.
El problema es aún más grave en las zonas rurales, donde los puestos
de los maestros que se jubilan o son trasladados suelen quedar vacantes. Es frecuente
por ello que las autoridades fusionen dos o tres escuelas de una región, lo
que impone una carga aún mayor al personal docente
Los partidarios de los castigos corporales procuran también justificar esa
práctica por su larga tradición en el país. “En la época
de la dominación británica, los que no pagaban impuestos o se negaban
a cumplir la reglamentación vigente eran apaleados en público. Emplear
el garrote era un símbolo de autoridad y ese legado se mantiene”, afirma Majali.
Muchos profesores admiten que a menudo imponen ese tipo de castigos sin que el director
esté presente. A despecho de la reglamentación, los alumnos son golpeados
en todo el cuerpo y a menudo no queda ningún registro escrito de lo sucedido.
Stephen P., alumno de quinto grado de la escuela primaria Moi, en Nairobi, declara
que los maestros lo apalean o lo abofetean regularmente por faltas como llegar atrasado
o no pagar la matrícula escolar a tiempo. Elizabeth Z., de cuarto grado, cuenta
que los maestros le dan cachetadas o le pellizcan las mejillas si no hace sus deberes.
“A mis niños los profesores no los tratan bien desde que me quejé de
las palizas que les daban”, afirma Deborah N., madre de dos menores residente en
Nairobi.
También los profesores tienen miedo. Citan un número creciente de casos
en que han sido atacados por los alumnos. El más grave es el de un celador
asesinado a principios de año por alumnos en la ciudad de Nyeri, cerca de
Nairobi, por haber sido demasiado severo con ellos.
Falta
de recursos
El hecho de que el
castigo corporal sea tan a menudo brutal es probablemente un síntoma de las
presiones que soporta todo el cuerpo docente. Las remuneraciones del personal de
enseñanza —de 4.000 chelines kenianos (35 dólares) a 15.000 (200 dólares)—
figuran entre las más bajas de la administración pública. Los
maestros suelen descargar sus frustraciones en los alumnos, señalan los expertos.
“Los bajos salarios desmoralizan a los profesores (…) muchos de ellos se ven obligados
a vivir en barrios de chabolas”, señala el informe de HRW.
Funcionarios del Ministerio de Educación afirman que, en los establecimientos
secundarios, los consejeros pedagógicos ayudan a los profesores a abordar
los casos de alumnos depresivos o que causan problemas, y evitan así las tensiones
que desembocan en castigos corporales. El consejero analiza con el alumno o la alumna
la razón de la falta cometida y trata de encontrar soluciones. Pero esos funcionarios
admiten también que, por razones financieras, no hay suficientes consejeros
pedagógicos en las escuelas y que incluso los que han sido designados como
tales cumplen en realidad otras funciones por falta de personal.
Los partidarios de reducir los castigos corporales estiman que la mejor forma de
que los maestros empiecen a utilizar otros métodos disciplinarios consiste
en introducir su enseñanza en los programas de estudio. En la actualidad,
los profesores declaran que en los dos años de formación inicial que
reciben para la enseñanza primaria apenas se dedican cuatro a cinco horas
a enseñarles cómo manejar una clase.
Conscientes de la gravedad del problema, numerosas ong se han sumado a la campaña
para la abolición de los castigos corporales y han comenzado a trabajar con
los profesores para disminuir su aplicación hasta que la ley se modifique.
“En espera de una confirmación legal, decidimos que era preferible trabajar
con los maestros”, declara Jacqueline Anam-Mogeni, asesora sobre derechos del niño
de la Organización Neerlandesa de Desarrollo (NDO).
Proponer
otras formas de sanción
La oficina de la NDO
de Nairobi prepara seminarios y programas de formación para ayudar al personal
docente a enfrentar sus problemas y los impulsa a utilizar otras formas de sanción,
como el trabajo manual, y a recurrir a la ayuda psicológica. En una determinada
región donde la incidencia de los castigos corporales es alta, la NDO
selecciona a maestros y voluntarios de otras ong y organiza seminarios para familiarizarlos
con la problemática de los derechos humanos y los derechos del niño.
Después de una semana de formación, los maestros se reintegran a sus
escuelas, y vuelven cada tres meses para someterse a una evaluación.
“Lo primero que preguntamos a los participantes es cómo tratan a sus propios
hijos. Una vez que entienden el problema, son ellos mismos los que proponen soluciones
alternativas”, dice Anam-Mogeni.
El primer seminario reunió a 24 participantes de diversas regiones de Kenya.
Algunos maestros reconocen que después de participar en el curso su actitud
hacia los niños cambió. “Antes de asistir al seminario sobre los derechos
del niño, me parecía que el castigo formaba parte del aprendizaje.
Ahora trabajo con los alumnos casi en un ambiente de camaradería”, dice Esther
Nyakio Ngugi, profesora de la escuela de niñas Kirigiti, en Kiambu.
Los maestros que participaron en estos seminarios reconocen ahora que con los malos
tratos constantes lo que estaban consiguiendo era alejar a los alumnos de las escuelas.
“Recién estamos empezando. Lo que necesitamos es más ayuda del Estado
hasta que terminemos por abolir los castigos corporales”, afirma Anam-Mogeni.
El Correo de la UNESCO
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