DE LA EDUCACION
Nico Hirtt, miembro de la asociación belga “Llamamiento por una escuela democrática” (http://users.skynet.be/aped), es autor de L’Ecole sacrifiée (La escuela sacrificada, EPO, Bruselas, 1996), Tableau noir (Pizarrón, EPO, 1998) y Les nouveaux maîtres d’école (Los nuevos maestros de escuela, EPO y VO Editions, Bruselas-París, 2000).
© Ruth Sofair Ketler/SIS, París
© Ruth Sofair Ketler/SIS, París
|
Las cuatro formas de comercio internacional de la educación La OMC distingue cuatro formas de intercambios comerciales
transfronterizos en el sector de los servicios. Cada una de esas formas da lugar
a reivindicaciones específicas de los partidarios de una liberalización. |
La Organización
Mundial del Comercio ha emprendido un proceso de liberalización de la educación,
uno de los últimos mercados jugosos y protegidos. ¿Hasta dónde
llegará?
Para la
mayoría de nosotros, la enseñanza es ante todo un servicio público
encargado de dar instrucción a las generaciones jóvenes. Pero para
un inversor que busca cómo colocar su dinero representa también un
presupuesto anual mundial de un billón de dólares, un sector con 50
millones de trabajadores y, sobre todo, una clientela potencial de mil millones de
alumnos y estudiantes universitarios. Después del fracaso, a fines de 1999,
de las negociaciones celebradas en Seattle en el marco de la Organización
Mundial del Comercio (OMC), es difícil decir cuándo
se iniciará el “ciclo del milenio”. Sin embargo, es seguro que en él
se abordará el tema de la enseñanza, pues el mercado de la educación
se desarrolla a un ritmo desenfrenado.
En 1994 se decidió que la liberalización de los intercambios internacionales,
que hasta esa fecha sólo afectaba a las mercancías, se aplicaría
también a los servicios. Firmado en abril de ese año, el Acuerdo General
sobre el Comercio de Servicios (AGCS) incluía ya a la enseñanza
entre los sectores por liberalizar. Para quedar al margen de la aplicación
de este acuerdo, el sistema de educación de un país debía ser
totalmente financiado y administrado por el Estado, cosa que ya no sucede en ninguna
parte. Sin embargo, cada nación podía determinar libremente los compromisos
específicos que deseaba contraer, en especial definir qué sectores
de la enseñanza se abrirían al mercado. El gobierno de Nueva Zelandia,
por ejemplo, decidió exponer a la competencia nacional o extranjera todo el
sector privado de la enseñanza –primaria, secundaria y superior.
Hasta ahora Nueva Zelandia constituía una excepción, pero es posible
que la situación cambie. El AGCS dispone en efecto, en su artículo
xix (Parte iv, “Liberalización progresiva”), que deberán organizarse
nuevas negociaciones, a más tardar en 2000, encaminadas a “eliminar los efectos
desfavorables de ciertas medidas” y a “facilitar un acceso efectivo a los mercados”
de los servicios, entre los que figura la educación. Al amparo de la sede
ginebrina de la OMC, lejos de los reflectores de la actualidad
y de los manifestantes, los trabajos prosiguen. De todos modos, independientemente
del AGCS, de la OMC y de las políticas nacionales,
un conjunto de condiciones objetivas impulsan a los sistemas de enseñanza
por la vía de la “mercantilización”.
La enseñanza
pública en el banquillo
La educación
es un sector en pleno crecimiento, en el que a los poderes públicos les resulta
cada vez más difícil satisfacer la demanda, sobre todo en la enseñanza
superior. Entre 1985 y 1992, el número de estudiantes de la enseñanza
terciaria pasó de 58,6 millones a 73,7 millones (o sea un alza de 26%), pero
desde hace unos quince años los gastos públicos en educación
tienden a mantenerse estacionarios (alrededor de 5 a 6% del pib para los países
desarrollados, 4% para los demás). Frente a esta falta de medios del sector
público, los padres y los estudiantes buscan cada vez más una salida
en la educación privada. En Estados Unidos, cada nuevo acto de violencia en
una escuela pública y cada escándalo que salpica a la enseñanza
oficial hacen subir las inscripciones en el sistema de escolarización a domicilio
(niños instruidos en su hogar que no asisten a establecimientos escolares).
La enseñanza pública tradicional es objeto de críticas virulentas:
las empresas le reprochan su inadaptación a las necesidades de los empleadores
y su falta de flexibilidad. Así, el poderoso grupo de presión patronal
europeo “Mesa redonda de los industriales” lamenta que “en la mayoría de los
países de Europa, las escuelas formen parte de un sistema público centralizado,
administrado por una burocracia que frena su evolución o las torna impermeables
a las exigencias de cambio que proceden del exterior”. Por presión de los
medios económicos ya se ha iniciado un proceso de desregulación del
sistema de enseñanza. La autonomía creciente de que gozan los establecimientos
incita a éstos a buscar fuentes de financiación alternativas: del patrocinio
a la gestión completa por empresas privadas, pasando por múltiples
formas de asociación escuela-empresa. Como advertía el grupo de trabajo
educación-empresa de la Comisión Europea, “el tiempo de la educación
fuera de la escuela ha llegado y (...) la liberalización del proceso educativo
que así se ha hecho posible desembocará en un control por parte de
proveedores de servicios educativos más innovadores que las estructuras tradicionales”.
Por último, el progreso y la difusión masiva de las tecnologías
de la información y la comunicación posibilitan el desarrollo de la
enseñanza paga a distancia: utilización de tecnologías multimedia,
difusión mundial en Internet, tutoría y exámenes a distancia,
etc. La enseñanza secundaria y la primaria no se salvan. Son cada vez más
los sitios Internet de pago que proponen sustituir a la escuela pública o
a las escuelas privadas tradicionales: la pantalla de la computadora actúa
como preceptor contra una retribución de unos 2.250 dólares anuales.
En 1998, la Secretaría de la OMC constituyó un grupo de trabajo
encargado de estudiar las perspectivas de una mayor liberalización de la educación.
Su informe destaca el rápido desarrollo del aprendizaje a distancia y la multiplicación
de la colaboración entre instituciones de enseñanza y empresas (como
la Western Governors’ University, fundada por 17 gobernadores de estados norteamericanos
con el apoyo de compañías como IBM, AT&T, Cisco, Microsoft y Thompson International).
Dicho informe constata igualmente la desreglamentación creciente de la enseñanza
superior en Europa, y que los gobiernos han empezado a “abandonar la esfera de la
financiación exclusivamente pública para acercarse al mercado, abriéndose
a mecanismos alternativos”. Por último, la OMC enuncia los numerosos “obstáculos”
que habrán de eliminarse a fin de liberar el comercio de los servicios educativos,
citando como ejemplo “las medidas que limitan la inversión directa por proveedores
extranjeros de servicios en materia de educación” o “la existencia de monopolios
gubernamentales y de establecimientos subvencionados en gran medida por el Estado”
(ver recuadro).
El proceso
está en marcha
Es cierto que sólo
se trata de las reflexiones de un grupo de trabajo. Pero, como hizo notar Martin
Khor en Le Monde diplomatique de mayo de 1997, “en la OMC,
como antes en el GATT la creación de un grupo de trabajo
nunca es inocente: pone en marcha un engranaje en el que rápidamente se ven
atrapados los gobiernos participantes. Muy pronto, ya no se trata de saber si se
está a favor o en contra de los objetivos indicados en su título, sino
más bien de cómo alcanzar esos objetivos”.
El 16 de octubre de 1998, 350 especialistas norteamericanos en comercio internacional
de servicios, 170 de los cuales eran hombres de negocios, se reunieron en el Departamento
de Comercio en Washington a fin formular recomendaciones destinadas a los negociadores
de su país ante la OMC. La finalidad de esta conferencia,
titulada Servicios 2000, era estudiar la forma en que el gobierno de Estados Unidos
debía “seguir apoyando los esfuerzos de los empresarios norteamericanos para
que pudieran ser competitivos en los mercados extranjeros”. Estados Unidos controla
un 16% del mercado mundial de los servicios. En diez años sus exportaciones
por ese concepto se han duplicado con creces, lo que le ha permitido compensar 42%
del déficit que arrojaba su comercio de mercancías. Ese país
es también el primer exportador mundial de servicios educativos. Durante la
mencionada conferencia, un grupo de trabajo se ocupó de ese sector. En sus
conclusiones observa que éste “necesita un grado de transparencia (...) y
de libertad sin trabas ni barreras idéntico al que Estados Unidos concede
a los demás servicios”. El informe insiste en tres puntos que se espera sean
un tema esencial de las negociaciones de la OMC sobre la enseñanza. En primer
lugar, debería garantizarse la libre circulación de la información
electrónica y de los modos de comunicación, tanto a nivel nacional
como internacional. A continuación, los negociadores deberían analizar
las “barreras y demás restricciones que impiden el suministro de servicios
en educación y formación, dentro de cada país como entre los
países” y también las que obstaculizan las equivalencias de diplomas.
Partidarios
y detractores
Esta exigencia de Estados
Unidos es apoyada por la mayoría de los países de la APEC
(Organización de Cooperación Económica de Asia y el Pacífico).
En una nota divulgada en 1999, la delegación australiana ante la OMC
indicó que “alentaba a todos los Estados miembros a orientarse hacia la apertura
de ciertos sectores” en los que las negociaciones precedentes habían fracasado,
especialmente el de la educación. Corea del Sur está en la misma posición.
En el marco del encuentro de “ministros de recursos humanos” de la Apec que presidió
en septiembre de 1997 en Seúl, su gobierno publicó un informe que anuncia
claramente su visión instrumental de la educación al servicio de la
competición económica: “Ya no procede hacer hincapié en la educación
en sí sin insistir, en mayor medida, en la preparación para un futuro
trabajo. Semejante visión ya no se justifica en un mundo que da prioridad
al desarrollo económico.” Ahora bien, prosigue el informe coreano, “en muchos
países, los sistemas educativos no tienen suficientemente en cuenta las condiciones
del mercado de trabajo. Esos sistemas, por carecer de flexibilidad y de eficacia,
no pueden recoger los nuevos desafíos del contexto económico actual.”
Por consiguiente, hay que “flexibilizar” la enseñanza, es decir desregularla
y liberalizarla. En particular, “los sistemas educativos deberían permitir
que cada cual estudie lo que le interesa”, y “la enseñanza a nivel universitario
debería ser compartida por profesores y empleadores”.
Algunos piensan que la resistencia a la liberalización de la enseñanza
vendrá de Europa y sobre todo de Francia. “Las futuras negociaciones de la
OMC no pueden atentar contra los fundamentos del
servicio público de la salud o de la educación”, clama el informe sobre
la OMC redactado por Béatrice Marre en nombre
de la Asamblea Nacional francesa. Y el ministro de Educación, Claude Allègre,
confirmaba también, pocos días antes de la cumbre de Seattle, “su adhesión
invariable al servicio público de la enseñanza”.
Los participantes estadounidenses en el coloquio Servicios 2000 no se engañaron:
“Es probable que otros países, sobre todo europeos, estimen que la educación
y la formación constituyen actividades no comerciales, y que deberían
en vista de ello quedar al margen de las negociaciones vinculadas al AGCS.
Hay que oponerse a esos argumentos, que reflejan los propios intereses de dichos
países como competidores en el mercado.”
En efecto, Francia ocupa actualmente el segundo lugar entre los países exportadores
de servicios educativos. Hace un año, el grupo francés Vivendi, a través
de su filial Havas, tomó el control del gigante norteamericano de los soportes
lógicos educativos y de esparcimiento, Cendant Software. Y en enero de 1999,
los ministros franceses de Educación y Asuntos Exteriores anunciaron que su
país iba a lanzar una ofensiva para aumentar su participación en el
“mercado” de los estudios superiores. Cabe entonces preguntarse legítimamente
en qué medida las declaraciones de los responsables franceses no apuntan simplemente
a proteger el lugar que ocupa su país en el mercado educativo francófono.