DE LA LIBERTAD
José Manuel Tesoro, periodista de Asiaweek en Yakarta
En la época de Suharto, el semanario Tempo fue clausurado por haber tocado un tema políticamente delicado. Su reaparición en 1998 fue el símbolo de una nueva era de libertad de prensa.
Tras la dimisión de Suharto, 718 nuevos títulos fueron autorizados. Las conferencias de prensa eran un hervidero de periodistas. Aquí, la del director del Fondo Monetario Internacional, Hubert Neiss, en diciembre de 1998.
Furiosos ante la derrota de su candidato a la presidencia, Megawati Sukarnoputri, grupos de manifestantes protestan en octubre de 1999.
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La ley de 1999 sobre la prensa • Libera a los medios de información
de Indonesia del control discrecional del Ministerio de Información. |
El control del gobierno
sobre los medios de comunicación ha cesado, pero no hay consenso social en
cuanto al alcance de esa nueva libertad de prensa.
Basta con salir a la calle para darse cuenta de los cambios que se
han producido en Indonesia desde que los desórdenes callejeros de Yakarta
pusieron término a los 32 años de dictadura del presidente Suharto
en mayo de 1998. No es necesario buscar alguna de las manifestaciones que casi a
diario perturban el tráfico en Yakarta y otras grandes ciudades. Basta avanzar
hasta el puesto de periódicos más cercano y contemplar allí
las portadas de docenas de revistas llamativas, de tabloides impertinentes y de periódicos
sensacionalistas publicados en los últimos meses.
En ese país de 204 millones de habitantes (el cuarto del mundo por su población),
la explosión de la prensa se produjo en un breve lapso de tiempo. En los doce
meses siguientes a la renuncia de Suharto, el gobierno otorgó 718 nuevas licencias
a medios de información, mientras que en más de medio siglo transcurrido
desde la independencia del país sólo se habían autorizado 289.
Más recientemente, en noviembre de 1999, el gobierno suprimió el todopoderoso
Departamento de Información (conocido como Deppen). Durante decenios, este
órgano del ejecutivo ejerció un estricto control sobre los medios de
información y prohibió la publicación de cualquier tema que
exacerbara los sentimientos étnicos, religiosos, raciales o políticos.
Esta norma, que al principio se justificó por la multitud de grupos étnicos
y religiosos que componían la nación, se extendió gradualmente
a todo lo que pudiera molestar al gobierno.
A mediados de los años noventa, a medida que se cuestionaba la autoridad de
Suharto, la prensa se tornó más audaz y el Estado endureció
su posición. Cuando el destacado semanario Tempo informó sobre
el debate suscitado en el seno del gobierno por la compra de 39 navíos de
guerra de la ex Alemania Oriental, negociada por el entonces Ministro de Investigación
y Tecnología, B. J. Habibie, su licencia de publicación fue revocada.
Tempo desconoció la prohibición y obtuvo satisfacción ante dos
tribunales de primera instancia, pero el Tribunal Supremo respaldó la decisión
del Deppen. Luego el gobierno persiguió a los periodistas que habían
formado un sindicato independiente. Varios perdieron su empleo, mientras dos de los
sindicalistas y una secretaria fueron condenados en 1995 a penas de prisión
por haber distribuido información considerada ofensiva para el gobierno.
Un periodo de
transición
Una emisión de televisión
muy popular fue también suprimida después de que su animador entrevistara
a uno de los jueces que resolvieron en favor de Tempo.
Pero la decisión de los periodistas no decayó, en especial a partir
de fines de 1997, cuando empezaron a informar sobre el descontento y la agitación
crecientes en todo el archipiélago, y en especial sobre las manifestaciones
estudiantiles contra Suharto. Después de la reelección de Suharto por
el Parlamento indonesio por un séptimo periodo de cinco años, la portada
de la revista D&R publicó una caricatura del presidente. El Deppen
entabló un proceso a la revista, pero antes de que se resolviera el caso,
los desórdenes callejeros se extendieron por toda Indonesia y Suharto dimitió.
Cuando su vicepresidente, B. J. Habibie, le sucedió para garantizar la transición,
se temió que los tímidos progresos logrados por la prensa quedarían
sin efecto. Esos temores aumentaron con la designación de un veterano del
Timor Oriental, el general Yunus Yosfiah, como ministro de Información. Sin
embargo, el respeto de la libertad de prensa ha sido uno de los mayores logros de
ese gobierno de transición tan denigrado.
Uno de los primeros actos de Yosfiah fue suprimir el derecho de la Deppen a otorgar
o revocar licencias de prensa. También modernizó el procedimiento de
aprobación gubernamental de los nuevos medios de información. Pidió
incluso a los solicitantes que denunciaran a todo funcionario del Deppen que solicitara
favores (una participación financiera en una nueva empresa de comunicación,
por ejemplo) como contrapartida de una licencia. Disminuyó de 14 a 4 el número
de noticieros cotidianos oficiales que las radios estaban obligadas a difundir. Y
autorizó la constitución de asociaciones de periodistas distintas de
la PWI,
la única aprobada por el Estado. En una entrevista reciente, el general Yosfiah
justificó esos cambios: “Las cosas ahora son diferentes. Consideramos a los
periodistas como colegas. Nuestras concepciones han cambiado.” Un símbolo
de la nueva actitud fue la reapertura de Tempo en octubre de 1998.
Al mismo tiempo, un grupo de editores y de emisoras propuso que se revisara la reglamentación
de la prensa de la época de Suharto. La ley Nº 40, promulgada en septiembre
de 1999, fue “la primera que liberó a la prensa de la tiranía”, según
S. L. Batubara, presidente de la Asociación de Editores de Periódicos
de Indonesia. El nuevo texto (ver
recuadro) modifica 25 artículos
de la ley anterior, en virtud de la cual la prensa estaba sometida a la voluntad
del Ministro de Información, y deja la regulación de la prensa en manos
de los profesionales del ramo. La Sociedad de Prensa, Radio y Televisión de
Indonesia impulsa actualmente a sus miembros a que nombren mediadores internos y
está elaborando un código de conducta común.
Aunque la ley deja muchas cuestiones por resolver –especialmente en lo que respecta
a la censura de las emisiones de radio, de televisión y de películas,
así como a la distribución de las frecuencias–, constituye un gran
paso adelante. Numerosos periodistas locales señalan que las injerencias militares
o burocráticas han disminuido e incluso desaparecido.
Pero las restricciones legales eran una parte de las coacciones que sufría
la prensa. En otros terrenos la prensa sigue siendo vulnerable. Por ejemplo, mientras
la legislación prohíbe expresamente que esos medios puedan pertenecer
a extranjeros, nada se dice sobre los conflictos de intereses dentro del país
y los periodistas carecen de toda protección frente a los propietarios nacionales.
Aunque Habibie toleraba las críticas a su gobierno y a la política
aplicada, algunos de sus aliados y partidarios eran menos indulgentes. La agitación
se desató cuando en noviembre de 1998 se reunió el colegio electoral
para confirmar a Habibie y su política. Poco después, la estación
privada de televisión SCTV sufrió presiones: un banco estatal anuló
un préstamo de 34 millones de dólares otorgado a esa emisora, obligándola
a vender sus acciones mayoritarias en la compañía. Una empresa dirigida
por un hermano de Habibie encabezó las negociaciones para obtener esa participación.
En una declaración, los productores de los noticieros de SCTV
denunciaron la actitud del gobierno que castigaba así a la emisora por sus
reportajes sobre los desórdenes.
Otro zona oscura es la legislación penal, que contiene numerosos artículos
referentes a la prensa, incluso uno que pena con cuatro años de prisión
a los autores de artículos o emisiones considerados hostiles o insultantes
hacia los miembros del gobierno. El código penal impide las encuestas sobre
las faltas presentes o pasadas del gobierno –especialmente en el pasado la ley se
empleó para amedrentar y controlar a los opositores. Yasmen Umar, redactor
del diario Pontianak Pos de Kalimantan Occidental, estima que las personas que se
consideran agraviadas por un artículo “buscan de inmediato una solución
penal en vez de recurrir al derecho de respuesta”.
Además, la reticencia de las autoridades a facilitar en tiempo oportuno información
precisa hace difícil dar cuenta de las actividades del gobierno, sobre todo
cuando hay sospechas de corrupción. “Esa actitud de los funcionarios y las
personalidades públicas limita enormemente nuestra actividad”, se lamenta
Batubara. Un escándalo estalló recientemente en torno a la malversación
de más de 70 millones de dólares destinados a la reestructuración
del sector bancario por personas vinculadas al gobierno y al partido en el poder.
Durante más de tres meses, el gobierno de Habibie, invocando el secreto bancario,
se negó a dar a conocer el informe de un auditor independiente que seguía
detalladamente la pista al dinero e identificaba a los beneficiarios.
Un ambiente peligroso
Pero los que están en
el poder no son los únicos que interfieren en la labor de los periodistas.
La Indonesia posterior a Suharto, que vive una situación de crisis económica
y de exacerbación de los sentimientos separatistas, étnicos y religiosos
en una atmósfera política tensa, se ha convertido en un país
peligroso para el trabajo de los periodistas. No todo el mundo acepta la necesidad,
ni siquiera el principio, de una prensa libre. “El público por primera vez
debe aceptar opiniones que no siempre son compatibles con determinados grupos de
presión”, afirma A. Lin Neumann, asesor de la Alianza de Prensa del Asia Sudoriental.
Un ejemplo es la cobertura del conflicto entre musulmanes y cristianos en Amboina,
capital de la provincia multirreligiosa de las Molucas. Después de los desórdenes
de comienzos de 1999, la ciudad quedó prácticamente dividida entre
los dos grupos antagónicos. Los reporteros cristianos y los periodistas musulmanes
sólo se sentían a salvo en los sectores de sus religiones respectivas.
La imposibilidad de informar sobre lo que sucedía en ambas comunidades complicaba
un tema de por sí delicado como es dar cuenta de los enfrentamientos religiosos.
A los cristianos de Amboina les pareció que la prensa nacional daba más
importancia a los ataques contra los musulmanes, y se tornó hostil hacia los
indonesios que trabajaban en las agencias locales.
Mientras tanto, en Timor Oriental, al realizarse el referéndum sobre la independencia
de agosto de 1999 organizado por las Naciones Unidas, las milicias armadas proindonesias
expulsaron a los indonesios y extranjeros que trabajaban para la prensa internacional,
convencidos de que la mayor parte de los observadores externos eran favorables a
la separación de ese territorio. En medio del caos consecutivo a la votación,
dos periodistas –uno indonesio y otro extranjero– perdieron la vida.
Desde que desaparecieron las restricciones gubernamentales, una crítica frecuente
es que los periodistas no tienen conciencia de sus responsabilidades y deberes, y
ni siquiera de sus derechos. “Cuanta más libertad se otorga a la prensa, mayores
son las responsabilidades que ésta debe asumir”, afirma Atmakusumah Astraatmadja,
director ejecutivo del Instituto de Prensa Soetomo, una de las pocas instituciones
que proponen formación a los periodistas. Escasas son las universidades que
cuentan con una facultad de periodismo.
Además de asistir a una serie de seminarios breves financiados con fondos
del extranjero, los periodistas indonesios aprenden en el lugar de trabajo. Sus remuneraciones
son bastante bajas. Un hábito muy arraigado consiste en retribuir bajo cuerda
y con dinero en efectivo a los reporteros que asisten a una conferencia de prensa.
Otro resabio de la época de Suharto es que la prensa sigue informando sobre
los sucesos de actualidad citando sólo los puntos de vista y las declaraciones
de personalidades públicas.
Márgenes
de libertad
Aunque el periodismo en Indonesia
ya no tiene trabas, carece de protección en un contexto legal mal definido.
Periodistas y editores indonesios han de descubrir por sí solos hasta dónde
sus comunidades les permitirán llegar; en otros términos, qué
margen de libertad les permitirán sus lectores y espectadores. Hasta el momento
no se percibe un consenso. De una encuesta reciente realizada por un observatorio
local de los medios de información se desprende que tres de cada cuatro entrevistados
estimaron que las investigaciones periodísticas estaban contribuyendo a la
“desintegración nacional”.
La experiencia de Rusdi Amral, del periódico nacional Kompass en Macasar,
capital de Célebes, es elocuente. Después de que Habibie, originario
de esa provincia, no fue reelegido presidente en los comicios del 20 de octubre de
1999, los estudiantes de Macasar organizaron manifestaciones, en algunas de las cuales
reclamaron la independencia de Célebes. Seis camiones de personas que protestaban
llegaron al despacho de Amral exigiendo que el periódico otorgara mayor importancia
a su movimiento. “Actualmente la prensa está en condiciones de enfrentar las
amenazas de la burocracia, civil o militar. Lo que ahora nos inquieta son las amenazas
de la población.” afirma Amral. La policía se abstuvo de intervenir
cuando los manifestantes se aproximaron a su despacho. Amral y su personal tuvieron
que hacer frente solos a los detractores.