En un laboratorio de Estrasburgo,
Francia, se toma una muestra de sangre dejada en unos zapatos a fin de realizar un
análisis genético.
“Los datos procedentes del ADN se asemejan a códigos de barras que pueden
almacenarse fácilmente en un fichero informático.”
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Hacia un fichero
genético europeo
En una resolución adoptada en junio
de 1997,* el Consejo de Ministros de la Unión Europea alienta “la creación
de bases de datos de ADN nacionales” y “los intercambios de resultados de análisis
de ADN”
por estimar que pueden aportar una contribución importante a las investigaciones
penales, a condición de que contengan “datos procedentes de segmentos no codificantes”
del ADN,
“que puede suponerse que no contienen informaciones sobre características
hereditarias específicas.”
“Incumbe a cada Estado miembro decidir en qué condiciones y por qué
delitos los resultados de análisis de ADN pueden almacenarse en una base de datos nacional”,
precisa la resolución. “Cuando se tomen muestras de ADN cuyos
resultados hayan de ser almacenados, deberán darse garantías destinadas
a proteger la integridad física de las personas afectadas.” Por último,
estima que “la creación de una base de datos de ADN europea habrá de considerarse como una segunda
etapa, que se cumplirá una vez reunidas las condiciones (técnicas)
necesarias para el intercambio de los análisis de ADN.”
* Puede consultarse en el sitio:
http://europa.eu.int/
eur-lex/fr/lif/dat/1997/fr
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Pruebas casi perfectas,
las huellas genéticas contribuyen a establecer la inocencia de los condenados
o a identificar rápidamente a los culpables.
 Los
policías y los magistrados de los países occidentales son unánimes:
la irrupción de los análisis genéticos en su trabajo cotidiano
representa una revolución mucho mayor que la utilización de las huellas
digitales iniciada muy al final del siglo XIX, pues ya casi no puede decirse que un criminal
“desapareció sin dejar rastros”, incluso si ha utilizado guantes.
Desde que el británico Alex Jeffreys concibió, en 1985, un nuevo método
de identificación genética de cada individuo a partir de su ADN (ácido
desoxirribonucleico), la medicina legal ha dado un salto extraordinario. Ahora es
posible, en cinco o seis horas y a menor costo,1 contar con la “cédula de identidad” genética
de cualquier persona a partir de casi nada:2 una minúscula mancha de sangre, un pelo,
la saliva dejada en una colilla de cigarrillo, en un sello, en un vaso o en el cepillo
de dientes, huellas de transpiración en cualquier prenda de vestir o, con
mayor razón, una gota de esperma. Esas “pruebas” no eximen sin embargo de
una reflexión elemental: no porque se hallan encontrado “rastros” de una persona
en el lugar del crimen ésta es necesariamente culpable.
Libertades individuales
Con excepción de los
gemelos idénticos, todo ser humano tiene una estructura diferente de ADN ,
molécula presente en el núcleo de cada célula. Alrededor de
10% del ADN contiene los cromosomas. Se ignora aún
la función del resto (llamado “no codificante”, del que no puede extraerse
información sobre la salud o las anomalías genéticas, al menos
hasta el presente), formado en parte por secuencias idénticas. Son esas unidades
repetitivas las que se analizan para establecer el perfil genético de cada
individuo, en una serie de cifras. Esos datos se asemejan a “códigos de barras”,
que pueden almacenarse fácilmente en un fichero informático. Para bien,
dicen entre otros los investigadores occidentales y las familias de las víctimas;
para mal, temen los defensores de las libertades individuales, que anticipan nuevas
pesadillas orwellianas.
A. B. Butler fue uno de los condenados que pudo probar su inocencia gracias a los
análisis genéticos. Fue liberado el 7 de enero de 1999 y luego absuelto,
tras haber pasado dieciséis años encarcelado en Tyler (Texas). Este
norteamericano de color había sido condenado a 99 años de presidio
por el rapto y la violación de una muchacha blanca en 1983. En cuanto tuvo
noticias de la existencia de las pruebas de ADN, las reclamó por su cuenta, pues sabía
que la policía había conservado restos de esperma del agresor de la
joven. En 1999, tres laboratorios confirmaron que sus huellas genéticas no
tenían nada que ver con las del violador.
Desde que en 1989 el FBI
empezó a utilizar los análisis
de ADN
éstos permitieron demostrar la inocencia de por lo menos 54 detenidos injustamente
condenados a penas muy graves, las más de las veces en procesos por violación.
Treinta y cinco de ellos fueron defendidos por la Escuela de Derecho de la Universidad
Yeshiva de Nueva York, en el marco de la operación Innocence Project (IP)
lanzada en 1992 por el profesor Barry Scheck. El objetivo es obtener que, cuando
se hayan conservado pruebas, se realicen sistemáticamente análisis
genéticos en casos de presos que claman su inocencia y que no tienen los medios
necesarios para pagar los servicios de un buen abogado. Lo que está en juego
es esencial: seis de los presos liberados gracias a los esfuerzos de los estudiantes
y profesores participantes en ese proyecto estaban condenados a muerte.
“Los análisis genéticos pueden permitir también descubrir más
rápido al verdadero culpable”, destaca Scheck. “Pueden contribuir a aclarar
el misterio de antiguos crímenes nunca elucidados, haciendo ganar un tiempo
enorme y mucho dinero a los investigadores; por último, pueden ser de utilidad
para la prevención de delitos en los casos de asesinos en serie o de violadores
compulsivos”, que podrían así ser identificados antes de cometer otros
delitos. Se trata de “progresos” que requieren la posibilidad de efectuar aproximaciones
entre el perfil genético de un individuo buscado y el de un sospechoso, y
por ende la constitución de un fichero de huellas genéticas.
Un debate virulento
Precursores en la materia, los
policías británicos crearon un fichero desde abril de 1995, “con el
apoyo de grupos de mujeres favorables a las tecnologías que pudieran permitir
la rápida identificación de los violadores”, destaca Peter Martin,
ex responsable de los laboratorios de Scotland Yard. “Como ulteriormente se estableció
que a menudo los violadores tenían un prontuario judicial por delitos de menos
importancia”, el fichero fue ampliado. En el Reino Unido a toda persona detenida
o sospechosa puede pedírsele una muestra de saliva para poder trazar su ficha
de ADN.
Este fichero centraliza actualmente los códigos de barras de unos 700.000
individuos y debería llegar a contener cinco millones de fichas de aquí
a 2010, sobre una población de 58,6 millones de británicos. En cinco
años, este banco de datos ha permitido ya realizar miles de aproximaciones,
que han llevado a la identificación de “más de 260 asesinos, 400 violadores
y 2.500 ladrones”, según Martin.
Es natural que la policía de todos los países esté ávida
de obtener el máximo de información posible. Algunos de sus representantes
sueñan con poder efectuar el retrato hablado de un criminal a partir de un
simple chicle encontrado en el sitio del crimen. Por ejemplo, los análisis
efectuados actualmente (en el ADN no codificante) gracias al método llamado
prc3 permiten determinar el sexo, pero no la edad ni el color del cabello o de los
ojos de la persona en cuestión. Ya se logrará, predicen los científicos.
Hay que detener desde ahora todo fichaje, afirman ciertas organizaciones de defensa
de los derechos humanos, que denuncian la insuficiencia de los mecanismos de protección
de las libertades individuales.
El debate más virulento arrecia en Estados Unidos, porque el FBI está
constituyendo, desde octubre de 1988, un fichero nacional bautizado CODIS
que unifica los procedimientos biológicos e informáticos, permitiendo
intercambiar los datos de los ficheros de los 50 estados del país. El FBI
afirma que dispone de 260.000 fichas, que ya habrían permitido identificar
a los culpables de más de 200 delitos (esto concierne hasta ahora a las agresiones
sexuales y a los llamados crímenes “violentos”).
La batalla contra esos ficheros se ha estructurado en torno a una cuestión
central: ¿puede tomarse una muestra con miras a un análisis de ADN
sin el consentimiento de la persona? El derecho de los países occidentales
no siempre es claro al respecto, pero se ha aceptado el principio —en Alemania, los
Países Bajos, Noruega, Suecia, Francia y Estados Unidos— de que una toma forzada
(de saliva o de sangre) puede practicarse cuando así lo ordenara un juez o
un policía en el marco de una investigación.
Procedimientos
desleales
La frontera entre necesidades
policiales y libertades individuales es sin embargo muy difusa. “Tratándose
de la búsqueda del culpable de un delito entre los habitantes de un pueblo,
por ejemplo, en que la toma debería tener carácter voluntario, la negativa
(a someterse a una prueba genética) puede ser interpretada como una actitud
sospechosa”, señala, entre otros, Jean Michaud, miembro del comité
nacional de ética francés. De todos modos, añaden discretamente
los policías, el ADN siempre puede analizarse en el cepillo de dientes
“incautado” a una persona o en su taza de café, y sin que lo sepa, lo que
no atenta directamente contra su “integridad física” ni contra la “dignidad
humana”, conceptos previstos en las leyes sobre bioética adoptadas en numerosos
países occidentales. Este “procedimiento desleal” es condenado evidentemente
en teoría, pero aún no de forma expresa en las legislaciones nacionales.
En Estados Unidos, el parlamento de Massachusetts aprobó en 1997 una ley que
autoriza el fichaje de personas condenadas por un crimen, con efecto retroactivo.
Por consiguiente, se “invitó” a todos los detenidos de ese estado a dar una
muestra de su sangre, so pretexto “estadístico” de que los reincidentes son
numerosos entre los presos liberados ulteriormente. Ahora bien, algunos detenidos
se negaron a ello, invocando, aconsejados por sus abogados, la 4ª enmienda de
la Constitución estadounidense, que protege a los ciudadanos contra los “registros
y embargos injustificados”. Un tribunal de Boston sentó un precedente: les
dio la razón en 1998, estimando que la toma de muestras de ADN
sin consentimiento constituía una clara violación de los derechos humanos.
“¿Por qué no fichar asimismo a todos los pobres? ¿Son también
más propensos a cometer crímenes o delitos? ¿A dónde
iremos a parar?”, alegó Benjamin Keehn, uno de los abogados de esos detenidos.
La lucha contra ese tipo de medidas, que se ha extendido a otros estados, es coordinada
por el ACLU (American Civil Liberties Union Freedom Network),
que cuenta con 250.000 adherentes. En julio de 1989, ante la Comisión Nacional
para el Futuro de la Prueba de ADN (constituida a petición del Presidente
Bill Clinton e integrada por 19 eminentes especialistas), esta ong se pronunció
contra la extensión del CODIS federal a toda persona arrestada. El subdirector
del ACLU,
Barry Steinhardt, estimó que una práctica semejante equivaldría
a “asimilar arresto y culpabilidad” y daría “a ciertos policías, más
que a los jueces y jurados, la posibilidad de obligar a los ciudadanos a entregar
pruebas que contendrían los secretos más íntimos sobre ellos
y sus familiares”.
En efecto, una segunda serie de interrogantes cruciales se plantea también
en este debate: ¿A quién pertenece el ADNque ha servido para establecer la ficha? (¿a
la persona en cuestión, al laboratorio que lo ha analizado o a la policía?);
¿hay que destruirla o conservarla? y, en ese último caso ¿durante
cuánto tiempo? Pues si los códigos de barras que figuran en las fichas
no tienen por el momento gran utilidad para eventuales indiscreciones, no ocurre
lo mismo con las muestras “originales” de ADN, que contienen los cromosomas y, por ende, un
cúmulo de informaciones genéticas sobre la persona de que se trate
así como sobre sus padres (tenemos 23 pares de cromosomas, la mitad procedente
de nuestro padre y la otra mitad de nuestra madre). ¿Quién garantizará
que las muestras de ADN conservadas en los bancos policiales o en los
laboratorios no serán analizadas algún día por individuos inescrupulosos,
por cuenta de compañías de seguros de vida por ejemplo, a fin de conocer
la predisposición de una persona a determinadas enfermedades? Para prevenir
este riesgo algunos países como Alemania, Austria, Finlandia, Suecia, Dinamarca
y los Países Bajos decidieron destruir las muestras una vez elaborada la ficha.
Otros optaron por la conservación (ilimitada en el Reino Unido; durante cuarenta
años en Francia en el fichero que se está constituyendo; variable según
los estados en Estados Unidos) por las autoridades policiales, por los laboratorios
o por ambos. El argumento que suele invocarse es la necesidad eventual de nuevos
peritajes o de verificaciones.
En estos últimos países, ONG y comités de ética denuncian la
multiplicación de “pequeños ficheros” genéticos, de los laboratorios
(es cierto que debidamente aprobados por el Estado) o de las empresas privadas más
o menos autorizadas a llevarlos según la legislación nacional.
Steinhardt, del ACLU, recuerda que de una encuesta realizada por
la Asociación Americana para la Gestión se desprende que 6% de los
empleadores interrogados utilizan ya análisis genéticos en sus procedimientos
de contratación, sin que lo sepan los interesados, valiéndose por ejemplo
de los exámenes médicos. Destacó ante la Comisión norteamericana
que hoy el Pentágono tiene en su poder las muestras de tres millones de sus
actuales o ex empleados, banco constituido inicialmente con objeto de identificar
a los soldados muertos en la guerra de Viet Nam. “Cuando se crean bancos semejantes,
hay presiones para que se utilicen para fines diferentes de los previstos inicialmente”,
observó. “Así, el FBI
ha tenido ya acceso al banco del
Pentágono para facilitar algunas de sus investigaciones.”
Una caja de Pandora
El profesor Philip Reilly, miembro
de la misma Comisión, concuerda con él. “Hay una proliferación
de ficheros genéticos de todo tipo en Estados Unidos, que en teoría
podrían vincularse.” Señala por lo demás que “se han sacado
y se conservan muestras de sangre de 99,8% de los niños nacidos en Estados
Unidos en 1999. En ciertos casos se realizarán análisis de ADN
por razones médicas.”
La Comisión norteamericana recomendó finalmente no fichar, a nivel
federal, a las personas arrestadas (15 millones al año). Por su parte, el
ACLU decidió
oponerse a la constitución de todo banco de datos genéticos, considerados
“cajas de Pandora”. También lucha ante los tribunales contra una ley reciente
de Massachusetts que autoriza oficialmente la divulgación de informaciones
contenidas en su fichero genético policial “con fines humanitarios” que no
se precisan.
Está claro que cuanto más permitan avanzar los progresos científicos
en el trazado de retratos hablados genéticos a partir del ADN,
más urgente será precaverse eficazmente contra posibles utilizaciones
indebidas4 de las muestras conservadas y de los ficheros genéticos.
1. Para un análisis simple del perfil genético
a partir de una muestra de buena calidad, el costo ha bajado considerablemente en
los últimos años: unos 50 dólares en Estados Unidos y el Reino
Unido, y alrededor de 90 dólares en Francia, por ejemplo.
2. Siempre que esas “piezas de convicción” se obtengan cuidadosamente en el
lugar del crimen, se mantengan ulteriormente a la temperatura adecuada y se analicen
en laboratorios dignos de confianza.
3. Polymerase Chain Reaction o amplificación genética, automatizada
a fines de los años ochenta. Este método es más rápido,
más preciso, menos costoso y exige menos ADN que el método anterior llamado RFLP (Restriction Fragment
Lenght Polymorphism, o análisis del polimorfismo de longitud de los fragmentos
de restricción), hoy día abandonado en los países occidentales.
Actualmente es posible, estudiando un marcador específico de los cromosomas
sexuales, determinar el sexo por PRC.
4. La Declaración Universal sobre el Genoma Humano, adoptada por la UNESCO en 1997,
precisa en su artículo 7: “Se deberá proteger (…) la confidencialidad
de los datos genéticos asociados con una persona identificable.”
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