Durante una manifestación del partido del Congreso Nacional Africano, la víspera
de las elecciones de 1994.
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Me hice feminista para no
volverme masoquista.
Sally
Kempton,
periodista estadounidense (1943- )
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Desde el término
del apartheid, las sudafricanas han logrado imponer reformas esenciales. Sin embargo,
obstáculos políticos y resabios tradicionalistas frenan su aplicación.
 Tras
las segundas elecciones democráticas realizadas en Sudáfrica, en junio
de 1999, el nuevo presidente, Thabo Mbeki, designó a ocho mujeres en puestos
ministeriales, o sea dos veces más que el gobierno precedente. En un continente
en el que con frecuencia las mujeres son consideradas ciudadanas de segundo orden,
el país puede exhibir resultados significativos: ocupa el séptimo lugar
en el mundo en cuanto a representación femenina en el Parlamento (25%) y la
igualdad entre los sexos es uno de los valores clave del gobierno del ANC
(Congreso Nacional Africano) y de la Constitución sudafricana.
Además de contar con el apoyo moral de responsables políticos como
el ex presidente Nelson Mandela o de su compañero de lucha Oliver Tambo (fallecido
en 1993), las mujeres deben sus progresos a un compromiso del ANC
que se concretó mucho antes de su victoria electoral en 1994. Desde el anuncio
de la transición hacia la democracia, a comienzos de los años noventa,
se hizo hincapié en los problemas de representación femenina.
En 1991, las militantes del ANC exigieron una cuota de cargos
en el Comité Ejecutivo Nacional, sin resultado. Pero, en 1994, el ANC fue
el único partido que fijó a las mujeres una cuota de 30% en sus listas
electorales. Luego, cuando el ANC elaboró su programa
de reconstrucción y desarrollo, espina dorsal de su manifiesto electoral,
grupos de mujeres ejercieron una fuerte presión para que tuviera en cuenta
sus preocupaciones en materia de empleo, salud y propiedad de la tierra.
Esas reivindicaciones fueron respaldadas por un poderoso movimiento popular que abogaba
por que Sudáfrica se convirtiera en una democracia no racista, pero también
no sexista. En 1992, mujeres de las más diversas extracciones fundaron un
movimiento, la Coalición Nacional, para que la paridad figurara en los programas
de todos los partidos y para impulsar a sus congéneres a votar.
La
unión hace la fuerza
En el gobierno,
las mujeres ejercieron su influencia en el momento de la redacción de la Constitución,
adoptada en 1996. Su tarea no siempre fue fácil. Cuando exigieron una cláusula
sobre la igualdad, tropezaron con la oposición de varios dirigentes tradicionalistas,
algunos de ellos miembros del ANC, que estimaban que esa reivindicación
era incompatible con la preservación de las costumbres.
La presión ejercida por diputadas como Mavivi Manzini, Baleka Mbete o Thenjiwe
Mtintso venció a esos detractores. Gracias a ellas se incluyeron disposiciones
sobre los derechos socioeconómicos y los derechos relativos a la procreación.
La mayor parte de las mujeres que entraron en el Parlamento en 1994 estaban empeñadas
en hacer progresar la causa de las sudafricanas. Ello fue motivo de inevitables tensiones
cuando sus posturas diferían de las de su partido. Diversas vías les
permitieron sin embargo superar ese conflicto. La Comisión Mixta para el Mejoramiento
de la Calidad de Vida y la Condición de las Mujeres resultó ser la
estructura más adecuada para promover sus derechos.
Esta comisión parlamentaria, que agrupa a mujeres de todas las tendencias
políticas y está en contacto permanente con organizaciones femeninas,
desempeñó un papel esencial al someter proyectos de ley ciñéndose
a un procedimiento acelerado. Lo más probable es que sin ella una serie de
textos sobre los derechos de la mujer jamás se hubieran aprobado. Ente ellos
figuran la ley sobre interrupción del embarazo, que amplía y mejora
notablemente las condiciones en las que las mujeres pueden recurrir al aborto; la
ley de 1998 que mejora los derechos de las madres a obtener ayuda del padre de sus
hijos; una ley que garantiza a las mujeres embarazadas y a los niños menores
de seis años acceso gratuito a la atención médica; y la ley
de 1998 sobre violencia doméstica.
Esos progresos son encomiables. No obstante, la presencia importante de mujeres en
el gobierno no ha logrado impedir la reducción de los gastos en servicios
sociales ni el aumento de los de armamento, aunque la subsecretaría de Defensa
la desempeñe una mujer. Asimismo, la ministra de Salud, Manto Tshabalala,
que milita desde hace muchos años por la igualdad de los sexos, no ha apoyado
a las organizaciones femeninas que reclaman que el azt, tratamiento administrado
a los seropositivos, se proporcione gratuitamente a las mujeres embarazadas o víctimas
de violaciones.1 El gobierno estima que ello
excede sus posibilidades presupuestarias, posición combatida por las mujeres
miembros del ANC e incluso por la oposición.
De
la teoría a la práctica
Durante la
campaña electoral de 1999 ningún partido impugnó el principio
de una fuerte representación política de las mujeres. Se hizo hincapié
en problemas como la violencia contra éstas, el desempleo, la vivienda o la
salud. La radio y la televisión nacionales asignaron tiempo de transmisión
a los diversos partidos para que expusieran sus puntos de vista sobre esos temas.
Las militantes subrayan que, pese a su compromiso formal en favor de la igualdad
de los sexos, la posición de los partidos sigue siendo vaga frente a los principales
temas de connotación sexual. Así, ningún partido tiene un programa
preciso frente a la violencia que sufren las mujeres, pese a que Sudáfrica
es uno de los países del mundo donde se cometen más violaciones.
Esta última campaña electoral demostró la necesidad de que las
mujeres consoliden su organización y ocupen posiciones de alto nivel en los
partidos. Las diputadas tendrían así peso político para lograr
la aprobación de textos y obtener que en el seno de los partidos se instauren
mecanismos que los obliguen a rendir cuenta de los progresos alcanzados.
Para Joyce Piliso-Seroke, presidenta de la Comisión sobre Igualdad de los
Sexos, queda mucho por hacer: “El gobierno habla mucho de igualdad de los sexos sin
aplicarla. Las leyes sobre la violencia doméstica o las pensiones a las que
tienen derecho las mujeres separadas no serán más que palabras mientras
no existan infraestructuras que garanticen su aplicación.”
1. Está demostrado
que el azt disminuye los riesgos de transmisión del virus del sida entre la
madre y el feto.
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