Nela Julcarine sale de un dispensario en los suburbios de Lima. Junto con otras asistentes
sociales denunció la política coercitiva de esterilización aplicada
por el gobierno peruano.
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Por naturaleza, el macho es
superior y la hembra inferior; uno gobierna y la otra es gobernada.
Aristóteles,
filósofo griego (384-322 a.c.)
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Para que las mujeres puedan
ejercer libremente sus derechos, dos organizaciones femeninas denuncian los métodos
coercitivos de la planificación familiar en el Perú.
 Los
primeros rayos de luz entran por la ventana. Hierve el agua, hay que recoger la ropa
del tendedero, despertar a los niños. En la humilde vivienda de Damiana Barrientos
en un barrio del sur de Lima comienza una nueva jornada. Pero para Damiana no es
un día como los demás, pues hoy debe presentarse ante los tribunales
para que le confirmen la decisión del ministerio de Salud.
Damiana acaba de lograr que ese ministerio le conceda cuidados médicos gratuitos
hasta que se recupere de las secuelas de una operación practicada contra su
voluntad: “Todo empezó en la maternidad de Lima en marzo de 1998 cuando acudí
a dar a luz a mi bebé que falleció a los pocos días luego de
una cesárea”, cuenta Damiana. “Allí me ligaron las trompas falsificando
mi firma en la hoja de consentimiento. Pero surgieron complicaciones y ahora sufro
de una eventración.” Recurrió a la justicia, pero aunque el Estado
reconoció que hubo “problemas de calidad de atención”, su denuncia
fue archivada. Gracias a las abogadas del Comité de América Latina
y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM-Perú), que ha denunciado
hasta ahora 243 casos de esterilización forzosa,1 y del Movimiento Amplio
de Mujeres (MAM), el caso de Damiana fue llevado
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde está pendiente
de sentencia.
Desde que en 1996 hubo pruebas de graves violaciones a los derechos humanos en la
aplicación de la anticoncepción quirúrgica voluntaria (AQV),
el MAM y el CLADEM
se propusieron lograr que el gobierno peruano modificara el programa de planificación
familiar lanzado en 1995 para reducir la tasa de natalidad en las zonas rurales de
5,6 hijos por mujer a un promedio de 2,5 entre 1996-2000. “Nuestra meta fue hacer
que las mujeres pudieran optar libremente por uno de los varios métodos de
planificación familiar y obtener del gobierno que informara de todas las alternativas
y no impusiera el AQV como único método posible”, dice Giulia Tamayo,
del CLADEM.
“Festivales
de salud”
Según
el CLADEM, a partir de 1996 la planificación
familiar anunciada por el presidente Alberto Fujimori como una democratización
de los servicios de salud a fin de que las mujeres fueran “dueñas de su destino”
se transformó en una política coercitiva de esterilización,
con la AQV como única opción,
para cumplir con cuotas nacionales. Para popularizar la AQV se organizaron “festivales
de salud” donde se presionaba a las mujeres para que se sometieran a una ligadura
de trompas. “Nosotros decidimos tener sólo dos hijos. ¡Por eso elegimos
el método de ligadura de trompas y somos felices!” Mensajes como éste
podían leerse en las coloridas banderolas anunciando en los pueblos los festivales
de salud que duraban de uno a tres días e incluían actividades deportivas
y conciertos populares.
En ellos se prometían campañas de vacunación, despistaje de
cáncer de mama y uterino y cuidados dentales, pero no todos esos servicios
se brindaban realmente. Según el ministerio de Salud, en el primer semestre
de 1996 hubo 463 “campañas” en las que se atendió a 120.000 personas
en zonas rurales alejadas.
“Esas campañas masivas eran precedidas de visitas domiciliarias a cargo de
personal médico con objeto de captar mujeres en edad fértil con más
de 4 hijos. La población vivía en un estado de ansiedad permanente”,
declara Tamayo. Según las informaciones recogidas por el CLADEM,
se explicaba a las parejas los beneficios del método, al que se presentaba
como el único, y se les obligaba a firmar un documento. A quienes se sometían
a la operación se les regalaban 15 kilos de alimentos y al personal de salud
que convencía a una persona se le premiaba con un bono.
El CLADEM reunió un número
considerable de denuncias para probar que las condiciones sanitarias en las cuales
se practicaban las AQV provocaban complicaciones graves,
incluso la muerte, y que no se trataba de casos aislados, como pretendía el
gobierno, sino de una práctica sistemática y masiva. Ante la falta
de eco oficial, a fines de 1997 el CLADEM acudió a la prensa para
hacer pública sus denuncias y presionar al gobierno.
“No todo es errado en la planificación familiar. No nos oponemos a ella, pero
queremos señalar las secuelas traumáticas de la aplicación coercitiva
de la AQV”, señala María
Esther Mogollón, del MAM. En 1998, esta organización
decidió verificar las denuncias procedentes de Lima y del interior. “Cincuenta
voluntarias visitaron los hospitales de 19 de los 25 departamentos donde se aplicaba
la AQV para conversar con las afectadas
y los médicos”, dice Mogollón. “Los dos problemas más graves
observados fueron la negligencia médica y la desinformación de las
mujeres”, añade. El MAM decidió distribuir cartillas
con un listado de los derechos de las usuarias en los servicios de salud, instándolas
a que en caso de abuso las contactaran en un número telefónico, habilitado
como línea de emergencia, donde recibirían asesoría
Según datos oficiales, en 1998 los servicios estatales atendieron a 800.000
parejas de las cuales sólo 3,5% eligió el AQV y hasta el presente el número
total de casos de esterilización es de 300.000 incluidos hombres y mujeres,
en una proporción de 10 mujeres por un hombre. Las cifras extraoficiales indican
que casi medio millón de personas han sido sometidas a una AQV.
A raíz de las campañas del CLADEM y del MAM, el Ministerio de
Salud se vio obligado a corregir sus métodos, incorporando la cartilla de
información del MAM y dos sesiones de asesoramiento:
una sobre todos los métodos anticonceptivos y otra sobre el método
en definitiva elegido, señalando las posibles complicaciones y la naturaleza
irreversible de la anticoncepción quirúrgica. También estableció
un plazo de 72 horas de reflexión entre la firma del consentimiento y la operación.
Un año después de entrar en vigencia estas medidas, el programa de
planificación mantiene un perfil bajo. En 2000 no se han realizado festivales
de salud y, según las autoridades, la demanda de AQV ha disminuido un 30%. El objetivo
primero de las organizaciones femeninas es denunciar las secuelas traumáticas
y los daños psicológicos provocados después de las operaciones,
pero su acción ha logrado también que campesinas humildes puedan planificar
libremente una familia y asumir una maternidad responsable.
1. Esas 243 denuncias,
entre las que se cuentan 30 casos de muerte, están documentadas y recogidas
en el informe Nada personal. Reporte de derechos humanos sobre la aplicación
de la anticoncepción quirúrgica en el Perú, divulgado a
mediados de 1999. Su autora, la abogada Giulia Tamayo, recibió este año
el Premio Ginetta Sagan de Amnistía Internacional por su labor en favor de
los derechos de las mujeres.
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