Un niño iraquí en un taller de trabajo del cuero.
El trabajo es a veces la única solución para algunos pequeños.
Irak
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Cronología
• 6 de agosto de 1990: La resolución
661 de las Naciones Unidas impone sanciones económicas a Irak.
• 16-17 de enero de 1991: Una coalición encabezada por Estados Unidos
lanza la operación aérea “Tormenta del desierto”, con la aprobación
del Consejo de Seguridad.
• 27 de febrero de 1991: Irak se retira de Kuwait.
• 30 de junio de 1991: la UNSCOM inicia sus inspecciones.
• 15 de agosto de 1991: Irak rechaza la resolución 706 que lo autoriza
a vender petróleo para comprar bienes con fines humanitarios.
• Mayo de 1996: Se inicia el programa “petróleo a cambio de alimentos”.
• 16 de diciembre de 1998: La UNSCOM se retira de Irak. Washington y Londres lanzan, sin
la aprobación de las Naciones Unidas, la operación aérea “Zorro
del desierto”. Prosiguen los bombardeos casi cotidianos.
• 17 de diciembre de 1999: La resolución 1284 crea una nueva comisión
de control (la CCVINU) en reemplazo de la UNSCOM.
Cronología
• Según el Estatuto de la Corte
Penal Internacional, constituyen crímenes de lesa humanidad ciertos actos
que se cometan “como parte de un ataque generalizado o sistemático contra
una población civil y con conocimiento de dicho ataque”, comprendidos los
“actos inhumanos (…) que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física”.
• El genocidio comprende actos “perpetrados con la intención de destruir
total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso”, tales
como una “lesión grave a la integridad física o mental de los miembros
del grupo”, el “sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que
hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial”.
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El sufrimiento de las poblaciones
iraquíes empieza a estremecer el muro de la indiferencia general y suscita
un acalorado debate ético y jurídico sobre las sanciones impuestas.
 El embargo económico impuesto a Irak
desde hace diez años, ¿será uno de esos crímenes que
han hecho del siglo XX uno de los más negros de la historia? La comunidad
internacional, arrastrada por Estados Unidos y el Reino Unido, ¿puede seguir
invocando la Carta de las Naciones Unidas para prolongar indefinidamente los sufrimientos
de un pueblo? ¿Por qué la agitación que conmueve a los medios
de comunicación cuando se producen catástrofes humanas no se manifiesta
ante la agonía cotidiana de los niños iraquíes?
Frente este último interrogante, William Bourdon, secretario general de la
Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), propone una respuesta. “Sería
más fácil encontrar el tono adecuado para movilizar a la opinión
en pro de esta causa, que lo merece, si la dictadura en Irak no fuera una de las
peores del planeta.” La última resolución de la Comisión de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas (18 de abril de 2000) “condena enérgicamente”,
entre otras, “las violaciones sistemáticas, generalizadas y extremadamente
graves de los derechos humanos” en Irak, “que dan lugar a una represión y
una opresión omnipresentes”. Condena también “las ejecuciones sumarias
y arbitrarias, incluidos los asesinatos políticos” y “la práctica generalizada
y sistemática de la tortura”.
El tema del embargo es una trampa en la que ha quedado atrapada la población
iraquí. Mencionarlo significaría dar un arma al régimen de Saddam
Hussein; callar al respecto equivaldría a ser culpable de “no asistencia”
a un pueblo en peligro.
Pero ante las estimaciones de los informes de las Naciones Unidas —según los
cuales más de medio millón de niños de menos de cinco años
han muerto a causa de las sanciones—, ante el desaliento de los voluntarios y la
rebelión de los funcionarios de las Naciones Unidas que dimiten unos tras
otros de sus cargos en Irak, el muro del silencio empieza a resquebrajarse. Un signo
inequívoco es que incluso en el sitio Internet del departamento de Estado
estadounidense, que durante mucho tiempo permaneció hermético ante
los testimonios sobre el drama de las poblaciones civiles, puede leerse un texto
del parlamentario Tony P. Hall, que regresó de Irak a fines de abril de 2000:
“Aunque las sanciones se levantaran rápidamente, el futuro de las personas
que conocí en Irak seguiría siendo muy sombrío”, escribe. “Porque
sus hijos se encuentran en una situación terrible; uno de cada cuatro está
desnutrido, y uno de cada diez languidece por falta de alimentos o de atención
médica. La diarrea, principal causa de mortalidad infantil, es 11 veces más
frecuente en Irak que en cualquier otro sitio y la polio, que había sido erradicada
en Oriente Medio, ha vuelto a ser un flagelo. Las escuelas y los sistemas de saneamiento
están en ruinas; los hospitales carecen de equipo y de medicamentos esenciales.
La gente ha agotado sus reservas y su salud tratando de sobrevivir con dos a seis
dólares al mes… Habrá que esperar una generación para que la
población iraquí levante cabeza.”
Una población
rehén
El bloqueo más duro
de la historia moderna, ordenado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
en 1990, cuatro días después de la invasión de Kuwait por las
tropas iraquíes, perseguía inicialmente impedir el rearme de Irak a
fin de neutralizar su régimen. El 14 de abril de 1995, la resolución
llamada de “petróleo a cambio de alimentos” autorizaba al gobierno iraquí
a vender petróleo en cantidad limitada y a disponer de 53% de los ingresos
correspondientes para comprar alimentos, medicinas y productos de primera necesidad.1
Pero el Comité de Sanciones, que autorizaba los pedidos, podía “dejar
en suspenso” ciertos productos (minas para lápices, cloro o vacunas), si los
consideraba potencialmente útiles para la fabricación de armas de destrucción
masiva. Mientras tanto, una comisión especial de las Naciones Unidas (UNSCOM)
controlaba el desarme en el terreno.
Al disolverse esta comisión a fines de 1998, todos los programas de armamento
nuclear, químico y bacteriológico habían sido desmantelados
o destruidos, y la amenaza reducida a “cero, nada”, afirma el estadounidense Scott
Rotter, ex jefe de los inspectores de la UNSCOM, en un documental de la BBC abrumador para
los responsables del mantenimiento del embargo.2 No obstante, el 17 de diciembre de 1999,
la resolución 1284 del Consejo de Seguridad instauró una nueva comisión
de control de los armamentos. “El objetivo es verificar que nada nuevo se haya emprendido
en materia de armas químicas y bacteriológicas. A continuación,
si Irak coopera se podrá proceder a levantar las sanciones” , indica el ministerio
de Asuntos Exteriores francés. Por lo demás, Francia, al igual que
China y Rusia, se abstuvo al votarse la resolución 1284 por estimar que el
texto no definía con “absoluta buena fe” el mecanismo de suspensión
del embargo. En cuanto a las autoridades de Bagdad, niegan toda cooperación.
La población iraquí sigue en situación de rehén. “Lo
que era aceptable hace diez años, ya no lo es”, afirma el alemán Hans
von Sponeck, último coordinador humanitario de las Naciones Unidas que renunció
en marzo de 2000. El embargo —decidido respetando plenamente la Carta de las Naciones
Unidas— representa ahora “una violación caracterizada de los derechos humanos”,
prosigue. Peor aún, es un crimen de lesa humanidad, “tal como lo definen las
propias Naciones Unidas” (ver recuadro), afirma el ex ministro francés de
Asuntos Exteriores Claude Cheysson.3 En Estados Unidos, diversas personalidades
comparten este punto de vista, como Francis Boyle, profesor de derecho internacional
de la Universidad de Illinois, o el ex procurador general Ramsey Clark. El antecesor
de Von Sponeck, el irlandés Denis Halliday, que renunció con bombos
y platillos en 1998, también ha pasado a integrar la lista de testigos de
cargo: “Empleo el término genocidio, pues se aplica una política deliberada
dirigida a destruir al pueblo iraquí.”
¿Un
crimen de lesa humanidad?
No obstante, varios juristas
interrogados sobre el tema se declaran escépticos e incluso hostiles al empleo
de esos términos. “Los que eso afirman no tienen ninguna noción de
derecho”, lanza Mario Bettati, padre del derecho de injerencia humanitaria. “Nadie
discute que el embargo tenga consecuencias perjudiciales para la población
iraquí, pero de ningún modo se trata de un crimen de lesa humanidad
ni de un genocidio.”
“Uno de los criterios decisivos del crimen de lesa humanidad y del genocidio es el
elemento intencional”, añade Bourdon. “El embargo no fue instaurado porque
Estados Unidos y el Reino Unido querían la muerte de los niños; y si
fuera el caso, habría que demostrarlo.” ¿Incluso hoy día, cuando
todo el mundo sabe que mueren a causa de esas sanciones? “Dejar que se perpetúe
una medida a sabiendas de que es mortal no equivale a aplicar medidas dirigidas,
como parte de un plan concertado, a causar la muerte al mayor número posible
de personas”, precisa.
Menos perentorio, el presidente de la FIDH, Patrick Baudoin, “duda” en asimilar el
embargo a un crimen de lesa humanidad. “Como jurista, respondería que no.
Pero su prolongación indefinida plantea verdaderos interrogantes.” Todos esos
juristas concuerdan, en cambio, en su condena del embargo como una violación
de los derechos humanos más elementales, empezando por el derecho a la vida.
También arrecia el debate en cuanto a la responsabilidad por esta catástrofe
humana. Para el Departamento de Estado norteamericano, que ni siquiera admite las
estadísticas del UNICEF y de la OMS, “todo es culpa de Saddam Hussein”. “Al
poner obstáculos a la ayuda de las Naciones Unidas, al negarse a encargar
complementos nutritivos, al vender incluso los alimentos y las medicinas para construir
palacios, el señor Saddam ha agravado los sufrimientos de su pueblo y utilizado
ese espectáculo para obtener el levantamiento de las sanciones”, señaló
en mayo de 2000 Samuel Berger, del Consejo Nacional de Seguridad.
Hans Von Sponeck refuta esas afirmaciones. “Las Naciones Unidas publican un informe
mensual que recapitula lo que llega a Irak, lo que se distribuye, lo que se almacena
y por qué. Respecto de los alimentos, el cuadro es perfecto. Hay problemas
de transporte, pero la gente recibe su canasta de víveres todos los meses
y los depósitos están vacíos al día siguiente de las
distribuciones.”
Cuando Washington acusa a Bagdad de no distribuir la cuarta parte de los medicamentos,
replica: “La OMS recomienda a todos los países que
almacenen 25% de sus medicamentos para hacer frente a eventuales epidemias. El gobierno
iraquí disminuyó esa tasa a 15%. Por otra parte, 5,8% de los medicamentos,
sometidos todos a un control de calidad, resultan inaptos para el consumo. En cuanto
al resto, se trata de elementos inutilizables si no se complementan con otros.” Ahora
bien, explica Halliday, “el Comité de Sanciones puede aprobar nueve pedidos
y bloquear el décimo, a sabiendas de que sin éste los nueve primeros
no sirven de nada… Se trata de una estratagema estudiada.”
El fracaso
del embargo
El malestar en torno al
embargo en Irak ha reanimado el debate sobre este tipo de medidas. Según el
artículo 41 de la Carta de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad puede,
para hacer efectivas sus decisiones, instar a los miembros de las Naciones Unidas
a que apliquen medidas como “la interrupción total o parcial de las relaciones
económicas y de las comunicaciones”. Recientemente se ha reforzado esta tendencia.
A partir de 1990, las Naciones Unidas aplicaron sanciones a Yugoslavia, Somalia,
Sierra Leona, Libia, Liberia, Haití, Angola e Irak.
Los partidarios de tales sanciones afirman que son el único medio de castigar
a los países que amenazan la paz. Son poco onerosas y, además, la opinión
pública de los países occidentales acepta mal los enormes gastos y
las pérdidas de vidas que ocasionan las intervenciones militares. Los detractores
insisten en cambio en los graves perjuicios que sufren las poblaciones civiles, mientras
los regímenes incriminados se fortalecen y realizan intercambios ilegales.
El caso de Irak confirma esa tesis. La población está exangüe;
abundan pruebas de que el clan en el poder se enriquece y de que se desarrolla el
tráfico ilegal de petróleo. A fines de enero de 2000, la Cámara
de los Comunes británica publicó un informe en el que reconoce el fracaso
del embargo en Irak y expresa el deseo de que ningún Estado sea sometido a
una prueba semejante. “En la mayoría de los casos los embargos castigan a
los pueblos y consolidan a los dirigentes que pretenden derribar”, recuerda Bourdon,
antes de emitir una reserva: “no obstante, cabe preguntarse si el cambio en Sudáfrica
no tuvo que ver con las sanciones contra el apartheid”.
Intereses
regionales
Con otras personas, Bourdon
cuestiona el peso excesivo de Estados Unidos, apoyado por su aliado británico,
en las decisiones del Consejo de Seguridad. A su juicio, habría que enmendar
la Carta de las Naciones Unidas y los mecanismos de decisión de éstas,
y en especial las víctimas de violaciones de derechos humanos deberían
estar representadas por una comisión consultiva del Consejo de Seguridad.
“Es inaceptable que el destino de un pueblo esté en manos de dos Estados”,
señala. “No se puede permitir que los Estados atiendan con cinismo sus intereses
regionales o internacionales, como es el caso en Irak.”
Según numerosos analistas, entre los cuales figuran Halliday y Von Sponeck,
el embargo se prolonga para “mantener el statu quo” en la región. Sus partidarios
querrían un Irak débil, pero no privado de un régimen que impide
la división del país. Esos analistas estiman, en efecto, que el desmembramiento
de Irak, que dejaría el poder en manos de los kurdos en el Norte y de los
chiitas en el Sur, podría desestabilizar esta región clave para el
abastecimiento de petróleo de las grandes potencias y amenazaría a
aliados estratégicos de Estados Unidos como Turquía, Arabia Saudí
e Israel. Además, añade Halliday, la persistencia de la tensión
en la región permitió a la industria de armamentos estadounidense vender
material bélico a los adversarios de Bagdad por unos 100.000 millones de dólares.
Pero como el clamor de los medios de información occidentales frente al escándalo
que significa el embargo va en aumento, y tres miembros permanentes del Consejo de
Seguridad (Francia, Rusia y China) no ocultan su hostilidad a su mantenimiento, Von
Sponeck ve el futuro con cierto optimismo. “No creo que las sanciones se prologuen
más allá de 2001…Pero hay que pensar en los niños que seguirán
muriendo mientras tanto.”
1. El resto se utiliza
para indemnizar a las víctimas de la guerra con Kuwait (30%), los territorios
kurdos del Norte que escapan al control de Bagdad (13%), y los gastos que supone
el embargo, incluido el mantenimiento de las fuerzas de las Naciones Unidas.
2. Killing the Children of Iraq: a price worth paying? (La muerte de los niños
de Irak: ¿vale la pena pagar ese precio?
3. En Alain Gresh, Irak, la faute (Irak, la falta, París, 1999)
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