La tortuga carey es fuente de proteínas e ingresos en el Caribe. |
La protección de las especies
y su uso comercial no son conceptos forzosamente reñidos, siempre que el segundo
esté controlado de manera responsable.
 Cada año son sacrificadas de manera
ilegal miles de tortugas carey (Eretmochelys imbricata) pese a una convención
internacional (CITES) que prohíbe desde 1975 la explotación
comercial de su caparazón, del que se obtiene el carey, una materia traslúcida,
dura y compacta, muy preciada por artesanos y fabricantes de peines, bisutería
o monturas de lentes. Tanto la caza indiscriminada como la prohibición perjudican
a comunidades pesqueras del Caribe que durante siglos basaron su actividad en la
captura de estas tortugas para consumir su carne, rica en proteínas, y sus
huevos.
Por poseer una importante área donde las tortugas carey se alimentan y anidan,
Cuba no escapa a la explotación de este animal marino. Entre 1960 y 1990,
en la isla fueron cazadas unas 150.000 tortugas carey, a un ritmo anual de 5.000
ejemplares. Hace diez años, la isla puso en marcha un programa que permite
sólo a cooperativas de dos comunidades, una en la Isla de la Juventud (al
sur de la isla grande) y otra en la provincia oriental de Camagüey, pescar un
máximo anual de 500 ejemplares, observando vedas en la época de reproducción
y evitando la captura de tortugas cuyo caparazón mida menos de 66 cm de largo.
La carne obtenida se distribuye entre las cooperativas pesqueras autorizadas y en
hospitales cubanos.
En el resto del país la pesca de tortugas carey está prohibida y se
sanciona con hasta 5.000 pesos (250 dólares), cuando el salario promedio de
los cubanos es de unos diez dólares mensuales. Además, “si los pescadores
furtivos son sorprendidos a bordo de un barco, se les incauta el barco. Es la sanción
más alta prevista por nuestro decreto ley de pesca”, afirma José Alberto
Alvarez, especialista del Centro de Inspección Ambiental (CICA).
Cuba firmó la Convención aunque, al igual que Japón, reservó
su adhesión en el capítulo del carey, lo que permitió a ambos
países seguir comerciando con los caparazones hasta que, en 1993, Japón
retiró su reserva. Desde entonces la isla no tiene a quién vender el
carey y acumula 6,9 toneladas de caparazones en un almacén del pueblo pesquero
de Cojímar, cercano a La Habana.
El CICA considera que la tortuga carey no está en
peligro de extinción en las costas cubanas, cuya superficie supone 34% del
hábitat que este quelonio tiene en todo el Caribe, y que su caza controlada
beneficia a las comunidades que viven de ella. La prohibición de comerciar
con el carey aumenta año tras año las existencias cubanas de este material.
En la última conferencia de la CITES, Cuba propuso que se le permitiera primero
vender a Japón el carey que tiene almacenado –de un valor de unos cinco millones
de dólares– y luego exportar a otros países los caparazones producto
de la caza anual. La propuesta fue rechazada por un corto margen. Para Silvia Alvarez,
directora del CICA, “las expresiones a favor fueron convincentes
porque fueron técnicas, en tanto que las que estaban en contra sólo
expresaban sentimientos, pues la tortuga, como el delfín, la ballena o el
elefante, es un animal carismático”.
“Quinientas capturas al año representan una cantidad muy conservadora, puesto
que la población de carey que habita en aguas cubanas es de unas 15.000 hembras
anidadoras”, asegura Alvarez. “Defendemos el principio de poder comerciar de forma
controlada para que los beneficios económicos se destinen a las comunidades
que se dedican a la captura y a alimentar fondos para continuar estudiando la especie.”
Cooperación
regional
Alvarez admite que el rechazo
internacional nace de la preocupación de que la venta de los caparazones a
Japón fomente el comercio ilegal, pero añade: “Actualmente existe comercio
ilegal porque no está permitido comercio de ningún tipo.”
Los investigadores cubanos aseguran que entre Puerto Rico e Islas Vírgenes,
países que poseen sólo 1% del hábitat disponible, pescan ilegalmente
2.000 tortugas al año. “Lo ideal sería establecer un programa regional
de pesca controlada”, dice la experta. Para ello, en 1997 se creó el Grupo
para la Investigación y Manejo Regional del Caribe, que estudia todas las
tortugas y que integran once países, entre ellos Cuba, Antigua y Barbuda,
Santa Lucía, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y Granadina, Trinidad Tobago
y Surinam.
Mientras avanza la iniciativa, Cuba mantendrá su programa de 500 capturas
al año. “Tenemos dos años más, hasta la próxima reunión
de la Convención, para demostrar que lo que estamos haciendo es sostenible”,
dice la directora, para quien “el mayor obstáculo es quitar de la mente de
muchos que la única manera de proteger es no usar los recursos naturales”.
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