Las fábricas de los alrededores de Agra deberán equiparse de sistemas
menos contaminantes.
Empleados de una de las fábricas en una quema en protesta por el traslado.
Detalle de un muro del Taj Mahal dañado por el “cáncer del mármol”.
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Un monumento
al amor
El Taj Mahal fue erigido por el emperador
mogol Shah Yahan a la memoria de su esposa preferida Muntaz Mahal. La construcción
del mausoleo, enteramente de mármol blanco, duró 22 años hasta
su conclusión en 1647. Está situado en el norte de la India, en la
ribera sur del río Yamuna, en Agra, a 210 km de la capital, Nueva Delhi. Se
estima que el complejo del mausoleo es uno de los más bellos ejemplos de arquitectura
mogol, una mezcla de estilos indio, persa e islámico. El Taj Mahal figura
en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1983.
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Pese a que diversas decisiones
judiciales han ordenado el cierre de las industrias de Agra, la contaminación
sigue amenazando al monumento más famoso de la India.
 “La
contaminación ha logrado lo que 350 años de guerras, invasiones y catástrofes
naturales no habían conseguido. Ha empezado a deteriorar los magníficos
muros del Taj Mahal”, declaró el presidente de Estados Unidos Bill Clinton
durante su visita a comienzos del presente año del famoso monumento del siglo
XVII en la ciudad de Agra.
En las últimas décadas, el destino de la atracción turística
más importante de la India ha ocupado en diversas oportunidades el primer
plano de la actualidad. Los expertos han advertido reiteradamente que la contaminación
está carcomiendo el mausoleo y descolorando su mármol blanco antes
traslúcido. A fin de limitar los daños, recomendaron el traslado de
ciertas industrias situadas en la zona de Taj Trapezium (TTZ), un área de unos 10.400
km2 situada en torno al Taj Mahal,
lo que provocó un conflicto entre defensores del entorno y ecologistas, por
un lado, y ciertos intereses comerciales y sindicales, por otro. Además del
Taj Mahal, esa zona alberga otros dos sitios pertenecientes al patrimonio mundial:
el Fuerte de Agra y Fatehpur Sikri. Cabe preguntarse qué es más importante,
¿el monumento o los miles de obreros que trabajan en las fábricas de
la región? Lo que está en juego es tan grave que el asunto ha llegado
hasta la Corte Suprema del país.
Entre los culpables figuran la refinería de Mathura, la ciudad vecina, así
como fundiciones, vidrierías y fábricas de ladrillos, por no hablar
de la corriente incesante de vehículos que circulan por las autopistas que
rodean la ciudad. Se ha comprobado en diversas oportunidades que la cantidad de dióxido
de azufre que despiden las industrias de la región es diez veces superior
al nivel de emisiones tolerado normalmente. Este gas, combinado con el oxígeno
y la humedad, forma en la superficie del monumento un depósito que ejerce
una acción corrosiva en el mármol blanco y genera un hongo que los
expertos denominan “cáncer del mármol”.
En 1984, Mahesh Chandra Mehta, brillante abogado especializado en asuntos del medio
ambiente, presentó una demanda ante la Corte Suprema de la India, denunciando
la contaminación y la negligencia en la aplicación de la ley. Señaló
que el mármol blanco se había ennegrecido en ciertos puntos, mientras
el interior del monumento –donde se encuentran las tumbas del emperador Sha Yahan
y de su esposa favorita Muntaz Mahal– se deterioraba debido a la acción de
un hongo. Metha solicitó a la Corte que ordenara a los responsables de las
diversas fábricas que adoptasen medidas contra la contaminación o que
cerraran sus establecimientos. También señaló que ese fenómeno
afectaba a la salud de los obreros y de los habitantes de los barrios residenciales
de Agra.
Hubo que esperar hasta 1996 para que finalmente la Corte dictaminara que las fábricas
de la región contribuían efectivamente a la contaminación atmosférica
y decretara que las grandes unidades de producción debían instalar
dispositivos contra ese fenómeno. “No se puede correr el más mínimo
riesgo –sin hablar de la vida humana– cuando es la preservación de un monumento
tan prestigioso como el Taj Mahal la que está amenazada”, estipulaba la decisión
judicial. El tribunal propuso entonces a 292 fábricas la siguiente alternativa:
sea renunciar a funcionar con carbón y utilizar gas natural, sea reinstalarse
fuera de la zona protegida, y ello antes del 30 de abril de 1997. En efecto, es sabido
que el coke, el combustible que más se emplea en las fundiciones, contamina
mucho el aire. Las empresas que optaran por trasladarse se comprometían a
contratar a los mismos obreros en condiciones favorables y a otorgarles una prima
de un año de salario. Además, en caso de cerrarse la fábrica,
estos últimos obtendrían una compensación financiera equivalente
a seis años de remuneraciones.
En consecuencia, la refinería de petróleo y varias fundiciones de Agra
se equiparon con sistemas antipolución sumamente onerosos. Sterling Machine
Tools (SMT), la principal fábrica de la ciudad, se hizo conectar a la red
de suministro de gas. Sin embargo, afirma uno de sus responsables, se necesita tiempo
para que la producción llegue al nivel que tenía anteriormente y para
que los obreros se adapten a la nueva técnica. “Un horno de gas cuesta unos
120.000 dólares. Nosotros tenemos los medios indispensables, pero no ocurre
lo mismo con las unidades pequeñas”, afirma.
Numerosas industrias no han tomado ninguna decisión en uno u otro sentido.
Algunas declararon que el costo de las operaciones necesarias era prohibitivo. Según
un representante del sector, el equipo básico representa un costo que oscila
entre 75.000 y 100.000 dólares, o sea la cuarta parte de la cifra de negocios
de una empresa mediana. Los patrones afirman que incluso cerrando sus fábricas
y revendiendo el terreno no podrán pagar la compensación debida a sus
obreros. Y añaden que les sería difícil encontrar cerca del
nuevo sitio en que se instalen personal calificado o semicalificado capaz de realizar
determinadas labores.
Aire
viciado
En agosto de
1999, la Corte Suprema volvió a golpear, ordenando el cierre de 53 fundiciones
y de otras 107 fábricas de Agra que no habían cumplido las medidas
ordenadas por el tribunal. Se trata ahora de un problema candente para los dueños
de las fundiciones, los representantes sindicales y la pequeña industria.
Para ganar tiempo, los interesados obtuvieron una suspensión de la aplicación
de la sentencia. La Corte examinará nuevamente el asunto en los próximos
meses.
La Asociación de Fundiciones de Agra está aprovechando este plazo para
preparar su defensa. Señala ya que 3.000 viviendas y unidades de producción
dependen de sus fundiciones, que emplean directa o indirectamente unas 300.000 personas,
y que la tecnología que permite utilizar gas natural en sus industrias aún
no es operativa. Mehta califica estas alegaciones de “maniobras dilatorias”, ya que
expertos del sector habían pretendido lo contrario en 1995. “Si la tecnología
no estaba lista, deberían haberlo precisado oportunamente”, estima el jurista.
Según él, esta tecnología, desarrollada por el Laboratorio Nacional
de la Metalurgia, permitiría a cientos de fundiciones de Agra ser a la vez
más eficaces y menos contaminantes. Mientras prosigue su lucha, su cruzada
contra la contaminación industrial le valió ya el Premio Goldman del
Medio Ambiente en 1996 y el Premio Ramon Magsaysay del Servicio Público en
1997.
Aunque los dirigentes sindicales se oponen firmemente a todo traslado o cierre de
fábricas, la batalla jurídica pone de manifiesto otras preocupaciones.
Según un responsable del centro de sindicatos indios, toda la industria metalúrgica
se basa en la explotación de los obreros, cuyas condiciones de trabajo son
sumamente peligrosas. La mayor parte de los obreros se desempeñan con contratos
temporales aunque lleven años en las fundiciones, lo que significa que en
caso de cierre de las fábricas no disfrutarán de ningún tipo
de protección. Además, la falta de información es casi total:
tras haber oído hablar vagamente del traslado de las fundiciones, Ram Sharan,
obrero de treinta y tantos años de edad oriundo de Bihar, está prácticamente
seguro de que perderá su empleo. Los obreros de GT Iron Industries, una fábrica
de repuestos condenada al cierre, habían oído rumores del fallo del
tribunal, pero no sabían adónde ir en caso de que la fábrica
cerrara. Después de haber dejado muchos años atrás sus aldeas
de Uttar Pradesh o de otras provincias, ocupaban viviendas alquiladas en la ciudad.
Sin embargo, preferían esa situación a perder su empleo.
El Taj Mahal tiene en sí una gran importancia económica: dos millones
de turistas lo visitan anualmente, por lo que constituye una importante fuente de
ingresos y de divisas. Gracias a él, la situación de los hoteles, la
artesanía y el pequeño comercio es floreciente. En el pasado mes de
mayo, la Corte Suprema prohibió la circulación y el estacionamiento
de automóviles en un perímetro de 500 metros en torno a las murallas
del lugar. También ordenó a unas setenta tiendas salir del recinto
del mausoleo. Esas medidas contribuyen a mejorar la calidad del aire en el sitio.
Sin embargo, la contaminación no ha disminuido por debajo del nivel de seguridad,
puesto que ninguna de las fábricas circundantes ha cerrado sus puertas.
La contaminación atmosférica, la falta de áreas verdes, la circulación
y la presencia de generadores diesel ruidosos en torno a Agra, son un conjunto de
factores negativos para una atracción turística de primer plano. Hasta
la fecha, los políticos tienden a tomar partido por la industria, mientras
el poder judicial apoya la causa del Taj Mahal. Mientras tanto, el monumento al amor
eterno sigue respirando un aire viciado.
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