“En nuestras clases de primaria
los alumnos tienen casi el mismo nivel que en los centros oficiales”, dice una profesora
de Beijing que se ocupa de niños “flotantes”.
Lo más difícil
es ayudar a los niños a superar un sentimiento de inferioridad.
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Gran salto educativo
En 1949, al ser proclamada la República
Popular de China, 20% de los niños estaban escolarizados, y 80% de la población
era analfabeta. Desde entonces, para ese país de 1.200 millones de habitantes
la educación ha constituido siempre una prioridad. La primera meta de las
autoridades fue garantizar acceso a la educación primaria a toda la población.
Luego, en 1986, se adoptó una ley que ampliaba a nueve años el periodo
de escolaridad obligatoria. Según el informe1 elaborado por el Foro Mundial de la Educación
en Dakar (Senegal, abril de 2000), la tasa neta de escolarización en la enseñanza
primaria2 ascendía a 98,9%, mientras que la tasa de analfabetismo
se limitaba a 16,37%. Los esfuerzos realizados actualmente apuntan a hacer más
accesible la educación en las regiones pobres y en las que viven poblaciones
minoritarias, a facilitar la recaudación de fondos y a mejorar el nivel del
personal docente.
1. Internet: www2.unesco.org/efa/
wef/countryreport/china
2. Número de niños escolarizados pertenecientes al grupo de edad
definido oficialmente como de la enseñanza primaria, expresado en porcentaje
de la población total de ese grupo de edad.
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El reconocimiento de los
derechos de las “poblaciones flotantes” se hará apremiante. |
Pese a los resultados del país
en el plano de la educación, a los niños de quienes dejan el campo
por la ciudad les cuesta trabajo encontrar vacantes en las escuelas.
 Cada semestre, Li Shumei y Yi Benyao rechazan
a cientos de niños que acuden a su escuela, instalada en una antigua fábrica
de pintura en el Oeste de Beijing. No por mala voluntad, pues saben muy bien que
para esos menores la única posibilidad de educarse es asistir a clase en su
establecimiento, sino lisa y llanamente por falta de espacio.
Su escuela, no reconocida por las autoridades, acoge a más de 1.300 niños
originarios de 28 provincias del país. “Muchos de ellos han de realizar dos
horas de trayecto y tomar cuatro autobuses para llegar hasta aquí por la mañana”,
destaca Li. “Y ponen mucho empeño, ya que saben que los estudios les cuestan
muy caro a sus padres.” Esos niños son diferentes de los demás chicos
de las ciudades: forman parte de la “población flotante” de China, expresión
con la que se designa a los que no viven permanentemente en su lugar de residencia
oficial.
Los padres de esos menores son, en su mayoría, campesinos pobres que han ido
a trabajar a las grandes ciudades. Empleados en condiciones precarias y sin seguridad
social, son los que ejecutan el grueso de las labores más penosas que vienen
transformando el paisaje urbano desde hace unos diez años. Oficialmente, esta
“población flotante” asciende a unos 100 millones de personas, pero numerosos
observadores occidentales piensan que la cifra de 150 millones se acerca más
a la realidad. Se trata de uno de los fenómenos de éxodo rural más
masivos de la historia.
Se inició en 1979 con el desmantelamiento de las comunas populares. La productividad
agrícola conoció un brusco aumento. Por consiguiente, el trabajo de
la tierra requirió menos brazos y numerosas familias emigraron hacia megalópolis
como Beijing y Shanghai. Mediados los años ochenta la corriente migratoria
se intensificó a raíz de la caída de los precios agrícolas.
Las autoridades municipales impusieron una reglamentación más estricta
a la emigración. Se exigió a los candidatos al éxodo un contrato
de trabajo por escrito y un permiso de residencia temporal antes de partir a la ciudad.
En la práctica, decenas de millones de personas nunca llegan a obtener ese
permiso. No están pues registradas en el lugar donde viven realmente, a diferencia
de los inmigrantes permanentes, reconocidos por las autoridades. La precariedad de
su situación los expone a todo tipo de discriminaciones. Hasta hace poco,
para escolarizar a sus hijos sólo tenían una posibilidad: matricularlos
en un establecimiento no autorizado.
Li Shumei se marchó de la provincia de Honan en 1993 para vender ropa en un
mercado de Beijing. En esa época, recuerda, no había escuelas para
los hijos de los inmigrantes en la capital. Y no tenían derecho a matricularse
en los establecimientos municipales. Como él había enseñado,
Li Shumei empezó a dar clases en su casa a un puñado de alumnos, antes
de abrir una escuela con su marido. “En la enseñanza primaria, nuestros alumnos
tienen más o menos el mismo nivel en chino y matemáticas que en las
escuelas oficiales”, estima Li.
Los profesores se las arreglan para prescindir de textos y de material escolar. Pero
lo más difícil, dice, es ayudar a los niños a superar un sentimiento
de inferioridad, debido a su condición de ciudadanos de segundo orden. Como
la escuela no está reconocida, tampoco les resulta fácil reincorporarse
al sistema escolar clásico. Sin embargo, son muchos los que desde los 12 años
regresan a su provincia de origen, donde son acogidos por parientes, a fin de proseguir
su escolaridad.
En los establecimientos no reconocidos, los maestros son diplomados jóvenes,
oriundos de las mismas provincias que sus alumnos, o jubilados de Beijing. Perciben
una remuneración apenas equivalente a la mitad del salario oficial y carecen
de seguridad social. Li debe contentarse con los modestos ingresos que le procura
la matrícula de los alumnos (unos 100 dólares anuales) para hacer funcionar
su escuela. Tuvo la suerte de recibir un generoso donativo de una pareja de jubilados
de Los Angeles, que habían tenido noticias de su labor gracias a un periódico
de la emigración china en el extranjero. Cuando fue desalojada por la policía
del local que ocupaba, esos fondos le permitieron instalarse en otro sitio.
Según la Fundación Ford, la capital china alberga entre 200 y 300 escuelas
no reconocidas. Como no bastan para atender las necesidades de los 100.000 hijos
de inmigrantes, muchos quedan totalmente al margen de la educación.
Dorothy Solinger, catedrática de ciencias políticas en la Universidad
de California, es autora de una obra titulada Contesting Citizenship in Urban China
(Lucha ciudadana en la China urbana). Según ella, en Beijing sólo 40%
de los niños de inmigrantes de cinco a doce años asisten a la escuela,
frente a 100% de los nativos de la capital. La situación es similar en otras
ciudades en expansión como Shenzhen o Shanghai.
Chen Yi Fu, director de la escuela elemental Hu Wan en Shanghai, estima que “en ciertas
comunidades de inmigrantes, sólo entre el 20% y el 30% de los niños
va a la escuela”. Las cifras oficiales dicen otra cosa. Según un estudio del
departamento de educación básica, la tasa de escolarización
de los menores inmigrantes giraba en torno a 96,2% en 1996. En cuanto al 4% restante,
eran considerados víctimas de una falta de vacantes en las escuelas, del importe
elevado de las matrículas o de un entorno familiar desfavorable.
La presión de los medios de información y de miembros del Congreso
Nacional del Pueblo permitió una modificación de la ley en 1998. El
Gobierno central decretó que las escuelas no reconocidas serían autorizadas
y que las grandes ciudades no tendrían derecho a cerrar las puertas de sus
escuelas a los hijos de inmigrantes de 6 a 14 años de edad que hubieran vivido
en ellas más de seis meses. Numerosos ayuntamientos reaccionaron imponiendo
matrículas prohibitivas (hasta 440 dólares al año cuando el
ingreso medio de un trabajador inmigrante en Beijing es de unos 600 dólares).
Según el Periódico Económico del Pueblo, hasta ahora sólo
unas pocas ciudades como Wuhan o Guiyang han regularizado la situación de
esas escuelas.
“Las autoridades de Shanghai no se consideran responsables de la educación
de los niños de inmigrantes, pese a que estos últimos son los que efectúan
los trabajos más duros”, informa Chen Yi Fu. Oriundo de la provincia de Anhui,
se ocupa de niños procedentes de 13 provincias, cada uno de los cuales paga
casi 100 dólares al año. “Tienen mucha suerte”, declara, antes de quejarse
de los 7.000 dólares de alquiler que debe abonar anualmente al ejército,
propietario del terreno.
Sin hablar de la ley de 1998, la situación parece no obstante estar tomando
un giro favorable. Reconociendo que el “milagro” económico chino no ha beneficiado
a las regiones del interior, el gobierno ha emprendido inversiones de gran envergadura.
“Hay indicios de que las cosas van un poco mejor”, asegura Dorothy Solinger. “Algunos
ayuntamientos autorizan a los inmigrantes a fundar sus propias escuelas, y son cada
vez más numerosos los que están en condiciones de pagar el suplemento
de matrícula que exigen las escuelas municipales. Por no hablar de aquéllos
que tienen los medios necesarios para procurarse el permiso de residencia que permite
a sus hijos asistir a esos establecimientos en las mismas condiciones que los demás.”
Pero, con el correr del tiempo, los inmigrantes se han acostumbrado a asumir por
sí solos la responsabilidad de educar a sus hijos. “Hasta cierto punto, preferimos
que las autoridades nos olviden”, explica Chen Yi Fu. “Cuando aparecen, suele ser
para cerrar las escuelas o multarlas.”
Ahora bien, lo más probable es que China se incorpore pronto a la Organización
Mundial del Comercio y que tenga que competir con los mercados agrícolas internacionales,
lo que podría afectar a la supervivencia de sus 800 millones de campesinos.
La solución de los problemas que plantea la educación de los hijos
de inmigrantes y, en términos más generales, el reconocimiento de los
derechos de las “poblaciones flotantes” se hará entonces apremiante.
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