Un campesino tailandés
desfila bajo el fardo simbólico de la presión del FMI. |
La pretensión de
convertir el mercado en el ordenador supremo de nuestras sociedades es una utopía
muy antigua pero que no resiste la confrontación con los hechos.
 A
comienzos de los años 80, caracterizados por la revolución thatcheriana
y el reaganismo, parecía que el neoliberalismo se impondría en el planeta
pero ahora abundan las reacciones frente a los daños que provoca: desigualdad,
empobrecimiento, exclusión, deterioro ambiental. Por un lado, los integristas
del mercado propugnan una desregulación que, llevada al extremo, haría
que el sector mercantil absorbiese casi todas las actividades humanas pues el poder
estatal sólo guardaría para sí los instrumentos necesarios para
el ejercicio de la fuerza: ejército, justicia y, en parte, policía
y prisiones. En el otro lado encontramos a los cada vez más numerosos partidarios
de una economía humana, agrupados tras la fórmula “sí a la economía
de mercado, no a la sociedad de mercado”. Insisten en la necesidad de restablecer
una cierta regulación, con formas nuevas, en el espacio económico de
hoy: el mundo.
Estas opciones enfrentadas surgieron hace por lo menos tres siglos, en el momento
en que se derrumbaba el orden religioso. A comienzos del XVII, Galileo demostró que
la Tierra gira alrededor del Sol, a la inversa de lo que rezan las Escrituras. Los
filósofos afirman que el orden social lo crean los propios individuos. El
dogma según el cual todo poder sólo puede provenir de Dios y el lugar
de cada individuo en la sociedad lo determina “naturalmente” la divinidad estalla
en mil pedazos. Las sociedades han de afrontar un reto sin precedentes: definir un
“contrato” social.
Se plantean dos respuestas diametralmente opuestas. La primera, “política”,
confía en la voluntad y la virtud de los individuos para decidir unidos y
libremente en qué consistirá ese nuevo orden. La segunda, “económica”,
estima que el enfoque “político” se fía demasiado de una naturaleza
humana que es frágil. El nuevo orden debe basarse en fundamentos inquebrantables,
en las “leyes” de la economía, “naturales” y por consiguiente inmutables.
La primera de ellas dice que, en primer término, todo individuo actúa
movido por su interés personal, cuyo resorte principal es el deseo de abundancia.
Es este deseo universalmente compartido el que unificará hasta cierto punto
a las sociedades e, insensiblemente, las organizará en su conjunto del mejor
modo posible. Este es el primer desliz de la economía de mercado hacia la
utopía de una sociedad sometida totalmente a ella. Hay una primera superchería
en estimar evidente la “modernidad” de esta ideología liberal ahora tan poderosa,
y en considerar como un retroceso el restablecimiento de mecanismos reguladores más
fuertes, “políticos”, para contrarrestar la primacía de los intereses
privados sobre el interés general. El escocés Adam Smith exponía
los fundamentos de esta ideología hace ya más de dos siglos.
Es cierto que un conjunto de mercados locales e internacionales controlados muy estrictamente
fue reemplazado en el siglo XIX por un mercado “libre” que
a su vez engendró instituciones reguladoras. Por un movimiento pendular, dado
que la idea de un mercado que rige la sociedad resulta impracticable, los mercados
de hoy incorporan “reglas, instituciones, redes que ordenan y controlan el encuentro
y la formación de la oferta y la demanda1”. Pero éstas son cuestionadas
por un nuevo afán de desregulación. La definición de la economía
mercantil es por tanto una cuestión “política, sumamente controvertida2” que se plantea sin cesar.
La segunda superchería radica en pretender que la economía de mercado
es la única generadora de riqueza y de riquezas para todos: su expansión
desde hace 20 años ha coincidido con un aumento de las desigualdades. Baste
un solo ejemplo: las tres personas más ricas del mundo poseen una fortuna
superior al pib total de los 48 países más pobres.
Por último, y he ahí una tercera mixtificación, la economía
real descansa de facto en tres polos, como lo demostró Karl Polanyi3. En la economía mercantil, los
precios determinan la relación de intercambio y los actores deciden en función
de sus intereses. Pero aquélla admite numerosas contribuciones no mercantiles,
tales como las ayudas y subvenciones otorgadas a las empresas. En la economía
no mercantil la repartición de los bienes y servicios se ejerce en buena medida
por conducto de organismos públicos, según reglas dictadas por una
autoridad estatal sometida al control democrático. Es el Estado del bienestar.
Por último, en la economía no monetaria, la reciprocidad es prioritaria:
las prestaciones que los grupos o las personas intercambian sólo tienen sentido
gracias al vínculo social que permiten establecer, tal y como lo vemos en
la familia o en las asociaciones y organismos de solidaridad. Las empresas se benefician
así con el aprendizaje efectuado en el plano doméstico y heredan de
ese modo un “capital social”. Asimismo, sobre todo en un sector de servicios en plena
expansión, aprovechan la inversión inmaterial —como la educación—
que incumbe en gran medida al sector público. Y no hay que olvidar que las
empresas reciben pedidos e inversiones estatales, dependen pues de la orientación
política de los Estados. Estos pocos ejemplos bastan para demostrar que la
oposición entre economía mercantil y no mercantil no resiste la confrontación
con la realidad, como tampoco se sostiene la idea de que la primera es la única
fuente de riqueza. Más vale situarse en una perspectiva más realista
y menos ideológica, la de una economía plural. Sólo sometiendo
sus posibles formas a un debate público resulta posible salir de la dictadura
de un mercado concebido como una norma abstracta e impersonal que se impone a todos.
La economía humana del mañana sólo puede construirse mediante
la articulación de mercados regulados, de Estados y de sociedades civiles
democráticas.
1. Services, la
productivité en question, J.Gradrey, Desclée de Brouwer, París,
1996.
2. Idem.
3. La Grande transformation: aux origines politiques et économiques
de notre temps. Gallimard, París, 1983.
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