Victoria Tauli-Corpuz (izquierda) con la militante guatemalteca Rosalina Tuyuc.
© Ancellet/Rapho, París
Indicadores
básicos
Población
(millones, 1998): 72,2
PNB (miles de millones de dólares): 78,9
PNB por habitante
(en dólares): 1.050
Población por debajo del límite de la pobreza a 1$ diario (%): 18,7
Fuente: Informe sobre
desarrollo humano 2000, PNUD |
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Ese pueblo de las filipinas se
hizo célebre por su lucha contra la construcción de un pantano. Hoy
combate por una economía que respete la identidad.
 Me convertí en militante estudiantil después
de haber vivido en Manila los momentos cruciales del movimiento contra la guerra
de Viet Nam, pero estaba firmemente convencida de que regresaría a mi tierra
para ayudar a mi pueblo a organizarse. Desde la proclamación de la ley marcial
en 1972, sólo podíamos actuar legítimamente a través
de las ONG.
Seis años más tarde fundé una para ayudar a las comunidades
autóctonas a organizarse y para aplicar programas de salud destinados a esas
poblaciones.
Gracias a de nuestra acción creció la conciencia social y política
de nuestro pueblo y lo movilizamos contra la dictadura de Ferdinand Marcos. Entendimos
que éramos oprimidos y discriminados por ser un pueblo autóctono, y
que debíamos batallar por nuestro autogobierno y la autonomía de la
región. En los años ochenta, ante nuestra oposición persistente,
el gobierno tuvo que renunciar al proyecto de presa del río Chico, que habría
acarreado el desplazamiento de unos 300.000 igorots.1
En esa época nos dimos cuenta de la importancia de formar parte de una red
internacional para obtener mayor apoyo en nuestra lucha contra el régimen
militar de que son víctimas numerosas de nuestras comunidades. También
descubrimos la importancia que tiene para nuestra causa la Declaración Universal
de Derechos Humanos.
Además, los pueblos indígenas se movilizaron para ejercer presión
sobre las Naciones Unidas a fin de que se interesaran por las violaciones de derechos
humanos perpetradas en su contra. Desde la creación en 1982 de un grupo de
trabajo de las Naciones Unidas que se ocupa de las poblaciones autóctonas,
se las consulta regularmente para elaborar normas mínimas de protección
de sus derechos. Pero estoy convencida de que las luchas en los planos local y nacional
tienen más peso que la acción internacional. Sin implantación
y resistencia en el terreno, las campañas internacionales están condenadas
al fracaso. Si la dictadura de Marcos cayó fue gracias a más de 20
años de protestas de los desheredados del país. Sólo cuando
el régimen se tornó extremadamente impopular, la elite filipina y la
comunidad internacional empezaron a retirarle su apoyo.
Pero también he observado cómo las decisiones o los acuerdos adoptados
por organizaciones internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional
(FMI) pueden
contrarrestar progresos alcanzados a nivel local. A finales de los años setenta
y durante los ochenta contribuí a la aplicación de programas de salud
para las comunidades autóctonas. Luego vinieron las políticas y programas
de ajuste estructural del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional con recortes
presupuestarios en ese ámbito, y la liberalización de la legislación
sobre las inversiones y el comercio que hicieron estériles buena parte de
los progresos logrados. Por ejemplo, la lucha por los derechos a las tierras ancestrales
fue socavada por la ley sobre explotación minera de 1995, que autorizó
a sociedades 100% extranjeras a explotar durante un periodo de 75 años 81.000
hectáreas ricas en yacimientos mineros. La ley sobre derechos de los pueblos
autóctonos, adoptada en 1998, dista mucho de darnos satisfacción. Sin
embargo, las empresas de explotación minera han objetado la constitucionalidad
de esa ley ante el Tribunal Supremo.
Se nos ha dicho que, para desarrollarnos, debemos dejar de producir sólo para
el consumo nacional y orientarnos hacia el mercado mundial. Sin embargo, los que
han optado por los cultivos comerciales se arruinan, a causa del dumping de los productos
agrícolas importados, fuertemente subvencionados. Alimentos baratos, como
las patatas listas para freír, el trigo, las naranjas y las peras, el pollo
congelado, etc., inundan el mercado nacional, secando la fuente de ingresos de miles
de campesinos. Y son los compromisos contraídos por el gobierno filipino,
sobre todo en materia de agricultura, en el marco de la Ronda de Uruguay del GATT (actualmente Organización
Mundial del Comercio) los que han permitido que eso suceda.
Esta situación no es exclusiva de Filipinas. En el Perú, la comunidad
quechua sufre una suerte semejante. Sus patatas se pudren en los campos porque no
pueden competir con las patatas fritas baratas y listas para el consumo procedentes
de Norteamérica. Y la importación de maíz y de trigo también
destruye la producción tradicional de los pueblos autóctonos de México.
Estimamos que los responsables de estas situaciones son esencialmente nuestros gobiernos,
pues ellos han suscrito tales acuerdos y que, además, propician un modelo
económico insostenible, dominado por el endeudamiento, orientado a la exportación
y dependiente de las importaciones. Pero tenemos plena conciencia del poder de la
Organización Mundial del Comercio, del Fondo Monetario Internacional y del
Banco Mundial, así como de la Organización de Cooperación y
Desarrollo Económicos o el Grupo de los Ocho. Las economías que no
se someten a sus dictados se convierten en parias. La mundialización de los
sistemas de producción y de consumo de algunos países, empresas comerciales
e individuos, que constituyen una elite, pone en peligro la existencia de modos de
vida autóctonos sostenibles y que favorecen la biodiversidad.
Esa fue la razón fundamental de la creación de la Fundación
Tebtebba en 1996. En mi labor en los planos local y nacional, descubrí un
grave fallo: no podemos influir sobre decisiones adoptadas a escala mundial, que
tienen consecuencias directas para nuestra vida diaria y pueden destruir progresos
alcanzados después de años de ardua labor. Nuestra ausencia de la escena
mundial permite que otros hablen en nuestro nombre y a menudo estamos mal representados.
Tebtebba es una expresión kankana-ey-igorot que significa “discurso”, un nombre
adecuado para un centro internacional de educación e investigación
política sobre los pueblos autóctonos.
Hoy ejercemos presión sobre las Naciones Unidas para que adopten la Declaración
de Derechos de los Pueblos Autóctonos y estamos empeñados en una campaña
para que se atenúe o se impida una mundialización desenfrenada. La
fundación Tebtebba ha cumplido una labor pionera en materia de investigación
y de publicaciones sobre la mundialización y las poblaciones autóctonas.
Adoptamos la Declaración de los Pueblos Autóctonos en Seattle, en la
que exigíamos, entre otras cosas, que la omc que dejara sin efecto el Acuerdo
sobre los ADPIC
(Aspectos de los derechos de propiedad intelectual que afectan al comercio), instrumento
jurídico que permite a las sociedades comerciales apoderarse de nuestros recursos
biológicos y genéticos, así como de nuestros saberes tradicionales,
e incluso patentar la vida misma.
Todavía nos queda un largo camino por recorrer. Necesitamos emprender todo
tipo de acciones comunes, incluso con los gobiernos, a fin de crear un mundo que
nos permita existir como pueblos distintos y en el que reine la justicia social,
económica y ambiental.
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