Manifestación de júbilo tras una ejecución junto a la prisión
de Huntsville, Texas.
Manifestación contra la pena de muerte en Houston, Texas.
Para la mayoría
de los políticos estadounidenses de primera fila, la pena de muerte sólo
tiene, como mucho, leves defectos administrativos. |
A pocas semanas de las
elecciones presidenciales de Estados Unidos, la pena de muerte–condenada por la mayoría
de los países democráticos– brilla por su ausencia de los debates.
Una nueva generación de abolicionistas está aprendiendo a luchar contra
un tema del que no se habla.
 Al final de una larga y difícil batalla
jurídica, el 17 de enero de 1977 Gary Gilmore acabó saliéndose
con la suya. Atado con cuerdas de nilón a una silla y con una diana blanca
prendida en el pecho, el ladrón de poca monta y asesino enamorado tenía
frente a sí el cañón de cinco rifles. Tras diez años
de inactividad, el pelotón de ejecución de una cárcel de Utah
envió al mundo un mensaje: la pena de muerte había vuelto a Estados
Unidos.
La muerte de Gilmore –él la prefirió a la cárcel– hizo época.
Tras él, otras 663 personas han sido ejecutadas con inyecciones letales, descargas
eléctricas o gases tóxicos. Lo que empezó a finales de los 70
como un goteo de muertes de infelices se ha convertido, 30 años más
tarde, en un elemento más de la vida pública nacional, caracterizada
por el silencio de los políticos estadounidenses y los llamamientos desesperados
de la Unión Europea, Amnistía Internacional y otros baluartes occidentales
de los derechos humanos.
La diferencia entre Estados Unidos y el resto del mundo democrático –del cual
los primeros se consideran líderes– es más marcada en lo que respecta
a la pena de muerte que en cualquier otro tema de política nacional. Si bien
Estados Unidos basa su política exterior en los “Estados malévolos”,
sus verdugos trabajan a un ritmo comparable al de los de Irán e Irak (aunque
muy por detrás de los del líder mundial, China); sus delegados en la
Comisión de Derechos Humanos de la ONU luchan contra una moratoria internacional
sobre la pena de muerte: en abril de 1999 votaron contra la propuesta junto a otros
12 países, entre ellos Cuba, China, Pakistán y Sudán. En el
otro campo, el de los abolicionistas de hecho o de derecho, están 108 Estados,
(Turkmenistán y Ucrania fueron de los últimos en unirse).
Para la mayoría de los políticos estadounidenses de primera fila, la
pena de muerte sólo tiene, como mucho, leves defectos administrativos. Los
cuatro candidatos a presidente y vicepresidente en las próximas elecciones
del 7 de noviembre están todos a favor de la pena de muerte –desde el demócrata
Al Gore al republicano George Bush, quien en sus cinco años como gobernador
de Texas concedió un solo indulto y autorizó 144 ejecuciones. Tras
la última e innovadora ofensiva de los abolicionistas, el apoyo a la pena
de muerte se ha reducido del 80% al 60%.
Los abolicionistas
cambian de estrategia
“Yo lo llamo la bala de
plata, como en Lone Ranger [serie de televisión estadounidense ambientada
en el Oeste]”, explica Robert Bohm, profesor de criminología y experto en
pena de muerte de la Universidad de Central Florida. “En Estados Unidos, un gran
número de personas que temen la criminalidad, ya sea de forma racional o no,
esperan que todo se solucione con una bala de plata; la pena de muerte es la bala
perfecta.”
Numerosos argumentos, utilizados anteriormente por filósofos tan respetados
como Tomás de Aquino o Jean-Jacques Rousseau, han logrado convertir la pena
de muerte en el símbolo de la justicia pura y dura. A pesar de que manejan
datos no comprobados, los defensores de la pena capital en Estados Unidos sostienen
que el sistema es barato y disuasivo e impide que jueces supuestamente “liberales”
pongan en la calle a asesinos que suponen un peligro para la sociedad –una práctica
que, según Dudley Sharp, del proyecto Justice For All (Justicia Para Todos),
se ha saldado con 10.000 asesinatos desde 1971. Por encima de todo, la pena de muerte
es considerada la única solución por una sociedad harta de crímenes
odiosos. Como escribió Rousseau, “al matar a un criminal, no destruimos a
un ciudadano, sino a un enemigo”.
Frente a esta actitud, los abolicionistas han cambiado de estrategia. Asociaciones
como el Death Penalty Information Centre (Centro de Información sobre la Pena
de Muerte), se apoyan en la prensa para lanzar su mensaje: ya no se trata de salvar
a toda costa la vida de asesinos en serie o de inadaptados, sino de destacar las
injusticias vinculadas a la aplicación de la pena capital subrayando la desigualdad
racial.
Según el director del centro, Richard Dieter, esta estrategia tiene como objetivo
conquistar a las numerosas personas que apoyan la pena de muerte sin gran convicción
ni pasión. “Hay demasiados problemas vinculados a la pena capital –ejecución
de inocentes, oposición internacional, injusticia, problemas raciales– y esa
práctica se justifica cada vez menos”, afirma Dieter. Para su satisfacción,
en enero, el gobernador republicano de Illinois (antes ferviente partidario de la
pena de muerte) abolió la pena capital alegando que existía un riesgo
real de ejecutar a inocentes.
Miguel Angel Martínez es uno de los casi 3.600 presos cuya vida está
en peligro. En 1992, un tribunal de Texas declaró culpable al futuro cadete
de la Air Force del asesinato de tres hombres en un ataque con arma blanca –en el
que, insiste su nuevo abogado, su papel fue sólo secundario. Fue condenado
a muerte con 17 años, es decir cuatro antes de poder beber cerveza legalmente.
En sus textos sobre lo que denomina el “infierno creado por los hombres” de la cárcel
Terrell Unit de Texas, Martínez ve con esperanza la nueva campaña de
abolición. Pero el corredor de la muerte ha destruido todas sus creencias.
Considera la religión un “recipiente vacío” y la sociedad un lugar
de odio: “los individuos suelen aceptar el castigo aún cuando existen otras
opciones... Todos somos un poco sádicos y masoquistas”.
El concepto de crueldad innecesaria es precisamente lo que, fuera de Estados Unidos,
lleva a numerosas personas a condenar la pena de muerte. Sin embargo, en muchos países
que hoy día reniegan de esta práctica hubo épocas en las que
la guillotina, la soga y los verdugos eran moneda corriente. La legislación
británica –con gran repercusión en sus colonias– recurría abundantemente
a la pena capital. En el siglo XVIII en Inglaterra, por ejemplo, un total de 222
crímenes, incluidos el robo de una conejera o la tala de un árbol,
fueron castigados con la muerte. Las ejecuciones públicas congregaban multitudes.
En 1807, 40.000 personas asistieron en Londres al ahorcamiento de un asesino famoso,
al que luego siguió un alboroto en el que murieron cien personas.
Tras la Segunda Guerra Mundial y la codificación de los derechos humanos,
numerosos países renunciaron a dar la muerte. Estados Unidos no fue uno de
ellos. En los diez años que precedieron la ejecución de Gilmore, los
tribunales y los estados, aprovechando un receso provisional de la popularidad de
la pena de muerte, descartaron el uso de lo que un Tribunal Supremo llamó
la “maquinaria de la muerte” en vez de desmantelarla totalmente. Es más, cuando,
en 1972, en la sentencia del caso Furman contra Georgia el Tribunal Supremo tachó
la pena capital de “cruel e inusual”, los legisladores de los estados del Sur, furiosos,
tuvieron que enmendar sus estatutos para acatar ese principio. Con el importante
aumento de la tasa de criminalidad durante la recesión de los 70, la legislación
de varios estados contempló de nuevo la pena de muerte. Hoy día, unos
38 estados la aplican y aproximadamente el 3% de los asesinos presos acaba en el
corredor de la muerte.
Castigar
la muerte con muerte
El apoyo a la pena capital
–especialmente fuerte en ocho estados del Sur, donde se han dado el 90% de las ejecuciones
más recientes– se basa en un sentido muy arraigado de la venganza como justicia.
Cuando Alan Wolfe, profesor de política de la Universidad de Boston, viajó
a Texas para recoger opiniones sobre la ejecución de Karla Faye Tucker, en
1998, quedó asombrado por las respuestas: en vez de sentir compasión
por la risueña condenada, arrepentida de su crimen y a quien Dios se le había
“aparecido”, la mayoría de la gente pensaba que merecía la muerte por
haber asesinado a un antiguo novio a golpes de zapapico.
“Descubrí que la gente tiene una visión simple y elemental de la sociedad.
Algo que no tiene nada que ver con la política ni la religión y que
está vinculado a una percepción inherente de la justicia”, apunta Wolfe.
“Hay que crear una especie de equilibrio a través del castigo de los pecados:
una vida truncada requiere otra vida truncada.”
Los partidarios de la pena de muerte –y especialmente los familiares de las víctimas–
carecen de compasión por los asesinos y piensan que no merecen sino ser castigados.
El primer familiar autorizado a asistir a la ejecución de un asesino, tras
la aprobación de una nueva ley en Texas en 1996, recuerda: “me hubiera gustado
que se le humillara. Tenían que haberlo traído frente a nosotros y
atarlo ahí mismo”. Y programas de radio emitidos en todo el país reciben
llamadas pidiendo que se “fría” a los asesinos para que se “encuentren con
Hitler”.
La ironía radica en que este sentido atávico de la justicia está
en contradicción con otras peculiaridades de la cultura estadounidense. Los
principios cristianos que la mayoría de la población dice respetar
suelen destacar la importancia del perdón. La televisión popular ha
convertido en terapia la confesión de los pecados y el empezar desde cero
en el pan de cada día. Pero el asesinato y su castigo, sobre todo en los estados
del Sur, siguen regidos por la ley del “ojo por ojo, diente por diente”. En las últimas
dos décadas, esta filosofía primaria de la venganza ha ganado popularidad,
al tiempo que un vertiginoso aumento de los crímenes violentos –medio millón
de asesinatos con una media actual de 17.000 por año– ensangrentaba los medios
de comunicación. Hoy día, la defensa de la pena de muerte se basa en
el concepto de víctima, tanto en el juicio mismo, cuando comparecen los familiares
afligidos, como en la retórica de los políticos. Dieter lamenta “un
debate que no va más allá del estar a favor o en contra de la pena
de muerte, lo que equivale a que te pregunten si estás a favor de los criminales
o de las víctimas”.
En el pasado, la opinión pública de países como Inglaterra o
Francia era similar. A pesar de la gran popularidad de la pena capital, los líderes
políticos decidieron abolirla. Sus homólogos estadounidenses no han
sido capaces o no han querido seguir su ejemplo. La generación vinculada a
la era de los derechos humanos –la de los Kennedy o Martin Luther King– podría
haberlo conseguido, pero sus líderes murieron jóvenes. El
federalismo de la pena de muerte (confinada a los crímenes locales) y la ausencia
de propuestas como el control del uso de armas o programas contra la pobreza, desechados
por su coste y la presión de ciertos grupos, han impedido todo debate significativo.
Pero lo que más ha impulsado a los políticos a dar la razón
a los electores es lo que los expertos llaman la naturaleza frenética de la
democracia estadounidense (partidos políticos débiles, constantes elecciones
y excesiva sensibilidad frente a los sondeos de opinión).
Recordemos las desventuras de Michael Dukakis, candidato demócrata a la presidencia
en 1988. Insistió repetidamente en su oposición a la pena de muerte
cuando se le preguntaba cómo reaccionaría si su mujer e hijos fueran
asesinados. Se le acabó reprochando su debilidad frente al crimen. Los demás
políticos entendieron que les convenía apoyar la pena capital. A su
vez, los fiscales de distrito acostumbran a abordar la cuestión. “Es la mejor
manera de aparecer en la televisión y los periódicos,” afirma Michael
Mears, del Georgia Indigent Defense Council (Consejo de Defensa de los Indigentes
de Georgia). “Actúa sobre el público como un placebo, como cuando le
damos a un paciente un terrón de azúcar a modo de pastilla.”
Dado que las víctimas reciben el apoyo incondicional del público y
los políticos se muestran incapaces de renunciar a todo lo que pueda favorecer
su popularidad, los nuevos abolicionistas han sabido elegir la estrategia adecuada.
Parecen haber convencido a la opinión de que se han cometido errores judiciales.
El centro de Dieter tiene una lista de 87 casos de condenados a muerte posteriormente
indultados. Además, por primera vez se llevan a cabo pruebas de ADN que permitan
confirmar científicamente que algún inocente ha sido ejecutado.
Los motivos raciales inherentes a la pena de muerte constituyen otro punto fuerte
de los abolicionistas. Aunque el porcentaje de asesinos negros no es mayoritario
en el corredor de la muerte, las estadísticas demuestran que la pena capital
se impone en más del 80% de los casos cuando la víctima era blanca.
En Georgia, señala Mears, sólo uno de los 159 abogados de distrito
es negro. Según Bohm, numerosos abolicionistas consideran que la pena de muerte
no es más que “una nueva forma de control social que sustituye a la esclavitud”.
Prejuicios
raciales
En el caso de Martínez,
los prejuicios (es de origen hispano), la pobreza y el hecho de que el padre de uno
de sus cómplices era juez se unieron para vedarle cualquier posibilidad de
clemencia. Es más, su historia acumula las iniquidades: su juicio sólo
duró cinco días, sus supuestos cómplices están libres
y gran parte de los empleados de su abogado de distrito fueron despedidos por haber
aceptado sobornos. Recuerda su juicio como “una partida de ajedrez en la que un jugador
juega muy bien y el otro está aprendiendo a mover las piezas”.
Los abolicionistas esperan que su caso, entre otros, desemboque en una moratoria,
ya que la “bala de plata” está empañada por defectos de procedimiento.
Los escépticos señalan que la maquinaria de la muerte puede ser reparada
con toques más suaves y “justos”. Pero una cosa está clara: si la pena
capital desaparece, no será debido a una revolución ética. Como
apunta Wolfe, “dejando de lado las razones morales, creo que los estadounidenses
no se opondrían a que la aplicación de la pena de muerte desapareciera
o se hiciera menos frecuente”.
Más información
• www.miguelangelmartinez.com (sitio Web de Miguel Angel
Martinez)
• www.knoware.nl/users/annegr/deadman/talking.htm
(Artículos de Dean Carter, residente
del corredor de la muerte )
• www.prodeathpenalty.com (Sitio
web a favor de la pena de muerte)
• www.deathpenaltyinfo.org (Death
Penalty Information Centre)
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