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Dos billones
de dólares, o sea la vigésima parte del PIB mundial: es un cálculo
realista de la suma que representan los gastos de educación en el mundo.
El sector privado sólo percibe aproximadamente una quinta parte, por lo que
se ha lanzado a la conquista de este mercado gigantesco (p. 18). En nombre de las virtudes
de que se precia —eficacia, innovación, conocimiento del mercado de trabajo—,
aprovechando la ola neoliberal y explotando el descrédito creciente de la
escuela pública (p.
28-29),
gravita más que nunca en la gestión y las finalidades de la enseñanza
(p.
19
y 22).
En Estados Unidos, país atravesado por una corriente arrolladora favorable
a la privatización, hay ya empresas privadas que administran centros públicos
(p. 30). Los 380.000 alumnos brasileños de la red comercial Objetivo sólo
pueden pertenecer a los medios acomodados (p. 23-24), pero las escuelas privadas que proliferan
en la India resultan mucho más accesibles (p. 24-26). En la enseñanza
superior, punta de lanza de esta mercantilización, la alianza entre las universidades,
los proveedores de software y los grupos de telecomunicaciones atrae en el mundo
entero a estudiantes dispuestos a pagar mucho por obtener un diploma (p. 26-27 y 31-32).
Pero los primeros balances de esta mercantilización son más que dudosos.
En Nueva Zelandia, el país que más ha avanzado por este camino, se
han acentuado las diferencias entre beneficiarios y víctimas de la privatización
(p.
33-34).
La calidad de la enseñanza y el respeto de los particularismos culturales
pueden brillar por su ausencia (p.
35-36).
Incumbe, pues, a los poderes públicos hacer respetar el equilibrio entre las
múltiples finalidades de la educación (p. 17 y 37).
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