Aprendizaje del trabajo de
la laca en una escuela parisiense de principios de siglo.
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Toda
la educación se deriva de la imagen que tenemos del futuro. Si la imagen del
futuro que tiene una sociedad es globalmente inadecuada, su sistema educativo traicionará
a su juventud.
Alvin
Toffler, ensayista estadounidense (1928-)
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Los grandes empresarios
influyen desde hace tiempo en la política
educativa de Estados Unidos. En la actualidad no hay nada que sirva de contrapeso
a esa influencia.
 Hace
años que el universo de los negocios impone su huella sobre el de la enseñanza.
Un siglo atrás las escuelas adoptaban reformas estimadas económicamente
beneficiosas para los individuos y para
la nueva sociedad urbana en vías de industrialización. Hoy como en
el pasado, los reformadores coinciden en afirmar que cuanto hace la educación
pública para mejorar las perspectivas de empleo de los alumnos tiene consecuencias
económicas directas para la nación en su conjunto y para las ciudades
en particular.
La diferencia es que esos reformadores pertenecientes al mundo de los negocios llevan
ahora la voz cantante, inclinando a su favor el delicado equilibrio que se mantenía
desde hace cien años. A los empresarios se les reconoce una autoridad moral
indiscutible para definir los objetivos y métodos de una educación
pública acorde con las aspiraciones de la nueva economía mundial, dominada
por la tecnología. Se les ve como generales victoriosos de la guerra entre
capitalismo y socialismo. Su argumentación trasluce a menudo una visión
que asocia la educación con la economía global de mercado. Según
ellos, la enseñanza es la mejor arma de un país en la batalla por conquistar
partes de mercado: desde la escuela podemos identificar a los futuros empleados modélicos.
Pero las experiencias actuales pudieran tener a largo plazo consecuencias que sus
partidarios ni siquiera imaginan.
La aplicación de los métodos de administración de empresas a
la escuela obedece a lo que se ha dado en llamar el fracaso de la enseñanza.
Entre 1880 y 1920, se invocaron diversas razones económicas para justificar
una reforma. Los grandes empresarios criticaban las escuelas urbanas porque no respondían
a las necesidades de una economía mundial industrializada y centralizada.
A su vez invocaban a menudo la poderosa metáfora de la organización
científica del trabajo o taylorismo. El cronómetro y la gestión
debían descubrir “el mejor método”. Esos instrumentos eran las únicas
armas en que creían los “capitanes” de la revolución industrial estadounidense.
La obsesión del rendimiento característica de esos decenios provocó
problemas que ahora es necesario resolver, como la rígida y burocrática
organización de nuestros sistemas escolares.
La educación pública sigue adaptando nuevas técnicas de rendimiento
industrial en un proceso de reciclado aparentemente sin fin. La organización
científica del trabajo era sólo la primera de una serie de teorías
de gestión destinadas a mejorar la productividad y, por ende, a aumentar la
riqueza nacional.
Esta tendencia se manifiesta también en las nuevas formas de organización
sugeridas a las escuelas y adoptadas por éstas. Algunos dicen que para un
mayor rendimiento es indispensable una descentralización de los consejos de
evaluación; otros aconsejan subcontratar la gestión de las escuelas
para que los profesores den lo mejor de sí mismos.
Todo esto se produce en medio de una globalización económica fuente
de tensiones políticas, ya que opone a los gobiernos entre sí en una
carrera por el acceso al capital mundial. La era que se inicia se asemeja a las postrimerías
del XIX en la medida en que la circulación internacional de capitales y los
procesos de producción transnacionales influyen tanto en los gobiernos como
en las empresas. La rapidez y la intensificación de los intercambios, la multiplicación
de las inversiones y la concentración de riqueza hijas de la tecnología
acentúan la especulación planetaria y reducen la capacidad de los gobiernos
para regular la industria y los mercados. Por consiguiente, no es de extrañar
que se reconozca en esta ideología del mercado mundial uno de las factores
decisivos de las políticas educativas nacionales.
Para las ciudades, la reforma de sus escuelas pasa a ser un medio de participar en
la competición internacional por brindar medios de producción a las
empresas. Cuando la educación formal se considera un elemento clave de la
capacidad de producción, idea corroborada por el retroceso de la industria
clásica y el auge de las tecnologías de la información en Estados
Unidos, la calidad de la educación pública local cobra más importancia
tanto para los industriales como para los políticos. Los grandes empresarios
disponen actualmente de medios formidables de presión –la riqueza de las empresas–
sobre los cargos políticos de elección popular y sobre los dirigentes
de los órganos estatales.
Al estimarse que las escuelas son uno de los motores del desarrollo económico
capaz de atraer a las empresas hacia una ciudad o Estado, los industriales y los
políticos locales se asocian para administrarlas y buscan cómo reformarlas.
En dos palabras, lo que se propone para la enseñanza se confunde con la política
de empleo.
Esta poderosa coalición entre los responsables industriales, nacionales y
regionales, se constituye a expensas de los profesionales de la enseñanza.
Si a finales de siglo éstos tenían un papel crucial en los debates,
ahora están desacreditados. Esta desvalorización del personal docente
queda reflejada y se acrecienta cuando ciertas circunscripciones escolares prefieren
elegir sus máximos responsables ya no entre el profesorado, sino entre hombres
de negocios, políticos y militares.
Sin embargo, nada permite afirmar que las nuevas fórmulas de gestión
mejoren las escuelas pobres o que resultados escolares mejores protejan a nadie contra
el descenso de la productividad o el declive del ciclo comercial. Surgen problemas
más inquietantes cuando las estrategias de reforma de la enseñanza
oponen el mercado al gobierno. La educación queda reducida a satisfacer estrictos
objetivos económicos. Según una encuesta realizada en 1992, los empresarios
esperan sobre todo que las escuelas inculquen “ciertas nociones elementales de matemáticas
y ciencias” y “hábitos de trabajo como la puntualidad, la autodisciplina y
la conciencia profesional”. Por encomiables que sean, esos objetivos reflejan la
estrecha concepción que tienen los patronos del futuro buen trabajador.
La
carrera por el capital mundial deja a un lado la educación
Al modelo de
la reforma industrial le preocupan poco otras misiones que se espera cumpla la educación
pública: crear comunidades justas y tolerantes, hacer que disminuya la desconfianza
hacia los demás y hacia nuestras instituciones comunes, proteger la ética
democrática, impulsar a los niños a descubrir la sabiduría de
las diversas culturas del mundo. La igualdad de oportunidades y entre las personas
deja de ser un valor clave. Ni los mercados ni la ética comercial suelen colocar
la igualdad por encima del lucro. Poblaciones enteras no encajarán en un universo
educativo que hace de la competencia el principio rector del progreso. Otro motivo
de inquietud: en una enseñanza cuyas únicas justificaciones son económicas,
los valores ciudadanos no son cuantificables. El hecho de fomentar cada vez más
el individualismo sólo puede acentuar una indiferencia cívica, cuyas
proporciones ya se consideran inquietantes.
Es indispensable restablecer los objetivos de nuestra educación pública.
Para ello es preciso un análisis diferente de la educación que descarte
la metáfora del fracaso comercial y aborde en cambio los problemas de nuestras
escuelas como otros tantos síntomas de lamentable degradación cívica.
Las soluciones al fracaso escolar dependerán entonces de intereses comunes,
más que de una competitividad y una responsabilidad reducidas al estricto
plano individual. Además de los criterios académicos, los padres y
los que proyecten la reforma debieran establecer un baremo de calificación
de los alumnos que recompense la participación ciudadana, el comportamiento
basado en la tolerancia y el respeto y el conocimiento de temas culturales, como
el arte, la historia y las lenguas. Un movimiento de reforma semejante, que insista
en la equidad y la tolerancia, no se contentaría con mejorar el rendimiento
económico sino que permitiría dar nueva vida a las instituciones democráticas.
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