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Un aula de informática para adultos al oeste de la provincia del Cabo, Sudáfrica.
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En
los Estados grandes, la educación pública siempre será mediocre,
por la misma razón que en las cocinas grandes la comida suele ser mala.
Friedrich
Nietzsche, filósofo alemán
(1844-1900)
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Cifras claves, Sudáfrica
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Población total: (millones, 1999): 42
Tasa de alfabetización: (% 1998): 84,6
Tasa de escolarización
bruta: (% 1997)
- Primaria: 133
- Secundaria: 95
- Superior: 17
Alumnos de primaria y
secundaria que estudian en establecimientos privados: (% 1997): 3,3
Fuentes: Banco Mundial, PNUD, OCDE. |
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En Sudáfrica, la educación
privada nacional y extranjera satisface una demanda creciente, pero no se compromete
con el desarrollo local.
 Lebo Sekoto, una mujer de 28 años en plena ascensión
social, trabaja como asesora en recursos humanos en una importante empresa minera
de Pretoria, pero aspira a obtener un empleo en el extranjero gracias a la universidad
De Montfort. Esta universidad británica, con 65% de estudiantes negros, es
uno de los centenares de establecimientos de enseñanza superior, nacionales
o extranjeros, que funcionan en Sudáfrica.
Lebo está a punto de terminar allí una maestría en administración
de empresas. “Quiero ampliar mis horizontes, trabajar en una multinacional y adquirir
experiencia en el Reino Unido. Por eso me pareció bueno obtener un diploma
exportable.” Nacida en el gueto negro de Soweto, Lebo ha pasado la mayor parte de
su vida estudiando. Obtuvo un diploma de gestión en un instituto politécnico,
luego una licenciatura en psicología industrial y gestión en la Universidad
a distancia de Sudáfrica, y ahora sigue esta maestría a tiempo parcial
vía Internet. “Las empresas me ven primero como una muchacha negra, sin tomar
en cuenta mis aptitudes. Para escalar posiciones y acceder a un cargo ejecutivo,
hay que tener tres veces más diplomas y experiencia que los hombres.”
En Sudáfrica son escasas las instituciones sin ánimo de lucro que aspiran
a cultivar talentos en el ámbito de la administración de empresas.
Casi todas las demás, locales o extranjeras, lo que buscan es la rentabilidad.
De Montfort fue el primer establecimiento privado registrado bajo la nueva legislación,
destinada a regular la expansión y controlar la calidad de la enseñanza
superior privada que amenaza la viabilidad de numerosas instituciones estatales.
“Nuestro sector público es inmaduro, por eso estamos poniendo en marcha nuevas
políticas para transformarlo”, afirma la profesora Nasima Badsha, subdirectora
general de Enseñanza Superior. “La mayor parte del sector privado, que persigue
beneficios y está sometido a las leyes del mercado, no actúa como nosotros
con un compromiso en favor de la apertura, la igualdad, la calidad y el desarrollo
de los recursos humanos.”
La erosión de un sistema
No se conoce el número exacto de establecimientos
privados instalados en Sudáfrica. En la enseñanza superior ya han sido
reconocidos –o van a serlo– unos cien de los más de 200 que han solicitado
licencia de funcionamiento. Los institutos privados de enseñanza superior
acogen a más de 20.000 estudiantes en jornada completa, mientras que en el
sector público, en 1999, se registraban 564.000 matrículas. Por otra
parte, varios cientos de miles de estudiantes se inscriben en cursos privados de
enseñanza superior a tiempo parcial.
La proliferación de institutos extranjeros empezó después de
las primeras elecciones democráticas realizadas en 1994. Con el fin del apartheid,
los estudiantes de color abandonaron los establecimientos “negros”, escasamente subvencionados,
en provecho de instituciones inicialmente destinadas a los “blancos”, mucho mejor
dotadas. Buena parte de los alumnos blancos de clase media optaron por los establecimientos
privados porque temían –aunque lo negasen– el deterioro de la calidad de la
enseñanza y una falta de seguridad en el sector público.
Con una tasa de desempleo de casi 30% y una economía que sólo absorbe
56% de los egresados de las mejores universidades –y 25% de los de las menos prestigiosas–,
los estudiantes buscan los diplomas “vendibles”, que ofrecen los institutos politécnicos
y los establecimientos privados especializados. Muchos estiman que los diplomas extranjeros
son más apreciados y exportables que los nacionales, mientras que para otros
constituyen un pasaporte para emigrar a los países ricos.
En virtud de la ley de 1997 sobre la enseñanza superior, las instituciones
privadas deben solicitar el reconocimiento de sus diplomas y ser autorizadas por
el ministerio de Educación, el cual se basa en las exigencias de viabilidad
financiera y calidad.
“Los establecimientos extranjeros representan una amenaza para las universidades
estatales”, afirma la profesora Badsha. Operan en ámbitos muy concretos, como
la informática, la administración de empresas y el comercio, cursos
particularmente lucrativos, pero sin asumir la responsabilidad de impartir una formación
más general.
Las universidades del Estado perdieron así programas rentables que les permitían
subvencionar disciplinas costosas como música, arte, ingeniería y medicina,
esenciales para el desarrollo cultural, social y económico del país.
Las instituciones extranjeras atraen también a los profesores más competentes
del sector público, pues pagan remuneraciones más elevadas e imponen
gastos de escolaridad que sólo pueden sufragar los grupos más acaudalados.
Ello acarrea una nueva forma de apartheid, según la profesora Badsha. “Intentamos
dejar a un lado las cuestiones de raza y clase para tratar de crear auténticas
instituciones sudafricanas.”
Por eso el gobierno está estudiando una modificación de la ley para
restringir la instalación de establecimientos extranjeros en Sudáfrica.
Así, antes de otorgar una autorización, los servicios competentes deberán
determinar si el nuevo establecimiento es útil para el sistema público
de enseñanza y si amplía la gama de las orientaciones propuestas. Aunque
la Constitución sudafricana prohíbe toda discriminación contra
las instituciones extranjeras, algunas de ellas han amenazado con someter el asunto
a la Organización Mundial del Comercio. Muchas otras se fueron del país.
El ministro de Educación, Kader Asmel, rechaza enérgicamente las acusaciones
de que esta reglamentación obedece a un programa “proteccionista estrecho
o a una actitud chauvinista”. La meta perseguida, explica, es proteger la utilización
eficaz y responsable de los recursos públicos. “No deseamos permanecer impermeables
a toda transformación supranacional, ni elevar nuevos muros a nuestro alrededor.
Pero no podemos contemplar impasibles la erosión de nuestro sistema.”
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