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Dayton, Ohio: padres y alumnos se manifiestan a favor de la libre elección
de escuelas.
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Cifras claves,
Estados Unidos
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Población total: (millones, 1999): 273
Tasa de alfabetización: (% 1998): 99
Tasa de escolarización bruta: (% 1997)
- Primaria: 102
- Secundaria: 97
- Superior: 81
Alumnos de primaria y
secundaria que estudian
en establecimientos privados: (% 1997): 25
Fuentes: Banco Mundial, PNUD, OCDE. |
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En Estados Unidos hay padres que
quieren gastar una suma equivalente a sus impuestos para enviar a sus hijos a centros
privados. Análisis crítico de la controversia sobre los “bonos de educación”.
 El primer sistema de educación pública del mundo
industrializado es objeto de múltiples ataques. Se estima que en las grandes
ciudades su gestión, ineficaz y burocrática, está más
preocupada por cumplir reglamentos que por la calidad de la enseñanza. Los
profesores, los alumnos y los padres, en particular en los barrios pobres, son considerados
responsables de la “mediocridad que amenaza nuestro futuro como nación y como
pueblo”.
Nunca una campaña presidencial ha dado tanta importancia a la enseñanza.
Todo el país estuvo pendiente del debate entre Al Gore y George Bush en el
curso del cual ambos candidatos definieron sus posturas respectivas. El demócrata
prometió inyectar 115.000 millones de dólares adicionales a un sistema
que reclama innovación y responsabilidad. El republicano juró, por
su parte, desmantelarlo en provecho de establecimientos privados sometidos a la ley
del mercado.
El proyecto tan controvertido de los “bonos de educación” es uno de los ejes
del debate. Su principio es sencillo: en vez de pagar impuestos destinados a financiar
las escuelas públicas de su barrio, los padres pueden optar por emplear esos
fondos para enviar a sus hijos a un establecimiento privado. Florida, pionera, instauró
esta política a nivel estatal desde 1998, en tanto que California y Michigan
votarán sobre el tema en noviembre de 2000. En California el proyecto es apoyado,
entre otros, por Tim Draper, un hombre de negocios de Silicon Valley. La idea es
crear becas de 4.000 dólares por año y por alumno (el estado gasta
actualmente 5.627), otorgadas a todo niño que sus padres quieran enviar a
un establecimiento privado o religioso.
Los sindicatos de profesores, pese a ser poderosos, permanecen al margen del debate.
Tenidos por partidarios acérrimos del statu quo, se han dejado arrastrar a
una actitud defensiva y han tratado de impedir las reformas más radicales
al tiempo que reclaman mejores remuneraciones y protección social, reconocida
insuficiente por todos. Si bien la American Federation of Teachers y la National
Education Association siguen desempeñando un papel decisivo en las elecciones
de los estados, su influencia en el debate sobre la reforma de la enseñanza
ha sido insignificante.
Los partidarios de la privatización son las grandes empresas –creen que el
sistema existente no tiene arreglo–, los integristas religiosos –quieren controlar
mejor lo que se enseña a sus hijos– y un número creciente de padres
de clase media que ya han optado por la enseñanza privada y que se resisten
a financiar un sistema público que no utilizan. En la mayoría de los
estados y salvo contadas excepciones, esta coalición no ha logrado obtener
el apoyo necesario para que se adopten programas de privatización. Pero la
situación está cambiando.
Algunos sectores del electorado que antes eran favorables a la educación pública
parecen hoy dispuestos a apoyar reformas radicales encaminadas a sustituir el sistema
actual por modelos que, en su mayor parte, aún no se han definido ni experimentado.
Un estudio realizado recientemente por el Joint Center for Political and Economic
Studies (Grupo Mixto de Estudios Políticos y Económicos) indica que
88% de las familias negras norteamericanas son partidarias de medidas que permitan
a los padres escoger la escolaridad, con un porcentaje aún más alto
(95%) entre las familias cuyos ingresos no superan 15.000 dólares anuales.
Los hijos de éstas constituyeron durante mucho tiempo un “mercado cautivo”
y se vieron obligados a realizar sus estudios en los peores establecimientos. Ahora
los planes de privatización abren perspectivas de acceso a una educación
de mejor calidad.
¿Cómo explicar esta tendencia tan marcada? Es evidente que la educación
pública tiene aún muchos puntos a su favor. El derecho a la educación
no está consagrado en la Constitución de Estados Unidos, pero actualmente
se reconoce en el mundo entero. Además, numerosas conquistas en favor de los
derechos civiles de las minorías étnicas o lingüísticas,
de los minusválidos y, en una época más reciente, de los homosexuales,
se consolidaron en primer término en la educación pública antes
de extenderse a otros sectores de la sociedad. Los establecimientos escolares estadounidenses
dependen de las autoridades locales y en todo el país se advierte que los
ciudadanos cuentan cada vez más con esos establecimientos para resolver numerosos
problemas sociales.
Sin embargo, en razón del deterioro de la enseñanza pública,
lo que está en tela de juicio es el sistema en su conjunto. Los drásticos
recortes presupuestarios de los años ochenta obligaron a numerosas escuelas
a suprimir asignaturas como artes plásticas, música y gimnasia, a aumentar
el número de alumnos por clase y a reducir la labor de tutoría. El
personal docente y administrativo ha de hacer frente a innumerables problemas sociales,
relacionados en general con la pobreza creciente de los niños, el mal estado
de los centros y las tensas relaciones de trabajo.
Esta situación empuja a la clase media a abandonar los establecimientos escolares
urbanos y son numerosas las escuelas que son vistas como último recurso. Los
alumnos de color o latinoamericanos son proporcionalmente mucho más numerosos
en esas escuelas en decadencia. Es lógico que en ese contexto los padres se
interesen por los “bonos de educación”.
El temor, los prejuicios frente a las minorías y la llegada de nuevos inmigrantes
contribuyeron también al éxodo de la minoría blanca. En estados
como California, Florida y Nueva York la matrícula en las escuelas públicas
aumentó considerablemente con la llegada de numerosos alumnos asiáticos
y latinoamericanos. Como la composición de la población escolar ha
cambiado, los electores, por lo general blancos y de una media de edad elevada, son
reacios a pagar impuestos para financiar la enseñanza pública.
Educación pública:
la mejora inmediata
Pese a sus numerosas deficiencias, los establecimientos
públicos de educación constituyen para las familias modestas uno de
los escasos vehículos con que cuentan para integrarse y ascender socialmente.
Existe el riesgo de que el sistema de bonos de educación haga que las mejores
escuelas se tornen aún más elitistas: el incremento de las solicitudes
de matrícula les permitirá aumentar el costo de los estudios y el acceso
a ellas será aún más difícil para las familias de pocos
recursos. ¿Qué sucederá con los establecimientos y los alumnos
que se queden atrás? Como su financiación depende esencialmente del
número de alumnos matriculados, parece poco probable que las escuelas mal
consideradas reciban los fondos necesarios para progresar. Los asesores jurídicos
del gobierno de California proyectan imponer reducciones apreciables al presupuesto
de las escuelas públicas si los menores que asisten ya a establecimientos
privados reciben bonos y si 5% de los alumnos del sector público utilizan
los bonos para marcharse.
La privatización del sistema educativo provocará una situación
diametralmente diferente de la actual: el acceso a una formación de buen nivel
dependerá de los individuos y no de los gobiernos. Los adalides de la privatización
recuerdan que se crearon nuevas líneas aéreas tras la desregulación
de ese sector en los años ochenta. Olvidan que en su mayoría esas líneas
ya no existen y que las que se mantienen ofrecen, por lo general, un servicio de
peor calidad, aunque menos oneroso. Sostienen también que las nuevas escuelas
no podrán ser peores que algunos establecimientos públicos. Sin embargo,
éstos están obligados a respetar ciertas normas legales (acceso de
los alumnos, formación de profesores) y nada asegura que las escuelas privadas
sean sometidas a exigencias similares.
Al parecer, los partidarios de la privatización están tomando ventaja.
En semejante clima, los defensores de la educación pública no pueden
contentarse con afirmar que es posible mejorar el sistema de enseñanza: deben
probarlo.
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