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Clase de lengua maorí en una escuela primaria de Te Koha, Nueva Zelandia.
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Cifras claves,
Nueva Zelandia
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Población total:
(millones , 1999): 4
Tasa de alfabetización:
(% 1998): 99
Tasa de escolarización
bruta: (% 1997)
- Primaria: 101
- Secundaria: 113
- Superior: 63
Alumnos de primaria y
secundaria que estudian
en establecimientos
privados: Sin datos
Fuentes: Banco Mundial, PNUD. |
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El país dotado del
sistema de educación pública más liberal del mundo está
tratando de rescatar las escuelas atrapadas en una espiral descendente.
 En el papel, la idea de aplicar
los principios y valores del sector privado a la educación primaria y secundaria
resulta atractiva. Demos autonomía a las escuelas, suprimamos el sistema de
matrícula por zonas geográficas y permitamos que los padres manden
a sus hijos al establecimiento que elijan, a fin de que se instaure una sana competencia
entre éstos para atraer alumnos. Gracias al “mercado” de la educación,
los establecimientos mejorarán la enseñanza impartida, y los resultados
obtenidos por los alumnos serán mucho más satisfactorios.
Esos fueron los criterios aplicados por Nueva Zelandia para dar un nuevo rumbo a
su sistema de educación pública en los años noventa. Este proyecto
ha sido el experimento más audaz de liberalización de la educación
jamás aplicado en un país desarrollado.
Los
defectos de una educación autogestionada
¿Cuáles
han sido sus resultados? La respuesta es ambigua. Fue una iniciativa positiva para
algunos establecimientos y desastrosa para otros, muchos de los cuales recibieron
un número desproporcionado de alumnos procedentes de medios desfavorecidos.
Ahora las autoridades tratan de dar marcha atrás, por lo que esta experiencia
puede servir a los que estén pensando en seguir ese mismo camino.
La aplicación de los principios del mercado a la educación pública
fue algo natural en Nueva Zelandia, país que estuvo a principios de los ochenta
al borde de la bancarrota. El gobierno laborista elegido en 1984 decidió reestructurar
la economía sobre bases neoliberales. Al término del decenio, extendió
los esfuerzos de reforma a los sectores sociales, entre ellos la educación.
En 1989, tras la creación del ministerio de Educación, el control de
los establecimientos primarios y secundarios quedó en manos de consejos de
supervisores elegidos por los padres de los alumnos y compuestos por progenitores
voluntarios. De la noche a la mañana, uno de los sistemas de educación
pública más estrictamente controlados del mundo se transformó
en uno de los más descentralizados. Sin embargo, el Estado siguió financiando
el sistema de educación, ocupándose de la contratación del personal
docente y evaluando su trabajo por medio de un mecanismo de inspección.
Dos años más tarde, el nuevo gobierno, controlado por el partido conservador,
avanzó aún más en el mismo sentido. El Parlamento eliminó
el sistema de matrícula por barrios y dio derecho a los padres a elegir la
escuela a la que enviarían a sus hijos. Surgió así la competencia
por los alumnos y una especie de mercado de la educación. La aptitud para
las relaciones públicas y el dominio de las técnicas de marketing pasaron
a ser tan importantes para los directores como el conocimiento de los programas y
la capacidad de gestión.
Muchas escuelas prosperaron al amparo de las nuevas disposiciones, en especial las
que acogían a alumnos de clase media y acomodada. Para estos centros, los
padres constituían un capital humano que les permitía elegir consejos
de supervisores con los conocimientos en gestión, administración financiera
y derecho indispensables para la buena marcha del establecimiento. Y algunos directores
aprovecharon esta autonomía para presentar programas de estudios innovadores.
La escuela primaria Gladstone, en Auckland, por ejemplo, empezó a impartir
una enseñanza basada en la teoría de las “inteligencias múltiples”,
formulada por el psicólogo de la Universidad de Harvard Howard Gardner. “Nadie
nos impone restricciones”, afirmaba Colin Dale, el director. “Hay que cubrir necesidades
y obtener buenos resultados. Si se hace bien, la gente acude.”
Pero la autogestión tiene su precio. La carga de trabajo de directores y profesores
aumentó considerablemente y, para muchas escuelas con una proporción
importante de alumnos desfavorecidos, era difícil constituir consejos de supervisión
competentes.
Más
libertad de elección, más desigualdad en las aulas
Los padres
acogieron con entusiasmo la posibilidad de enviar a sus hijos a la escuela que quisieran.
Numerosos estudiantes empezaron a aventurarse fuera de su zona escolar, entre ellos
muchos maoríes y polinesios de familias modestas que aprovechaban esa oportunidad
para escapar de las escuelas urbanas con bajo nivel.
Desde el punto de vista de los padres, querer que sus hijos asciendan en la jerarquía
de los centros escolares era comprensible, e incluso normal. Pero, en Nueva Zelandia,
los mayores juzgan la calidad de un establecimiento en función de la composición
étnica y socioeconómica del alumnado. Los colegios en que abundaban
los descendientes de europeos eran considerados superiores a aquéllos en que
predominaban los maoríes y polinesios. En el nuevo mercado de la educación,
las escuelas con alumnos mayoritariamente blancos casi no daban abasto, mientras
que la matrícula de las demás disminuía, pues no podían
atraer a los profesores mejor calificados ni a los alumnos más motivados.
Además, el costo del transporte perjudicó a las minorías.
Aunque otros países instauren sistemas competitivos diferentes de los de Nueva
Zelandia, lo más probable es que la libre elección de los padres acentúe
las disparidades en todas partes. En todo medio en que impere la competencia, unos
tendrán éxito y otros fracasarán. Es la ley del mercado. Ha
habido casos en los que la competición ha sido fructífera. Pero los
colegios no siempre están en igualdad de condiciones. Los gastos de transporte
y los gastos escolares “optativos” (manuales escolares adicionales y actividades
facultativas) dejan al margen a los alumnos con escasos recursos o pertenecientes
a minorías. Estos son proporcionalmente más numerosos en las escuelas
con un nivel bajo, así como los alumnos que han fracasado porque sus familias
son muy pobres, no hablan bien el inglés, tienen dificultades para aprender
o ya han sido expulsados por indisciplina.
El
gobierno toma medidas de protección
Como afirman
los neozelandeses, estas escuelas de perdedores entran en una espiral descendente.
Una vez que se quedan atrás en el mercado de la educación, sus problemas
se agravan. El descenso de los alumnos matriculados provoca una disminución
del personal docente, que repercute en los programas restándoles variedad
y, en definitiva, el número de estudiantes disminuye aún más.
Los establecimientos son los que salen perdiendo, así como los alumnos y sus
familias.
Desde mediados de los años noventa, presionado por la opinión pública,
el ministerio de Educación empezó a ocuparse de esos colegios, ayudándoles
en primer lugar en la gestión e interviniendo después de manera más
directa. En 1998 altos funcionarios del ministerio reconocieron que la ley del mercado
aplicada a la educación no funcionaría nunca para la cuarta parte de
las escuelas, por lo menos.
¿Es defendible moralmente un sistema de educación pública cuyo
buen funcionamiento depende de entrada del sacrificio de algunas escuelas? Si la
competencia acarreara una mejora global del sistema, tal vez se justificaría
la creación de perdedores, que terminarían por beneficiarse de todos
modos del progreso general. También podría justificarse si el ministerio
de Educación, consciente de los riesgos del sistema de competencia, hubiese
previsto algún mecanismo de protección. Ninguno de esos requisitos
se cumplía en Nueva Zelandia.
El decenio de reformas neoliberales que ha vivido el país demuestra que no
existen panaceas en materia de reforma escolar. Habrá probablemente que adoptar
una estrategia que mantenga las ventajas de la autonomía y la competencia,
pero cuyos inconvenientes puedan contrarrestarse con medidas de protección
adecuadas.
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