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 El proceso de globalización
es tan impetuoso que se hace sentir en ámbitos hasta ahora reservados al sector
público, como la enseñanza.
Es cierto que los vínculos entre la escuela y la actividad privada son antiguos,
ya sea porque se trata directamente de enseñanza privada, ya sea porque las
instituciones escolares adoptan formas de funcionamiento propias al sector privado,
ya sea porque se delegan las misiones educativas del servicio público en operadores
privados. Pero ahora se está dando un paso más. La explosión
de las nuevas tecnologías, que acelera la producción y la difusión
de “bienes educativos”, la mundialización de los mercados, que es un acicate
para la comercialización de esos bienes a escala planetaria y, por último,
el atractivo irresistible que ejerce sobre los empresarios, siempre al acecho de
nuevas oportunidades, una actividad que representa unos dos billones de dólares,
exacerba la oferta comercial de “mercancías educativas”. Simultáneamente,
las insuficiencias reales o supuestas de la educación pública apartan
de ella a padres y alumnos, y dan pábulo al afán de éstos de
buscar por otro lado servicios educativos de buena calidad.
Todos los que piensan que la educación es en primer término un derecho
fundamental consideran que los peligros que comporta la mercantilización son
importantes. Estiman que la educación no sólo debe formar trabajadores,
sino también ciudadanos e individuos responsables. Por consiguiente, no sólo
se cuestionan sobre los efectos de la liberalización en el sector, sobre la
discriminación que comportaría respecto a los países y grupos
de individuos más desfavorecidos, sino que también ponen en duda la
capacidad de una operación comercial para difundir “valores comunes” o respetar
la diversidad indispensable de los contenidos y métodos pedagógicos,
habida cuenta de la lengua, la cultura o los modos de aprendizaje de las personas
a quienes se dirigen.
Los partidarios del liberalismo critican la incapacidad del sistema estatal de ofrecer
a todos un acceso equivalente a una educación de buena calidad. Hacen hincapié
en la necesidad de aumentar y de diversificar la oferta, a fin de satisfacer aspiraciones
a las que los sistemas tradicionales ya no logran responder, y menos aún a
causa de las restricciones presupuestarias. Insisten en que es indispensable introducir
las nociones de rendimiento y de responsabilidad, ausentes —dicen— del sector público
y principal factor de su supuesta ineficacia.
Para la UNESCO —y para los Estados que la integran— ni el predominio absoluto del
Estado ni el sometimiento total al comercio permitirán superar una crisis
educativa innegable. La Organización tiene el convencimiento de que tanto
el sector de la educación pública como el de la enseñanza privada
poseen un valor añadido, y que la conjugación de los esfuerzos de ambos,
basada en la cooperación, puede aumentar la eficacia general del sistema educativo.
Pero con una condición expresa: que la responsabilidad primordial en materia
de enseñanza incumba siempre a la autoridad pública, ya que ella, y
sólo ella, es la que resguarda el interés general. Ahora bien, esto
supone ante todo que la educación sea un medio de formar ciudadanos responsables.
Por consiguiente, la desregulación de los establecimientos de enseñanza
no puede implicar el debilitamiento de las normas fundamentales que rigen la misión
educativa, y la falta de un control estricto del respeto de las mismas.
Esto es igualmente válido en el plano mundial: la mercantilización
de la enseñanza exige una concertación a nivel regional o internacional,
sobre todo para velar por que la adquisición de valores universales siga siendo
primordial en toda empresa de educación. La Organización Mundial del
Comercio ha empezado a interesarse en el asunto. Pues se elude el problema si se
enfoca la mundialización sólo en función de los negocios e ignorando,
por ende, sus efectos —y sus potencialidades— para la libertad y la realización
del hombre, gracias a la educación pero también a la ciencia y la cultura.
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