La deforestación de
la Amazonia puede verse a vista de pájaro.
El terreno selvático
quemado deliberadamente se transforma en cultivable.
La Amazonia se extiende por
nueve estados de Brasil y cubre 5,5 millones de km2.
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La escasa rentabilidad de la deforestación
salvaje de la Amazonia ha reforzado con argumentos económicos las reivindicaciones
ecologistas.
 Los propietarios rurales y los ecologistas
brasileños recordarán el año 2000 como el de su enfrentamiento.
Unos y otros querían decidir acerca del futuro de la mayor reserva biológica
de la Tierra. Las recogidas de firmas, las manifestaciones de protesta y una lluvia
de veinte mil mensajes electrónicos respaldaron a las ONG del país
impidiendo una revisión del Código Forestal que pretendía aumentar
en 25% el índice de deforestación permitido en la selva amazónica,
esa deforestación que, entre 1978 y 1997, supuso arrasar 532.000 km2.
En el momento crítico del enfrentamiento, en mayo pasado, un sondeo de la
opinión pública reveló que 88% de los electores no votarían
por los diputados que defendiesen la citada revisión del Código Forestal.
A juicio de 93% de los encuestados, la conservación del medio ambiente no
es perjudicial para el desarrollo del Brasil, y un 90% opinó que una mayor
deforestación no contribuiría a reducir el hambre. Aún más
significativo: en un país donde pocos leen la prensa, 63% de los ciudadanos
afirmó seguir atentamente el debate, en buena parte gracias a que éste
encontró eco en la radio y la televisión.
Los medios financieros se manifestaron claramente contra la iniciativa revisonista:
“No hay un solo argumento que justifique esa enmienda catastrófica”, afirmó
la influyente Gazeta mercantil, recordando además que “en Brasil no faltan
tierras productivas. Hay más de cien millones de hectáreas sin explotar
sólo en la región del cerrado”, esa especie de sabana que ocupa la
cuarta parte del territorio nacional y que en la Amazonia ha perdido el 60% de su
vegetación original debido a la expansión del cultivo de la soja y,
sobre todo, al pastoreo.
Otro gran diario brasileño, O Estado de São Paulo, expresó la
preocupación por el futuro al preguntarse en un titular “qué aire vamos
a respirar”. Para comprender la popularidad de la campaña de los ecologistas
basta recordar que los personajes de la Banda de Mónica, historieta ilustrada
que se publica en decenas de periódicos, aparecieron vestidos de luto en señal
de protesta. “Por primera vez la sociedad brasileña reacciona, se organiza
y obtiene resultados gracias a una movilización nacida dentro de sus fronteras”,
dice Eduardo Martins, presidente hasta el año pasado de la agencia federal
del medio ambiente (IBAMA). “En Amazonia el proyecto fue rechazado por sectores que
nunca antes se habían movilizado, como la clase media y la prensa local”,
afirma el biólogo Adalberto Veríssimo, investigador del Instituto del
Hombre y el Medio Ambiente de la Amazonia (IMAZON), una de las ONG más respetadas
de la región. “Todo el mundo comprendió que un bien público
iba a ser destruido sin generar ningún tipo de desarrollo.”
Una explotación
que no produce riqueza
El cambio de parecer de
la opinión pública brasileña, ahora en sintonía con lo
que desde hace años reclamaban numerosas instituciones y organizaciones internacionales,
es hijo de un fiasco económico, el de la explotación incontrolada del
bosque. La mayoría de zonas taladas se han destinado a la cría de ganado
y a plantaciones de soja, palma, café y pimienta. Esos cultivos exógenos,
poco adaptados a suelos pobres y lluvias abundantes, prosperan difícilmente
en al menos dos tercios de la región. Además, la mitad de las 20 millones
de hectáreas de pastoreo se encuentra en estado avanzado de degradación.
Como la productividad es baja y la deforestación sigue avanzando año
tras año, los agricultores buscan nuevas tierras y siempre en vano, pues el
78% de los suelos son ácidos y de baja fertilidad natural. A esa espiral infernal
hay que sumarle las dificultades de transporte. Se necesitan varios días de
navegación desde las propiedades enclavadas en la selva para llegar a un puerto
que distribuya la producción. En resumen, la Amazonia, a pesar de haber destruido
el 14% de su selva primitiva, sigue siendo una región pobre, y la actividad
de sus 20 millones de habitantes —el 75% de ellos vive en las ciudades— sólo
representa un 7% del PIB del país. La renta per cápita de los estados
amazónicos se sitúa por debajo de la media nacional brasileña.
El principal producto de exportación originario de la región son las
nueces de Pará, que sólo significan un comercio de tres millones de
dólares, muy lejos pues de los 230 millones que aporta la elaboración,
en núcleos urbanos, de jarabe para bebidas refrescantes.
Un estudio que acaba de realizar IMAZON para el Banco Mundial explica por qué
es tan dificil cultivar en la región. IMAZON ha observado que 18% del territorio
amazónico brasileño se utiliza para actividades agropecuarias. Esa
zona situada en el extremo sur es la más deforestada y se caracteriza por
una pluviosidad baja (1.800 mm. anuales). Más arriba se encuentra una zona
de transición, donde las lluvias son un poco más abundantes y en la
que la agricultura sigue siendo posible aunque proliferan los hongos y las plagas.
En el resto, que cubre 45% del territorio y donde llueve mucho todos los días,
la única opción económica viable a largo plazo es la explotación
forestal. “Incluso en la zona de transición los bosques son tan rentables
como la agricultura”, afirma Veríssimo, uno de los científicos que
participó en el estudio. “Ello demuestra que la explotación forestal
es la principal vocación de la Amazonia.”
Los aserraderos,
principales culpables
Pero la industria maderera
no ha sabido aprovechar ese recurso natural sin destruirlo. Hace casi tres años,
un informe de la Comisión Europea estimaba que la industria maderera era responsable
de la deforestación en un 72%, siendo su actividad mucho más dañina
para el bosque que ciertas talas salvajes de agricultores o ganaderos. Además,
los aserraderos desperdician un enorme volumen de madera, que representa en casos
extremos dos tercios de los árboles talados. Y, lo que es peor aún,
muchas explotaciones madereras no respetan la ley. “Según el ministerio de
Asuntos Estratégicos (SAE), aproximadamente 80% de las trozas extraídas
en la región son ilegales. En la mayoría de los casos, los planes de
gestión forestal son letra muerta”, indica un estudio coordinado por Greenpeace.
¿Cuáles son esos planes? Por un lado está la ya referida lucha
por mantener vigente el actual Código Forestal y, sobre todo, por lograr aplicarlo
con rigor. Durante los años sesenta la ley exigía de cada propietario
la conservación del 50% de su bosque. En 1996, ante el ritmo creciente del
índice de deforestación, el legislador obligó a los propietarios
a preservar 80% de la superficie arbolada. El presidente Fernando Henrique Cardoso
asumió las razones de las ONG al declarar que “es necesario un código
forestal que garantice la preservación de la Amazonia, que es propiedad de
los brasileños pero también patrimonio de la humanidad”.
Un pulmón
verde con miles de pájaros y árboles
En efecto, Brasil es el
país del mundo con una biodiversidad más rica y en el que hay más
tipos de plantas. Allí viven uno de cada 11 mamíferos, uno de cada
seis pájaros, uno de cada 15 reptiles y uno de cada ocho anfibios. En la Amazonia
hay 5.000 especies de árboles, frente a las 650 que hallamos en toda América
del Norte.
Otro plan en marcha es el Programa Piloto para la Conservación de Bosques
Tropicales, financiado por el G7, la UE y el propio gobierno brasileño, que
han aportado 280 millones de dólares para ayudar a la explotación sostenible.
Este programa es la mayor inversión multilateral realizada hasta ahora en
un único país con objetivos medioambientales.
Y a estos dos planes se añade el proyecto Amazon Region Protected Areas Program,
defendido por el propio gobierno brasileño, pero también por el Banco
Mundial y otras agencias y organismos internacionales (WWF, WB Forest Alliance Program)
que quieren convertir el 10% del territorio de la Amazonia en zonas protegidas. En
la actualidad 12 millones de hectáreas ya lo están y la iniciativa
supondría aumentar esta superficie hasta los 37 millones de hectáreas,
el equivalente del territorio alemán.
Todas estas medidas proteccionistas encuentran una mayor o menor oposición
entre los propietarios, que presentan la Amazonia, con sus 5.100.000 km2,
como la última frontera agrícola con posibilidades ilimitadas de extensión.
Creen que la sociedad tiene una deuda para con ellos en la medida en que han renunciado
a explotar parte de sus propiedades para salvaguardar la calidad ambiental, y solicitan
ser compensados económicamente.
Una comisión parlamentaria multipartidista dirigida por el diputado Mosir
Micheletto, de un partido de centroderecha que apoya al gobierno, presentó
a fines de 1999 un proyecto de ley que pretende introducir una gran flexibilidad
en la interpretación de los límites impuestos por el Código
Forestal. Según el proyecto Micheletto, debe preservarse la mitad de la superficie
de las haciendas amazónicas, pero las autoridades de los estados de la zona
pueden autorizar discrecionalmente una mayor deforestación.
Además, el texto dispensa a los propietarios de menos de 25 hectáreas
de toda obligación de conservación forestal.
Durante una man-ifestación de apoyo a ese proyecto, en el mes de febrero pasado,
600 miembros de la Confederación Nacional de Agricultura (CNA) apelaron al
nacionalismo al protestar contra “la injerencia nefasta de organizaciones ecologistas
nacionales o extranjeras en la elaboración de leyes coercitivas que frenan
el desarrollo nacional”.
El ministro del Medio Ambiente, Jose Sarney Filho, el Consejo Nacional del Medio
Ambiente (CONAMA) y las ONG reaccionaron defendiendo la necesidad de seguir conservando
el 80% del bosque amazónico y organizaron una serie de debates durante seis
meses a lo largo y lo ancho de Brasil.
El peso
de la opinión pública
Los ecologistas aprueban
la decisión gubernamental con pocas objeciones. Su principal crítica
se refiere a las zonas de cerrados amazónicos que quieren preservar, pues,
contrariamente a una idea muy extendida, la selva no es el único tipo de vegetación
amazónica. Las ONG ecologistas consideran que no es suficiente conservar sin
explotar 35% de la superficie de las haciendas situadas dentro de ese ecosistema,
como propone el CONAMA, y menos aún el 20%, como establece el proyecto de
Micheletto. En cualquier caso, sea cual sea el porcentaje que la ley adopte, parece
difícil que no tenga en cuenta a esa opinión pública brasileña
que en su gran mayoría asume hoy unas razones que hasta hace poco se presentaban
como antinacionales y al servicio de intereses extranjeros.
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