Manifestación ante la Asamblea Nacional en Seúl, el 7 de febrero de
2000. |
Grupos
de ciudadanos de Corea del Sur han emprendido una campaña sin precedentes
contra la corrupción. La publicación de una lista negra de políticos
deshonestos antes de las elecciones de abril pasado contribuyó a cambiar algo
las cosas.
Según un viejo
dicho de Corea del Sur, cuando un individuo alcanza una elevada posición política,
la situación económica de su familia queda asegurada por tres generaciones.
Pero, al calor de su democracia incipiente, los coreanos están descubriendo
que son capaces de apartar a los políticos corruptos y de agruparse para luchar
contra los vicios de la política.
Las elecciones celebradas en abril pasado para designar a los miembros de la Asamblea
Nacional constituirán un hito en materia de reconocimiento de los derechos
ciudadanos. El 10 de enero, una organización no gubernamental denominada Coalición
de Ciudadanos por la Justicia Económica (CCEJ), publicó una lista de
167 candidatos “incorrectos”. Se acusaba a los seleccionados de violaciones a la
ley electoral de la nación, y resistencia a la reforma democrática
y a la lucha contra la corrupción.
En los días siguientes, en un afán de aunar esfuerzos, una agrupación
de 470 grupos cívicos constituyó la Alianza de los Ciudadanos para
las Elecciones del Año 2000 (CAGE). La CAGE elaboró una lista adicional
de 47 nombres, y amenazó con lanzar una campaña de desprestigio contra
los políticos supuestamente inmorales si los partidos no designaban otros
candidatos en su lugar.
No es de extrañar que los partidos acusaran a la CAGE de “terrorismo político”
e hicieran hincapié en que las leyes electorales prohíben a los grupos
que no sean políticos, con excepción de los sindicatos, participar
en campañas electorales. Pero, como quien decide en definitiva es el público
—las encuestas de opinión mostraron que 80% de los electores no votarían
por los candidatos de la lista negra—, el presidente Kim Dae-jung y la Asamblea modificaron
la ley electoral de modo que permitiera la existencia de la CAGE. Los grupos presionaron
también al gobierno, y lograron que se impusiera a los candidatos la obligación
de dar a conocer sus antecedentes penales, tributarios y militares.
Los
efectos positivos de la crisis del 97
La
nueva legislación constituyó un golpe mortal para los políticos
corruptos. Temerosos de las campañas de desprestigio, los partidos fueron
más cuidadosos en la designación de sus candidatos e incluyeron en
sus listas a numerosos jóvenes prometedores. Pero al mismo tiempo, muchos
jefes de partido escogieron a políticos que figuraban en la lista negra, pese
a la advertencia de la CAGE, que reaccionó divulgando otra lista en la que
desenmascaraba a 86 candidatos y señalaba cuáles eran los 22 principales
acusados, en su mayoría antiguos peces gordos de la política.
La CAGE organizó manifestaciones callejeras, peticiones, y campañas
telefónicas, y creó sitios en Internet para ganarse al electorado joven.
Estos sitios, que contaron con el apoyo de destacados músicos y estrellas
de cine y televisión, recibieron casi un millón de visitas.
El 14 de abril, los coreanos se despertaron con dirigentes políticos mucho
más jóvenes. Los votantes habían rechazado 70% de los candidatos
de la lista negra. De los 22 principales acusados, sólo siete resultaron elegidos.
La nueva asamblea estaba integrada en un 70% por legisladores primerizos o que cumplían
un segundo mandato, muchos de ellos con 30 o 40 años de edad. Se saludó
la elección como un hito en la política coreana: había surgido
una nueva fuerza, la sociedad civil, decidida a librar al país de los políticos
deshonestos.
Esta amplia coalición fue una consecuencia del poderoso movimiento por la
democracia que culminó en 1987, cuando los trabajadores de clase media y los
campesinos se sumaron a los estudiantes para exigir al presidente Chun Doo-hwan elecciones
libres e imparciales. “El movimiento anticorrupción ha sucedido al movimiento
democrático de los últimos decenios”, señala Kim Geo-sung, de
la Red Anticorrupción de Corea (ACNK). “Antes no era posible porque nosotros
(la sociedad civil) no teníamos peso suficiente para realizar ese tipo de
actividades.”
Pero la movilización de una ciudadanía acostumbrada a leer en primera
página de los periódicos noticias sobre el tráfico de influencias
y el soborno no habría cobrado tal impulso sin la crisis financiera de 1997.
La opinión generalizada es que las políticas que provocaron el choque
entre el gobierno, los chaebols (conglomerados industriales) y los bancos fueron
las que precipitaron la crisis. “La responsabilidad incumbe a los políticos
que manejaban los hilos del sistema económico”, señala Kim Young-rae,
especialista en ciencias políticas de la Universidad Aju de Suwon. De un informe
de julio de 2000 del Instituto de Investigación Económica de Corea
se desprende que la corrupción ha mermado el crecimiento económico
del país en 1,5%.
“Se decidió que con motivo de las elecciones de este año debíamos
al menos poner término al ciclo irracional de reelegir a personas que habían
estado implicadas en la corrupción”, afirma Woo Pil-ho, coordinador de la
Solidaridad Popular para una Democracia Participativa (PSPD).
De
acusadores a acusados
Después
de la elección, dentro del propio sector de los ciudadanos surgieron problemas
que constituyeron una seria amenaza para la movilización incipiente. Varios
de sus dirigentes se vieron comprometidos en escándalos, acusados incluso
de aceptar dinero de empresas acostumbradas a comprar influencias. Un funcionario
de la CAGE fue detenido por haber recibido una suma cuantiosa de un candidato.
Mientras tanto, en la Asamblea Nacional, los legisladores novatos, deseosos de dar
mayor impulso a las reformas contra la corrupción, llegaron a desafiar las
instrucciones de los partidos, actitud hasta entonces inconcebible en la política
coreana. Sin embargo, tropezaron con una oposición feroz de la vieja guardia,
que invocaba la unidad partidaria por encima de todo. Y aunque el presidente Kim
ha prometido apoyar la reforma de la ley electoral, las divisiones de la Asamblea,
en la que ningún partido dispone de mayoría suficiente, han mantenido
la situación bloqueada casi todo el año.
Organizaciones como la ACNK saben que su misión implica una transformación
profunda de la sociedad. “Necesitamos cambiar el sistema y crear un nuevo tipo de
rectitud”, afirma Kim, de la ANCK. “Tenemos un tipo de sistema que mantiene la corrupción.
Cualquiera podría dar la voz de alarma, pero si lo hace se convertirá
en un paria.”
El éxito de la CAGE alentó a los principales grupos de ciudadanos del
país a constituir la Alianza Coreana de Solidaridad Ciudadana y Social. Esta
coalición permanente batalla por una legislación que obligue a los
políticos a llevar una contabilidad transparente de los fondos de que disponen
y garantice una estructura partidaria democrática, sobre todo en materia de
designaciones, así como una mayor participación de la población
en el control y la evaluación de los responsables elegidos.
Lo que ocurre en Corea, que es uno de los países más desarrollados
de Asia y una democracia joven, es seguido de cerca por el resto del continente.
“Servir de modelo tal vez sea una de las misiones más importantes de las ONG
coreanas”, declara Kim. “Pensamos que otros países pueden adoptar este tipo
de medidas, pero todo depende del poder con que cuente la sociedad civil.” |
