Militantes del partido demócrata tailandés muestran una mano blanca,
emblema de su lucha contra la corrupción. |
A
menudo aparecen en la prensa nuevas revelaciones sobre la corrupción en Tailandia.
Sin embargo, hay personas decididas a luchar contra ese flagelo. ¿Cuál
es su verdadero margen de maniobra?
Este año el espectáculo
cobró caracteres francamente sensacionales. Primero fue el folletín
en cinco vueltas de marzo de 2000 con el escrutinio de las primeras elecciones senatoriales:
la flamante Comisión Electoral envió de nuevo a los electores a las
urnas después de cada nueva comprobación de irregularidades y compra
de votos. Luego, en abril, Sanan Kachornprasart, el todopoderoso ministro del Interior
y secretario general del Partido Demócrata, tuvo que dimitir a raíz
de las acusaciones de la Comisión Nacional de Lucha contra la Corrupción
(NCCC). Otro episodio elocuente fueron los disturbios de Nakhon Si Thammarat (una
provincia del sur) provocados a comienzos de septiembre por la corrupción
dentro de la propia policía. La lista de escándalos se alarga día
tras día en un país donde este flagelo absorbe entre 10 y 20% del presupuesto
nacional, o sea una suma que oscila entre 2.250 y 4.500 millones de dólares.
“Hay sin lugar a dudas un efecto de arrastre”, resume el economista Pasuk Phongpaichit,
autor de numerosas obras sobre la corrupción. “Hay un consenso total en torno
al lanzamiento de una cruzada nacional contra la corrupción, que apuntaría
a reformar la sociedad en su conjunto”, explican a su vez los autores del nuevo plan
anticorrupción. Según un sondeo reciente, los tailandeses asignan a
la corrupción del sector público el tercer lugar en la lista de los
problemas más graves del país, detrás de la crisis económica
y el aumento del costo de la vida, e inmediatamente delante de la droga.
¿A qué obedece esta enorme ansia de cambio? Es fruto de una larga evolución
cuyo punto de partida se sitúa a fines de los años setenta, cuando
el ejército aceptó compartir el poder. A partir de entonces, empezó
a surgir en la escena política tailandesa una sociedad civil que se impuso
poco a poco hasta oponerse por primera vez abiertamente, en mayo de 1992, a un intento
de golpe de Estado militar. Lo que aún era aceptable hace treinta años
ha dejado de serlo hoy.
Algunos políticos marcaron con su impronta esta evolución. En noviembre
de 1985, Chamlong Srimuang, un ex comandante de ejército que llevaba una vida
ascética, se convirtió en el alcalde más popular de Bangkok
de todos los tiempos. Algunos años más tarde, el teniente de la policía
Prathin Santiprapop, apodado “El incorruptible”, dirigió con gran firmeza
un equipo encargado de erradicar el tráfico ilegal de madera, particularmente
rentable en todo el país.
Luego, en 1997, dos acontecimientos precipitaron el curso de la historia: la crisis
financiera y la adopción de una nueva Constitución. “Con la crisis,
toda forma de tolerancia frente a la corrupción se ha vuelto inaceptable.
Si en tiempos de gran prosperidad era posible resignarse a la pérdida de beneficios
que significaba el soborno, es mucho más difícil soportar esa carga
en un periodo de crisis”, comenta el economista Pasuk Phongpaichit, miembro del Centro
de Política Económica de la Universidad Chulalongkorn de Bangkok.
En julio de 1997, la brutal devaluación, en más del 40%, del baht,
la moneda nacional, originó un marasmo económico cuya consecuencia
inmediata fue el despido de millones de trabajadores. Pero este derrumbamiento tuvo
también efectos saludables, ya que propició una serie de reformas y
reestructuraciones, sobre todo de un sistema financiero hasta entonces sin transparencia
que favorecía la corrupción.
Se entendió por primera vez que la recuperación económica pasaba
por una reforma política, por lo que se aceleró la redacción
de una nueva constitución, la decimosexta de la historia tailandesa, que creaba
organismos de control, como la Corte Constitucional, la Comisión Nacional
de Lucha contra la Corrupción (NCCC), la Comisión Nacional Electoral
y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En el mismo sentido, el Parlamento
aprobó una ley que daba a todos los ciudadanos acceso a los documentos administrativos.
La
escala de valores no es ajena a la corrupción
“La
nueva constitución proporciona el marco legal indispensable para procesar
a los responsables y altos funcionarios a raíz de denuncias formuladas por
ciudadanos u organizaciones”, explica Pasuk Phongpaichit. La NCCC está habilitada
para enjuiciar y sancionar a los diputados, senadores y ministros, y dispone de diversas
armas jurídicas. Las más temidas son la declaración de patrimonio,
que ha permitido ya cortar varias cabezas, y la llamada “ley de las 50.000 firmas”,
que puede forzar a las autoridades a abrir una investigación sobre una personalidad
sospechosa de corrupción. Ahora bien, no siempre es fácil utilizar
estas disposiciones. “Una persona que quiera lanzar una petición para sentar
a alguien en el banquillo de los acusados deberá en primer término
presentarse ante el Senado y probar la autenticidad de las 50.000 firmas necesarias”,
lo que complica en exceso la tarea, según estima Deunden Nikomborirak, de
la Fundación Tailandesa de Investigación y Desarrollo.
En realidad, es prematuro cantar victoria. La corrupción sigue siendo un fenómeno
arraigado. Ningún sector de la sociedad le es ajeno: ni los médicos,
ni los profesores, ni siquiera los bonzos. Estos últimos se han visto envueltos
en numerosos escándalos recientes, aunque todavía la ley no permite
controlar el patrimonio de las pagodas. “Es sumamente difícil lograr que los
individuos admitan que lo que han hecho toda su vida es ilegal y puede llevarlos
ante los tribunales”, explica el jefe del gabinete del primer ministro, Abhisit Vejjajiva.
Hay que cambiar radicalmente de cultura política, y no va a ser cosa fácil.”
Ciertos aspectos de la cultura y de la escala de valores de Tailandia tienden a fomentar
la corrupción, como el respeto de la jerarquía, la aversión
al enfrentamiento, la convicción de que riqueza y posición influyente
van unidas. Y la magnitud de la empresa puede desanimar a muchos. “Hasta el momento
hemos hecho muy poco”, deplora Krirkiat Phipatseritham, ex rector de la Universidad
Thammasat y miembro de la NCCC. Y a continuación lanza algunas cifras que
son verdaderas bombas: 70% de los ministros, 60% de los diputados y entre 30 y 40%
de los senadores estarían envueltos en negocios sucios. “Hemos de vigilar
a unas 5.000 personas”, prosigue. El trabajo es enorme, pero ya empezó. |
