Manifestación de campesinos cochabambinos contra la ley de privatización
del agua en abril de 2000. |
¿Agua
pública o privada? Si algo puede aprenderse de la “guerra del agua” en Bolivia
es que para resolver el conflicto ha de tenerse en cuenta a la población,
sus tradiciones y sus costumbres.
Una ley de privatización
del agua fue la chispa que encendió la “guerra del agua” en Bolivia, que desató
una de las peores crisis sociales que ha vivido este país andino en los últimos
años. El conflicto estalló en enero de 2000 cuando las tarifas del
agua potable de los habitantes de la ciudad de Cochabamba, en el centro del país,
se triplicaron. Además, los campesinos de la región de valle seco que
rodea a la ciudad descubrieron de golpe que el agua que habían extraído
gratis durante generaciones ya no era suya. De la noche a la mañana, los primeros
tuvieron que pagar el precio real de este bien básico, sin subvenciones, mientras
que los segundos –en su mayoría indígenas quechuas– pasaron de ser
propietarios ancestrales del agua a clientes de Aguas del Tunari, subsidiaria de
International Water Limited de Londres.
Estas medidas eran la traducción en hechos de la Ley 2029 del Servicio de
Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, aprobada a finales de 1999, que privatizó
ambos servicios. “El gran error de esa ley fue haber concesionado también
las fuentes de agua, pues en general las concesiones se hacen únicamente para
la administración del servicio”, sostiene el hidrólogo boliviano Carlos
Fernández Jauregui, experto de la UNESCO en temas hídricos.
El
agua, un tema de debate público
Además,
la ley fue aprobada sin ningún tipo de consulta pública y bajo presión
de la compañía francesa Lyonnaise des Eaux, encargada de la distribución
del agua en La Paz bajo el nombre de Aguas de Illimani.
En el país más pobre de Sudamérica, donde un tercio de la población
no tiene acceso al agua potable y siete de cada 10 personas viven en condiciones
de pobreza, sobran razones de descontento social. El conflicto del agua fue el detonante
de una revuelta mucho más amplia cuyos resultados fueron diez meses de desórdenes,
enormes pérdidas económicas, once días de estado de sitio y
una decena de muertos.
La presión social fue tal que el gobierno tuvo que dar marcha atrás.
En abril, Aguas del Tunari rescindió el contrato que había firmado
con las autoridades para realizar el proyecto Misicuni, que preveía la construcción
de una presa para ampliar la red de distribución de agua en la región
cochabambina.
Pero, aunque la “guerra del agua” terminó con el triunfo ciudadano, el problema
de fondo de Cochabamba no ha sido resuelto. En la ciudad, el suministro no supera
las cinco horas diarias y en las zonas aledañas sólo cuatro de cada
10 agricultores tienen acceso al agua potable. “La única alternativa para
solucionar la escasez de agua en Cochabamba es construir la presa. Las otras opciones
son paliativos”, sostiene Fernández Jauregui. Proyectos como la perforación
de ríos de aguas subterráneas sólo han tenido hasta el momento
desarrollos ocasionales; y otras ideas, como la de crear una cooperativa o una sociedad
anónima con amplia participación popular, no terminan de concretarse.
Además de la presa, el proyecto Misicuni incluye la construcción de
un túnel y de plantas de purificación y tratamiento de aguas residuales
por un costo total de 300 millones de dólares. Las enormes facilidades que
la ley otorgaba a los concesionarios se explican sin duda por la necesidad de atraer
inversiones para costear este millonario proyecto, ya que los legisladores apuntaron
al bolsillo del contribuyente para financiarlo. Pero al final el tiro se volvió
contra el gobierno de Hugo Banzer, pues Aguas del Tunari exige cuantiosas indemnizaciones
por la rescisión del contrato y las autoridades temen perder crédito
ante los inversionistas extranjeros si se niegan a pagar.
Un
problema de gobernabilidad
Además,
la partida de estas compañías no es necesariamente la mejor solución.
Gracias a la experiencia ganada en varios países, estas multinacionales ofrecen
por lo general un mejor servicio que las empresas públicas locales, usan el
agua de manera más eficiente y pagan mayores salarios a los técnicos.
Pero los gobiernos, por su parte, deben proteger a sus ciudadanos de los naturales
apetitos comerciales de estos gigantes del agua.
Para Fernández Jauregui, el problema del agua en Bolivia es de gobernabilidad.
En su opinión, los bolivianos están pagando la falta de experiencia
en materia de legislación del agua: “No existen leyes, ni instituciones, ni
tampoco infraestructuras apropiadas para encarar el problema del agua”, apunta. En
otros países latinoamericanos se han logrado experiencias positivas de resolución
de conflictos por tan espinoso tema.
Aunque las comunidades estén aferradas a la gratuidad del agua desde hace
generaciones, con un diálogo franco y abierto son también capaces de
tomar conciencia de que es un bien escaso y hay que comenzar a pagar por él.
“Es claro que había otras maneras de encarar el problema del agua en Bolivia”,
asegura Fernández Jauregui. “Las leyes del agua hay que consultarlas primero
con las comunidades concernidas, como se hace con otras leyes. Si se hubieran respetado
los usos y costumbres tradicionales, la cultura local, todos estos problemas se habrían
evitado.” |
