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El Estado
desde abajo
René
Lefort, director del Correo de la UNESCO.
Un
Estado de derecho es el resultado de la fusión de la acción de auto-organizaciones
y el compromiso del poder público.
A comienzos del siglo
XIX, menos de una décima parte de la población mundial vivía
en un país independiente. Hoy, 189 Estados son miembros de la ONU y prácticamente
todos los seres humanos viven bajo la autoridad de un Estado soberano reconocido
por la comunidad internacional. Pero, ¿qué grado de legitimidad otorgan
los ciudadanos a esos Estados?
Grupos armados asesinan, torturan y secuestran civiles en 46 de los 144 países
y territorios que figuran en el último informe de Amnistía Internacional.
El Estado no cumple allí una de las misiones que le ha confiado voluntariamente
la comunidad: el monopolio del mantenimiento del orden.
Violaciones de los derechos humanos, inseguridad, asalto a los bienes colectivos:
algunos Estados se han convertido en un instrumento de enriquecimiento para una minoría
que no restituye con servicios lo que obtiene de la población en impuestos.
La expresión “Estado ladrón” les cala muy bien. Y aunque se proclamen
de derecho, en la práctica algunos de ellos son incapaces de cumplir sus misiones
primordiales.
Frente al vacío y la coerción, la población puede reaccionar
apoyándose en su “capital social”, en su voluntad de salir adelante y en las
organizaciones que crea para lograrlo. Genera así una dinámica de progreso
material centrada en la lucha contra la pobreza, una dinámica de identidad
—tomando las riendas de su destino a partir de sus tradiciones y conocimientos— y
una dinámica política a través del desarrollo de una democracia
participativa local.
Ahora bien, ¿es posible que la extensión progresiva de estos poderes
locales autónomos sea el camino para construir, esta vez “desde abajo”, un
nuevo tipo de Estado, acorde con las expectativas y las necesidades locales, y por
tanto inevitablemente diferente del tipo de Estado “importado” de los países
industrializados?
La autonomía comunitaria tiene una doble limitación que sólo
puede superarse mediante la intervención del Estado, aunque éste esté
ausente o inspire desconfianza. Por un lado, el acondicionamiento de un barrio debe
inscribirse en una red de infraestructuras y un marco reglamentario creado por los
poderes públicos y acorde con el acondicionamiento de los barrios vecinos.
De otro lado, los inevitables conflictos entre los actores locales sólo pueden
ser arbitrados democráticamente en el seno de instancias más globales,
que sólo el Estado puede ofrecer.
Para reconstruir Estados fuertes y legítimos, las aproximaciones “desde abajo”,
que hacen fructificar un capital social a menudo menospreciado, y las aproximaciones
“desde arriba”, en las que el poder público asuma sus tareas, no sólo
no se oponen, sino que deben fusionarse. |
