“Carro-bomba“, obra del pintor colombiano Fernando Botero.
Colombia
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“Por
muy malo que sea un gobierno, siempre hay algo aún peor: la supresión
del gobierno.”
Hippolyte
Taine, filósofo e historiador francés (1828-1893)
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Cifras
clave
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Población:
41,5 millones (1999)
PNB/habitante:
2.250 dólares (1999)
Evolución anual
del PNB/habitante:
1,5 % (1990-98)
Esperanza de vida
al nacer:
70 años (1998)
Tasa de analfabetismo
de los adultos:
8,8 % (1998)
Fuentes: Banco Mundial, PNUD. |
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Para
el economista y filósofo colombiano Libardo Sarmiento, la fragilidad del Estado
colombiano por las luchas internas ha permitido que grupos armados creen auténticos
“Estados dentro del Estado”.
En Colombia, la violencia
se cobró el año 2000 la vida de 38.000 personas y ocasionó cerca
de 380.000 desplazados. ¿Qué hace el Estado?
En Colombia no existe un Estado de derecho clásico, tal como se conoce
en las democracias occidentales. Tampoco existe un consenso acerca del tipo de Estado
que se requiere para salir de la actual crisis. Lo que hay es un esbozo de Estado,
manejado por elites excluyentes, y algunos proyectos de Estado. Somos un país
veleta.
¿Esos intentos se dirigen en el mismo sentido?
En los últimos años, el país se ha debatido entre dos modelos
opuestos: uno liberal de derecho clásico que responda a la necesidad de implementar
un modelo neoliberal, esto es, un Estado liviano y eficiente, centrado en el fortalecimiento
del capital privado. Las consecuencias de este modelo han sido una profunda crisis
de la agricultura y la industria, y el progresivo detrimento del bienestar de la
población.
De otro lado están quienes aspiran a construir un auténtico Estado
social de derecho con una relativa descentralización y participación
ciudadana, garantizando el respeto de los derechos sociales, que figura en la Constitución
de 1991. Se trata de un Estado más intervencionista, garante no sólo
de los derechos civiles y políticos, sino también los sociales, económicos
y culturales. Un Estado más ecologista, que ponga en marcha una verdadera
democracia participativa y no meramente delegativa.
Este antagonismo ha generado una profunda polarización, en medio de una guerra
interna que ha experimentado una vertiginosa escalada desde 1995. Y por el momento,
ni el uno ni el otro han logrado concretarse. De ahí el alto grado de ilegitimidad
y debilidad en que ha caído el Estado colombiano.
¿Qué consecuencias acarrea esto?
Frente a esta ausencia de Estado, han surgido grupos para-estatales cuyo papel
consiste en regular la vida política, social, económica y militar en
amplias regiones, produciendo una “balcanización” del territorio. Estos grupos
dirimen conflictos y generan su propio sistema de normas vinculantes. Todo esto,
claro está, al margen de las instituciones legales. Los paramilitares y los
grupos insurgentes de izquierda controlan vastas zonas del territorio, mientras la
delincuencia organizada hace lo propio en sectores de las grandes ciudades. En ciertos
casos estos grupos se convierten en auténticos Estados dentro del Estado,
con todo lo que ello implica: dictar y ejercer la ley, cobrar impuestos a los comerciantes,
a los industriales y a los terratenientes, llegando incluso a regular la vida cotidiana
de los ciudadanos. El resultado es un territorio fragmentado donde no existe relación
alguna entre Estado y nación.
¿Qué quiere decir cuando afirma que “el Estado colombiano no es un
garante de normas vinculantes”?
Cada ciudadano opera con su propio código de conducta y no reconoce el
de los demás. Quien es legal y no tiene nexos con los grupos de poder, no
sobrevive. Esto ocurre en todos los órdenes, incluso cuando se hace fila para
realizar un trámite administrativo.
Por eso creo que en Colombia el problema no es solamente de narcotráfico,
sino también de una institucionalidad y una cultura que se ha ido consolidando
con base en la ilegalidad y la fuerza, incluyendo la armada. Hoy es el tráfico
de drogas o de personas, la corrupción con los recursos públicos, pero
mañana puede ser cualquier otro elemento ilícito que produzca dinero
fácil.
¿Colombia no es tampoco entonces un Estado-nación?
Ni lo es, ni tampoco creo que pueda llegar a serlo en las actuales circunstancias
debido al alto grado de fragmentación y de ausencia de legitimidad del Estado.
Según la idea clásica de los Estados-nación, el Estado responde
a los intereses de la nación. Pero en Colombia el Estado ha respondido a intereses
oligárquicos, exceptuando un breve período a mediados del siglo XIX.
No existe un sentido político colectivo de nación. Debido a las configuraciones
históricas regionales —en particular el conflicto permanente entre intereses
federales e intereses centralistas y a la fragilidad de las instituciones—, no se
ha logrado consolidar un Estado nacional construido desde abajo, desde lo local y
lo regional.
En las democracias avanzadas, lo que se espera del Estado es que cumpla su papel
de arbitraje entre los intereses de poderosos grupos de presión. ¿Desempeña
esta función el Estado colombiano?
En nuestro país la orientación de las políticas públicas
está estrechamente ligada a intereses corporativistas y privados. Los grupos
de poder manejan el Estado para sus propios intereses, ya sea sectores económicos,
grupos políticos, militares e incluso algunos sectores sindicales como el
estatal. Por tanto, las políticas, las leyes y el gasto públicos no
representan de manera global los intereses de todos los colombianos. No es un Estado
con una orientación colectiva y democrática hacia el bien común.
Todo esto, que puede parecer muy teórico, tiene no obstante graves consecuencias
en la vida cotidiana de los colombianos.
Sin duda. Para la población tiene unos grandes costos desarrollar cualquier
tipo de actividad, ya sea económica o laboral, pues no cuenta con un capital
social de confianza. El ciudadano parte del principio de que no puede contar con
un respaldo real del Estado, sabe que éste no va a defenderle sus derechos
constitucionales.
¿Podría darnos algunos ejemplos?
No existen garantías para los partidos políticos de oposición.
En los últimos quince años, fueron asesinados más de 3.000 militantes
de izquierda de la Unión Patriótica. El índice de impunidad
por violaciones a la ley es del 90%. La justicia es además profundamente clasista:
mientras hoy día se encuentran hacinados en las cárceles más
de 50.000 colombianos de origen modesto, a las personas pudientes vinculadas con
casos de corrupción se les asigna como prisión su propia residencia.
Un ejemplo más: todos los políticos comprometidos por el escándalo
de la elección del presidente Ernesto Samper (1994-1998), cuya campaña
fue financiada con dineros del narcotráfico, fueron claramente favorecidos
por este sistema legal elitista.
¿Qué es lo que mantiene unido al país?
Aunque suene contradictorio, lo único que ha logrado convertirse en un
amarre para las instituciones en medio de todo este conflicto ha sido el manejo del
presupuesto público como si fuera una “repartija”, un botín de guerra
para distribuir entre los políticos regionales.
En materia de consolidación de un Estado social democrático de derecho,
el reto para los colombianos es grande...
Tenemos las mismas urgencias de las sociedades modernas globalizadas, sin haber
logrado materializar ni un Estado ni una nación, sin que se hayan llevado
a cabo las grandes reformas democráticas, en materia de libertades fundamentales
y derechos civiles, políticos, sociales, económicos, culturales, ambientales
y de autodeterminación. Es una sociedad con muchos grupos enfrentados, pero
sin un centro o proyecto común.
Los derechos humanos y la paz con justicia social deben animar la orientación
de este proyecto común. La democracia participativa y la autonomía
local y regional son la garantía para la refundación de un Estado y
una nación colombiana, de cara a las nuevas exigencias de una sociedad globalizada.
El otro gran reto del país está en la educación, en la construcción
de instituciones sustentadas en el bien común, en la construcción de
lo público-democrático y en la ciudadanía moderna. |
