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Guatemala en fechas

Francisco Diaz: “Guatemala, la sed de cambio.”

Lecciones de supervivencia

Claudia Mojica, periodista free-lance en Guatemala.
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Los habitantes de El Mezquital cavan un foso para instalar las canalizaciones de agua.







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Guatemala




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Los habitantes de El Mezquital cavan un foso para instalar las canalizaciones de agua.


Guatemala en fechas

1954. Un golpe de estado apoyado por la CIA derriba al gobierno reformista de Jacobo Arbenz Guzmán.
1962. S
e inician los primeros movimientos guerrilleros.
1966-1984.
Guerra contra la insurrección. Los cuatro grupos guerrilleros del país fundan la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).
1986.
El presidente Vinicio Cerezo es elegido e inicia un gobierno constitucional. Continúa la violencia mientras se multiplican las denuncias de torturas y asesinatos cometidos por los “escuadrones de la muerte”.
1993.
El presidente Jorge Serrano Elías impone la ley marcial, pero se ve obligado a suspenderla. Regreso gradual a las leyes constitucionales y esfuerzo real de investigar las violaciones de los derechos humanos.
1994.
La ONU establece una Misión para la Verificación de los Derechos Humanos en Guatemala (MINUGUA).
1996. Firma del tratado de paz entre el gobierno y las guerrillas de la URNG, el 29 de diciembre.
1999.
La Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), publica el informe Memoria del silencio, que estima que más de 200.000 personas desaparecieron o fueron asesinadas entre 1962 y 1996. Las fuerzas armadas aparecen como responsables de 93% de las violaciones.
2000. El secretario general de la ONU, Kofi Annan, recomienda que la misión de MINUGUA continúe hasta diciembre de 2001. El Estado acepta su responsabilidad en un número muy limitado de las masacres ocurridas en el país y acuerda compensar a algunas de las víctimas.





Cifras clave

Población:
11,1 millones (1999)
PNB/habitante:
1.660 dólares (1999)
Evolución anual
del PNB/habitante:
1,7 % (1990-98)
Esperanza de vida
al nacer:
64 años (1998)
Tasa de analfabetismo
de los adultos:
32,7 % (1998)

Fuentes: Banco Mundial, PNUD.


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María del Carmen, miembro de la cooperativa COOVIES.
En Guatemala, los habitantes del barrio del Mezquital han puesto en marcha algunas de las iniciativas comunitarias mejor organizadas de la capital.

“Pandilleros matan a tres jóvenes en El Mezquital”. Así titulaba su primera edición del año 2001 un vespertino de Ciudad de Guatemala. Pocos lectores se sorprenden, porque el nombre de El Mezquital, como los de otros barrios populares de la ciudad más grande de Centroamérica, está asociado no solamente a la extrema pobreza, sino también a la delincuencia y la violencia.
Situado en el extremo sur de la ciudad, El Mezquital comprende seis comunidades o “asentamientos”, y se estima que la población sobrepasa los 120.000 habitantes. Entre éstos se encuentran empleados del sector público y privado, incluso algunos profesionales. La mayoría, sin embargo, carece de empleo o, como el 43% de la población activa guatemalteca, trabaja en el sector informal. En el centro del barrio las calles están asfaltadas, circulan vehículos de transporte público y funcionan pequeños comercios. Pero los asentamientos son en gran parte zonas marginales cuyas viviendas, a menudo construidas al borde de barrancos, son de lámina de cinc y tablas.
Por encontrarse sobre terrenos ocupados de manera ilegal, inicialmente los asentamientos no recibieron ningún tipo de servicio municipal, lo cual propició el surgimiento de iniciativas comunitarias que figuran entre las mejor organizadas de la capital. Decididos a no seguir dependiendo de la intervención estatal, los vecinos decidieron solventar sus necesidades creando asociaciones que impulsan el desarrollo de la comunidad y se encargan de proveer y administrar algunos servicios básicos.
“Cuando la cooperativa se fundó, en 1990, éramos sólo 35 miembros. Hoy somos más de 1.600”, dice Juana de Jesús Padilla, ama de casa y vocal de la Cooperativa Integral de Vivienda Esfuerzo y Esperanza (COIVIEES), fundada con el propósito de obtener la legalización de lotes en los terrenos ocupados y conseguir fondos para la construcción de viviendas.
“No teníamos agua”, recuerda, “íbamos a lavar al río y bebíamos el agua que nos vendían los camiones; muchos niños contraían enfermedades intestinales”. Algunas ONG y organismos del Estado hicieron donaciones para que la comunidad iniciara su propio proyecto de agua potable, y la recién creada COIVIEES se encargó de ponerlo en marcha y administrarlo. Con los fondos iniciales se construyeron tres pozos, se instalaron tuberías y plantas para el tratamiento de las aguas. Si bien se contrató personal cualificado para la parte técnica, muchos vecinos voluntarios aportaron su mano de obra. María Elizabeth Mijangos, presidenta de la junta directiva, proporciona algunas cifras: “Los pozos producen un promedio mensual de 57.000 m3 de agua para beneficio de 2.600 familias. Cobramos un quetzal por metro cúbico (Q1,00 = $0,13), mientras que en otros barrios la municipalidad cobra tres quetzales.”
COIVIEES se encarga también de la colecta de basuras, a través de un camión que circula dos veces por semana. La cuota mensual es de 15 quetzales, (1,95 dólares), cinco menos que la media municipal. La Asociación de Vecinos Pro-Mejoramiento de la Colonia El Mezquital (AVEPROCOMEZ), fue fundada en 1989. su actual secretario, David Luna, empleado público, recuerda cómo, hace seis años, el director del Centro de Salud El Mezquital anunció que se vería obligado a cerrar sus puertas porque no reunía las condiciones de limpieza y seguridad mínimas para funcionar. Además, el terreno que rodeaba el Centro, protegido sólo por malla metálica, era objeto constante de pillaje por parte de los pandilleros.
Héctor Gutiérrez, ingeniero y presidente de AVEPROCOMEZ, cuenta: “Organizamos rifas y solicitamos donaciones casa por casa. Nuestra prioridad era construir un muro perimétrico que protegiera las instalaciones, pero pronto nos dimos cuenta de que había más necesidades. Pensamos entonces en invertir los fondos iniciales en una obra que produjera ganancias suficientes para autofinanciarse y asegurar la conservación del Centro”.
Así nació un parqueo público, contiguo al centro de salud. “Esto era un basurero”, afirma Jacinto González, vicepresidente de la asociación, “nos tomó seis meses terminar la limpieza, cortar la maleza y nivelar el terreno”. El parqueo puede albergar hasta 35 vehículos y sus beneficios se utilizan para el mantenimiento del Centro y para pagar a un vigilante.
En medio del tráfico y la contaminación, el renovado Centro de Salud es un pequeño oasis: el pasto lo cubre todo, hay árboles, rosales y pájaros. El doctor Walter Méndez es uno de los tres médicos que trabajan allí: “Atendemos a cerca de 2.400 pacientes por mes, brindando consulta y medicamentos gratuitos.” Aunque la clínica pertenece al ministerio de Salud Pública, “la mayor parte de todo lo que se ve aquí ha sido obtenido gracias a las iniciativas de AVEPROCOMEZ”, afirma el doctor Méndez, que añade: “Estoy convencido de que éste es el centro de salud con mejor infraestructura de toda la zona metropolitana.”
Fondos provenientes del parqueo han sido además utilizados para comprar pupitres y otros muebles en el recién inaugurado Instituto de Educación Básica estatal, que fue entregado completamente vacío a los maestros designados por el ministerio de Educación para dirigirlo. La enseñanza primaria del barrio, por su parte, está cubierta por algunas escuelas privadas y, sobre todo, dos públicas y otras dos de la iglesia católica, que son casi gratuitas.
La inseguridad es la gran asignatura que queda pendiente en El Mezquital: “Todos estamos expuestos a ser asaltados en la calle o en nuestros domicilios, y la policía no hace nada al respecto” se queja José Luis Gutiérrez, residente de la Décima Calle, una de las más peligrosas del barrio. La amenaza que representan las pandillas de jóvenes, popularmente conocidas como “maras”, no es exclusiva a El Mezquital: un estudio publicado por la prensa local indica que en la capital operan aproximadamente 90 maras. Sólo en 1999, fueron detenidos más de 4.000 “mareros”, en su mayoría menores, acusados de consumo y tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, asesinato, abuso sexual y extorsión.
Fray Demsey Luarca, que dirige la parroquia Dios Con Nosotros, comparte esta preocupación: “Los niños que acuden a nuestra escuela son blanco fácil de los mareros, que los esperan a la entrada o salida de clases y los despojan del poco dinero que llevan para el refrigerio, de sus cuadernos e incluso de su ropa y zapatos.” Después de muchos esfuerzos infructuosos por lograr una mayor participación policial, Fray Demsey trató de establecer un sistema de vigilancia similar al utilizado en una comunidad aledaña, donde los residentes se alertan unos a otros por medio de silbatos cuando sospechan la presencia de delincuentes. Esta iniciativa no se pudo llevar a cabo, según el religioso, “porque la gente temía las represalias que puedan tomar las maras”.
Aunque existe una subestación de la Policía Nacional Civil en El Mezquital, con seis agentes permanentes, la confianza que la población deposita en ella parece ser mínima. Lo mismo ocurre a nivel nacional, ya que la joven fuerza de policía, creada en 1997 como resultado de los Acuerdos de Paz entre el gobierno y la guerrilla, carece aún de la experiencia y del equipo necesarios para garantizar la seguridad.
Para los residentes de El Mezquital las esperanzas de un futuro mejor están puestas en sus propios esfuerzos. Al terminar sus labores diarias como pequeño comerciante, Jacinto González a menudo colabora con otros pobladores en actividades comunitarias como la limpieza y pintura del edificio del instituto. “Hay quienes pueden aportar dinero”, afirma, “pero es más valiosa una hora de nuestro tiempo”. “Tengo 67 años”, dice Juana de Jesús, “pero me siento como de 15, y mientras pueda seguiré dando todo mi tiempo libre al trabajo de la cooperativa”. Nadie se atreve a ponerlo en duda.




Francisco Diaz*: “Guatemala, la sed de cambio.”

El factor de éxito más importante de El Mezquital es que el propio pueblo, formado en su mayoría por gente llegada del campo o hijos de campesinos con grandes deseos de integrarse en la sociedad urbana, era profundamente consciente de que vivía en condiciones intolerables. Sus representantes afirmaron pronto su voluntad de hacer de esta villa miseria una auténtica ciudad, transformando su aspecto físico y creando los servicios urbanos mínimos. Esta disposición viene de lejos: la sed de cambios de los guatemaltecos, siempre reprimida, se lee en los sobresaltos de su Historia. El Estado, acaparado por la guerra e incapaz de responder institucional y materialmente a ese anhelo, acallaba cualquier iniciativa popular, ya que, a sus ojos, éstas provenían de sus adversarios. La ausencia de Estado aguzaba la voluntad de renovación de los habitantes de El Mezquital. Paradójicamente, la destrucción general de la sociedad guatemalteca favorecía la aparición de estructuras autónomas.
En 1986, organizaciones humanitarias como UNICEF y Médicos sin Fronteras acudieron no para imponer sus soluciones, sino para catalizar un movimiento iniciado antes. Al llegar, no encontraron un vacío institucional: el pueblo de El Mezquital había escogido a sus representantes, más o menos democráticamente, al margen de cualquier proceso electoral oficial.
Los dirigentes de las organizaciones populares no tienen un perfil tipo. Se trata de cabecillas espontáneos, habitantes con un pasado sindical o político, o bien gente muy sencilla. No pueden entregarse sin límites. Como en cualquier empresa colectiva, los intereses personales, las luchas de poder o los desvíos de fondos son inevitables, pero menores que en otros lugares.
Los límites de este tipo de auto-organización popular que se da en El Mezquital se deben más bien a la ambigüedad de las relaciones que imperan entre las autoridades oficiales y las organizaciones locales. Los primeros aprecian que los segundos alivien parte de su peso ocupándose de los barrios explosivos. El poder municipal llega a “subcontratarlos” muy oficialmente, ya que la implicación de las agencias extranjeras de desarrollo es una especie de garantía para estos organismos locales. Pero ningún poder municipal ni estatal ve con buenos ojos la consolidación de estas organizaciones autónomas, cada vez más parecidas a un contrapoder, por lo que se esfuerza por controlarlas y frenar su crecimiento.
El coste financiero de este tipo de auto-desarrollo urbano es notable; el Banco Mundial estima en 1.300 dólares la inversión por familia entre 1994 y 1997. Los inversores extranjeros tienen que mostrarse perseverantes y modestos tanto en su comportamiento como en sus objetivos. Deben aceptar que lo que van a vivir es la vida, con sus altibajos…

* Actual responsable de agua, higiene y saneamiento de la ONG Médicos sin fronteras, trabajó durante diez años con organizaciones populares de El Mezquital.

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