Existe
consenso en que hasta ahora los sucesivos gobiernos han mostrado muy
poco interés en llevar a cabo una política eficiente contra la piratería. |
¿Son
los libros piratas como billetes falsos? ¿Deben ser destruidos? Polémica
en Chile entre magistrados, autores y editores.
Hace unos meses, la
cancha de baloncesto de una comisaría de Santiago de Chile se llenó
de unos curiosos jugadores: una montaña de libros, galeradas, tiras de prueba
y material de impresión que sobrepasaba los 150.000 ejemplares de productos
ilegales. Era el resultado de una operación policial llevada a cabo en tres
ciudades de Chile bajo supervisión de Carlos Escobar, juez suplente del Segundo
Juzgado del Crimen: la industria del libro pirata había perdido su primer
partido.
Pero la incautación de esos libros creaba un nuevo problema: ¿qué
hacer con ellos? En su investigación, el juez Escobar ordenó que fueran
entregados a las comunas más pobres de la capital y de otras regiones del
país. “Lo hice porque el juez dispone de la facultad de ver el destino de
lo incautado y si se quedaban en los tribunales esos libros se podían estropear”,
explica el magistrado, “porque este país es pobre y existe la tremenda necesidad
de que nuestros hijos lean. Y porque considero que quemar los libros es una barbarie”.
Esta decisión despertó reacciones muy variadas: a la opinión
pública en general le pareció una medida social interesante. Para algunos
autores, como la periodista Patricia Verdugo –cuyas numerosas obras de investigación
sobre la dictadura de Augusto Pinochet han sido ampliamente pirateadas–, el magistrado
tomó una decisión equivocada: “¡Con qué derecho quiere
regalar lo que no le pertenece!”, se indignó en una entrevista publicada por
el diario La Tercera. “Esos libros habría que destruirlos, como se destruye
la droga incautada.”
Su colega Hernán Rivera Letelier, autor muy apreciado en el país y
traducido a varios idiomas, no comparte su visión. Para él, la piratería
es incluso una vía de llegar a más gente. “Yo no estoy del lado de
los piratas, sino del de los lectores. Los que compran un libro mío en la
calle no son los mismos que lo comprarían en una librería, sino personas
más modestas que no pueden pagar los precios oficiales”, asegura. Falso, responde
Bartolo Ortiz, gerente general de la editorial Planeta en Chile: “Yo he visto gente
de lo más elegante comprando libros en la calle. Sencillamente creo que no
dan la misma prioridad a la lectura que a otras cosas.”
Lo cierto es que los editores apelaron la sentencia de Escobar y el juicio continúa.
Durante el año 2000 se incautaron en Chile 308.000 libros piratas correspondientes
a 400 títulos de varias editoriales. “Calculamos una pérdida de 25
millones de dólares”, afirma Eduardo Castillo, presidente de la Cámara
Chilena del Libro. “Somos de los primeros en piratería”, lamenta.
En Chile, el origen de la piratería editorial está ligado a la clandestinidad.
Algunos aseguran que detrás de las primeras ediciones ilegales estaban los
equipos de impresión del Partido Comunista, que en tiempos de la dictadura
(1973-1989) habrían publicado ejemplares de los Diarios del Che y otros libros
prohibidos. Hoy, distintos entrevistados del mundo del libro llegan a asegurar sin
dar nombres que hay empleados de las propias editoriales legales que se encargan
de comerciar con los originales de los libros para piratearlos, movidos, claro está,
por las sumas de dinero que perciben a cambio.
El
esfuerzo de los editores
Eduardo
Castillo niega este argumento y destaca los esfuerzos conjuntos del mundo editorial
por investigar, presentar querellas y recopilar información para sancionar
a los culpables. En este sentido, Pedro Bosch, abogado contratado por Editorial Sudamericana,
explica que en dos años de investigación su sello ha presentado 60
querellas con resultado de 200 imputados, 50 procesados y más de 30.000 libros
incautados. “Con éstos hemos podido lograr información de quiénes
son los piratas, crear una base de datos y frenar los daños, pero lo cierto
es que siguen con el negocio”, agrega.
Donde sí existe consenso entre autores, editores, vendedores e incluso magistrados
es que hasta ahora los sucesivos gobiernos han mostrado muy poco interés en
llevar a cabo una política eficiente contra la piratería. Aún
así, esperan que un estudio solicitado por el presidente Ricardo Lagos a la
Cámara del Libro, que será presentado este mes, revierta la situación.
Mientras tanto, en una esquina de la transitada avenida Providencia un vendedor ambulante
pide a su compañera que le traiga más Harry Potters. Ella acude a su
almacén improvisado detrás de un carrito de venta de helados y los
trae. Me intereso por un libro, le pregunto cuánto cuesta: 3.000 pesos aquí
y 9.500 en la librería. Me dice que vende “entre veinte y treinta lucas diarias”
(entre 35 y 53 dólares). El sueldo mensual de la mayoría de los chilenos
es de unos 625 dólares. Le comento que es un libro pirata. Responde que sí
y pregunta: “¿Lo va a llevar?”. |
