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Un
concepto de dimensión variable
Pese a haber
debatido el tema durante decenios, los expertos no se ponen de acuerdo a la hora
de definir la vida privada, la privacy de los anglosajones. Para Alan Westin, de
Estados Unidos, pionero en la materia, este concepto es “en parte filosófico,
en parte semántico, pero sobre todo sumamente pasional”.
El reconocimiento del derecho a la vida privada tiene profundas raíces en
la historia. En la Biblia hay frecuentes alusiones. La ley judaica reconoce desde
tiempos remotos el derecho a no ser vigilado. También existían formas
de protección en la Grecia clásica y en la antigua China. El juramento
hipocrático, 300 años a.C., garantizaba ya la confidencialidad de todo
lo tratado entre médico y paciente. En Occidente, una legislación en
vigor desde hace siglos protege contra las miradas y los oídos indiscretos.
A comienzos del siglo XIX, el parlamentario inglés William Pitt declaraba
que “el hombre más pobre, en su choza, puede desafiar todas las fuerzas de
la Corona. La casa puede ser frágil, la techumbre tambalearse y la lluvia
y la tormenta colarse en su interior. Pero el rey de Inglaterra no puede entrar,
ni sus ejércitos franquear el umbral de la vivienda, por ruinosa que sea”.
Por lo demás, el concepto de vida privada no es específicamente moderno
ni específicamente occidental. Aunque muchos Estados del Sur vacilen aún
en considerarlo un derecho fundamental, sus ciudadanos lo conocen muy bien.
La vida privada es como la libertad: cuanto menos se nos permite disfrutarla, más
nos hace falta. La noción de vida privada tiene un significado diferente según
las culturas. En Francia, se asimila a la libertad. En Estados Unidos forma parte
de los derechos del individuo, en particular para protegerse de la intromisión
del gobierno federal. Para varios países europeos consiste en la protección
de los datos personales. Para numerosos autores franceses y anglosajones, consagra
un espacio donde el individuo se encuentra a salvo de miradas ajenas y puede disfrutar
plenamente de sus relaciones con los demás.
“En cierto modo, todos los derechos humanos son aspectos del derecho a la vida privada”,
observaba Fernando Volio Jiménez, campeón de la democracia en Costa
Rica. Al fijar límites a la injerencia de la sociedad en nuestros asuntos,
pone sobre la mesa la cuestión del poder: el nuestro, el de las autoridades,
el de nuestra familia, el de nuestro empleador o el de nuestro vecino más
próximo. El respeto a la vida privada de los individuos puede servir incluso
para medir el margen de maniobra de una nación en el orden internacional.
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© Jean Lecointre, Paris
Edimburgo, en Escocia,
es el escenario de un episodio espectacular del eterno combate entre poder estatal
y libertad individual: el fichaje genético sistemático de la población
por una autoridad local, la Lothian and Borders Police.
Desde hace dos años, todo individuo detenido o encarcelado por la policía
es obligado a someterse a una prueba genética. Y da lo mismo que sea culpable
de homicidio, violación, robo, o de una simple infracción a la reglamentación
del tráfico.
El fichaje genético constituye una violación clarísima de la
intimidad de la persona, pero esta práctica de la policía cuenta con
un fuerte apoyo de los habitantes. Según un sondeo reciente, casi tres cuartas
partes de la población aceptarían someterse a este tipo de pruebas
en el marco de una pesquisa criminal.
Las pruebas genéticas interesan también al ministerio del Interior
y a algunos organismos estatales. La Child Support Agency, un organismo de defensa
del niño, acaba de declararlas obligatorias en los procedimientos en que está
en juego la presunción de paternidad. La ley dispone que la negativa a someterse
a ellas equivale a un reconocimiento de culpabilidad.
La propensión actual a exigir pruebas de ADN es una manifestación más
de una tendencia mucho más general. Antes, la vigilancia se ejercía
sobre individuos y grupos específicos. Ahora, los poderes públicos
y el sector privado las han extendido a casi todas sus actividades relacionadas con
nuestras finanzas, comunicaciones y estilo de vida. Aunque se declaren partidarios
del respeto a la vida privada, sostienen que la vigilancia es indispensable para
la protección del orden público y la eficacia económica. Por
discutible que parezca esta justificación, muchos se dejan convencer de que
es el precio que hay que pagar en aras del bienestar social.
Así pues, son muchos los países que se están convirtiendo en
“sociedades de vigilancia”. Nunca en la historia de la humanidad se había
acumulado tanta información sobre poblaciones enteras. En los países
industrializados se almacenan antecedentes sobre los adultos activos en unas 400
bases de datos centralizadas —lo suficiente para preparar un informe detallado sobre
cada individuo.
Está claro que el poder y la velocidad de tratamiento de las tecnologías
de la información aumentan vertiginosamente y que, en consecuencia, se multiplican
también las posibilidades de intromisión en la vida privada. Pero la
mayor capacidad tecnológica y su costo decreciente no son las únicas
amenazas. La mundialización de Internet suprime las barreras geográficas
(y las garantías jurídicas) que frenaban la circulación de la
información. Los sistemas modernos de información se vuelven más
compatibles y permiten intercambiar y tratar distintos tipos de datos. Además,
al combinar diferentes formas de comunicación y presentación de datos
e imágenes, el multimedia complica la labor del legislador deseoso de proteger
la vida privada.
Por ejemplo: la firma UK InfoDisc produce un CD-ROM que cruza los datos de los registros
electorales con los de la guía telefónica y la demografía. Así,
la información más elemental e inocente puede contribuir a elaborar
perfiles detallados de individuos. El número de teléfono de una persona
permite inmediatamente obtener su dirección. Su nombre y apellido conducen
automáticamente a saber su edad y profesión, etc. No cabe duda de que
las instituciones de financiación y de crédito, los detectives privados,
los periódicos, las empresas de marketing y la policía utilizan profusamente
este producto.
Es de temer que al acentuarse la dependencia en el plano de la información
entre el ciudadano y el Estado, por una parte, y el sector privado, por otra, se
reduzca la autonomía de los individuos. A medida que las decisiones de las
instituciones se automatizan, nuestras vidas están cada vez más supeditadas
a la circulación de datos personales. Y, en consecuencia, se agravan los riesgos
de abusos y de discriminación.
En el mundo industrializado la amenaza se vuelve muy seria. La identificación
sistemática de los individuos puede tener consecuencias irremediables. Los
gobiernos de los países en desarrollo se remiten a los países ricos
para equiparse de tecnologías de vigilancia: software de cifrado, escáners,
dispositivos de escucha, material de observación, sistemas de intervención
informatizados. Este “comercio de la represión”, como se lo llama, constituye
una lucrativa actividad adicional para la industria de armamentos. El sector informático
se empeña en presentar esta transmisión de tecnologías de la
información como un factor de progreso, pero los defensores de los derechos
humanos la consideran como un instrumento más de control político y
social.
En este contexto, resulta más difícil que nunca encontrar un justo
término medio entre autonomía individual y poder del Estado. Ningún
derecho fundamental dependiente de la acción de los poderes públicos
ha suscitado tanta agitación y controversias como el del respeto a la vida
privada. La comunidad internacional ha llegado a un consenso sobre la tortura, la
discriminación y el odio raciales, pero muchos gobiernos y empresas estiman
que el derecho a la vida privada es su peor enemigo. Aunque los sondeos no cesan
de demostrar la importancia que la opinión pública concede a su protección,
pocas voces se alzan para denunciar sus violaciones más flagrantes.
En Estados Unidos, la toma de huellas digitales de los beneficiarios de ayuda social
sólo suscitó tímidas protestas, en tanto que en Australia, los
intentos del gobierno federal de introducir un carné de identidad provocaron
manifestaciones de reprobación sin precedente. En cambio, así como
la legislación australiana que obliga a los bancos a señalar las transacciones
sospechosas se aprobó sin dificultades, en Estados Unidos su equivalente motivó
más de 250.000 cartas de protesta. En Alemania y Australia, las propuestas
de introducir servicios telefónicos digitales despertaron serios temores por
la vida privada. En Gran Bretaña, sin embargo, una tecnología idéntica
fue aceptada sin problemas.
Pero el enemigo número uno de la vida privada es el individuo bien intencionado
que declara: “No tengo nada que ocultar y por consiguiente, nada tengo que temer.”
¡Craso error! Cada uno de nosotros tiene su reducto personal. Nadie puede sostener
con sinceridad que su vida es como un libro abierto y que otras personas pueden leer
todas sus páginas, ya sean familiares, financieras o médicas. Y aunque
así fuera en un caso aislado, no podría servir para justificar la violación
de la intimidad de todos los demás.
El derecho a la vida privada va mucho más allá de la integridad y la
autonomía individuales. Constituye una prueba irrefutable para juzgar la fuerza
de una sociedad libre. Nos sirve para defendernos de las presiones del mundo exterior.
Nos permite fijar los límites de nuestras obligaciones. Es el que invocamos
para defender nuestra libertad individual y nuestra identidad. Es la base de la correlación
de fuerzas entre cada uno de nosotros y los demás.
El derecho a la vida privada es indisociable de la libertad de expresión,
y ambos evolucionan al unísono en las sociedades modernas. A medida que progresa
la sociedad de la información y lo virtual se adueña de nuestras existencias,
los poderes que ejercen el control se refuerzan y amenazan a uno y otro. Nadie duda
de que en el futuro estos dos derechos serán los pilares fundamentales de
todas las sociedades que aspiren a la libertad. |
