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El negocio de la intimidad

Evan Hendricks, redactor jefe y editor de Privacy Times, Washington DC.
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© Jean Lecointre, Paris


Todo el mundo coincide en reconocer que la vida privada es provechosa para la actividad económica, pero, ¿existe un mercado para las empresas que lo que ofrecen es protegerla?

Mientras que varias empresas han tenido que vérselas recientemente con la justicia y con la indignación del público por no haber respetado la confidencialidad de los datos personales de sus clientes, American Express es una de las sociedades que aspiran a sacar provecho de la vida privada.
El año pasado, esta central emisora de tarjetas de crédito lanzaba el “Pago Confidencial”, que permite a sus clientes conseguir en línea números de tarjeta de crédito “desechables”, válidos para una sola operación. En el caso de que alguien utilizara después fraudulentamente uno de esos números, no le serviría para nada.
Lo fundamental aquí es que la protección de la vida privada supone un “valor añadido” a un servicio ya existente. Además, American Express proyecta lanzar en 2001 una gama de servicios afines, por ejemplo la navegación anónima por Internet. Otras compañías rivales, Visa/Mastercard en particular, están siguiendo el ejemplo.
Por su parte, PrivaSys, con sede en San Francisco, ha patentado una tecnología que permite a las tarjetas de crédito generar un número desechable para cada compra. Cada tarjeta lleva un teclado numérico, una pantalla de cristal líquido, una minúscula batería y una pista magnética especial. El titular no tiene más que marcar su código confidencial de cuatro cifras en la propia tarjeta, y ésta genera el número desechable.
Pero la seguridad de los pagos es tan sólo una parte del mercado naciente de protección de la intimidad. Otras empresas ofrecen instrumentos de navegación anónimos o “pseudónimos”, programas de control de cookies (chivatos electrónicos) y servicios de protección contra los hackers o intrusos informáticos. Sólo el tiempo dirá cuáles de estas empresas llegarán a imponerse.
Lo que sí está claro es que la industria naciente del comercio electrónico evaluó muy mal la importancia de la confidencialidad. Si ésta no se respeta, el consumidor no se fía. Y el bajón que la industria “puntocom” experimenta en la actualidad pone de manifiesto lo cara que ha resultado esa mala evaluación.

La vida privada, un valor añadido
Ahora bien, la confidencialidad no sólo representa un problema muy serio para el comercio electrónico, sino también para los fabricantes de teléfonos móviles. Esta industria tiene un potencial aparentemente ilimitado de bombardearlos con servicios de información y localización, anuncios y cupones de descuento. El comercio de los celulares puede con razón alarmar a los usuarios: vigilancia constante por seguimiento, servicios no solicitados, aparatos para impedir las comunicaciones, recuentos detallados de los temas de interés y los movimientos del consumidor, y mecanismos de pago poco seguros.
Con todo, se ve que los fabricantes han aprendido algo de los errores del comercio electrónico. Hace unos meses, un seminario de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, que congregaba a los principales grupos de la industria del móvil, anunció unas reglas que obligaban a las empresas a obtener el consentimiento del consumidor antes de recopilar o utilizar sus datos personales. No se trata de altruismo: la industria ha comprendido que los consumidores no tolerarán que los servicios comerciales invadan sus teléfonos móviles contra su voluntad.
La reciente aparición de la vida privada en el terreno comercial permite llegar a la conclusión de que hay quienes están dispuestos a pagar más para resguardar su intimidad. Pero la lección más importante es que los consumidores no parecen muy animados a hacer más esfuerzos para proteger sus datos personales y, si un medio —por ejemplo Internet— les parece poco seguro, renunciarán a utilizarlo.
Es probable que el respeto de la intimidad se convierta en un “valor añadido” y genere un mercado para las empresas que sepan integrarlo en sus mecanismos de pago sin gravar excesivamente al consumidor.

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