La criptografía ayuda a romper el silencio de los guatemaltecos.
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La
verdad sobre Haití
Desde 1995,
Patrick Ball colabora con la Comisión de la Verdad en Haití. Tras haber
realizado unas 5.500 entrevistas, ésta documentó más de 18.000
denuncias de violación de los derechos humanos antes de analizar los datos
para averiguar la verdad de lo sucedido en Haití bajo el régimen militar,
concretamente entre 1993 y 1994.
“Al tomar la lista de todas las personas asesinadas y elaborar a partir de ella un
gráfico, se observó que los asesinatos políticos se acumulaban
en dos momentos distintos”, explica Ball. Cuando el equipo procedió a la comparación
temporal con otros hechos, descubrió que el aumento de las violaciones de
derechos humanos coincidía con la presencia en aguas territoriales de la isla
de un buque estadounidense cargado de tropas, posible anuncio de una intervención
militar.
“Lo interesante”, comenta el Dr. Ball, “era que muchos defensores del régimen
haitiano habían sostenido que esa violencia en las calles no era sino mero
ardor nacionalista, y que la culpa la tenía Estados Unidos con sus amenazas
de intervención. Pero con el tiempo se van viendo las mismas refriegas en
todo el país, lo que implica algún tipo de coordinación”.
La conclusión más lógica, según Ball, es que los grupos
paramilitares haitianos sembraron el terror en las calles, con la bendición
del Estado, para amedrentar a la sociedad haitiana y disuadirla de reclamar la intervención
de Estados Unidos y el regreso del presidente Aristide.
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“La
mayor parte de las actividades de la inteligencia no implican (...) pesquisas enrevesadas,
sino análisis y juicios prudentes de datos fácilmente accesibles.”
R.G.H.
Siu,
filósofo estadounidense
(1917-1999)
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De
Guatemala a Kosovo, los grupos de defensa de los derechos humanos se han iniciado
en una disciplina digna de las novelas de espionaje: la criptografía.
Una revolución
silenciosa se abre paso entre los grupos de defensa de los derechos humanos. Sin
manifestaciones estrepitosas ni protestas airadas, lugares como Guatemala o Kosovo
están en la vanguardia de esta mutación, cuyas armas son la electrónica
y la materia gris.
La informática y, más concretamente, los programas de criptografía
(que utilizan claves secretas para transformar los textos en una sucesión
de signos aparentemente aleatorios), están modificando sutilmente el equilibrio
de fuerzas entre los gobiernos represivos y las ONG que los vigilan. De Camboya a
El Salvador, las organizaciones populares recurren a programas informáticos
que les permiten registrar las violaciones perpetradas por el gobierno y ocultar
a continuación los datos para proteger a sus fuentes.
La
tecnología, aliada de las ONG
Uno
de los impulsores de esta revolución es Patrick Ball, subdirector del programa
de Ciencias y Derechos Humanos de la Asociación Americana para el Progreso
de la Ciencia (AAAS). Durante los últimos nueve años, Ball ha viajado
discretamente a distintos países, a raíz de guerras e insurrecciones,
para iniciar a los activistas de los derechos humanos en el arte del acopio de información,
y ha configurado y protegido las bases de datos correspondientes en El Salvador,
Guatemala, Haití, Etiopía, Albania, Kosovo y Sudáfrica.
Cuando Ball empezó a trabajar con ellos a comienzos del decenio de 1990, la
mayoría de los militantes de los derechos humanos estimaban que la tecnología,
durante tanto tiempo al servicio de gobiernos represores, era a todas luces su enemiga.
A Ball le costó muchísimo convencerlos de que se valieran de programas
informáticos cada vez más baratos para burlar al gobierno. Pero las
cosas están cambiando desde hace unos tres años.
“Esos grupos empiezan a comprender la inmensa capacidad de análisis que nos
proporciona la información en gran escala, y que sin la tecnología
es simplemente inaccesible”, afirma Ball. “Durante una visita a activistas en Camboya,
me llamaron la atención las montañas de papeles que se apilaban en
cada escritorio. Conseguir una sola cifra, por ejemplo, el número de violaciones
registradas en el país en el mes de julio, podía llevar un par de semanas.”
Según Ball, el abaratamiento de las computadoras y la facilidad de uso de
los programas informáticos facilitan mucho las cosas. Gracias a las bases
de datos, las hojas de cálculo y los programas de tratamiento de texto, muchas
organizaciones pueden hoy investigar las violaciones de derechos humanos con rigor
científico.
Esta precisión analítica es un arma poderosa, lógico blanco
asimismo de los adversarios políticos. La vida y la integridad de los testigos
que prestan declaración de exacciones cometidas por gobiernos suelen peligrar.
Por este motivo, “los militantes usan también la criptografía para
proteger los informes de sus pesquisas y la identidad de sus testigos, datos que
podrían comprometer la seguridad o la libertad de alguien”, explica Ball.
En Guatemala, la criptografía influyó decisivamente en el final de
los 36 años de silencio impuesto por el terror y la guerra civil, que se cobraron
la vida de más de 100.000 personas, indios mayas en su mayoría. Hasta
hace muy poco, obtener y publicar un testimonio como éste habría sido
imposible: “Mi hermana iba a hacer compras a Rabinal, pero cuando llegó al
caserío del Plan de Sánchez, el ejército ya estaba allí.
La agarraron y la violaron dentro de una casa. Violaron a quince muchachas y luego
las acribillaron a balazos. Más tarde la población las enterró
en un cementerio clandestino.” Esta declaración, tomada de un informe de la
AAAS y del Centro Internacional de Investigaciones sobre los Derechos Humanos (CIIDH)
de Ciudad de Guatemala, es uno de los 5.000 testimonios prestados entre 1994 y 1995
al CIIDH y otras organizaciones por personas que pidieron guardar el anonimato por
temor a las represalias. Y pudieron hacerlo gracias a la criptografía.
Testimonios
salvados por la criptografía
El
CIIDH fue uno de los primeros grupos del mundo que protegió su base de datos
por medio del PGP, el programa de criptografía más popular actualmente.
Empleados del Centro recorrieron a pie y a lomo de mulas zonas montañosas
y remotas de Guatemala llevando consigo ordenadores portátiles alimentados
por paneles solares para recopilar testimonios de personas obligadas por el ejército
a esconderse. Quemaron sistemáticamente todo rastro de su trabajo en papel
y cifraron los datos antes de enviarlos a analizar a la capital. Después mandaron
por correo electrónico copias codificadas por medio del PGP a un sitio seguro
en el extranjero.
Según Ball, Guatemala sigue siendo uno de los mejores ejemplos de adopción
de la tecnología por los militantes de los derechos humanos. No sólo
siguen usando programas de seguridad para proteger a sus testigos, sino también
con objeto de evitar que adversarios políticos se infiltren en las bases,
alteren la información y desprestigien la labor del grupo.
Sin embargo, en otros lugares “los grupos han optado por no recurrir a la criptografía,
porque el mero hecho de ocultar su labor llevaría al gobierno a considerarlos
una amenaza para la seguridad nacional”, aclara Ball. “Sinceramente, no creo que
ningún grupo de defensa de los derechos humanos represente una amenaza para
la seguridad. Pueden poner en apuros a algunos cargos del ejército o la policía
que han cometido atrocidades, pero todos los grupos que conozco están dedicados
a la democratización de su país y las libertades cívicas.”
A lo largo de todo el decenio pasado, el gobierno de Estados Unidos, por un lado,
y las ONG, por otro, libraron una batalla política sobre el derecho a utilizar
y compartir la criptografía con el resto del mundo, batalla que Ball estima
hoy terminada en ese país. “En resumidas cuentas”, dice, “el gobierno estadounidense
decidió que los costos económicos y en materia de libertad civil que
supondría reglamentar la criptografía eran de más peso que las
alharacas de los magistrados y los responsables de la seguridad nacional”, quienes
estimaban que ese instrumento sería un valioso auxiliar para delincuentes
y terroristas.
Ball afirma que hay Estados que han prohibido el uso de la criptogafía o esperan
hacerlo. Para evitarse problemas, muchos grupos no reconocen que la emplean. ¿Por
qué divulgar que una pantalla plagada de signos raros es en realidad la declaración
de un testigo presencial de matanzas y torturas?
El informe
titulado State Violence in Guatemala, 1960-1996: A quantitative reflection
puede consultarse en: http://www.hrdata.aaas.org/ciidh |
