© Jean Lecointre, Paris
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La
convención sobre la cibercriminalidad
En 1997, un
grupo de trabajo del Consejo de Europa, constituido por funcionarios de la policía
y el ministerio del Interior de algunos países miembros (Estados Unidos, Canadá
y Japón) acometió la redacción de una convención internacional
sobre la cibercriminalidad. Desde entonces se han redactado 25 versiones.
Contrariamente a lo sucedido con medidas similares adoptadas por la OCDE, no fueron
invitadas a participar las asociaciones de defensa de las libertades ni las organizaciones
de la industria. El comité se reunió a puerta cerrada durante varios
años y sólo dio a conocer un proyecto en abril de 2000. El Consejo
de Europa pidió entonces a los ciudadanos que enviasen observaciones vía
Internet. Pese a haber recibido centenares de mensajes, sólo introdujo en
el texto original modificaciones insignificantes.
La convención es esencialmente represiva y apenas menciona las libertades
públicas, los derechos humanos o los intereses económicos de las empresas.
El postulado fundamental es que se prohíbe todo lo que no esté expresamente
autorizado. En el primer capítulo se crean nuevas categorías de delitos
informáticos. La convención amplía también la definición
de piratería informática para que abarque la violación de contratos
y condiciones de servicio en los sitios web. El “deep linking”, que permite eludir
la página de entrada (y la publicidad ) de un sitio comercial e ir directamente
a una página interior, constituirá una infracción. Asimismo,
los proveedores de acceso, aunque no tengan conocimiento de ello, pueden ser perseguidos
criminalmente si sus usuarios se conectan con sitios de pornografía infantil.
Y el simple ciudadano también incurrirá en responsabilidad penal si
introduce información inexacta en los formularios de la red con objeto de
proteger su vida privada.
También se da a los Estados atribuciones muy amplias en materia de intervención
de líneas telefónicas, recogida en tiempo real de datos relativos al
tráfico, así como para la búsqueda y la incautación de
información.
Lo más sorprendente es que en el texto del proyecto se omiten ciertos principios
de protección de los derechos humanos preconizados desde hace mucho tiempo
por el Consejo de Europa. Al preguntársele públicamente por qué
en el proyecto no se contemplaba ningún procedimiento de protección
de las libertades, el presidente respondió que sería demasiado engorroso
dictar normas sobre la vida privada, admitiendo quizás sin querer que los
miembros del grupo sabían muy poco sobre el tema.
Últimamente, las ONG de la GILC y las organizaciones patronales, encabezadas
por la AT&T y la Cámara de Comercio Internacional, han empezado a trabajar
de consuno contra la convención. A las empresas les preocupa en primer término
el costo de reestructuración de los sistemas y el desempeño de actividades
de vigilancia por cuenta de los Estados. Y temen también que se las responsabilice
de los actos de sus usuarios o de otras terceras partes.
Está por ver si esta alianza entre las ONG y las empresas obtendrá
una revisión o una suspensión de la convención, lo que anularía
los resultados de años de negociaciones secretas.
www.gilc.org/privacy
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Algunas
empresas y asociaciones de internautas han lanzado una ofensiva contra un proyecto
de convención sobre la cibercriminalidad. Aunque la unión hace la fuerza,
¿podrá prosperar un movimiento tan heterogéneo?
Cuando usted lea este
artículo, el Consejo de Europa estará dando amplia difusión
a un proyecto de tratado para obligar a sus Estados miembros y a otros países
a redoblar la vigilancia y a invadir la intimidad de los individuos en nombre de
la prevención de la “cibercriminalidad” (ver recuadro). Sin embargo, una
coalición ecléctica de asociaciones cívicas y de empresas ha
lanzado una ofensiva contra esta convención, oponiéndose a diversas
leyes nacionales y normas internacionales discutibles.
No es de extrañar que la primera campaña de defensa de la vida privada
frente al deleznable “chip del secreto”, el Clipper Chip haya surgido en Estados
Unidos, bastión de Internet. Según las autoridades, este dispositivo
criptográfico será esencial para la protección de las comunicaciones
orales privadas. Dos organismos federales conocerán las “claves” indispensables
para el descifrado, que sólo podrán facilitar por “orden judicial”.
Las personas celosas de su vida privada advirtieron muy pronto el peligro, habida
cuenta sobre todo de pasadas actuaciones del gobierno federal en materia de vigilancia
ilegal de particulares. En 1994, 50.000 personas —una proporción apreciable
de los internautas de ese entonces—, firmaron la ciberpetición más
importante hasta esa fecha contra el proyecto, que fue abandonado poco después.
Lo que más llama la atención en la batalla por la protección
de la vida privada tal vez sea la diversidad de los sectores participantes. En 1996
se produjo una intensa movilización, que agrupaba a la vez a asociaciones
de inmigrantes, propietarios de armas de fuego, liberales y conservadores, unidos
contra una legislación que haría mucho más expedita la intervención
de las líneas telefónicas y facilitaría las investigaciones
sobre las organizaciones políticas. Y una vez más, gracias a la capacidad
de organización y difusión de la información que tiene Internet,
terminaron por lograr el abandono del proyecto.
Pero esta cooperación circunstancial tenía una base muy precaria. Por
ejemplo, hubo una estrecha coordinación entre grupos de defensa de las libertades
públicas y ciertas industrias para oponerse a la Communications Assistance
for Law Enforcement Act de 1994, que obliga a los operadores de telecomunicaciones
a modificar sus equipos, instalaciones y servicios a fin de someterse a una vigilancia
electrónica. Sin embargo, cuando el gobierno prometió fondos públicos
a la industria para aplicar la ley, ésta se alejó rápidamente
de la coalición. Más adelante, sus representantes cambiaron nuevamente
de opinión y demandaron al Estado por no respetar las modalidades de aplicación,
litigio que aún no está resuelto.
Los
intereses económicos dominan el debate
Con
la expansión de Internet, la batalla por el derecho a la vida privada se internacionaliza.
En la mayoría de los países de Europa Occidental hay al menos una organización
de defensa de las “ciberlibertades”, al igual que en Japón. También
las asociaciones de defensa de los derechos humanos empiezan a interesarse por el
problema. Basta que un solo gobierno prohíba la libre expresión en
Internet para que el asunto adquiera proyección mundial.
Durante decenios, organizaciones como la OCDE (Organización de Cooperación
y Desarrollo Económicos), el Consejo de Europa y la Unión Europea (UE),
han elaborado normas sobre la vida privada, la libertad de expresión y otros
aspectos relacionados con las libertades públicas. Aunque algunos gobiernos
han hecho hincapié en la defensa de los derechos humanos, a todas luces los
intereses económicos han dominado el debate. Hoy, Estados Unidos acentúa
las presiones sobre los gobiernos para imponer la vigilancia en todas partes del
mundo. Según los defensores del derecho a la vida privada, se trata de una
“operación de blanqueo” consistente en que los demás Estados acepten
proyectos controvertidos como el Clipper Chip, lo que obligará al Congreso
de Estados Unidos a acatar disposiciones que inicialmente había rechazado.
Como respuesta, en 1996 surgió un nuevo frente de oposición: la Global
Internet Liberty Campaign (Campaña mundial por la libertad en Internet, GILC),
iniciada por el Electronic Privacy Information Center (Centro de Información
sobre la Privacidad Electrónica), Human Rights Watch y la American Civil Liberties
Association. Esta alianza representa actualmente a más de 50 ONG de unos treinta
países. La GILC funciona por consenso y las organizaciones que la integran
proponen acciones concretas, como el envío de cartas a los dirigentes mundiales,
la preparación de informes y la organización de conferencias.
La GILC y organizaciones como el Trans-Atlantic Consumer Dialogue (Diálogo
Transatlántico entre los Consumidores, TACD) han logrado intervenir en el
proceso de decisión política. Tal vez la señal más tangible
de su éxito sea la frecuencia con que son invitadas a participar en la reuniones
de la OCDE. Pero el movimiento sólo ha abierto una brecha: el próximo
paso consiste en fortalecer el papel de las ONG fuera de Estados Unidos y el problema
es el eterno talón de Aquiles de los movimientos de este tipo: la falta de
fondos. |
