¿Un lujo de países ricos? Rohan Samarajiva, profesor visitante de la Universidad de Tecnología de Delft (Países Bajos). Director de Programas Externos de LIRNE.net (Learning Initiative for Reforms in Network Economies). Ex director general de Telecomunicaciones de Sri Lanka. A lo largo del último decenio, el discurso y, hasta cierto punto, la práctica en relación con la vida privada han experimentado un gran cambio en los países ricos. El derecho a la intimidad, considerado antaño preocupación minoritaria de algunos militantes paranoides, ocupa hoy un lugar central en los debates sobre el comercio electrónico y la sociedad de la información. ¿Es esta inquietud exclusiva de los países ricos? El derecho a la vida privada en Internet y en las telecomunicaciones, ¿no existe como tal preocupación en los países del lado pobre de la línea divisoria digital? ¿Es éste un derecho humano sin carácter universal? Planteo estas preguntas desde mi doble condición de estudioso y de antiguo alto funcionario encargado del tema. En los países pobres hay muy poca preocupación por el asunto, si es que hay alguna. La realidad es que el derecho a la vida privada apenas tiene cabida en sus programas respectivos. En Sri Lanka, por ejemplo, lo más probable es que la prioridad sea la guerra civil y los problemas conexos de seguridad, costo de vida y desempleo, y no el derecho a la intimidad. Incluso centrándose exclusivamente en Internet y las comunicaciones telefónicas, lo más importante sería conseguir un simple teléfono. La actitud ante el número de teléfono puede servir para evaluar el interés por salvaguardar la intimidad. En el estado de Nevada, en Estados Unidos, más del 50% de los números de teléfono particulares no figuran en la guía. Rara vez aparece el número de teléfono del domicilio en la tarjeta de visita de los hombres de negocios estadounidenses. Sin embargo, sería insólito que no figurara en la de un negociante de mi país. En la placa del edificio del Tribunal de Colombo, la capital, está grabado el teléfono particular del juez supremo. En 1998-99 presidí una audiencia pública con objeto de mejorar las facturas telefónicas agregando detalles sobre las llamadas que no aparecían hasta entonces. Para asombro mío, sólo una de las más de 400 ponencias públicas aludía al tema del derecho a la intimidad, quejándose de que las facturas se enviaran al usuario sin sobre. Antes de la audiencia, la principal compañía telefónica no recogía ni facilitaba detalles sobre las llamadas, lo que tenía sus ventajas para la vida privada, pero daba lugar a numerosas protestas y reclamaciones de los consumidores. La audiencia tuvo que decidir cómo ofrecer más información. ¿No apoya esto la tesis de que la noción de vida privada no es universal? La investigación académica sostiene lo contrario. El erudito estadounidense Irwin Altman ha demostrado que su esencia –la capacidad de negociar explícita o implícitamente los límites de las relaciones sociales– es transcultural. Lo que cambia de una cultura a otra es la forma concreta que adopte. Es lógico que en Estados Unidos exista un gran interés por salvaguardar la intimidad en Internet, pero no en Sri Lanka, donde hay menos de cuatro aparatos telefónicos por cien habitantes. Hay quienes insisten mucho en la importancia de las fuerzas externas como motores de las políticas relacionadas con la vida privada en los países que no tienen acceso a la revolución digital. Al preparar los elementos de la infraestructura jurídica de la información y las comunicaciones para el gobierno de Sri Lanka, a finales del decenio de 1980, me pareció más convincente la idea de que nuestras políticas en la materia deben ajustarse a las normas de la Unión Europea en aras de nuestras relaciones comerciales. Pero el argumento exterior por sí solo no tiene mucho peso. Las políticas requieren apoyo público para ser efectivas. Quienes abogan por el respeto de la vida privada, deben tener muy presente la extraordinaria importancia que reviste la educación del público. Si algo aprendí en la audiencia pública antes citada fue la necesidad de transformar las ideas abstractas en ejemplos prácticos de la vida cotidiana de los ciudadanos.