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Un avión de la Policía Nacional de Colombia fumiga plantaciones de
amapola en el estado de Huila.
En la frontera sur está plantada más de la mitad de la coca del
país.
Niños jugando en un campo de coca fumigado en enero de 2001.
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La
cocaína en Colombia
Colombia es
el principal productor de hoja de coca y de pasta básica de cocaína
del mundo. Según cifras publicadas en marzo de 2001 por el Departamento de
Estado norteamericano, hay en el país cerca de 140.000 hectáreas dedicadas
al cultivo de hoja de coca. La cantidad de cocaína que se produce anualmente
en Colombia se estima en 580 toneladas. En Colombia, la coca no tiene un arraigo
cultural tan grande como en Bolivia u otros países andinos, aunque sí
se usa tradicionalmente con fines medicinales, sobre todo entre las comunidades indígenas
de la Amazonia. Sin embargo, su uso legal no ha sido previsto por la ley, como sucede
en algunas regiones de Bolivia.
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La
llamada “guerra contra la coca” en Colombia, patrocinada por Estados Unidos, acaba
con selvas y bosques y amenaza la salud de medio millón de campesinos e indígenas.
A
primera
vista una hoja de coca no es nada impresionante. Es el producto de un arbusto poco
atractivo. Pero si una de sus hojas verde claro se pone al trasluz, se torna amarillenta
y se observa una serie de venas que parecen conducir una sustancia hacia el centro.
Ahí está el narcótico por el cual hoy se matan en Colombia 15.000
guerrilleros izquierdistas y 8.000 paramilitares ultraderechistas. El aparato militar
clandestino de ambos depende de la economía subterránea de la coca.
El narcotráfico es aquí el motor de la guerra como lo son los diamantes
en Sierra Leona.
En los últimos quince años, el fenómeno convirtió a Colombia
en prioridad para la política de seguridad nacional de Estados Unidos, que,
como primer país consumidor de cocaína, influye en forma directa en
la política antidrogas colombiana a través de presupuestos millonarios,
de equipo militar para reprimir al narcotráfico y de sanciones políticas
y económicas. El interés estadounidense ha crecido a tal punto que
el llamado Plan Colombia, principal proyecto de Gobierno del actual presidente Andrés
Pastrana, recibió una ayuda de 1.300 millones de dólares.
La tesis de Pastrana, secundada por Washington, es que si se acaba con toda la coca
sembrada en Colombia la guerra en este país quedará sin financiación,
se podrá negociar la paz con los grupos al margen de la ley, y no habrá
cocaína para vender en las calles norteamericanas. Para lograrlo en un plazo
de cinco años se diseñó una ofensiva militar que incluye la
creación de tres batallones antinarcóticos y de una flotilla aérea
encargada de fumigar los cultivos ilegales con un veneno llamado glifosato. ¿Es
la decisión correcta? Organizaciones no gubernamentales que defienden el medio
ambiente, como Acción Andina, consideran que se trata de una política
de tierra arrasada. Y delegados de la Unión Europea condenan el programa porque
no prevé soluciones integrales para las comunidades que viven de la coca.
Por su parte, el Gobierno colombiano reconoce que al menos medio millón de
personas –unos 450.000 campesinos y 50.000 indígenas– dependen en forma directa
del cultivo y procesamiento de la coca. Aún así, en diciembre de 2000
inició una fumigación secreta y masiva de cocales con glifosato, una
sustancia de color rosáceo que combate plagas en todo tipo de cultivos.
Según la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional,
en enero de 2001 30.000 hectáreas de sembrados habían recibido la lluvia
del químico.
La
cocaína, motor de la guerra
El glifosato se utiliza desde 1984 para la erradicación de marihuana. Diez
años más tarde, el Gobierno autorizó su uso en los páramos
andinos para erradicar los cultivos de amapola, una flor de color violeta de cuyos
botones se extrae un líquido blanco y espeso que es la base del látex
a partir del cual se producen opio, morfina y heroína.
Aunque el glifosato ha sido prohibido en estados norteamericanos como Florida, donde
su uso en la región de los Everglades para atacar cultivos de marihuana fue
desestimado “por la falta de certeza respecto a sus efectos sobre el medio ambiente”,
las autoridades colombianas exhibieron estudios respaldados por el Instituto Colombiano
Agropecuario que aseguran que su toxicidad es baja tanto en seres humanos como en
flora y fauna. Para acallar el creciente número de críticas, las autoridades
se comprometieron a poner en práctica un Plan de Manejo Ambiental que garantizara
que el químico sólo iba a ser utilizado contra las plantas ilegales
y no contra el entorno o las personas. Seis años después, ese Plan
es sólo un documento que sigue en corrección en el escritorio del ministro
del Medio Ambiente, Juan Mayr, mientras la lluvia de veneno ya cubrió más
de 300.000 hectáreas de selvas y bosques.
Graves
consecuencias
Organismos de control como la Defensoría del Pueblo han comprobado desde entonces
que el glifosato causa daños irreparables a las personas y al medio ambiente
prácticamente en todos los lugares donde se usa. El más reciente estudio
de esa entidad se realizó a propósito del inicio del Plan Colombia
en el departamento de Putumayo, una provincia limítrofe con Ecuador en la
que está sembrada la mitad de la coca que hay en el país.
El pasado 11 de enero, representantes de cuatro comunidades indígenas denunciaron
daños a los cultivos de productos alimenticios de primera necesidad (maíz,
plátano, yuca y hortalizas) y a su salud, así como la muerte de animales.
Entre el 15 y el 25 de enero de 2001, una comisión de la Defensoría
visitó la región junto con funcionarios especializados del Alto Comisionado
de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), y concluyó: “El panorama es
desolador. Hay destrucción indiscriminada de selva, de cultivos legales, de
plantas medicinales y de estanques piscícolas. La migración de la fauna
es evidente, así como la contaminación de ríos y la disminución
de la actividad productiva de la región.”
En las personas, afecciones cutáneas y gastrointestinales, fiebre, dolores
de cabeza, mareo, gripa y vómito fueron los males más comunes observados
por la Defensoría. Por su parte, la Policía y la Dirección Nacional
de Estupefacientes, autoridades encargadas de realizar las fumigaciones, aseguran
que éstas se hacen con un margen de error mínimo gracias a la localización
exacta de los cultivos de coca a través de información satelital y
aerofotografías. Pero factores como el viento o el clima ocasionan que el
glifosato caiga hasta 150 metros por fuera de los cocales, según comprobó
la Defensoría.
El impacto social es grande. Ya hay caseríos abandonados y se calcula que
20.000 personas han abandonado sus parcelas para huir de la ofensiva militar. Por
esta razón, a mediados de 2000 el ACNUR tuvo que activar un plan de contingencia
en la zona fronteriza de Lago Agrio (Ecuador) con varios campamentos listos para
atender a posibles refugiados.
“Las evidencias fueron tales que pedimos la suspensión inmediata de las fumigaciones
y la indemnización de los afectados, cuya subsistencia se encuentra seriamente
amenazada”, asegura el Defensor del Pueblo, Eduardo Cifuentes. Para él, es
evidente que no existe una coordinación efectiva entre las diversas autoridades
estatales encargadas de dirigir la lucha antidrogas y las que tienen como responsabilidad
preservar el medio ambiente.
La
opción de la erradicación manual
Entre cocales ardientes por los 35 grados centígrados de temperatura, bajo
la amenaza de guerrilleros, paramilitares y aviones de fumigación viven campesinos
como Aicardo Loaiza, un hombre de 48 años que llegó al Putumayo en
1968 atraído por la fiebre del arroz. Hoy tiene una esposa, 13 hijos y está
cansado de cultivar coca “para los patrones”. Vive en el corregimiento Santana y
busca convencer a 500 de sus vecinos de que la única salida es firmar un pacto
con el gobierno para erradicar la coca en forma manual y voluntaria a cambio de que
no los fumiguen y de que les brinden posibilidades de sembrar productos legales.
“Mírenme, mírense ustedes. Somos el fruto amargo de esta maldita coca.
La hemos tenido durante 20 o 30 años y sólo nos ha dejado a unos en
la ruina y a otros en la cárcel o en el cementerio.” Sus manos de recolector
de coca consumado, de “raspachín” como los llaman los narcotraficantes, fueron
las primeras en firmar un acuerdo con el Gobierno para que la coca se acabe “por
las buenas y no a punta de veneno”. Para él, ésta es la única
posibilidad de solución. Durante los últimos cuatro meses, 5.000 familias
como la de Aicardo han tomado ese camino. Son dueños de pequeños cultivos
de coca que no sobrepasan las diez hectáreas. Recolectan entre tres y seis
cosechas por año, la empacan en bultos y la transportan por río hasta
el laboratorio de procesamiento más cercano. En medio o al lado de sus arbustos
de coca crece plátano, yuca, maíz, frutales y plantas medicinales.
Si los fumigan desde el aire su vida se acaba de un tajo.
El Gobierno firmó con ellos pactos de erradicación que implican que
antes de un año habrán de arrancar de raíz sus matas de coca
a cambio de poder beneficiarse de programas integrales de desarrollo alternativo.
En su caserío la propuesta puede funcionar, porque ya se construyó
una planta de procesamiento de palmito y de frutas que garantiza la subsistencia
de las familias que adhirieron al pacto.
El
argumento oficial
Para los campesinos y para las organizaciones defensoras del medio ambiente éste
sería el esquema ideal para acabar con la coca sin causar más daños
al ecosistema. Sin embargo, los recursos destinados por el Plan Colombia al desarrollo
alternativo resultan mínimos comparados con el presupuesto para operaciones
militares y de fumigación: el aporte de Estados Unidos reserva 300 millones
de dólares para inversión social frente a los 1.000 millones dedicados
a inversión militar.
Otro obstáculo para los pactos sociales es que esta política no funciona
con los grandes coqueros, aquéllos que manejan sembrados de cien hectáreas
o más y tienen detrás aparatos armados ilegales. Según Gonzalo
de Francisco, asesor del presidente de la República y coordinador del Plan
Colombia en Putumayo, “ahí al Gobierno no le queda otra opción que
la acción militar y la fumigación aérea”.
Entrevistado para este reportaje, el Director Nacional de Estupefacientes o “zar
antidrogas” colombiano, Gabriel Merchán, dijo: “El daño al entorno
ambiental se produce fundamentalmente de parte del narcotráfico y no se escuchan
voces de protesta contra eso. Las controversias se limitan a condenar el uso del
glifosato a pesar de que lo hemos utilizado basados en las leyes nacionales y en
los cánones internacionales.” El ministro de Medio Ambiente, Juan Mayr, comparte
esa opinión, y ambos esgrimen para apoyarla el hecho de que “los narcotraficantes
han deforestado 600.000 hectáreas de selvas y bosques y utilizan 75 químicos
más letales que el glifosato”.
Tomás León Sicard, investigador de la Universidad Nacional de Colombia
experto en Medio Ambiente y Desarrollo, estima que las partes en cuestión
deben desprenderse de sus ataduras políticas y entender la profundidad del
tema. Para él, ese entendimiento es urgente, porque en Colombia los escenarios
de la lucha se dan en las áreas rurales y en los ecosistemas más frágiles
y biológicamente más diversos, como la Amazonia. Su invitación
es a salvarlos, puesto que “en las tierras situadas dentro de la frontera agrícola
hay suficiente campo para todos”, afirma.
Acción
popular en los tribunales
La activación del Plan Colombia, las fumigaciones masivas y las denuncias
campesinas llevaron a los ambientalistas a tomar cartas en el asunto. Tras la ola
de presiones, hace pocas semanas el Departamento de Estado de Estados Unidos admitió
por primera vez que durante las fumigaciones se pueden cometer “errores” y contempló
la posibilidad de cambiar la estrategia de erradicación si se demuestra que
hay otra más efectiva. Por ahora las propias cifras que manejan las autoridades
antinarcóticos demuestran que a mayor número de hectáreas de
coca fumigadas se genera un mayor número de hectáreas sembradas. Los
sembrados simplemente se desplazan de una provincia a otra porque el caldo de cultivo
sigue activo: pobreza, desempleo, abandono del Estado, conflicto social y una creciente
demanda de cocaína desde el exterior.
En estas circunstancias, una alternativa para obtener una solución distinta
a la represiva es la judicial. Gracias a los abogados Claudia Sampedro y Héctor
Suárez, expertos en derecho ambiental, un Tribunal Administrativo de Colombia
admitió una demanda de acción popular que busca que el Gobierno responda
por los daños causados al medio ambiente y a las personas con las fumigaciones.
“Por primera vez la sociedad colombiana se vale del estado de derecho para que el
medio ambiente sea respetado por el Gobierno y para que éste responda por
los daños causados, suspenda las fumigaciones y cumpla sus funciones en materia
preventiva”, explicó Sampedro, especializada en derecho internacional del
medio ambiente.
¿Cómo es posible que hayan transcurrido más de quince años
de fumigaciones sin que las autoridades aplicaran planes de protección ambiental?
¿Quién responde por esa omisión y por los daños irreparables
que se causaron? El tribunal tendrá que dar respuestas prontas porque ahora
el debate se traslada a los estrados judiciales. El siguiente paso de los reclamantes
será instaurar una demanda internacional contra las autoridades antinarcóticos
por atentar contra un patrimonio de la humanidad: la Amazonia.
Más información:
http://usinfo.state.gov/espanol/
http://www.presidencia.gov.co
http://www.mediosparalapaz.org |
