La policía nepalesa controla los gases de los autobuses en Katmandú,
una de las ciudades más contaminadas de Asia.
Un lago cerca de Bopal (India) seco por la canícula.
El estudio de lós glaciares de Vostok (Antártida) muestra la relación,
durante 400.000 años, entre cantidad de gas en la atmósfera y temperaturas
en la superficie de la tierra. |
El
16 de julio próximo se inicia en Bonn una nueva Conferencia Mundial sobre
el Clima, la séptima dedicada a ese tema. Los científicos confirmarán
allí sus pronósticos alarmantes y los políticos resistirán.
¿Por qué?
Desde la celebración
en 1992 de la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, nueve años de
negociaciones internacionales no han dado ningún resultado tangible para contrarrestar
el calentamiento. Sin embargo, algo ha cambiado: la comunidad científica ha
acumulado una información abundante sobre la magnitud de ese fenómeno
y sus causas, lo que la autoriza, más que nunca, a alertar a los poderes públicos.
Por su parte, la opinión pública se inquieta cada vez más por
el problema. Pero, como escribe Benjamin Dessus, miembro francés del Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC): “Nos encontramos
frente a una auténtica paradoja: la voluntad del Estado sigue siendo deficiente,
como si el conocimiento paralizara la acción en vez de alimentarla.”
El calentamiento climático ya no es objeto de controversia. En el siglo XX,
con un aumento medio de 0,6ºC, se registraron las temperaturas más elevadas
de los últimos diez siglos. Por su parte, los dos últimos decenios
fueron los más calurosos del siglo.
Toda una serie de fenómenos acompañan el aumento de las temperaturas,
como el retroceso casi general de los glaciares o el 40% de reducción (de
3,1 m a 1,8 m), en medio siglo, del casquete polar ártico.
Los científicos aún no están en condiciones de establecer con
certeza correlaciones entre el calentamiento climático y la multiplicación
de episodios catastróficos —sequías, tempestades o inundaciones. Sin
embargo, como destaca el físico francés Hervé Le Trent, tales
episodios “ilustran lo que puede suceder si prosigue el calentamiento.”
¿Es éste un calentamiento cíclico, como siempre los ha habido
en el planeta, o son las emisiones de gases con efecto de invernadero, ligadas a
la actividad humana, las que crean una nueva situación? Los expertos defienden
esta última posición en forma casi unánime. La concentración
en la atmósfera del principal gas con efecto de invernadero, el anhídrido
carbónico (CO2), no cesa de aumentar: pasó de 280 partes por millón
(ppm), en los albores de la revolución industrial, a más de 360 ppm
en la actualidad. Las estimaciones, para fines del siglo XXI, las sitúan entre
540 y 970 ppm.
Mayor
desequilibrio
Dentro
de la comunidad científica, hace tiempo que hay conciencia de la situación.
La primera Conferencia Mundial sobre el Clima se celebró en Ginebra en 1979.
Nueve años más tarde, la Organización Meteorológica Mundial
y las Naciones Unidas crearon el IPCC. Esta red mundial de más de 3.000 investigadores
y expertos publicó tres informes sucesivos (en 1990, 1995 y 2001), cada uno
más inquietante que el anterior. Al publicarse el último, a comienzos
de 2001, Klaus Tœpfer, Director del Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente, declaró que el consenso científico que se había logrado
ahora debía ser una señal de alarma para todos los gobiernos.
El nuevo informe revisa al alza los pronósticos anteriores. Prevé un
aumento de las temperaturas –sin precedentes desde hace 10.000 años– de 1,4
a 5,8ºC para 2100 y un incremento del nivel de los océanos de 10 a 90
cm. La segunda parte del informe expone las consecuencias económicas y sociales
del calentamiento. Las zonas favorables al paludismo y al cólera van a extenderse,
las cosechas disminuirán en la banda tropical y subtropical, en las regiones
áridas y semiáridas los episodios de sequía serán más
frecuentes.
El calentamiento acentuará el desequilibrio Norte-Sur porque los países
pobres serán los más afectados, pero también porque los que
disponen de recursos más escasos tienen capacidades de adaptación más
débiles. En 2050, según las previsiones más fiables, la población
mundial habrá aumentado en tres mil millones para alcanzar nueve mil millones
de habitantes y el consumo de energía se habrá multiplicado por un
factor de 1,5 a 2,7. Los combustibles fósiles –responsables del efecto de
invernadero– seguirán representando de 75 a 80% del consumo total de energía,
la energía nuclear de 4 a 7% y las energías renovables (eólica,
solar, hidroeléctrica), en el mejor de los casos 20%.
Las
soluciones posibles
Se
espera que se produzcan diversos accidentes climáticos (fenómenos que
por el momento escapan a la modelización). El más temido es la modificación
de las corrientes oceánicas, que permiten los intercambios térmicos
entre regiones frías y cálidas del planeta. Según dos investigadores
suizos, Thomas Stocker y Andreas Schmittner, la circulación de la corriente
en el Atlántico Norte –la Corriente del Golfo– podría interrumpirse
a partir de un índice de 750 ppm de CO2 en la atmósfera. Ahora bien,
se prevé que en el curso del siglo XXI se llegará a una concentración
semejante.
Para estabilizar las emisiones de gases con efecto de invernadero, los especialistas
sugieren conjugar diversas soluciones técnicas. Éstas van de la utilización
de aparatos más económicos (lámparas de baja tensión,
por ejemplo) a la cogeneración (producción conjunta de calor y electricidad),
pasando por el desarrollo de las energías renovables, solar o eólica.
Pero si desde hace 10 años la industria ha reducido sus emisiones a escala
mundial (éstas representan aún 19% del total), el transporte, en cambio,
ha aumentado las suyas en 75%.
Para el francés Benjamin Dessus, el futuro depende menos de las innovaciones
tecnológicas que de las prioridades en la elección de las infraestructuras.
Para simplificar: los chinos y los indios, ¿elegirán la civilización
del automóvil o la del ferrocarril? Y, explica, la reflexión sobre
las infraestructuras de transporte se aplica a todas las demás redes: energía,
telecomunicaciones… Más vale invertir en pequeños yacimientos de energía
fósil (carbón o petróleo) destinados a un consumo local –sería
menos oneroso en energía–, que instalar pesadas infraestructuras, incluso
para transportar una energía más limpia.
Más allá de estas reflexiones, los científicos se niegan como
es natural a ocupar el lugar de los políticos. En 1992, en Río de Janeiro,
los países participantes firmaron la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático. Ésta se basa en dos principios: no
poner en peligro el desarrollo económico de los países del Sur y estabilizar
las concentraciones de gases a un nivel que evite toda perturbación peligrosa
del clima, y se pide a los países industrializados un esfuerzo en tal sentido.
Los 156 países que ratificaron esta convención siguen obligados en
virtud de su firma, lo que concierne incluso a Estados Unidos, pese a su reciente
cambio de actitud.
Desde entonces, seis conferencias sobre el clima han tratado de avanzar. Pero el
único resultado concreto adoptado se remonta a la Conferencia de Kioto, en
1997, en la que los países industrializados se comprometieron a reducir sus
emisiones de gases con efecto de invernadero un 5,2% para 2012. La Convención
sólo entrará en vigor cuando la hayan ratificado al menos 55 países
que totalicen 55% de las emisiones. Hasta la fecha, sólo 33 la han ratificado
y Francia es el único país industrializado que se dispone a hacerlo.
Por lo demás, ningún país ha cumplido sus objetivos. Francia,
por ejemplo, debía sencillamente mantener su nivel de emisiones. Ahora bien,
ésas han aumentado un 2%.
Tales objetivos, de un valor simbólico para el medio ambiente, debían
marcar el principio de un compromiso político. No se respetarán. Y
ya es posible afirmar que las seis conferencias mundiales sobre el clima, que se
han sucedido durante nueve años, han sido un fracaso. Como lo han comprobado
los observadores, cada país se aferra a sus intereses nacionales, determinados
en gran medida por sus grupos de presión industriales. La retirada de Estados
Unidos del Protocolo de Kioto, decidida por el Presidente George W. Bush –cuya carrera
política, como la de su Vicepresidente, Dick Cheney, está, según
los comentaristas, estrechamente ligada desde hace tiempo al sector petrolero estadounidense–
es un ejemplo elocuente.
Dejar
para después
En
Francia, el retiro del proyecto de ecoimpuesto por el gobierno de la izquierda plural,
a un año de las elecciones legislativas de junio de 2002, muestra que el rápido
ritmo de la vida política democrática se adapta mal al lento ritmo
de los cambios planetarios. La noción, invocada tan a menudo, de principio
de precaución, sigue siendo una fórmula hueca. El periodista norteamericano
John W. Anderson escribe con razón que “todo intento serio de enfrentar el
problema de las emisiones de gases con efecto de invernadero tendrá costos
inmediatos, mientras que los beneficios sólo serán visibles después
de transcurrido mucho tiempo. En la medida en que esos beneficios eventuales se reducen
a una catástrofe que no se producirá, nunca se advertirán claramente.
Pero los costos, en cambio, son visibles”.
Sólo las negociaciones sobre las armas nucleares, por su dimensión
y por lo que está en juego, son comparables a las negociaciones actuales sobre
el clima. Pero la sensación de urgencia que imperaba en las primeras ha sido
reemplazada por la idea de que aún es posible “dejar para más adelante”
las soluciones respecto del clima. Robert Watson, presidente del IPCC, escribe que
“el plazo necesario para atajar los perjuicios medioambientales no se mide ni en
años ni en decenios, sino en siglos y milenios.” Esta inercia –unida a la
acumulación de gases en la atmósfera– debería considerarse una
exhortación a la acción inmediata. Por el contrario, los negociadores
la interpretan erradamente como un respiro adicional.
Los debates iniciados en Kioto sobre los intercambios de “derechos de emisión”
reflejan muy bien este punto de vista. Estados Unidos, Australia, Nueva Zelandia,
Japón y Rusia impusieron la idea de las transacciones comerciales sobre los
gases, creando el derecho a comprar créditos de contaminación a los
países que no cubren su cuota. Dicha iniciativa se inspira en la idea de que
la innovación tecnológica y la capacidad creadora del mercado brindarán
soluciones oportunamente. Con esta perspectiva, resulta inútil entonces imponerse
obligaciones jurídicas estrictas. Como decía ya el Presidente Clinton,
“el estilo de vida estadounidense no es negociable”.
Un
estadounidense igual a 25 indios
Tácitamente,
los países industrializados están convencidos de que el progreso técnico,
guiado por el mercado, dará las soluciones. De ahí su tendencia a razonar
en términos de toneladas de CO2 por parte del PIB. Así, cuando un chino
emite 3,93 toneladas de CO2 para producir 100 dólares de PIB, un estadounidense
emite 4,6 veces menos y un alemán 7,7 veces menos. La visión que tienen
los países desarrollados es que el buen modelo de eficacia energética
es el suyo. ¿Por qué cambiarlo?
A la inversa, los países del Sur y numerosas ONG estiman que la negociación
internacional sólo tiene sentido si se apoya en un principio de equidad. Por
eso dan preferencia a un cálculo de las emisiones de CO2 por habitante. Anil
Agarwal, del Centro de Ciencias y Medio Ambiente con sede en Delhi (India), estableció
que un estadounidense emite tantos gases con efecto de invernadero como 25 indios,
33 pakistaníes,
85 cingaleses, 125 bangladeshíes o 500 nepaleses. Por consiguiente, propone
asignar a cada ser humano la misma cuota de emisiones.
En este punto, el debate público tropieza con el dilema más antiguo
de la moral. ¿Se juzga a un árbol por sus frutos, como presupone la
posición de Estados Unidos, que hace hincapié en la eficacia energética?
O, al contrario, ¿hay que otorgar los mismos derechos a todos los individuos,
como reivindica Anil Agarwal? Es de temer que la Conferencia de Bonn no logre de
ninguna manera aclarar este debate. |
