Indígenas brasileños protestan en Brasilia contra la delimitación
oficial de sus tierras.
|
La
domesticación del Salvaje Oeste
El 30 de junio
de 1864, el presidente estadounidense Abraham Lincoln firmó el acta por la
que se cedían para el disfrute público y la conservación 39.200
acres de territorio federal, que abarcaban desde el valle de Yosemite hasta el estado
de California. La creación del primer parque nacional tuvo lugar en plena
guerra civil, concidiendo con una serie de “guerras indias” devastadoras que tenían
por objeto limitar la autonomía india. Sin embargo, los mismos colonos que
12 años antes habían combatido en la Guerra india de la Mariposa contra
los miwok, proponían ahora la conservación de los sobrecogedores paisajes
de Yosemite. LaFayette Burnell, el mayor defensor del parque, quería “limpiar
el territorio de las posibles bandas que pudieran infestarlo”.
Una vez creado el parque, el ejército estadounidense se encargó de
su gestión durante 52 años, tarea que pasó después al
servicio de parques nacionales.
En 1890, los miwok reclamaron al gobierno una compensación por sus pérdidas
y denunciaron a los gestores del parque: “El valle está cortado por todas
partes por carreteras polvorientas que llevan a los hoteles de los blancos. Sólo
les importa el dinero. Nos han quitado el valle para convertirlo en un campo de recreo.”
Sus reivindicaciones fueron ignoradas entonces, y en 1906, y en 1929, y los desplazamientos
de los poblados miwok restantes prosiguieron hasta 1969.
Lo que los miwok apuntaban era que los parques nacionales, concebidos para preservar
la naturaleza salvaje de regiones que debían permanecer “intactas”, obedecían
también a m tivos lucrativos. De hecho, los parques de Yosemite y Yellowstone
fueron fruto de las presiones del grupo encargado de la construcción del ferrocarril,
que procuraba incrementar el número de pasajeros de pago con un recorrido
por paisajes espectaculares. Esa actividad se conoce hoy en día como “ecoturismo”.
|
|
Durante
más de un siglo, millones de indígenas fueron despojados de sus tierras
en nombre de la conservación de la naturaleza. Las comunidades locales están
recuperando la gestión de estas áreas protegidas, pero sus esfuerzos
chocan con prejuicios muy arraigados.
La creación de
áreas protegidas para conservar la naturaleza es un invento reciente, fruto
de la tumultuosa ocupación de tierras durante la conquista del Oeste de Estados
Unidos. Era un tiempo en el que los colonos, la caballería, los buscadores
de oro y los indios luchaban por imponer sus diferentes visiones de la vida y del
uso de la tierra en ese país.
Con la aparición de los primeros parques nacionales (ver recuadro), se impuso una concepción
única. La Ley sobre la Naturaleza de 1964 oficializó esa noción
ideal de la naturaleza como entorno salvaje e intacto. Proclamaba que los parques
nacionales debían conservar aquellas áreas donde “el ser humano es
un visitante de paso”. Sin embargo, la realidad era muy otra: muchas de estas zonas
estaban habitadas y explotadas por sus dueños, los indios. De hecho, éstos
son propietarios o reclaman la mayoría de las zonas protegidas de Estados
Unidos.
Muchos indígenas se quedan perplejos ante la concepción occidental
de la conservación del entorno: “Mi padre solía decir: ésta
es nuestra despensa. Conocíamos todas las especies animales y vegetales y
sabíamos cuándo cazar y recolectar ”, afirmaba en 1991 Ruby Dunstan,
del pueblo nl’aka’pamux. Esta tribu del valle de Stein, en la provincia canadiense
de Alberta, intenta impedir la explotación forestal de las tierras de sus
antepasados. “Algunos conservacionistas blancos piensan que, si se declara salvaje,
nadie podrá entrar. Así que han puesto una verja alrededor de las tierras,
o tal vez alrededor de sí mismos.”
Durante un siglo, el modelo estadounidense de conservación de naturaleza se
ha exportado al mundo entero. En África, la práctica de desahuciar
a etnias enteras para crear zonas protegidas se intensificó en 1960 y ha proseguido
hasta la fecha. La reserva de caza del Kalahari central se creó para proteger
la caza y la pesca de los san, pero ahora el gobierno de Botswana los está
expulsando de la zona.
En un siglo, en nombre de la conservación del entorno se han expropiado en
África casi un millón de kilómetros cuadrados de bosques, pastos
y cultivos. Nadie ha podido documentar el número de indígenas desplazados
por esta razón, pero son millones.
Expulsar
para proteger
Una viuda de la tribu twa todavía recuerda cómo fue expulsada en los
años 60 del parque nacional Kahuzi-Biega, en Congo: “Era por la mañana
temprano. Miré por la mirilla y vi a unos hombres uniformados con armas. Uno
de ellos forzó la puerta de casa y empezó a gritar que teníamos
que irnos inmediatamente, porque el parque no era nuestro. Al principio no entendí
lo que estaba diciendo, porque todos nuestros antepasados habían vivido allí.
Pero eran tan violentos que me fui con mis hijos.”
Estos pigmeos twa viven de la caza y la recolección. Cuando son despojados
de su tierra y su sustento, deben sobrevivir en campos de refugiados. Sufren una
desnutrición extrema y, privados de su territorio, se sienten desmoralizados
y desesperados.
Tampoco hay estadísticas fiables sobre Asia. En 1993, una estimación
de la Sociedad de Investigaciones Participativas de Asia indicaba que sólo
en la India 600.000 indígenas habían sido expulsados de sus tierras
para crear áreas protegidas.
Desde el principio se elevaron voces inquietas por la repercusión social de
estas áreas protegidas. En los años 70, la Unesco había elaborado
la idea de “reservas de biosfera”, en las que unas “zonas núcleo ”, áreas
protegidas o reservas en sentido estricto, estaban rodeadas de “zonas tampón”,
donde los habitantes locales podían continuar con sus sistemas tradicionales
de vida y participar en proyectos comunitarios de desarrollo. Los organismos de conservación
encargados de proyectos de este tipo podían registrarlos en la Unesco y conseguir
así que sus actividades tuvieran un reconocimiento internacional. De todos
modos, aunque innovadora para su época, desde el punto de vista de los habitantes
locales la gestión de estas reservas experimentales nunca fue un éxito,
porque implicaba seguir inculcando ideas foráneas sobre el entorno en el territorio
de la población aborigen.
Un estudio sobre estas “zonas tampón” realizado en 1991 por la Unión
Mundial para la Naturaleza (UICN) concluyó que habían sido fundamentalmente
“decepcionantes”. “Con bastante razón, las comunidades locales ven en la existencia
de parques restricciones gubernamentales a sus derechos legítimos.”
El informe también resaltaba que los mejores proyectos de estas zonas no habían
sido programas de ayuda a corto plazo, sino iniciativas de grupos locales o gestores
de recursos que hacían esfuerzos imaginativos por resolver problemas cotidianos.
Un buen ejemplo es el parque nacional de Amboseli, en Kenia. Tierra natal de los
maasai, en un principio les estaba vedado a éstos el acceso a los pastos en
época de sequía y al agua. Los maasai dieron rienda suelta a su resentimiento
cazando rinocerontes, leones y otras especies salvajes. Como compensación,
se creó con ayuda del Banco Mundial una “zona tampón” con nuevos puntos
de agua fuera de la “zona núcleo” y tasas de compensación. El proyecto
se vino abajo al no pagarse éstas y averiarse el sistema de abastecimiento
de agua.
En Filipinas, a principios del decenio de 1970, los planes del Banco Mundial de financiar
la construcción en el río Chico de embalses que implicaban desplazar
a unos 80.000 indígenas kalinga y bontoc de sus tierras del centro de Luzón,
toparon con la resistencia de la población local. Surgieron así una
oposición organizada y asociaciones poderosas que luchaban por la autonomía
y la propiedad de la tierra.
Derecho
de gestión
En gran parte del continente americano, en Asia y en África, el mismo combate
ha generado sólidas coaliciones nacionales e internacionales de grupos indígenas
que han llevado sus reclamaciones ante las Naciones Unidas y otros organismos.
Es innegable que este movimiento ha obligado a plantearse una reevaluación
de los principios internacionales en materia de derechos humanos. En consecuencia,
se han revisado las convenciones existentes y se han creado otras nuevas en las que
se reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la propiedad, el control
y la gestión de sus tierras natales, así como el de representación
a través de sus propias instituciones. Las Naciones Unidas han establecido
recientemente un foro permanente para tratar estos temas.
Este mismo movimiento ha pedido que los conservacionistas modifiquen sus prácticas
y sus teorías. Por ejemplo, en 1998 las tribus del sur de India expulsadas
del parque nacional Indira Gandhi en virtud de un proyecto de “desarrollo ecológico”
patrocinado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) expusieron sus quejas
al panel de inspección del Banco Mundial. Las comunidades perjudicadas por
los proyectos del Banco pueden apelar a este órgano siempre que consideren
que aquél no está respetando sus principios. Sus reclamaciones encontraron
eco.
Población hostil
Hacia 1990 era evidente que la mayoría de las áreas protegidas creadas
contra la voluntad de los habitantes locales no cumplían con sus objetivos
conservacionistas. Negar los derechos de los indígenas sólo significaba
que las áreas protegidas estaban sembrando su propio fracaso al rodearse de
una población hostil al proyecto entero. La reserva Manas de tigres de Assam,
por ejemplo, comprendía parte del territorio tradicional de los bodo. El resentimiento
local hacia el parque provocó la matanza de las tres cuartas partes de la
población de rinocerontes.
Para estar en sintonía con los cambios del derecho internacional, la UICN
revisó sus categorías de áreas protegidas y aceptó la
posibilidad de que los pueblos indígenas pudieran ser sus propietarios y gestores,
y no sólo los organismos estatales, como se requería antes. En 1990,
el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), el Congreso Mundial de la Conservación
y la Comisión Mundial de Áreas Protegidas formularon nuevas políticas
que reforzaban los derechos indígenas y favorecían la cogestión
de áreas protegidas mediante acuerdos negociados.
Aplicar estos principios es más fácil en teoría que en la práctica.
En muchos países, las leyes sobre áreas protegidas anulan automáticamente
los derechos de los residentes a la explotación de los recursos naturales
y a la libertad de movimientos y de acceso. A menudo, instaurar un nuevo modelo implica
reformas nacionales de envergadura.
Muchos gobiernos, aferrados a prejuicios muy arraigados, siguen negando los derechos
de las poblaciones indígenas y tratan de asimilarlos a la mayoría nacional
mediante un realojamiento y una reeducación forzados y, como en Malasia e
Indonesia, la destrucción de sus tierras comunitarias. Las políticas
nacionales aplicables a los pueblos indígenas requieren también una
reforma para que la conservación adquiera un aspecto más humano. Los
cambios recientes en la Constitución de Venezuela reconocen el derecho de
los indígenas a su “hábitat”, y se ha aprobado una ley que los insta
a cartografiar y demarcar sus tierras y regularizar así sus derechos.
La conservación comunitaria supone también un auténtico reto
para los propios indígenas. Al controlar de nuevo sus territorios, pueden
reactivar sistemas autogobierno que llevan mucho tiempo sin aplicarse. Hay que ocuparse
asimismo de los cambios en la economía indígena, con nuevos métodos
de cultivo, de recogida de leña y de otros recursos naturales. Muchos cazan
con armas nuevas y utilizan tecnologías industriales para el tratamiento y
transporte de la cosecha. Hay que replantearse los sistemas habituales de regulación
de estos recursos para que puedan ser eficaces. En la Amazonia brasileña,
el WWF está trabajando con los indios xavante para ayudarles a idear nuevas
estrategias de gestión de recursos, siendo el objetivo reforzar los métodos
tradicionales de gestión con nuevas técnicas.
En 1996, la Alianza Mundial de los Pueblos Indígenas-Tribales de los Bosques
Tropicales afirmaba: “Los indígenas reconocen que, a largo plazo, la utilización
sostenible de los recursos redunda en su beneficio, al igual que el respeto de la
conservación medioambiental. Reconocen que la pericia de organizaciones de
conservación puede ser útil para su propio desarrollo, y establecer
así una relación provechosa de ayuda mutua basada en la confianza,
la transparencia y la responsabilidad.” |
