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El apartheid
oculto en la India
Dr.
Gopal Guru, profesor de ciencias políticas de la Universidad de Pune y miembro
del Centro de Estudio de las Sociedades en Desarrollo, Nueva Delhi, con Shiraz Sidhva,
periodista del Correo de la UNESCO. |
Barrenderas en Bombay: una actividad reservada a los parias.
Mujeres dalit se organizan para defender sus derechos en el estado de Bihar.
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No
hay diferencia entre clases de gente.
Todo lo que hay en el mundo tiene origen divino.
Mahabharata,
antiguo relato épico en sánscrito.
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“Sólo
hay una casta: la Humanidad.”
Pampa,
poeta y escritor indio. Siglo IX
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En
la India, el antiguo sistema de castas sume a millones de personas en una pobreza
degradante, en perjuicio de sus derechos más elementales. Cambiar la situación
llevará tiempo.
Durante siglos los intocables
de Paliyad, una aldea del distrito de Ahmedabad, al oeste de la India, han sabido
guardar las distancias. Muchos de ellos son basureros, asean los retretes de las
castas superiores o trabajan en el campo, a veces por menos de un puñado de
arroz al día.
“Sabemos que tenemos que mantenernos alejados de ellos (personas de casta superior)
desde que nacimos”, afirma Rajesh, que va a cumplir 19 años. “En los negocios
de té, nos dan tazas diferentes, sucias y estropeadas, y estamos obligados
a lavarlas. Hemos de caminar 15 minutos para llevar agua a casa porque no podemos
abastecernos en los grifos de la aldea, que utilizan las castas superiores. No nos
admiten en los templos y, cuando íbamos a la escuela, mis amigos y yo debíamos
sentarnos fuera del aula. Los niños de casta superior ni siquiera nos permitían
tocar el balón con que jugaban, por lo que nosotros lo hacíamos con
piedras.”
Veinte
siglos de discriminación
Más
de 160 millones de individuos, la sexta parte de la población de la India,
siguen soportando el peso de un sistema de castas existente desde hace 2.000 años
y promulgado por la teología hindú, que encierra a las personas en
un rol inmutable determinado por su nacimiento. Aunque el término “intocables”
fue abolido en 1950 por la Constitución de la India, los dalits (o personas
oprimidas, como se les llama actualmente) siguen estando discriminados. Se les niega
el acceso a la propiedad de la tierra, trabajan en condiciones degradantes y son
atacados sistemáticamente por la policía y los grupos de defensa de
las castas superiores, que disfrutan de la protección del Estado.
Aunque la India ha procurado superar las desigualdades adoptando medidas de discriminación
positiva —como la fijación de cuotas en la educación, en la administración
y en las instancias políticas—, lo cierto es que esos paliativos sólo
benefician a unos pocos. La más alta magistratura del país, la de Presidente,
meramente decorativa, es desempeñada en la actualidad por un dalit, K.R. Narayanan.
Pero los horrores del apartheid oculto de la India persisten y todos los intentos
de desafiar este rígido orden social se traducen en actos de violencia o represalias
económicas.
El sistema de castas de la India, quizás la jerarquía social más
antigua del mundo, entraña una compleja ordenación de los grupos sociales
basada en la pureza ritual. Atribuido al legislador Manu, el sistema fue esbozado
hace más de 2.000 años en el Dhrama Shastra, piedra angular de la religión
hindú.
Según Manu, cada individuo ha nacido en una de las principales varnas, o grandes
categorías, y ha de permanecer dentro de ella hasta la muerte, aunque la posición
de cada casta puede variar según las diversas regiones del país y con
el tiempo. En orden de precedencia, los brahmanes son los sacerdotes y maestros;
los kshatriyas, los nobles y guerreros; los vaishyas, los mercaderes y negociantes;
y los shudras, los campesinos, obreros y artesanos. Los intocables pertenecen a una
quinta categoría al margen del sistema de varnas, porque las labores que se
les encomendaban eran demasiado impuras ritualmente como para incluirlos en esa escala.
Es evidente que la discriminación basada en la casta fue una construcción
ideológica elaborada por las categorías superiores para crear y mantener
su monopolio sobre el capital cultural (conocimiento y educación), el capital
social (situación y dominación patriarcal), el político (poder)
y el material (riqueza).
Mecanismo
de explotación
A
menudo, los códigos fueron perniciosos y se violaron las reglas para favorecer
a las castas superiores. Por ejemplo, en el norte de la India se obligaba a los intocables
a anunciar su llegada con tambores y se estimaba que incluso su sombra ensuciaba.
En el Sur, algunos brahmanes decretaron que las castas inferiores debían permanecer
a una distancia de 22 metros de ellos a fin de no contaminarlos.
Pero esta discriminación basada en la casta tenía también una
dimensión pragmática. Los intocables, sin acceso a la educación
ni a los libros de los brahmanes, estaban autorizados a desarrollar sus propias aptitudes,
por ejemplo en la agricultura o la obstetricia. Pero únicamente porque beneficiaba
a las clases superiores.
La casta se utiliza a menudo como un mecanismo de explotación económica.
Aún hoy, no se permite que los dalits crucen la línea invisible de
contaminación que separa su parte de la aldea de la que ocupan las castas
superiores. Sin embargo, una mujer dalit, cuya mera sombra es impura, puede dar masajes
a una mujer de casta superior a la que sirve. A su vez, a los hombres de casta superior
no les importa violar a las dalits o tener relaciones con prostitutas de categoría
inferior, aunque tocarlas por casualidad en la calle constituya un sacrilegio.
Una de las razones principales de que persista el sistema de castas es que la noción
jerárquica de bien social que perpetúa es legitimada por las propias
categorías inferiores. Éstas reproducen dicha jerarquía cuando
imitan los valores culturales de las castas superiores discriminando a las inferiores
a la suya. Los sociólogos sostienen que hay más de 2.000 castas y subcastas
que se dividen de acuerdo con criterios laborales, sectarios, regionales y lingüísticos.
Incluso los dalits, pese a su condición de parias, se subdividen en otras
castas. Esta proliferación favorece la discriminación tanto horizontal
como vertical, haciendo que las relaciones sociales sean aún más rígidas.
Una
opinión pública insensible
La triste situación de los dalits y el atropello sistemático de sus
derechos no causan mayor inquietud en la opinión pública, por lo que
el Estado no se siente apremiado a impulsar una transformación social profunda.
En vista de ello, una coalición de grupos y activistas dalits ha movido cielo
y tierra para que el caso figure en el orden del día de la Conferencia Mundial
de las Naciones Unidas sobre el Racismo.
“Las castas constituyen el apartheid oculto de la India”, sostiene Martin Macwan,
de 41 años, promotor de la Campaña Nacional sobre Derechos Humanos
de los Dalits. Afirma que, al igual que el racismo, la discriminación de casta
se basa en el principio de rebajar a otras personas.
Estas exigencias han desencadenado un debate nacional sobre la naturaleza de la discriminación
basada en la casta y la posibilidad de que otros países intervengan en un
tema que el gobierno indio considera un asunto interno.
El gobierno se ha opuesto a que se incluya el caso de las castas en el orden del
día de la Conferencia, argumentando que sistema de castas y racismo no son
sinónimos. “Raza y casta son nociones diferentes”, insiste Soli Sorabjee,
Procurador General de la India y miembro de la Subcomisión de las Naciones
Unidas de Prevención de la Discriminación.
La India, que ha impulsado una vigorosa campaña contra el apartheid, sostiene
que ha hecho todo lo posible en aras de la igualdad de las castas inferiores. La
quinta parte de los escaños del Parlamento está reservada a los miembros
de las castas “registradas” (término oficial para designar a los dalits),
y algunos estados son gobernados por partidos poderosos basados en alianzas con castas
inferiores.
Sin embargo, las cuotas y la asignación de puestos de trabajo no han consolidado
la igualdad, la dignidad ni tampoco la seguridad de las personas humilladas de la
India. En las aldeas, el estigma social sigue siendo demasiado fuerte para borrarlo
sólo con una ley.
Aproximadamente dos tercios de los dalits son analfabetos y alrededor de la mitad
son campesinos sin tierra. Sólo 7% dispone de agua potable, electricidad y
retretes. Y también son dalits la mayor parte de los 40 millones de trabajadores
forzados existentes (que laboran como esclavos par pagar sus deudas), incluidos 15
millones de niños.
En 1998, grupos de defensa de los derechos humanos financiaron en ocho estados de
la India una campaña de denuncia de los abusos que sufren los dalit. En el
plano internacional, organizaciones como Human Rights Watch han empezado a interesarse
por el problema. Aunque algunos dalits se rebelan y recurren a la lucha armada, estos
intentos son sofocados invariablemente por las poderosas milicias privadas de las
castas superiores.
Macwan está de acuerdo en que la inclusión de la discriminación
de casta en la Conferencia de Durban será sólo una victoria simbólica
que no modificará en nada la realidad. Para él, la única solución
es cambiar la mentalidad de la gente.
Broken People: Caste Violence against India’s Untouchables, publicado en marzo
de 1999 por Human Rights Watch, www.hrw.org |
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Los
intocables del Japón
“La homogeneidad
de la sociedad japonesa es sólo aparente. Sigue estando organizada en castas
invisibles, y nosotros, los burakumin, somos la categoría más baja...”
Nadamoto Masahisa enseña historia contemporánea en la Universidad de
Kyoto, antigua capital imperial del país del sol naciente. Fuera de sus cursos,
este catedrático se bate por otra causa: la de los burakumin o eta-hinin (los
“muy sucios” en japonés), que la sociedad nipona continúa marginando.
Considerada hasta la segunda mitad del siglo XIX como una minoría de “intocables”,
la comunidad japonesa de los burakumin o buraku está integrada por más
de dos millones de personas –sobre 126 millones de habitantes– repartidas en cerca
de 5.000 localidades. Esos guetos son la consecuencia directa de la condición
oficial de parias que los estigmatizó hasta su abolición en 1871, a
comienzos de la era Meiji, durante la cual el Japón se industrializó
a marcha forzada.
El término barakumin designaba en ese entonces a las personas empleadas principalmente
en los mataderos, las curtiembres, los centros de desolladura de animales y las morgues.
En resumen, todos aquellos que por su ocupación diaria estaban en contacto
con los cadáveres y la sangre, actividad considerada impura según los
preceptos del sintoísmo, religión tradicional del archipiélago.
Toda discriminación oficial y legal hacia los buraku ha desaparecido hace
tiempo. Las autoridades niponas afirman con razón que esta casta invisible
goza ahora de los mismos derechos que los demás ciudadanos japoneses, cuya
morfología, lengua y religión comparte.
Pero lo que es cierto en el papel no siempre lo es en la cabeza de la gente. Nadamoto
Masahisa impulsa, con otros militantes, campañas para protestar contra la
discriminación solapada que siguen practicando los propietarios, los agentes
inmobiliarios o los empresarios hacia los burakumin. “Muchos japoneses se lo piensan
dos veces antes de alquilar un departamento a un buraku. Si la persona se identifica
o se presenta como tal, todo se hace más difícil. Alojar a un buraku
puede traer mala suerte.”
En el Japón de hoy, los burakumin sufren además una segregación
social. “En los años 60-70 constituyeron el grueso de los jornaleros de la
construcción y la industria. Hoy son los primeros en pagar los platos rotos
de la crisis”, explica una abogada que lucha contra la discriminación salarial
practicada contra los buraku en algunas grandes empresas.
Su concentración geográfica en ciertas regiones (como Kyoto u Osaka),
facilita su identificación. Hasta el punto de que muchos de ellos ocultan
su origen. Así, Hiromu Nonaka, un político muy influyente del Partido
Liberal Demócrata, en el poder, se ha negado siempre a admitir sus vínculos
con la comunidad burakumin. Peor aún: todavía ocurre que las familias
japonesas burguesas verifiquen ilegalmente los antecedentes de sus futuros yernos
o nueras “para evitar que contaminen a la familia”. Recurren a agencias especializadas
de genealogistas que escudriñan los antiguos koseki (registros familiares)
en los archivos de las prefecturas, muy a menudo con la complicidad de la administración
local.
Richard Werly,
periodista francés en Japón.
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