Manifestación contra la corrupción en Río de Janeiro en junio
de 2001.
El ex presidente filipino Joseph Estrada el día de su ingreso en prisión,
en abril de 2001.
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¿Cuánto
pesa la corrupción?
Antes de medir
la corrupción, es necesario saber de qué se está hablando. Las
Naciones Unidas han adoptado la sobria definición de la ONG Transparencia
Internacional: todo abuso de un poder público con fines privados. Pero incluso
sus autores reconocen los límites de esta caracterización, que no tiene
en cuenta la corrupción del sector privado. Para entender el fenómeno,
más vale pasar por la forma en que opera: el soborno, según un diccionario
anglosajón, es “una suma de dinero u otro favor que se ofrece a una persona
que ocupa una posición de poder, a fin de influir en sus puntos de vista o
su comportamiento”.
Cifrar la corrupción constituye a la vez una quimera y una tentación
irresistible. Así, Patrick Moulette, secretario general del Gafi (Grupo de
Acción Financiera Internacional) afirma: “No hay ninguna base financiera para
medir la magnitud de este fenómeno ilegal. Todas las cifras son antojadizas
y no obedecen a ningún criterio científico.” Sin embargo, los documentos
del Gafi mencionan la estimación del FMI, es decir una cifra anual de 80.000
millones de dólares. En comparación, el conjunto de los capitales del
crimen organizado alcanzarían, según las mismas fuentes, de 500.000
a 1,5 billón de dólares, o sea, 2 a 5% del producto mundial bruto.
Ciertos estudios de casos dan una idea bastante precisa del fenómeno. Uno
de ellos fue realizado en Milán antes y después de la operación
Mani Pulite (Manos limpias). Sobre el conjunto de las obras cuyo presupuesto había
establecido la Municipalidad, la investigación de los jueces dio lugar a una
reducción de 30 a 40% de los gastos previstos. El costo del proyecto de ampliación
del aeropuerto pasó, por ejemplo, de 2,6 a 1, 9 billones de liras.
Transparencia Internacional ha introducido un índice de percepción
de la corrupción y un índice de corrupción de los países
exportadores. Ambos se basan en una compilación de sondeos rigurosos realizados
con hombres de negocios, analistas financieros, periodistas y, a veces, el gran público.
No son exhaustivos (no están representados todos los países) y siguen
siendo subjetivos (miden la percepción de la corrupción en un país
determinado, según las personas sondeadas). A pesar de esos dos inconvenientes,
constituyen una apreciación significativa de la realidad y, a falta de otros
instrumentos, esos índices se han impuesto en la opinión pública.
En 2001, según ese índice, Finlandia, Dinamarca y Nueva Zelandia eran
considerados los países menos corrompidos; Indonesia, Uganda, Nigeria y Bangladesh
ocupaban los últimos lugares.
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La
lucha contra ese flagelo se ha convertido en una prioridad de las Naciones Unidas.
Aunque sea un mal antiguo, con la mundialización la corrupción cobra
una intensidad inquietante en todo el planeta.
La corrupción
pública es un crimen tan antiguo como el Estado. En el siglo V a. J.C., Platón
la abordaba ya en Las Leyes; dos siglos más tarde, el reformador político
indio Kautiliya1 distinguía 40 tentaciones que podían pervertir a los
funcionarios. Sin embargo, por dos de sus características, la situación
actual no tiene precedentes: los escándalos surgen en todas las latitudes
y la sociedad civil los acepta cada vez menos. En un año apenas, dos presidentes
en ejercicio –Joseph Estrada en Filipinas y Alberto Fujimori en el Perú– fueron
obligados a dimitir, mientras que un ex presidente –el argentino Carlos Menem– fue
detenido y actualmente está en arresto domiciliario a la espera de juicio.
En todos esos casos, los principales cargos y los primeros motivos de indignación
de la opinión se basaban en presunciones de corrupción.
Por consiguiente, el fenómeno que hasta ahora tenía que ver con la
política interna de los Estados ha pasado a ser una prioridad afirmada en
todas las instancias internacionales, del G-8 a las Naciones Unidas, que proyectan
elaborar una convención contra la corrupción para 2002.
Esta ola de iniciativas refleja preocupaciones diversas, pero basadas en una misma
dinámica: la de la mundialización de los intercambios. El primer “mandato”
recibido por las organizaciones internacionales procede de los propios Estados. Después
de 20 años de aceleración de las transacciones financieras, a raíz
de la desregulación y del desarrollo de las comunicaciones electrónicas,
los capitales obtenidos mediante actividades criminales constituyen un factor de
inestabilidad política y financiera. El dinero de la corrupción y el
de la mafia van de la mano. “Ambas formas de delincuencia se apoyan mutuamente, disimulan
y reciclan del mismo modo sus beneficios”, explica Daniel Dommel, presidente para
Francia de la ONG Transparencia Internacional. “Además, para mantener sus
actividades ocultas, las mafias recurren a la corrupción y ésta debilita
las defensas institucionales contra el crimen organizado.”
Sucesión
de escándalos
En
los últimos años, varios escándalos han permitido medir la envergadura
de esos problemas. En el verano de 1998, para frenar la baja del rublo, el FMI prestó
8.000 millones de dólares a Rusia. Interrogado en noviembre por la BBC, Benyamin
Sokolov, responsable ruso de los comisarios de cuentas, declaró: “Hemos investigado
sobre ciertos fondos prestados por el FMI y debo reconocer que varios miles de millones
no fueron utilizados en los programas previstos. Una parte de esas sumas fue lisa
y llanamente robada.”
Al año siguiente estalló el escándalo del Bank of New York.
En el mayor caso de blanqueo de dinero en Estados Unidos, según el FBI, la
mafia rusa se valió de esa institución bancaria para volver a inyectar
en la economía oficial 10.000 millones de dólares, que habían
transitado previamente por Nauru, un atolón del Pacífico, conocido
porque sus bancos hacen la vista gorda sobre las actividades de sus clientes.
“Una sola plaza en el mundo, Suiza, garantizaba el secreto bancario hace 40 años.
Actualmente, son más de 50”, recuerda Yves Mény, director del centro
Robert Schumann en el Instituto Europeo de Florencia y autor de Démocratie
et Corruption en Europe (Democracia y Corrupción en Europa, ediciones La Découverte).
El control de la circulación financiera a través de los paraísos
bancarios es hoy uno de los principales objetivos de la lucha contra la corrupción.
El Gafi (Grupo de Acción Financiera Internacional), emanación del G-7
amparada por la OCDE, publica anualmente desde 2000 una lista negra de los territorios
más dudosos, lo que significa romper con la habitual discreción de
los medios financieros internacionales. “Queremos impulsar a todas las plazas bancarias,
incluso las menos dispuestas a cooperar, a ceñirse a normas internacionales”,
explica Patrick Moulette, secretario ejecutivo del Gafi. “Ejercemos sobre ellas una
presión incitativa, trátese de paraísos bancarios, como las
islas Marshall, Dominica o Nauru, o de países como Egipto, Israel, Líbano
o Rusia. Cabe hacer notar, por lo demás, que Rusia va a salir de nuestra lista
negra de 17 países, después de haber adoptado, en el verano de 2001,
una nueva ley destinada a controlar mejor su sistema bancario.”
Los medios económicos también presionan a las organizaciones internacionales
para que frenen la corrupción. Lejos de haber adoptado una conducta moral,
las empresas presentes en los mercados internacionales –de obras públicas
o de saneamiento del agua– deploran la fiebre inflacionista que afecta a los sobornos.
La
bonanza económica dispara las comisiones
“La
liberalización de las economías ha multiplicado las comisiones. Un
fenómeno que ha pasado casi inadvertido”, destaca Rob Jenkins, profesor de
ciencias políticas de la Universidad de Londres. “Con la privatización
del sector público, los compradores potenciales se pelean por quién
unta mejor la mano a los elegidos por el pueblo o a los funcionarios. Además,
cada vez que se produce una reforma, las empresas que quieren influir en la definición
de las nuevas reglas o simplemente conocerlas de antemano se ven obligadas a pagar,
sin ninguna garantía en cuanto a los resultados. He observado ese fenómeno
en todas partes donde he estudiado las reformas económicas: en la India, en
Sudáfrica o en Uganda. Por una ironía del destino, a comienzos de los
años ochenta, el FMI y el Banco Mundial prometían que sus programas
de liberalización, al reducir el poder de las burocracias, iban a suprimir
las fuentes de corrupción.”
Para frenar este tipo de delitos, la OCDE elaboró, en 1987, una convención
internacional contra la corrupción de los agentes públicos extranjeros,
firmada actualmente por 33 países. “Su principal disposición prohíbe
a las empresas de los países signatarios pagar sobornos a funcionarios extranjeros.
Hasta hace pocos años, en muchos países el pago de comisiones era tolerado.
En Francia, por ejemplo, era posible declarar esos gastos a la administración
fiscal y deducirlos de los beneficios imponibles. Eso se llamaba la práctica
del confesionario”, explica Daniel Dommel.
Para sus numerosos críticos, esa convención representa un progreso,
pero es insuficiente. “Parece absurdo que un soborno sea considerado reprensible
cuando se paga al representante de una empresa aérea del Estado y que se ignore
si se trata de una empresa aérea privada”, comenta Stuart Eizenstat, ex Subsecretario
de Estado del gobierno de Bill Clinton. Sobre todo en un periodo en que el credo
económico impulsa a privatizar los servicios públicos. Benoît
Dejemeppe, procurador del rey en Bruselas y especialista en asuntos de corrupción,
observa que la convención de la OCDE se inspira en buena medida en el Foreign
Corrupt Practices Act, ley que el presidente estadounidense Jimmy Carter impuso en
1977 después de que el escándalo Lockheed hiciera tambalear varios
gobiernos de Europa y Japón. “En más de veinte años, no más
de cuatro escándalos de corrupción han dado lugar a sanciones penales.
Sólo cabe concluir que esa ley no es suficientemente estricta.”
Por
una mayor transparencia
Un
tercer “mandato” emana de la sociedad civil, cada vez más sensible a las relaciones
turbias que existen entre la política y el dinero. “En el proceso de ‘cuasi
democratización’ mundial y de acceso planetario a la información, la
primera aspiración de la opinión es la transparencia”, estima Rob Jenkins.
Hasta que terminó la Guerra Fría, las grandes corrientes políticas
se aferraban a la defensa de una ideología; sus malversaciones eran miradas
como algo secundario. Hoy, el debate político institucional se reduce a algunos
matices sobre la aplicación de programas económicos en gran medida
convergentes y que exigen sacrificios importantes de la mayoría de la población.
No es casual entonces que la aparición de los activistas contra la corrupción
haya coincidido con la política de austeridad en Europa Occidental, las crisis
financieras en el Sudeste Asiático o América Latina y los programas
de ajuste estructural en numerosos países del Sur.
Pero la lentitud de los procedimientos, las dificultades con que tropiezan los que
investigan para dejar al descubierto los circuitos internacionales de la corrupción,
lo escasas y leves que son las sanciones contribuyen a crear escepticismo. El periodista
francés Denis Robert ha publicado varios libros de investigación sobre
casos de corrupción política. Su última obra, Revelations $,
escrita conjuntamente con Ernest Baekes, arroja luz sobre el funcionamiento de Clearstream,
una cámara de compensación instalada en Luxemburgo. Esas instituciones
indispensables para los intercambios bancarios archivan todas las transacciones e
identifican a sus autores. Sin embargo, favorecen el anonimato y escapan a todo control.
“El término mismo de corrupción, aunque designa el hecho de apartarse
de las reglas legítimas, me parece ahora inadecuado”, comenta el autor. “Es
el propio funcionamiento del sistema el que está viciado. Y las instituciones
reaccionan siempre con retraso. Como decía el juez español Baltazar
Garzón, la lucha contra la corrupción es la lucha del mamut contra
el leopardo.”
Y el enfrentamiento se produce en medio de una nebulosa inquietante, si hemos de
creer las afirmaciones de los cinco magistrados, especialistas en lucha anticorrupción,
que firmaron una tribuna libre en el diario francés Le Monde, el 10 de mayo
de 2001, poco después de la aparición del libro. “Lo paradójico,
escribían, es que lo esencial del impacto de esa investigación reside
en el silencio de muerte que han guardado los actores del sistema en tela de juicio
(…) Esa estrategia del avestruz ha podido hacer pensar que publicar el libro había
sido como dar palos de ciego. Nos parece, por el contrario, que su historia apenas
comienza (…) Su publicación ha de permitir que los ciudadanos europeos entiendan
el papel de las cámaras de compensación y arrojar nueva luz sobre la
mundialización financiera.”
La eficacia de las armas para combatir la corrupción sigue suscitando debate.
Pero, al menos, todo el mundo se entiende para reconocer el flagelo. El australiano
James Wolfensohn, presidente del Banco Mundial, abordaba, en 1996, el tema: considerándolo
un verdadero “cáncer”, denunciaba “una afrenta hecha a los pobres, que distrae
el dinero hacia los más ricos”.
1. Autor del
Arthashastra, famoso tratado de filosofía política y consejero
del rey Chandragupta entre 321 y 297 a.C. |
