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Medio
ambiente y desarrollo en regiones costeras e islas pequeñas |
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ambiente y desarrollo en regiones costeras e islas pequeñas |
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Una
plataforma de acción para el manejo sostenible de los manglares del
Golfo de Fonseca
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Este
documento presenta una plataforma de acción para el manejo sostenible de los
manglares del golfo de Fonseca, en Honduras y El Salvador. La contaminación,
la deforestación y los usos inapropiados han generado enormes presiones sobre
este ecosistema costero contribuyendo así al deterioro y la desaparición de
este recurso ambiental. Los manglares son las zonas de desove de algunas de
las pesquerías más importantes de la región y son el hábitat para numerosas
especies en peligro de extinción. El sustento de muchas personas está estrechamente
vinculado a la salud del ecosistema de manglar. La preocupación por los manglares,
y por quienes dependen de ellos, sirvió de inspiración para este documento.
Esta plataforma de acción representa más de ocho años de colaboración con grupos
de la comunidad, investigadores, organizaciones no gubernamentales, el sector
privado, organismos gubernamentales para determinar las causas y los efectos
del deterioro ambiental de los manglares. Las recomendaciones aquí presentadas
indican las pautas a seguir para un proceso que deberá ponerse en marcha con
miras a lograr la salvaguarda de estos recursos. Es esencial que se formulen
políticas y programas acordes con las metas de desarrollo a la vez que garanticen
la salud y el bienestar del ecosistema. Sin estos esfuerzos, los manglares desaparecerán
y, por ende, se perdería la abundancia de recursos naturales que ellos encierran.
Aparte de los ecosistemas costeros
pocas son las áreas que ilustran de manera tan marcada la interacción entre
la presión de la población, el consumo de los recursos naturales y la degradación
del medio ambiente. Sumamente frágiles pero ricos en recursos naturales, los
ecosistemas costeros de manglar son valiosos por las materias primas que suministran
así como por la biodiversidad que ellos alojan (Barbier 1992). Las plantas y
la vida animal autóctonas del manglar dependen del delicado equilibrio entre
el agua dulce y la de mareas. El manglar proporciona drenaje y filtración, estabiliza
las riberas que protegen la costa y las tierras de cultivo circundantes, sirve
de rompevientos naturales y, además, contiene canales de agua dulce (Martínez
1991; Hamilton y Snedaker 1984). También constituye una fuente importante de
pescado, camarones y otros crustáceos, de leña y de madera para las comunidades
cercanas y otras poblaciones. La diversidad de este ecosistema sirve de apoyo
a una amplia variedad de individuos y grupos cuyos intereses se contraponen.
Esta competencia puede crear tensión entre varios de los interesados directos,
entre ellos los gobiernos, los conservacionistas, los acuicultores, los productores
de sal y las comunidades locales.
La
tensión entre el consumo de los recursos y su conservación se pone de relieve
en los conflictos generados por los derechos de acceso a los manglares. Los
derechos formales de acceso a estos recursos se encuentran en gran medida en
manos del Estado. Alrededor del mundo, los derechos sobre los terrenos costeros
y los estuarios se han concentrado en manos de gobiernos soberanos que otorgan
concesiones para el desarrollo de actividades económicas, como la acuicultura
o la producción de sal, a diversos grupos o individuos. A pesar de estas estructuras
de derechos formales, muchos sistemas de derechos de acceso indígenas y consuetudinarios
han evolucionado en torno a los ecosistemas costeros. Si bien la tierra tal
vez pertenezca al Estado, gran parte de ella ha permanecido sujeta al manejo
de facto por las poblaciones costeras mismas. Alejados de las capitales,
los pobladores locales ejercen derechos de propiedad sobre las tierras donde
sus familias han vivido durante generaciones. De igual manera, mientras los
derechos de acceso pueden ser asignados por el Estado, los derechos de usufructo[1]
son a menudo informales y están determinados
en gran medida por sistemas consuetudinarios o indígenas que definen el derecho
a esos recursos (Bailey 1988; Madrigal 1999; Wynter 1990).
De no existir la presión de la población
sobre dichos recursos, el sistema de propiedad formal y el informal pueden coexistir
en armonía. Cuando la inmigración y el crecimiento demográfico se combinan con
el incremento de las tasas de pobreza para aumentar así la dependencia y el
uso de la propiedad común, estos sistemas de derechos pueden contraponerse (Foy
y Daly1988). Lo que oficialmente es propiedad del Estado, en la práctica se
ha convertido en un recurso al alcance de todos, los infractores rara vez son
perseguidos y quienes poseen poder e influencia tal vez logren evadir las leyes
y los estatutos. Esto sucede en especial cuando los derechos formales de acceso
asignan prioridad a las actividades económicas que colocan grandes porciones
de terreno y de recursos fuera del control del Estado y de las comunidades locales,
concentrando las actividades de subsistencia en áreas cada vez más reducidas
(Rubio 1997; Stanley 1999, 1996a, 1996b). En el golfo de Fonseca, a medida que
el número de concesiones a los acuicultores ha aumentado también lo han hecho
los conflictos sobre los manglares y los recursos que suministran (Stanley,
1999, 1996a, 1996b).
El conflicto entre la transformación del manglar a las actividades de acuicultura y las necesidades de subsistencia de las poblaciones costeras es un ejemplo claro del choque entre los sistemas formales estatales de derechos de acceso y aquellos determinados por la costumbre. La acuicultura es una industria de crecimiento en el mundo en desarrollo (Stanley 1999; DeWalt et al. 1996; Bailey 1988; FUSADES 1988; Mendola y Guier 1989; Marroquín 1992). El cultivo de peces y camarones en tanques o en estanques excavados ofrece ganancias elevadas y aporta las tan necesarias divisas (FUSADES 1990,1998). Es por esto que existen incentivos de la empresa privada y del Estado para convertir los manglares en zonas para la acuicultura. Estos incentivos se ofrecen a pesar de que la ubicación de esos tanques y estanques para la acuicultura en las marismas de los manglares ha deforestado valiosas tierras boscosas, ha concentrado la dependencia ambiental sobre las pocas zonas que permanecen intactas, y en algunos casos, ha causado daños irreparables al ecosistema para las pesquerías de estuario y de mar abierto (DeWalt et al. 1996; Stanley 1996a, 1996b; Pauly e Ingles 1986; Paredes et al. 1991; Ulloa y Bernal 1980).[2]
El conflicto entre los derechos de acceso y los diversos patrones de extracción y consumo se agrava cuando se abusa de los recursos o se ocasiona su agotamiento. Las presiones entre las migraciones internas hacia la costa en muchos países en desarrollo y la pobreza rural generalizada pueden aumentar la dependencia de la base de recursos en los ecosistemas ya amenazados.[3] La pobreza a menudo aumenta la demanda de recursos naturales para complementar los ingresos familiares. Además, reduce el horizonte en que se basa la toma de decisiones, limita las opciones y reduce la inversión en la tecnología necesaria para mitigar la degradación; por otra parte, puede acelerar el uso no sostenible de los recursos (Jagannathan 1989; Barbier 1988).
En
respuesta a estas inquietudes acerca del manejo de los recursos costeros, el
ICRW inicio, en 1998, una serie de investigaciones y actividades en colaboración
con el Centro de Estudios Ambientales y Sociales para el Desarrollo Sostenible
(CEASDES), en El Salvador y el Comité para la Defensa y el Desarrollo de la
Flora y la Fauna del Golfo de Fonseca (CODDEFFAGOLF), en Honduras. Estas tres
organizaciones analizaron la interconexión entre población, consumo y degradación
ambiental en los ecosistemas de manglar del golfo de Fonseca en América Central.[4]
Se prestó especial interés a los
factores que tienen que ver con el género que describen las desigualdades en
cuanto a la pobreza entre hombres y mujeres y la diferencia en cuanto a su dependencia
de la base de recursos (Rodda 1991; Shiva 1998). Este proyecto, cuya duración
fue de tres años, comenzó en enero de 1998 y fue financiado con una subvención
de la Fundación MacArthur. Se basó en investigaciones anteriores auspiciadas
por la Dirección de Desarrollo en el Extranjero (Reino Unido) y la Agencia de
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.
Al comparar los sitios en El Salvador y Honduras, los investigadores esperaban identificar las intervenciones que mitigasen la presión sobre la base de recursos y presentar otras opciones para el manejo del manglar que respondieran a los intereses de todos los interesados. La plataforma de acción que se presenta aquí es el resultado de más de ocho años de colaboración en actividades de investigación y de defensa de la causa en la región, que lograron unir a organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, de la comunidad y del sector privado. La plataforma para el desarrollo sostenible del manglar descrita en este documento fue desarrollada de acuerdo con estas organizaciones y resulta de una serie de conferencias y coloquios regionales que se han llevado a cabo durante tres años y culminaron en marzo de 2000 en la Conferencia Regional realizada en San Salvador.[5]
En la plataforma de acción se presentan seis resultados claves y sus respectivas recomendaciones.
___________________________________
[1] Los
derechos de usufructo son los que otorgan a una persona o a un grupo, el derecho
de disfrutar de las ganancias y ventajas de una propiedad que pertenece al Estado
o a otro individuo, siempre que dicha propiedad no sufra deterioro, ni se modifique.
[2]Cabe
señalar que la acuicultura del camarón no tiene que causar daños irreversibles
al ecosistema de manglar. Los estanques no tienen que estar situados necesariamente
dentro de los límites de los manglares y las larvas no tienen que ser seleccionadas
en los estuarios. La legislación eficaz y su aplicación pueden lograr que los
costos ambientales de la acuicultura del camarón se minimicen (Corrales 1998).
[3] Los
pobres no son los únicos actores responsables de la deforestación de los manglares.
La competencia para talar los manglares es aguda, lo que refleja los variados
intereses de los productores de sal, los acuicultores, los leñadores y los dueños
de fincas para ampliar sus actividades y dedicar más terreno a la producción.
[4] El
Salvador y Honduras se seleccionaron para este estudio debido a la disponibilidad
de datos y al interés que varias organizaciones nacionales no gubernamentales
y del sector privado mostraron por el proyecto. Esperamos ampliar la investigación
en el futuro para incluir a Nicaragua.
[5] Los
coloquios fueron una serie de foros convocados en la región para presentar e
intercambiar ideas acerca del manejo sostenible de los manglares. Grupos comunitarios,
investigadores, representantes del sector privado, funcionarios públicos y activistas
se reunieron para intercambiar ideas y comentar los resultados de la investigación.
Estos coloquios se celebraron en El Salvador y en Honduras durante los últimos
3 años.
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