En el pensamiento tradicional de Sri Lanka está implícita la idea de que la educación académica es un derecho natural de todo ciudadano, y durante su larga historia el alfabetismo y la enseñanza han sido sumamente apreciadas y han gozado de gran aceptación entre la población en general. Antiguamente, los centros para impartir enseñanza, a saber, los pirivenas, dirigidos por sacerdotes budistas, eran patrocinados por el Estado y contaban con el apoyo popular de los ciudadanos. La Constitución de Sri Lanka tiene como uno de sus objetivos "la completa erradicación del analfabetismo y la garantía del derecho de todas las personas a tener acceso general, en un pie de igualdad, a la educación a todos los niveles". La introducción del sufragio universal en 1931 promovió la creación de oportunidades educacionales para las masas como prioridad política. En el informe del Comité Especial sobre la Educación [234] se recomendaba un sistema educativo en el que "toda persona debe tener iguales oportunidades a fin de que, a condición de que tenga la capacidad innata necesaria, pueda elevarse desde la situación más humilde hasta la más alta en la vida social, económica y política de la nación". El Comité Especial impulsó la consecución de su objetivo con la propuesta de que "la educación en una sociedad democrática debe ser libre a todos los niveles, desde la escuela primaria hasta la universidad". Esa propuesta ha sido llevada a efecto en forma gradual por los Gobiernos subsiguientes, dando lugar a una tasa nacional de alfabetismo que, del 57,8% en 1946, pasó al 86,5% en 1981 [235].

 El censo nacional y otras encuestas que se realizan en Sri Lanka han puesto de manifiesto la existencia de tasas de alfabetismo relativamente altas para un país en desarrollo con unos ingresos nacionales per cápita bajos. En el caso de la encuesta sobre el alfabetismo entre los adultos realizada en 1990 por la Asociación nacional pro educación total se hicieron evaluaciones relativamente fiables mediante un ejercicio práctico básico de lectura y escritura que tuvieron que realizar todos los miembros del grupo previsto. La encuesta incluía una muestra de 14.002 personas, de 15 o más años de edad, en ocho distritos de Sri Lanka. Se comprobó que la tasa de alfabetismo era del 90,0% entre la población urbana (92,6% en el caso de los hombres y 87,3% en el de las mujeres), del 81,9% en las zonas rurales (85,5% en el caso de los hombres y 78,3% en el caso de las mujeres, y del 67,5% entre las personas empleadas en plantaciones (79,6% entre los hombres y 54,7% entre las mujeres). La tasa global era del 83,0%. En la misma encuesta se comprobó que la mayoría de los analfabetos no habían ido nunca a la escuela, y que ninguno de ellos había recibido enseñanza que rebasara el cuarto grado. Así pues, las conclusiones de la encuesta indicaban que, para lograr el alfabetismo funcional, se requería un período de instrucción de más de cuatro años.

 El presente estudio preveía la investigación, en una o varias cárceles, de las necesidades de enseñanza, de las actividades educacionales y de los efectos demostrables, así como de las condiciones prácticas requeridas para impartir educación básica, como, por ejemplo, su posible integración con la formación profesional.

  Se creó un equipo de investigación con la plena cooperación de los Samodaya Seva (Servicios)(*1), que comenzó a actuar en 1984 como servicio especializado de la Lanka Jatika Sarvodaya Shramadana Sangamaya, una organización no gubernamental orientada hacia el desarrollo que se ocupa de la rehabilitación de delincuentes juveniles y de las personas condenadas por delitos menores con las cuales entra en contacto a través de varios tribunales.

 Se organizaron conversaciones con el Comisario Adjunto de Prisiones, el Superintendente Adjunto de Prisiones, el oficial de asistencia social de la cárcel de Welikada, el Comisario de Vigilancia de la Condena Condicional y Servicios de Cuidado del Niño (provincia occidental) y el ex Comisario de Prisiones, a fin de planificar las actividades preliminares del estudio.

 Se prepararon dos tipos de cuestionarios: uno para su utilización durante las entrevistas con la muestra seleccionada de reclusos y el otro para reunir la información pertinente sobre las cárceles y las instituciones correccionales.

 Con el cuestionario destinado al grupo previsto se trataba de obtener datos sobre los antecedentes socioeconómicos familiares, los niveles de alfabetismo e instrucción, las aptitudes especiales, los conocimientos técnicos o profesionales, los motivos de la reclusión y ciertos atributos personales relevantes.

 Con el cuestionario destinado a las instituciones se trataba de obtener información sobre el número de reclusos por sexo, la naturaleza de los programas de alfabetización y los cursos de formación profesional, así como el número de los participantes en ellos, los servicios de educación artística disponibles, los intructores y los establecimientos en que se formaron, el material utilizado, la financiación, los servicios de biblioteca, cualesquiera centros de formación profesionales externos cuyos servicios se utilizaran, la enseñanza y prácticas religiosas, los actos culturales, la evaluación de los progresos realizados con diferentes programas, los servicios de seguimiento después de una atención médica y cualesquiera factores que obstaculizaran el funcionamiento satisfactorio de los programas.

 Los cuestionarios fueron examinados detenidamente por las autoridades para determinar si la información que se recababa violaba los derechos de los reclusos, y si, cuando se tratara de lograr la anonimidad, ésta se permitía. Las autoridades no querían en modo alguno suprimir información que pusiera de manifiesto cualquiera deficiencia del sistema. A su juicio, un estudio monográfico de esa naturaleza podía traer consigo cierto mejoramiento del sistema de educación básica, y las autoridades prestaron toda la asistencia posible para llevar a cabo la actividad.

 Los resultados del análisis de las respuestas obtenidas mediante los cuestionarios se presentan más adelante.

Selección de la muestra

 Bajo la jurisdicción del Departamento de Prisiones hay 10 establecimientos penitenciarios, siete campos de trabajo, seis cárceles de prisión preventiva, tres campos de detención en régimen abierto, dos centros correccionales para delincuentes juveniles, una escuela de capacitación para estos delincuentes y un centro de trabajo tras la puesta en libertad [237]. La mayor institución es, con mucho, la cárcel de Welikada, donde están recluidos más de un tercio de todos los delincuentes convictos y aproximadamente una cuarta parte de todos los detenidos en prisión preventiva.

 Por último, el equipo de investigación decidió que se podía obtener una muestra representativa de toda la población penitenciaria entre los reclusos de la sola cárcel de Welikada, teniendo en cuenta el alto porcentaje de los presos convictos recluidos en ella. Finalmente se seleccionó para la encuesta una muestra al azar del 10% de los 650 reclusos que cumplían penas de prisión de dos o más años.

 Sin embargo, como el estudio se refería a la educación básica, se consideró conveniente ampliar la encuesta para incluir a los establecimientos penitenciarios para jóvenes bajo la jurisdicción del Departamento de Prisiones y de tres escuelas autorizadas cuya dirección corría a cargo del Departamento de Vigilancia de la Condena y Servicios de Cuidado del Niño. En total, se incluyó en la encuesta una muestra de 103 de los 933 reclusos de siete instituciones diferentes.

 Entre los reclusos de la muestra, un 29,2% se habían considerado reos de asesinato y homicidio, un 10,7% de uso indebido de estupefacientes y venta ilícita de drogas peligrosas, un 8,7% de robo y un 1,94% de prostitución y delitos contra natura. El 23,3% de los delincuentes convictos como vagos y maleantes o por comportamiento incorregible se encontraban en escuelas autorizadas o en establecimientos para jóvenes.

 El informe administrativo del Comisario de Prisiones de Sri Lanka [237] correspondiente a 1990 indica que el porcentaje nacional de condenas por delitos relacionados con estupefacientes era del 47,1%, siendo el principal delito. En 1981, este delito había sido cometido por un 5,3% solamente, lo cual ponía de manifiesto un aumento notable durante el período de nueve años. Los delitos relacionados con los estupefacientes y la violación de las normas sobre el impuesto de consumo (con inclusión de los relacionados con el alcohol ilícito) representaron un 70,3% del total de condenas en 1991, frente al 63,0% en 1990. La necesidad de mejorar la enseñanza para prevenir el uso indebido de drogas y el abuso del alcohol en el país no requiere comentarios.

 En las escuelas autorizadas y los establecimientos para jóvenes todos los reclusos de la muestra, salvo tres, correspondían al grupo de edad de 16 a 25 años, en tanto que en la cárcel de Welicada tan sólo un 10% tenían de 16 a 25 años de edad, un 25% de 26 a 35, un 18% de 36 a 45 y sólo un 5% de 46 a 55 años, no habiendo ningún preso de mayor edad.

 Por lo que respecta al nivel de instrucción, evaluado sobre la base de la asistencia a la escuela, un 13,6% del total de la muestra no había recibido enseñanza, en tanto que un 15,5% sólo tenía una suerte de instrucción que correspondía a los grados primero a tercero. Los que habían llegado al séptimo grado, o a un nivel superior a éste, representaban un 46,6% de la muestra.

 Los singaleses, tamiles y musulmanes de la muestra representaban 79,9%, 13,6% y 6,8%, respectivamente, de ella, cifras que corresponden de cerca a la distribución étnica en el país.

 La composición religiosa era la siguiente: un 72,8% eran budistas, un 8,7% hinduístas, un 10,7% cristianos (protestantes y católicos), y un 5,8% musulmanes.

 Por lo que respecta al estado civil, un 59,2% eran solteros, un 33% estaban casados legalmente y un 4,9% habían vivido en pareja.

 En la encuesta por muestreo se indicaron diversos empleos, correspondiendo a los sectores del comercio y la agricultura un 24,3%. Los empleos que requerían ciertos conocimientos (por ejemplo, albañil, carpintero, conductor, técnico) totalizaban un 14,4%. Un 25,2% de la muestra percibía unos ingresos mensuales de más de 2.000 rupias (equivalentes a 40 dólares EE.UU.), cifra que se considera ligeramente superior al nivel de la pobreza; no obstante los ingresos que se declararon no pueden considerarse fidedignos.

 La mayoría de los reclusos de la muestra (63,1%) provenían de aldeas, un 28,2% de ciudades y un 4,9% de los barrios pobres de éstas; un 24,3% había vivido con familiares, un 8,7% en casas de huéspedes, un 13,6% como sirvientes domésticos y solamente un 9,7% en su propio hogar. Una proporción notable (39,8%) no quería divulgar detalles acerca de su residencia. No obstante, un 82,5% de las personas de la muestra declararon que tenían un lugar adonde ir y habitar tras su puesta en libertad.

 En un 46,6% de los casos los reclusos manifestaron que sus padres vivían o habían vivido juntos, lo cual indicaba cierto grado de estabilidad de la familia, y otro 43,7% de ellos tenían al menos un progenitor que aún estaba en vida. El número de miembros de la familia era de cinco o menos en el caso del 46,6%, frente a ocho o más en el caso del 24,3%

 La capacidad para leer y escribir de la madre, el padre y otros miembros de la familia, tal como la indicaron los reclusos de la muestra, se calculó en 76,6%, 63,1% y 76,6%, respectivamente. Es difícil decir si se trata de un alfabetismo funcional.

 En la cárcel de Welikada, en Sinhala, en las tres escuelas autorizadas de Rammutugala, Makola y Hikkaduwa, y en los dos establecimientos para jóvenes de Kottawa y Baddegama se dan regularmente clases organizadas. En general, las clases duran tres horas al día y tienen lugar tres veces por semana; la asistencia media a una clase es de 40 alumnos. En la cárcel de Welikada se imparten clases separadas de alfabetización para hombres y mujeres, a cargo de maestros voluntarios seleccionados por el Departamento de Educación; las clases que se dan actualmente comenzaron en 1987 por iniciativa de la División de Enseñanza no Académica del Ministerio de Educación, a petición de las autoridades penitenciarias.

 De las 54 mujeres que asistían a clase, 18 servían condenas a largas penas de prisión. Cuarenta de ellas nunca habían asistido a la escuela y eran totalmente analfabetas. Manifestaron que tenían gran interés en aprender, ya que consideraban que el analfabetismo y la pobreza eran factores que habían contribuido a la difícil situación en que se encontraban . El maestro manifestó que el entusiasmo de las alumnas les permitía adquirir en un plazo relativamente corto la capacidad para leer nombres en la pizarra y escribir una carta breve o un telegrama.

 En la cárcel de Welikada también se dan clases de alfabetización en inglés, organizadas por la Asociación para el Bienestar de los Presos. Con frecuencia ha sido difícil encontrar instructores cualificados en inglés, y a este respecto han prestado ayuda voluntarios entre los reclusos. El último de esos voluntarios ?un oficial del ejército que cumplía una pena de prisión de 20 años y tenía un excelente conocimiento del inglés? se encargó de la clase,  sin ser ayudado por nadie, durante varios años. Algunos de sus estudiantes tuvieron éxito en los exámenes públicos, y, como reconocimiento por su dedicación a la enseñanza, los alumnos de la cárcel recaudaron fondos provenientes de la paga para hacerle un regalo cuando cumplió su sentencia y se despidió de la cárcel. El homenajeado se negó a aceptar el regalo en efectivo en la función de despedida, pero aceptó como presente simbólico una talla en madera de Jesucristo en la cruz, con la siguiente inscripción: "Los que sirven a la humanidad sirven a Dios".

 Recientemente se celebró el décimo aniversario de Communication, la publicación mensual periódica que, según se dice, es la primera en su género publicada por presos en el mundo, como se informó en el número 113 de julio de 1993.

 El contenido de la revista consiste en versos, artículos de fondo y opiniones de los lectores, en que se indica el parecer de los presos acerca de diversas cuestiones, inclusive la vida en la cárcel. Con frecuencia los reclusos lamentan los actos que les llevaron a la cárcel. La revista promueve el derecho de libre expresión y conforta a muchos de sus lectores. La junta editorial incluye funcionarios de prisiones, y un editor noruego ha proporcionado la financiación necesaria. Se informa de una circulación de alrededor de 750 ejemplares.

 Los reclusos que muestran aptitud para oficios como carpintero, albañil, especialistas en trabajos de metal, sastre, panadero, tejedor, peluquero o preparador de artículos para bodas reciben la capacitación necesaria. También se imparte formación en lo concerniente a la fabricación de cepillos, el tejido de esteras, la fabricación de cuerdas de bonote, el pulido de muebles, etc. Sin embargo, la capacitación proporciona solamente mayores conocimientos, ya que, en general, no se consigue ninguna cualificación sistemática para desempeñar un empleo. Comporta meramente una ardua labor durante el cumplimiento de la pena y muchas veces no prepara suficientemente a los participantes para un empleo especializado al ser puestos en libertad.

 Los presos que siguen los programas de formación profesional y artes y oficios no reciben ningún certificado comparable al de la enseñanza académica que se imparte externamente.

 Entre el personal del Departamento de Prisiones hay instructores capacitados en algunas esferas y, además de utilizar sus servicios, se recurre con frecuencia a los de presos que ya poseen aptitudes relevantes para capacitar a otros reclusos que desean adquirir conocimientos.

 En las escuelas autorizadas y en los establecimientos para jóvenes, hay intructores en albañilería, carpintería, talla de madera, metalistería, corte y confección, encaje, horticultura, fabricación de flores artificiales, etc.; algunos de ellos son voluntarios extranjeros (japoneses) que suelen estar adscritos a una institución determinada por un período de dos años.

 Existe un proyecto especial financiado por el Banco Mundial y administrado por el Instituto de Capacitación y Desarrollo en el Sector de la Construcción, que se viene ejecutando desde 1991 en la escuela autorizada para muchachas de Rammutugala, donde 20 y 30 reclusos siguen los cursos de carpintería y corte y confección, respectivamente. En relación con cada cursillista se lleva un registro de los resultados logrados en la capacitación, en el que se indica la calidad del trabajo, el interés, el comportamiento y el espíritu de iniciativa, todo ello evaluado con arreglo a una escala de cuatro puntos. Las reclusas que siguen diligentemente el curso de corte y confección tienen la oportunidad de recibir formación ulterior en el manejo de las máquinas Juki. De esa forma adquieren conocimientos suficientes para buscar empleo en la industria del vestido, una vez puestas en libertad.

 En el cuadro que figura a continuación se presenta un análisis de las distintas actividades de formación profesional correspondientes a la muestra objeto de la encuesta que se realizan en las cárceles y las instituciones correccionales.

 De los 103 reclusos entrevistados, más de la mitad pidieron que se impartiera más capacitación, un 24,3% deseaban más instalaciones para la enseñanza de oficios y la capacitación técnica, un 19,4% querían que se realizaran estudios en relación con las artes y un 11,7% solicitaron que se fomentara la alfabetización. Las limitaciones de fondos pueden impedir que se atiendan esas peticiones. Un 35% de los reclusos no tenía ningún comentario que hacer en cuanto a la necesidad de más actividades de capacitación y un 9,7% expresó satisfacción con ellas.

 En la escuela autorizada para muchachos de Makola se imparten dos cursos (electricidad en la casa y soldadura), en los que también se permite participar a 10 muchachas de la vecindad (que no son reclusas) en forma experimental. Al mismo tiempo, cinco de los reclusos se envían a escuelas vecinas a la cárcel para recibir enseñanza secundaria. Existen las mismas posibilidades en la escuela autorizada de Hikkaduwa. Además de los reclusos que siguen los cursos de metalistería y capacitación como electricista, nueve personas del mismo grupo de edad siguen el curso de metalistería y 24 el de electricista. Esta enseñanza mixta con personas del exterior contribuye a la readaptación de los reclusos, así como a encontrarles empleo una vez puestos en libertad.

 Las autoridades del establecimiento para jóvenes de Baddegama también han establecido estrechas relaciones con el Centro de capacitación para el desarrollo del Frente Femenino Sarvodaya, ubicado muy cerca de Heenatigala, a fin de impartir capacitación integrada a grupos seleccionados de reclusas. El plan ha estado en funcionamiento desde 1991 y cada tanda de alumnas tiene que seguir el curso durante seis meses, en régimen de internado en Heenatigala, a los que siguen otros seis meses en régimen de libertad condicional en el empleo. La selección se basa en criterios como los siguientes: tener menos de 25 años de edad; ser soltera; no tener padres; tener como máximo tres casos de reincidencia; saber leer y escribir; se da preferencia a las que han superado el quinto grado; estar en buenas condiciones físicas y mentales, y tener un historial satisfactorio en cuanto a disciplina durante la estancia en el establecimiento penitenciario para jóvenes. Se da preferencia a las reclusas que tienen aptitud o inclinación para el corte y confección, la profesión de cocinera, la peluquería o la horticultura. También son admitidas a los cursos de capacitación las alumnas de escuelas autorizadas, y en la selección no se hace distinción alguna por motivo de casta, raza o credo. Además de las materias principales, se da formación en enseñanza de la salud, danzas orientales y algunos tipos de artesanía, y se imparten también cursos de alfabetización.

 Al terminar los seis meses de capacitación en régimen de internado, se hace una evaluación, en la que participa un funcionario del Departamento de Vigilancia de la Condena Condicional y Servicios de Cuidado del Niño. Las reclusas que han terminado el curso de capacitación han experimentado notables cambios en su actitud hacia la sociedad. De un total de 28 reclusas capacitadas hasta la fecha, 25 trabajan por cuenta propia o son asalariadas. El costo total de la capacitación durante seis meses se ha estimado en 8.000 rupias (equivalentes a 180 dólares EE.UU.) por persona, inclusive los sueldos de los instructores.

 El oficial de vigilancia de la condena condicional encargado del establecimiento para jóvenes de Baddegama, con más de 25 años de servicio, elogió el experimento de formación profesional como uno de los pocos que había tenido éxito. Parece ser un modelo viable para su repetición en otras escuelas autorizadas y en organizaciones no gubernamentales auténticas, que tengan los antecedentes y la experiencia apropiados.
  Cursos de formación profesional impartidos a los reclusos
 de cárceles e instituciones correccionales

 Un gran número de insurgentes, sobre todo jóvenes, estaban recluidos en varios establecimientos especiales de detención preventiva en espera de que se investigaran sus actividades criminales. El grado de participación de algunos de ellos en la insurgencia era mínimo. Se había creado un departamento a cargo de un comisario especial para las actividades de rehabilitación. Durante el largo período de detención preventiva, se brindaron a los reclusos diversos programas de formación (educativos, de formación profesional y de tipo espiritual). Salvo aquellos acusados de distintos delitos ante los tribunales, los reclusos eran transferidos en tandas a ciertos templos, ya que en su mayoría eran budistas, para que pasaran allí los últimos tres meses antes de la puesta en libertad. Durante este período tenían que prestar servicios comunitarios organizados, además de realizar otras actividades espirituales y de orientación. Una vez puestos en libertad, oficiales debidamente capacitados, muchos de los cuales intervenían en los aspectos de orientación y asesoramiento, seguían de cerca los progresos que realizaban los ex detenidos.

 Se prestan servicios de biblioteca y se promueve el hábito de leer. El Servicio de Biblioteca Circulante del Consejo Municipal de Colombo complementa la biblioteca existente en Welikada. También se facilitan periódicos y revistas.

 En las cárceles de Welikada y Bogambara operan dos clubes de la UNESCO, y los funcionarios correspondientes se seleccionan entre los reclusos. Los miembros utilizan los aparatos de radio y televisión recibidos a título de regalo, que son útiles para la organización de actividades religiosas, sociales y culturales en las cárceles, inclusive la donación de sangre y la colecta de limosnas.

 En la cárcel de Welikada se ofrecen oportunidades a los que tienen el interés y el talento necesarios para realizar estudios en materia de artes, danzas orientales y teatro. De manera análoga, se dispone de servicios limitados en esta esfera en algunas de las escuelas autorizadas, y unos pocos reclusos de cada una de ellas aprovechan las posibilidades existentes.

 La cárcel de Welikada tiene un cuerpo de danza kandyan (integrado por 20 miembros). Han dado recitales en varias ocasiones en que se celebraban actos públicos y también funciones privadas. Aparte del reconocimiento y el aprecio logrados, los recitales han proporcionado algunos ingresos al Departamento de Prisiones.

 En varias exposiciones de arte organizadas sobre distintos temas se han exhibido algunas obras (dibujo) de los reclusos de las cárceles y las escuelas autorizadas. Durante el festival anual de Wesak, en diferentes partes de la ciudad de Colombo se pintan murales que ilustran algunos aspectos de los relatos "Jataka" (Buda en sus existencias anteriores); un mural muy popular que atrae a una gran multitud es el pintado por los propios reclusos cerca de la cárcel de Welikada. Para esta exposición anual se requieren varios meses de trabajo en equipo, que las autoridades penitenciarias alientan y respaldan.

 El desarrollo moral, mental y espiritual de los reclusos es un aspecto que recibe gran atención y apoyo, tanto de las autoridades como de varias organizaciones voluntarias y religiosas externas.

 Entre los distintos programas que se ejecutan para promover el desarrollo espiritual se encuentran los sermones Dhamma (budistas), las actividades budistas del día de la Luna llena Poya (campañas Sil y ofrendas religiosas), limosnas, oficios divinos cristianos, clases dominicales y clases de prácticas de meditación. En la cárcel de Welikada hay locales para las ceremonias religiosas de todas las confesiones, los cuales son también objeto de mantenimiento. A los sermones de sacerdotes o de seglares de renombre suelen asistir los reclusos que profesan distintas religiones, con lo cual se promueve la armonía religiosa entre ellos.

 Las autoridades aceptan que algunos auxiliares voluntarios den clases de Dhamma a los presos budistas, permitiendo a algunos de éstos presentarse a ciertos exámenes públicos realizados por la Asociación de Jóvenes Budistas, exámenes que aprueban. Las mismas facilidades se dan a los presos de otras confesiones religiosas.

 Esas actividades religiosas permiten que haya continuidad con las prácticas anteriores de los reclusos. Según la información reunida, un 85,4% de éstos habían asistido regularmente a sus respectivos lugares de culto, con inclusión de templos, iglesias y mezquitas. Por consiguiente, la provisión de locales para que continuaran algunas de las prácticas, incluso en cierto grado, dentro de la cárcel producirá efectos terapéuticos sobre los reclusos y facilitará la readaptación.

 Ello está de acuerdo con lo indicado en el informe del Comité de Reforma Penitenciaria de 1981, que señala que "el régimen de la institución deberá tratar de reducir al mínimo toda diferencia entre la vida en la cárcel y la vida en libertad que tienda a reducir la responsabilidad de los presos o el respeto a su dignidad de seres humanos".

 El hacinamiento en las cárceles debido a la admisión de un gran número de presos en régimen de detención preventiva afecta gravemente muchos de los programas previstos en ellas. El alcance del fenómeno puede imaginarse cuando se tiene en cuenta que la cifra media diaria de delincuentes convictos era de 4.195 frente a un promedio de 6.287 presos en régimen de detención preventiva durante el período 1982-1991 [238].

 Las tasas de delincuentes condenados a penas de menos de seis meses o menos de un año eran del 27,38% y el 51,52%, respectivamente, durante el período de 1987-1991 [238]. Incluso una clase de alfabetización sistemáticamente planificada no puede lograr mucho en seis meses, y un programa de enseñanza de oficios y formación profesional será incluso menos eficaz.

 La falta de medios financieros de los presos ha sido un factor que ha contribuido a su reclusión. El encarcelamiento de los que no han pagado las multas por delitos a veces relativamente menores ha afectado la proporción de presos, que ha subido del 24,54% al 83,8% durante el período 1983-1991, y sus penas de prisión han sido de seis meses o menos. Las cifras citadas en relación con los tipos de delitos cometidos se refieren al delito respecto al cual se impuso la multa original.

 Son dignas de mención las siguientes observaciones del Comisario de Prisiones de Sri Lanka [237], en su informe correspondiente a 1990: "La tendencia general en el mundo es ahora el tratamiento basado en la comunidad; dicho de otro modo: la utilización de la comunidad y de sus recursos para fines de readaptación social. Ello confiere a la comunidad la responsabilidad de encargarse de sus delincuentes y de ayudarlos a ser ciudadanos respetuosos de la ley. Sin embargo, en Sri Lanka no se ha respetado esa tendencia. Ello lo demuestra a todas luces el gran número de personas condenadas a penas de prisión por no haber pagado multas. En los últimos años, más del 80% de los que han estado en la cárcel como presos condenados han sido personas en esa situación. Se trata de una característica y de una tendencia que no se observan en ninguna otra parte del mundo. Los penalistas de todo el mundo están recomendando que la reclusión sea la última medida a que se recurra cuando hayan fallado todas las demás. Lamentablemente, el sistema de Sri Lanka parece preferir la reclusión a otras medidas. Esto se desprende asimismo del gran número de personas encarceladas en régimen de prisión preventiva".

 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado en virtud de la resolución 2200 A (XXI) de la Asamblea General, de 16 de diciembre de 1966, entró en vigor el 3 de enero de 1976, y Sri Lanka lo ratificó el 28 de mayo de 1980. El artículo 10 del Pacto establece los derechos de los presos de la manera siguiente:

 "1.  Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

 2. a)  Los procesados estarán separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento distinto, adecuado a su condición de personas no condenadas;

  b)  Los menores procesados estarán separados de los adultos y deberán ser llevados ante los tribunales de justicia con la mayor celeridad posible para su enjuiciamiento.

 3. El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados. Los menores delincuentes estarán separados de los adultos y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica."

 3. Progresos logrados en la enseñanza en establecimientos penitenciarios

 Pese a las adversas condiciones reinantes en las cárceles de Sri Lanka, se han hecho algunos progresos en los últimos años en la dirección prevista el en Pacto.

 La legislación no prevé que se imparta enseñanza en las cárceles y los presos no tienen ningún  derecho legal a este respecto. Sin embargo, el proceso de readaptación para que el preso retorne a la sociedad normal una vez puesto en libertad requiere cierta alfabetización básica y algunos conocimientos profesionales, y las autoridades de cada establecimiento penitenciario facilitan los servicios correspondientes a esos efectos. La Asociación para el Bienestar del Preso es un organismo que presta asistencia a las autoridades en estas cuestiones.

 Se podría hacer periódicamente una encuesta para la evaluación de las necesidades en materia de alfabetización, al menos en las cárceles principales, y se podrían organizar cursos aceptables de alfabetización funcional. La División de enseñanza académica del Ministerio de Educación podría tomar la iniciativa a ese respecto, con el activo apoyo de algunas organizaciones no gubernamentales que realicen actividades en esta esfera.

 Los instructores en materia de alfabetización necesitan realizar cursos periódicos de capacitación en el servicio, tanto cuando se trate de personal de prisiones ordinario como de trabajadores voluntarios, a fin de actualizar sus conocimientos y permitir la preparación del material didáctico requerido. Es sumamente conveniente prever algún incentivo económico para ellos a fin de que puedan sufragar al menos los gastos de viaje cada vez más elevados. El pago de una remuneración mensual, tomando en consideración el número total de horas de trabajo, sería sumamente útil para poder contratar personal competente.

 Es necesario aumentar la motivación de los reclusos no limitando su asistencia a las clases a las horas de asueto y previendo cierto nivel de resultados en un examen externo. Sería un gran incentivo la concesión de algún tipo de certificado de estudios, sobre todo a los reclusos que no hayan recibido enseñanza anteriormente.

 Hay varios organismos que imparten formación profesional en Sri Lanka. Los institutos técnicos adscritos al Ministerio de Enseñanza Superior, la Junta Nacional de Capacitación Industrial y Aprendizaje, los centros de capacitación del Departamento de Trabajo y varias organizaciones no gubernamentales tienen cursos de enseñanza de oficios y formación profesional. Algunos de esos institutos de capacitación están ubicados en lugares de fácil acceso desde algunas de las cárceles.

 Así pues, sería conveniente determinar la viabilidad de utilizar el personal y el equipo disponibles para permitir al menos a algunos presos seleccionados iniciar o complementar sus estudios con miras a aumentar sus conocimientos en sectores especiales de su elección, en caso de que posean el talento y la inclinación necesarios para hacerlo. Tal vez sea incluso posible proporcionar cierto equipo básico a algunos talleres de las cárceles para facilitar la capacitación, de acuerdo con el plan de estudios correspondiente a un certificado o diploma concreto. Si el período de la pena termina antes de concluir el curso de que se trate, se puede inducir a los interesados a que lo terminen fuera de la cárcel.

 Con respecto a la enseñanza de oficios y a la capacitación para reinsertar a los reclusos en la sociedad, hay varias organizaciones no gubernamentales capaces de prestar servicios, también en este caso a algunos tipos de presos. El ejemplo citado en la sección 2 supra, (el Centro de Capacitación para el Desarrollo del Frente Femenino Sarvodaya) constituye un modelo a ese respecto. Ello podría considerarse como una extensión del plan para el empleo tras la puesta en libertad que actualmente se ejecuta.

 La experiencia de puesta en libertad para prestar servicio comunitario descrito en la sección 3 puede utilizarse en forma fructífera para la readaptación social de algunos presos que se encuentran entre los detenidos por falta de pago de multas, los cuales representan el 80% de los reclusos, con lo cual se reduciría la congestión en las cárceles. Los programas análogos, en su caso, de otros países podrían servir de orientación para formular tal plan.

 Se podría tomar una muestra seleccionada de unos 100 reclusos que participen en clases de alfabetización y en distintos programas de enseñanza de oficios y formación profesional en la cárcel a fin de seguir estudiando los progresos que realizan tras la puesta en libertad, durante un período de alrededor de un año. Ese estudio pondría de manifiesto la eficacia de la capacitación que se recibe durante el período de encarcelamiento y contribuiría a la reforma de los programas actuales. 

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