A. Estudios previos
B. Metodología
C. Resultados
D. Conclusiones
Un elemento importante en la evaluación de los programas penitenciarios de educación lo constituye sus repercusiones en la vida de los alumnos encarcelados cuando hayan obtenido la libertad. Con frecuencia, la evaluación de estos programas se limita a las variables en materia de participación. Raymond Bell, de la Universidad Lehigh, de Bethlehem (Pennsylvania), en una ponencia presentada al Correctional Education Leadership Forum, en Washington D.C. el 27 de febrero de 1989, llegó a la conclusión de que la labor de evaluación de esa educación es esporádica y de calidad dudosa. Las conclusiones de Bell son similares a las de Mark Rowh [224], que calificó de prácticamente nula la evaluación de los estudios realizados sobre la educación profesional impartida en prisión. La evaluación posterior a la puesta en libertad, incluidos los datos sobre reincidencia, no constituye desde luego el único criterio para calibrar el éxito de los programas, ya que estos tienen gran importancia para el funcionamiento ordenado y seguro de los servicios penales.
A principios del decenio de 1990, la evaluación de los programas penitenciarios de educación adquirió cada vez mayor importancia ya que casi todos los niveles de administración de los Estados Unidos y de todo el mundo se han enfrentado con presiones financieras crecientes que han provocado la disminución o supresión de los programas de atención a los presos. Cada vez más, los administradores de esos programas se ven obligados a demostrar su importancia para que después de su liberación los internos obtengan empleo y no recaigan en la delincuencia. En la sección siguiente se examinan diversos estudios recientes sobre los efectos de los programas penitenciarios de educación estadounidenses.
Las reseñas de los estudios sobre la enseñanza en prisión empezaron prácticamente con el artículo de Robert Martinson, titulado "?Qué funciona? Preguntas y respuestas sobre la reforma carcelaria" [175]. Basándose en el examen de los informes publicados entre 1945 y 1967, Martinson respondió a esta pregunta diciendo: ". . . con algunas excepciones aisladas, los esfuerzos de rehabilitación comunicados hasta ahora no han tenido consecuencias apreciables sobre la reincidencia". Estas conclusiones se han relacionado frecuentemente con la tendencia a dejar de lado el tratamiento y la rehabilitación y pasan a una orientación judicial y del justo merecimiento, por lo menos en los Estados Unidos.
Desde el artículo fundacional de Martinson se han realizado numerosos estudios que dan a entender que los programas penitenciarios de educación tienen consecuencias verdaderamente positivas para la conducta de los internos después de su puesta en libertad en lo que se refiere al empleo y a no recaer en actividades delictivas. Los autores de los estudios llevados a cabo en los Estados Unidos pertenecen a la Oficina Federal de Prisiones y a diversos programas de algunos estados que reflejan el sistema federal estadounidense, país en el que tanto el gobierno nacional como los de los distintos estados se encargan de los sistemas de justicia penal.
En 1988 el Consejo de Educación Profesional del Departamento Penal de Illinois financió el seguimiento durante 12 meses de ex presos elegidos al azar. El estudio de 760 presos liberados correspondió a los cuatro grupos siguientes [130]:
a) Ex presos que sólo habían terminado programas de educación teórica;
b) Ex presos que sólo habían terminado programas de formación profesional;
c) Ex presos que habían terminado tanto estudios teóricos como de formación profesional;
d) Un grupo de control.
El estudio llegó a la conclusión de que existe una asociación positiva entre el seguimiento completo del programa y el empleo posliberación. Después de ser puestas en libertad, las personas que habían terminado programas de educación teórica o profesional registraban mejores resultados que el grupo de control, y los internos que habían terminado tanto la educación profesional como la secundaria tenían mayores posibilidades de lograr empleo y de no recaer en conductas delictivas.
En el Estado de Nueva York se evaluaron las experiencias posliberación de 300 internos que habían participado en un programa de educación possecundaria. Se reunieron datos acerca de los empleos conseguidos así como de sus actividades delictivas, ingresos y participación en la educación después de ser puestos en libertad. Se llegó a la conclusión de que la participación en el programa escolar de la prisión influyó de forma positiva en la posterior obtención de empleo y la disminución de las tasas de reincidencia [291].
En 1992 la Oficina Federal de Prisiones publicó una importante evaluación de las consecuencias de la formación laboral y profesional sobre el éxito de diversas medidas docentes y posliberación [228]. Este importante estudio de 7.000 internos llegó a la conclusión de que los que participaron en el programa obtuvieron resultados mucho mejores que un grupo análogo que no había recibido formación. Cabe destacar que los internos del grupo estudiado alcanzaron resultados significativamente mejores en las esferas siguientes: ajuste institucional; consecución de empleo durante el período de prisión condicional anterior a la liberación; ajuste a la supervisión comunitaria; y consecución de empleo en la comunidad después de ser puestos en libertad.
Estas conclusiones fueron muy alentadoras habida cuenta del tamaño del grupo estudiado, el hecho de que se dispusiera de un grupo comparativo y el rigor metodológico del estudio. Otro estudio realizado recientemente en Alabama se centró en las consecuencias de la educación teórica y técnica sobre las tasas de reincidencia de los internos que finalizaron estos cursos entre 1987 y 1991. Dicho estudio señaló espectaculares diferencias entre las tasas de reincidencia de los internos que terminaron el curso (5%) y la población ex reclusa en general (35%). El estudio también informó sobre variaciones espectaculares e inexplicadas de las tasas de reincidencia según los diferentes programas de enseñanza técnica, que osciló entre cero y el 25%. La reincidencia cero correspondió a una escuela técnica que sólo tuvo 10 alumnos, si bien escuelas que contaron con más de 500 alumnos registraron tasas de reincidencia de sólo el 1%. Se requieren sin duda nuevos estudios para explicar estas variaciones entre programas de educación similares.
En Maryland, varios estudios han evaluado las actividades posliberación de los presos en lo que se refiere a encontrar empleo, someterse con éxito a la supervisión comunitaria y sufrir nuevo encarcelamiento. Estos estudios se han centrado en personas que terminaron estudios teóricos y profesionales y en ex internos formados en prisión en programas laborales. El estudio realizado por Jenkins y Mumford en 1989 obtuvo datos proporcionados por agentes encargados de la vigilancia de presos en libertad condicional acerca de la consecución de empleo por esos presos así como sobre el cumplimiento de la libertad condicional. Llegaron a la conclusión de que los que habían terminado programas equivalentes a la enseñanza media y de formación práctica tenían muchas más posibilidades de encontrar empleo que los que habían terminado un programa de educación básica de adultos. Los que habían terminado programas de educación possecundaria (de dos a cuatro años de duración, que suponían obtener un título) tenían máximas posibilidades de obtener empleo. No obstante, había muy pocos en este caso (N=11) [145].
En 1992, el State Use Industries (SUI), departamento laboral de la prisión de Maryland, llevó a cabo el seguimiento de ex internos que habían recibido formación laboral durante un año como mínimo (aprendices y formación en el trabajo), llegando a la conclusión de que esas personas conseguían salarios significativamente superiores (5,47 dólares por hora) al salario mínimo federal (3,65 dólares por hora). Los internos que habían recibido formación durante un año registraban una menor tendencia a la reincidencia que la población ex reclusa en general, si bien esa población sólo puede servir de grupo de comparación muy amplio ya que incluye a internos que terminaron otros programas de formación práctica y que ya podían tener capacitación o experiencia laboral antes de su entrada en prisión. En conjunto, los que habían terminado cursos de capacitación laboral registraron una tendencia a ser encarcelados nuevamente un 25% inferior al de la población ex reclusa en general.
El seguimiento de ex reclusos para evaluar su conducta después de su puesta en libertad se ha intentado de diversas formas. En general, las encuestas por correo pidiéndoles información directamente han tenido el defecto de conseguir muy pocas respuestas, lo que hace suponer que sus resultados no son válidos. Otros estudios se han basado en la comparación de bancos de datos. En Florida, la eficacia de los programas de educación profesional impartidos en prisión se evaluó comparando el número de la seguridad social del ex recluso con varios bancos de datos de ámbito estatal sobre el empleo y la matriculación en establecimientos docentes. Esta metodología de comparar bancos de datos proporciona información sobre diversas cuestiones relativas al empleo y la capacitación pero tiene el inconveniente de que se basa en los números de la seguridad social para relacionar los diversos expedientes, y el interesado puede utilizar números falsos o varios números a la vez, o simplemente no acordarse del número. En otros estudios se han utilizado diversos incentivos para alentar la participación de los ex internos en entrevistas directas. En general es difícil entrar en relación con ellos debido a que muchas veces carecen de residencia estable y además desean olvidar su época en prisión.
El presente estudio se basó en la misma metodología que muchos estudios anteriores realizados en Maryland por el SUI y personal de educación de los establecimientos penitenciarios: una encuesta telefónica del agente encargado de supervisar la libertad condicional del ex recluso. Esta metodología evitó las dificultades de una encuesta por correo y permitió obtener un máximo de datos. Casi todos los internos liberados de establecimientos penitenciarios de Maryland están bajo supervisión de agentes de la División de Libertad y Condena Condicionales durante aproximadamente un año.
En Maryland, el 46% de la personas liberadas de prisión vuelve a ser encarcelado en un plazo de tres años. El primer año es el más importante en lo que se refiere a volver a delinquir ya que durante este plazo el 19,7% de los ex presos vuelve a ser encarcelado -lo que representa el 43% de la tasa total de los tres años indicados. A finales del segundo año ya ha vuelto a ser encarcelado el 78% del total que reingresa en prisión en el plazo de los tres años. El período de seguimiento de tres años es típico de los estudios estadounidenses, en vez del de cinco años que es más típico de los países europeos.
En la mayoría de casos, los agentes conocen la situación laboral de los ex presos y, desde luego, la forma en que cumplen la libertad condicional. Aunque la intensidad de la supervisión comunitaria de los presos en libertad provisional varía según el carácter del delito y los antecedentes penales del interesado, en la mayoría de casos la supervisión de la libertad condicional incluye lo siguiente:
a) Tres contactos mensuales con el agente supervisor;
b) Una visita cada dos meses del agente supervisor en el hogar del interesado;
c) El control del cumplimiento por el interesado de las condiciones especiales que se le hayan impuesto para su liberación (tratamiento antidrogas o antialcohólico, consejos médicos, etc.);
d) La comprobación del empleo del interesado;
e) La consulta periódica del sistema de registro informatizado de la justicia penal por parte del agente de vigilancia de la libertad condicional para comprobar si se ha producido una detención u otros indicadores de actividad delictiva.
Los programas de educación impartidos en los establecimientos penitenciarios de todo el estado proporcionaron los nombres de los internos que habían terminado uno o varios programas importantes (educación básica de adultos, título de equivalencia general, formación práctica profesional o enseñanza superior) durante el período 1989-1990. La Oficina de Investigación y Estadística del Departamento de Seguridad Pública y Servicios Penales cotejó estos nombres con el fichero correspondiente para determinar que las personas a los que correspondían habían sido puestas en libertad e identificar al agente encargado de la vigilancia de la libertad condicional. El estudio se centró en estos ex reclusos (N=169). Los internos que no se habían quedado a vivir en el estado, que habían sido puestos en libertad por orden del tribunal o que habían salido de prisión al haber cumplido su condena no se incluyeron en el estudio debido a la dificultad de seguir su experiencia posliberación. Se obtuvieron datos sobre 120 reclusos.
Los autores del presente capítulo realizaron encuestas por teléfono. Obtuvieron datos sobre 120 ex reclusos, si bien no los consiguieron de manera uniforme sobre algunas variables. Cuando ya se había dado por terminada la libertado condicional y el agente encargado de la vigilancia no pudo proporcionar los datos necesarios, se utilizaron los facilitados por el informe del agente supervisor a la fecha de cierre del caso. Aunque en estos informes no había información pormenorizada sobre el empleo posliberación, sí proporcionaban datos sobre la situación laboral en el momento de producirse la puesta en libertad, la duración del empleo y si la supervisión de la libertad condicional había terminado de forma satisfactoria.
Se obtuvieron en general diversas variables demográficas
y de justicia penal a partir de la ficha automatizada de cada interesado:
edad, sexo, raza, duración de la condena y tipo de delito. Los internos
del grupo estudiado eran prácticamente similares a la población
reclusa en general. En el cuadro 1, a continuación, se comparan
las variables demográficas y de justicia penal del grupo estudiado
con los de la población reclusa en general.
Cuadro 1. Comparación de los internos que terminaron
cursos educativos
con la población reclusa en general
| Tema | Grupo de edad | Raza (porcentaje de personas pertenecientes
a minorías)(a) |
Porcentaje
de mujeres |
Condena media (meses) | Delincuentes violentos (porcentaje) (b) |
| Grupo estudiado (N=120) | 30 | 59 | 3 | 116 | 52 |
| Población reclusa en general (N=19.014) | 31 | 76 | 4,5 | 136 | 47 |
Los internos del grupo estudiado que habían terminado cursos de educación presentaban características muy similares a la población penitenciaria en general en lo que se refiere a variables fundamentales de su conducta delictiva: duración media de la condena y carácter violento del delito. En el aspecto demográfico, los sujetos de la investigación tenían fundamentalmente la misma edad que los miembros de la población general (30 y 31 años de edad, respectivamente). Había un porcentaje de mujeres algo inferior en el grupo estudiado (3%) en comparación con la población en general (4,5%). La única diferencia importante registrada entre el grupo estudiado y la población en general correspondió a la raza, ya que el 59% del grupo y el 76% de la población en general eran personas pertenecientes a minorías. No obstante, la matriculación en los cursos impartidos en establecimientos penales parece coincidir estrechamente con la población penitenciaria en general en lo que se refiere a la raza. El grupo estudiado estuvo compuesto por personas que habían realizado un programa educativo sin precedentes, y no por personas matriculadas en los programas penitenciarios de educación, lo que puede explicar la diferencia.
El resultado fundamental del estudio es que la educación adquirida en prisión tiene realmente importancia cuando el delincuente adulto regresa a su comunidad de origen. A pesar de la publicidad que se da en especial a las largas condenas, el interno medio de la División Penal queda en libertad al cabo de 40 meses aproximadamente. La misión de la educación penitenciaria es preparar al interno para que se reinserte con éxito en su comunidad, para lo cual es fundamental conseguir empleo.
Hay diversas clases de puesta en libertad:
a) Libertad condicional - tras examinar el historial delictivo del interno, el delito cometido y los progresos que ha realizado, la comisión de libertad condicional libera al preso el cual queda a disposición de un supervisor comunitario;
b) Libertad anticipada - puesta en libertad antes de que el interno cumpla toda la condena, gracias a la reducción de pena por buena conducta o por haber trabajado o haber participado en programas de educación;
c) Cumplimiento de condena - liberación del interno cuando ha cumplido toda la condena impuesta por el tribunal por el delito cometido;
d) Conmutación de condena por un juez, que tenga por resultado la liberación de prisión independientemente del tiempo transcurrido en ella.
Los internos liberados cuando han cumplido su condena registran en general las tasas más bajas de ajuste institucional y vuelven a prisión con más frecuencia que las otras categorías.
La adquisición de instrucción en prisión influye de manera positiva en la obtención de empleo, el tipo de trabajo conseguido, el salario horario cobrado y la terminación con éxito de la supervisión comunitaria. En el cuadro 2, a continuación, se expresa la relación entre terminación de los programas y condición laboral, según los datos comunicados por los agentes de supervisión.
Cuanto más alto fue el nivel de educación logrado en prisión, más fácil fue para el ex recluso obtener empleo. Estas condiciones son similares a las alcanzadas en Alabama, Arkansas e Illinois, así como en anteriores estudios de seguimiento llevados a cabo en Maryland. Se necesitan nuevas investigaciones para seleccionar un grupo de control de ex reclusos que no terminaron los programas educativos, pero que en otros aspectos sean similares a los que sí los terminaron. Cabe destacar en especial el éxito de los titulados universitarios. No obstante, estos resultados deben observarse teniendo en cuenta el pequeño número de casos (N=9), en comparación con el número de los que terminaron los demás programas. A pesar del pequeño número de graduados universitarios presentes en el estudio, los resultados son similares a los obtenidos anteriormente, tanto en Maryland como en otros estados.
En el cuadro 3 puede verse la relación existente entre la terminación de programas penitenciarios de educación y los salarios horarios cobrados, según las informaciones proporcionadas por los agentes de supervisión de la libertad condicional.
Cuadro 2. Programas penitenciarios de educación terminados
por los internos
y empleos conseguidos según los datos comunicados por los
agentes
de vigilancia de la libertad condicional
| Programa terminado | Porcentaje de personas que trabajan o han trabajado | Porcentaje de personas que todavía no han trabajado |
| Educación básica de adultos (inferior al nivel secundario) | 70 (23 casos) | 30 (10 casos) |
| Título de equivalencia general (equivalente a la enseñanza media de adultos) | 77 (23 casos) | 23 (7 casos) |
| Capacitación práctica basada en la competencia (seis meses)(a) | 78 (31 casos)
|
23 (9 casos)
|
| Educación postsecundaria que permite obtener un título universitario AA (b) (dos años) o BA(c) (cuatro años) | 100 (9 casos)
|
- |
Cuadro 3. Programas penitenciarios de educación terminados
por los internos
y salarios horarios según los datos comunicados por los agentes
de vigilancia de la libertad condicionala
| Programa terminado | Menos de 5 dólares por hora | Más de 5 dólares por hora |
| Educación básica de adultos | 13% (2 casos) | 88% (14 casos) |
| Título de equivalencia general | 7% (1 caso) | 93% (14 casos) |
| Capacitación práctica basada en la competencia (seis meses) | 17% (2 casos)
|
83% (10 casos) |
| Educación postsecundaria que permite obtener un título universitario AA o BA (b) | - | 100% (4 casos) |
Como puede verse en el cuadro 4, el éxito en los estudios influyó menos en los casos de libertad anticipada o condicional bajo supervisión.
Cuadro 4. Terminación de programas penitenciarios de
educación y situación
registrada en el cumplimiento de la libertad condicional
| Programa terminado | Satisfactoriaa (porcentaje) | Insatisfactoriab (porcentaje) |
| Educación básica de adultos | 71 (20 casos) | 29 (8 casos) |
| Título de equivalencia general | 64 (14 casos) | 36 (8 casos) |
| Capacitación práctica basada en la competencia (seis meses) | 68 (25 casos)
|
32 (12 casos)
|
| Educación postsecundaria que permite obtener un título
universitario AA o BAc
|
100 (8 casos)
|
- |
Además de los intentos de evaluar las consecuencias de los progresos educativos de los internos liberados, la correlación entre las variables resultantes (obtención de empleo, ingresos y tipos de trabajo) y las variables demográficas del grupo estudiado es sólo informativa. La información sobre las consecuencias según el sexo no es válida debido al pequeño número de mujeres que figuran en el estudio. Los estudios futuros deberían estratificar el grupo estudiado con el fin de incluir un número suficiente de mujeres.
En lo que respecta a la raza, las diferencias son importantes e inquietantes. Los internos pertenecientes a grupos minoritarios que terminaron programas de educación tienen probablemente muchas menos oportunidades de obtener empleo, como puede verse en el cuadro 5.
Cuadro 5. Grupos étnicos y situación laboral
| Grupo étnico | Porcentaje de los que trabajan actualmente o han trabajado | Porcentaje de los que no han trabajado |
| Minorías | 73 (46 casos) | 27 (17 casos) |
| Blancos | 92 (44 casos) | 8 (4 casos)
|
Cuadro 6. Grupos étnicos y salarios, según informaciones
proporcionadas por
los agentes de vigilancia de la libertad condicional
| Grupo étnico | Porcentaje de personas que cobran menos de $ 5 por hora | Porcentaje de personas que cobran $ 5 o más por hora |
| Minoritario | 25 (5 casos) | 75 (15 casos) |
| Blanco | - | 100 (27 casos) |
Cuadro 7. Grupos étnicos y tipo de empleo
| Grupo étnico | Porcentaje de personas que desempeñan trabajos no especializados o de servidor | Porcentaje de personas que desempeñan trabajos especializados | Porcentaje de vendedores o administrativos
|
| Minoritario | 41 (15 casos) | 51 (19 casos) | 8 (3 casos) |
| Blanco | 19 (7 casos) | 73 (27 casos) | 8 (3 casos) |
Si se tiene en cuenta la edad, los más jóvenes tienen muchas menos probabilidades de trabajar, cobran salarios más bajos y su conducta resulta mucho menos satisfactoria a juicio de los agentes de vigilancia. La relación entre edad y empleo figura en el cuadro 8.
Cuadro 8. Internos que terminaron cursos de educación y su situación laboral, según informaciones comunicadas por los agentes de vigilancia de la libertad condicional
| Edad de puesta en libertad | Porcentaje de personas que trabajan o han trabajado | Porcentaje de personas que no han trabajado |
| Menos de 21 años | 58 (7 casos) | 42 (5 casos) |
| 22-27 | 73 (33 casos) | 27 (12 casos) |
| 28-33 | 77 (23 casos) | 23 (7 casos) |
| 34-39 | 79 (11 casos) | 21 (3 casos) |
| Más de 40 años | 94 (16 casos) | 6 (1 caso) |
El logro de un nivel educativo durante la estancia en prisión tiene verdadera importancia en la vida de las personas encarceladas cuando vuelven a vivir en libertad. Esta importancia es evidente en la esfera del empleo. Cabe señalar que la mayoría de los ex reclusos que terminaron cursos educativos no recibieron ninguna ayuda especial para lograr empleo después de ser puestos en libertad, aunque algunos de ellos quizá realizaron un breve curso de adaptación a las necesidades laborales.
En los establecimientos penitenciarios de Maryland los internos son liberados de diversas formas. Todos los años, aproximadamente el 38% es liberado anticipadamente o puesto en situación de semilibertad en un entorno menos restrictivo. Los internos en situación de prelibertad residen en dependencias sin custodiar con dormitorios colectivos. Trabajan fuera, a menudo en empresas privadas, en las que cobran un salario. También es posible que reciban visitas domésticas no vigiladas de mayor o menor duración y puedan efectuar entrevistas para lograr un puesto de trabajo. Los restantes internos son liberados después de haber vivido en instalaciones vigiladas, en cuyo caso no se les permite trabajar en el exterior o abandonar la institución. La decisión con respecto a la concesión del grado de prelibertad se adopta aplicando un instrumento objetivo que tiene en cuenta el historial delictivo, la naturaleza del delito, la conducta del interno, infracciones anteriores, etc.
La presente investigación está limitada por el tamaño del grupo estudiado y la existencia de un grupo de control o comparación. Por todo ello, el número de casos relativamente pequeño impidió subdividir el grupo para controlar los diversos factores. Por ejemplo, ?las diferencias observadas entre razas también son válidas entre sexos?
Para servir de grupo de control o de comparación las conclusiones no pueden atribuirse de manera concluyente a las consecuencias de la participación en la educación si no se dispone de otro grupo de internos que no haya recibido instrucción durante su estancia en prisión (o que ya la tuviera al ingresar). La existencia de un grupo de control o de comparación en el estudio de los programas de formación laboral realizados por la Oficina de Prisiones contribuye de forma sustancial a afirmar su credibilidad. La utilización en el presente estudio del informe final de los agentes de vigilancia de la libertad condicional permitió establecer una base muy general de comparación de los resultados laborales obtenidos después de la puesta en libertad con los de vigilancia de la libertad condicional del grupo estudiado. A pesar de los defectos del presente estudio, éste constituye un alegato en favor de la opinión de que el éxito de los ex reclusos en lo que se refiere a conseguir empleo y no recaer en el delito es fundamental para evaluar cualquier programa de educación en prisión. La evaluación posterior a la puesta en libertad aporta importantes datos para modificar y perfeccionar este programa.
A. Estudios previos
B. Metodología
C. Resultados
D. Conclusiones