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  Gestión de las Transformaciones Sociales - MOST

Colección Políticas Sociales - no. 2

De la exclusión social a la cohesión social

Síntesis del Coloquio de Roskilde
2 a 4 de marzo de 1995
Universidad de Roskilde

por

Sophie Bessis

disponible tambien en inglés y francés


Indice

PRESENTACION
GRANDES TEMAS SINTESIS ANEXO : Lista de participantes en el Coloquio de Roskilde
NOTAS

La nécessité d'une comptabilité sociale
Logique de survie dans un contexte de guerre économique


PRESENTACION

Un resultado apreciable de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, organizada por las Naciones Unidas en Copenhague del 6 al 12 de marzo de 1995, fue reunir a 120 Jefes de Estado y de Gobierno y hacerles adoptar un Plan de Acción que compromete política y moralmente a los Estados a luchar de manera eficaz contra el desempleo, la pobreza y la exclusión social. En un sistema internacional dominado por el economicismo, la movilización en torno a la «cuestión social» no era ni mucho menos evidente.

Cabe señalar, sin embargo, que la Cumbre Social - foro político en el que la búsqueda de un consenso mundial era más importante que la formulación de soluciones radicales - no abordó en todos los casos las cuestiones de fondo relativas a la raíz de los problemas sociales que afectan de distinta manera tanto al Sur como al Norte. Si el Plan de Acción de Copenhague contiene numerosas propuestas de políticas sociales, omite otras que podrían poner en entredicho las políticas macroeconómicas y financieras actuales. Su costo social es muy elevado, pero son las preferidas de las grandes potencias y los agentes no estatales que dominan y administran el sistema mundial. El Plan de Acción tampoco se refiere a ciertas soluciones serias para financiar el desarrollo social en el plano mundial, como el «impuesto Tobin».

La preparación y celebración de la Cumbre Social de Copenhague no movilizaron únicamente a los gobiernos, sino que además dieron lugar a un sinnúmero de actividades, encuentros y publicaciones por parte de los círculos científicos, las ONG y los organismos de las Naciones Unidas, que suscitaron un gran número de ideas y propuestas interesantes de acción. Sería muy útil analizar y evaluar sistemáticamente dichas propuestas y darlas a conocer ampliamente ya que podrían inspirar las políticas sociales de los gobiernos.

El Coloquio internacional de Roskilde, que tuvo lugar del 2 al 4 de marzo de 1995, en vísperas de la apertura de la Cumbre Social, es una de esas contribuciones que desafortunadamente hay que denominar «periféricas», ya que las grandes Conferencias de las Naciones Unidas, por lo demás de importancia y utilidad innegables, adolecen de falta de comunicación entre los distintos grupos de participantes: gobiernos, ONG, OIG y los científicos.

Ese Coloquio fue significativo por dos razones: en primer lugar, sus debates y propuestas revistieron gran interés, gracias a la calidad de los participantes y los temas innovadores. En segundo término, el encuentro fue organizado conjuntamente por varios organismos intergubernamentales y científicos: el Programa «Gestión de las Transformaciones Sociales» (MOST) de la UNESCO, que había tomado la iniciativa; la Organización Mundial de la Salud, en particular su programa «Ciudades Salubres»; el Instituto Internacional de Estudios Sociales, adscrito a la Organización Internacional del Trabajo; la Dirección General XII de la Comisión de las Comunidades Europeas: Ciencia, Investigación y Desarrollo, en particular, su programa «Investigación socioeconómica con fines propios» (TSER); el ORSTOM (Instituto Francés de Investigación Científica para el Desarrollo en Cooperación); y la Universidad de Roskilde.

Nos ha parecido útil presentar una síntesis que refleje la riqueza de los debates, situándolos al mismo tiempo en un contexto más amplio.

La autora de la síntesis es Sophie Bessis, especialista en cuestiones de desarrollo, que aborda en su condición tanto de profesora como de periodista. Quisiéramos agradecerle sinceramente su colaboración.

    Ali Kazancigil
    Secretario Ejecutivo,
    MOST Director,
    División de Ciencias Sociales, Investigaciones y Políticas
    UNESCO, París
    Octubre de 1995


GRANDES TEMAS

Abrir algunas pistas de acción para pasar de un mundo caracterizado por el aumento de la exclusión social a una sociedad capaz de encontrar de nuevo el camino de la cohesión social, tal era el objetivo del Coloquio internacional organizado en Roskilde (Dinamarca) del 2 al 4 de marzo de 1995, vísperas de la apertura de la «Cumbre Mundial de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Social» , por el Programa de la UNESCO: «Gestión de las Transformaciones sociales» (MOST); el Instituto Internacional de Estudios Sociales de la OIT; la OMS; la DG - XII de la Comisión de las Comunidades Europeas; el ORSTOM; y la Universidad de Roskilde.

Los participantes reflexionaron durante 3 días sobre los seis temas que se les propusieron, procurando elaborar propuestas que pudieran influir en las políticas aplicadas en la actualidad y contribuir a resolver la «cuestión social».

Antes de presentar una síntesis de los enjundiosos debates de esos tres días, conviene reseñar brevemente los temas en torno a los cuales se organizó esa reflexión colectiva.


    De la exclusión social a la justicia social

Presidida por P.H. Jespersen, profesor de la Universidad de Roskilde, esa primera sesión constató, en primer lugar, que se habían agravado en el plano mundial la exclusión social y el desempleo estructural, lo que tenía como consecuencia que aparecieran por doquier sociedades duales.

De las ponencias de Louis Emmerij, consejero especial del Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Niels Meyer, profesor de la Universidad de Dinamarca en Copenhague, y José de Figuereido y Ajit Bhalla, investigadores del Instituto internacional de estudios sociales de la OIT, se puede concluir que lo que se denomina crisis mundial es más social un fenómeno que económico. En efecto, se traduce en la agravación de la desigualdad en las distintas regiones del planeta y dentro de cada país, sea en el Norte o en el Sur, así como en el deterioro constante de la calidad de vida de la población excluida del circuito de trabajo organizado. ¿Cómo frenar esta tendencia y promover políticas que tengan como objetivo restaurar la justicia social? ¿Están los decisores realmente dispuestos a comprometerse a que esto suceda?. Si bien los participantes no lograron responder a estos interrogantes, estuvieron de acuerdo en que no existe vínculo directo de causalidad entre el crecimiento económico y la solución de los problemas sociales y medioambientales. Convinieron además en que el concepto de exclusión puede contribuir a entender la complejidad de los procesos sociales del mundo de hoy y a elaborar nuevas propuestas de políticas sociales.


    Cambiar los modos de vida en el Norte y en el Sur

Bajo la presidencia de Anders Hingel, de la Comisión de las Comunidades Europeas, se abordó durante esa sesión el concepto de modo de vida en su sentido más lato. Olympe Ahlinvide del Centro Panafricano de Prospectiva Social de Porto Novo (Benin), Ignacy Sachs, Director de Estudios de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales, París, y Enrique Wagner de la Universidad de São Paulo (Brasil) destacaron que algunos de los modos de vida más generalizados en el mundo son causa de exclusión social, mientras que otros son su consecuencia.

Insistieron en que la elección de un modelo de desarollo sostenible tendría como consecuencia modificar profundamente los modos dominantes de vida y consumo. Tal modelo implica, en efecto, un fortalecimiento de la ciudadanía y las redes de solidaridad, la elaboración de nuevas formas de trabajo capaces de satisfacer las necesidades a las que sólo puede atender el mercado y una relectura de los conceptos de empleo y de trabajo. Supone además que se defina de nuevo la función del conjunto de agentes económicos y sociales. Si los participantes reconocieron que no será fácil hacer aceptar ese modelo, también concluyeron que sólo el desarrollo sostenible puede prevenir el apartheid social y los desastres ecológicos que se preparan si persisten las tendencias actuales.


    Del Estado providencia a una sociedad que se responsabilice de sí misma

Desde el comienzo de esa sesión, presidida por Ajit Bhalla, se impuso una evidencia: casi inexistente en el Sur, el Estado providencia atraviesa en los países europeos por una crisis tal que es inconcebible querer preservarlo en su forma actual. Sin embargo, al mismo tiempo el propio mercado se muestra incapaz de reducir las desigualdades económicas y sociales. ¿Qué nuevas formas de organización y acción se habrán de promover si se quieren lograr los objetivos de justicia y cohesión social más eficazmente y a menor costo que con el Estado providencia?.

Laura Balbo, profesora de la Universidad de Ferrara, Philippe Van Parijs, profesor de la Universidad Católica de Lovaina y Bent Greve, profesor de la Universidad de Roskilde, propusieron algunas soluciones para hacer evolucionar el Estado providencia sin abandonar sus principios. Mahdi Elmandjra, profesor de la Universidad Mohamed V de Rabat, se interrogó, por su parte, sobre las posibilidades de tener en cuenta la demanda social en los países del Sur, en los que no existen estructuras organizadas de protección social. En todo caso el conjunto de los oradores estuvo de acuerdo en que no se podía satisfacer la demanda social mediante políticas estrictamente sectoriales y en que era urgente elaborar estrategias de desa- rrollo de carácter holístico.


    Público y privado

Encontrar nuevas formas de asociación entre el Estado, el mercado y el sector terciario, tal es el tema que estudió la cuarta sesión del Coloquio, presidida por Jacques Charmes, director del Departamento de sociedades, urbanización y desarro-llo del ORSTOM y Christian Comeliau, profesor del Instituto universitario de estudios de desarrollo, Ginebra. Las comunicaciones de Lajos Hethy, del Ministerio de Trabajo de Hungría, y de Vladimir Rukavishnikov, profesor de la Academia de ciencias de Rusia, mostraron el costo exorbitante de las transiciones efectuadas cuando no existe una política de regulación, así como el interés de promover el diálogo y la asociación entre los agentes políticos, económicos y sociales, consolidando, entre otras cosas, las instituciones tripartitas.

Trevor Hancock, consultor canadiense en sanidad pública, Kurt Nielsen, profesor de la Universidad de Dinamarca en Copenhague, y Alberto Tarozzi, profesor de la Universidad de Bolonia, constataron que el viejo conflicto entre Estado y mercado debía desaparecer en favor de nuevas formas de organización social que dejaran más lugar a la iniciativa local y a los niveles intermedios de decisión. Una cuestión central de los debates de esa sesión fue determinar cómo fortalecer la democracia participativa sin ceder a las presiones de intereses sectoriales y preservando la necesaria centralización de algunas decisiones.


    Hacer habitable la ciudad

Acomienzos del siglo XXI la mitad de la humanidad vivirá en las ciudades. Richard Knight, profesor de la Facultad de arquitectura de la Universidad de Génova, y Jorge Wilheim,

Secretario General Adjunto de Hábitat II, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciudades y Asentamientos Humanos, que tendrá lugar en junio de 1996 en Estanbul, se preguntaron en esa sesión, presidida por el Dr. Cees Goos, de la Oficina Regional de la OMS para Europa, cómo se podrían resolver los problemas de la urbanización, cuando las ciudades se estaban convirtiendo en un lugar de desarrollo inadecuado, exclusión y pobreza.

Hacer habitable la ciudad supone aplicar estrategias de desarrollo urbano destinadas a satisfacer las crecientes necesidades de empleo, vivienda, sanidad, educación y preservación del medio ambiente. Se destacó que un programa tan vasto suponía una voluntad política - prácticamente inexistente hoy tanto en los países del Norte como los del Sur - preocupada por remediar la crisis urbana.


    De la teoría a la acción

Era preciso que al término del Coloquio se planteara la pregunta: «¿qué hacer?». Bajo la presidencia de Francine Fournier, Subdirectora General del Sector de Ciencias Sociales y Humanas de la UNESCO, Jorge Wilheim Secretario General Adjunto de la Conferencia HABITAT II, Michael Cernea, sociólogo del Banco Mundial y Sixto Roxas, del Foro Mundial de ONG, detatieron las estrategias de acción en que se podrían inspirar las autoridades para orientar sus políticas hacia el objetivo de lograr un desarrollo sostenible y generador de cohesión social, defendido por los participantes en el Coloquio.

Confiados en que la Cumbre de Copenhague tendría en cuenta sus propuestas, reconocieron que los debates de Roskilde debían formar parte de una reflexión y una acción a más largo plazo, cuyo objetivo era dar finalmente la prioridad a lo social, es decir, a lo humano, en las estrategias nacionales y mundiales caracterizadas desde hace dos decenios por la deriva hacia el economicismo, cuyos estragos se pueden medir hoy en día.


SINTESIS

El Coloquio de Roskilde se inscribe en el marco de la reemergencia de la «cuestión social» en las postrimerías del siglo XX. Esta cuestión, que se había creído enterrada a raíz del extraordinario crecimiento económico de los grandes países industriales en los decenios ulteriores a la Segunda Guerra Mundial y por la fe en el carácter ineluctable de un desarrollo planetario, motor de progreso para todos, surgió de nuevo a mediados de los años ochenta con una fuerza inesperada. La pobreza, con sus corolarios como la exclusión o la desigualdad, ha adquirido en todo el mundo tales proporciones que desde el fín de la confrontación Este-Oeste parece haberse convertido en uno de los principales factores de inestabilidad en el mundo. Al provocar conmociones políticas y sociales cada vez más graves y revelar el profundo desgarramiento del entramado social, que pone en tela de juicio la legitimidad del Estado, esta cuestión exige un tratamiento que supere los arreglos sectoriales laboriosamente elaborados desde hace algunos años.

La gravedad del problema explica que los dirigentes políticos den a la cuestión social un lugar central en su discurso. Tanto en el plano internacional como en la mayoría de los países del planeta, parece que finalmente se la considera algo crucial. Una de las prioridades oficiales de los Estados y la comunidad internacional es buscar soluciones a la pobreza que cada día se agrava más. Por esta razón las Naciones Unidas organizaron en marzo de 1995 en Copenhague una Cumbre Social en la que participaron unos 120 Jefes de Estado y de Gobierno. Esta afluencia sin precedentes indica que las preocupaciones de los políticos no son fingidas, pero no garantiza su compromiso concreto de hacer del desarrollo social el eje prioritario de las políticas que están encargados de elaborar y aplicar.

Situados en este contexto, los debates del Coloquio de Roskilde fueron más allá de la simple comprobación de que la situación del mundo se había deteriorado. Alejándose de los enfoques estáticos que con demasiada frecuencia se limitan a describir la pobreza mundial, se interesaron más en los procesos que la generan, utilizando conceptos dinámicos como desintegración social, exclusión o pauperización. Articulados en torno a esos temas y los interrogantes que plantean, suscitaron propuestas de reflexión y acción que intentaremos reagrupar en las páginas que siguen.


    El nuevo contexto internacional

El mundo ha entrado desde hace cerca de dos decenios en un período de transición, cuya duración es difícil de prever, pero que, según Jorge Wilheim 1, no terminará antes de por lo menos dos decenios. Desde hace algunos años se han multiplicado los signos de ruptura de antiguos equilibrios.

  • El fin de un mundo bipolar
Simbolizados por la caída del muro de Berlín en 1989, la quiebra del socialismo «realizado» y el colapso del sistema soviético, de sus epígonos de Europa del Este y de las transformaciones tropicales del socialismo han ilustrado con toda claridad la victoria no sólo de los sistemas democráticos occidentales, sino de la economía de mercado sobre las ideologías rivales que habían debido afrontar a lo largo del siglo XX. El liberalismo, que desde comienzos de los años ochenta ha efectuado un retorno fulgurante al campo del pensamiento económico, es el único modelo al que se han de conformar todos los países del planeta.

Este triunfo ha inaugurado por primera vez en la historia de la humanidad el reino de un pensamiento único considerado por sus promotores universalmente válido en sus postulados y sus aplicaciones. Así, la economía se inspira, según Riccardo Petrella, «en un sentido que supera todos los demás: la competitividad comercial que se ha convertido en la única finalidad verdadera vendida, propagada y defendida por la economía dominante ....» 2. Es lo que Mahdi Elmandjra califica, por su parte, de nueva dictadura de Occidente sobre el mundo unipolar que sucedió al afrontamiento entre los bloques.

  • Hacia un sistema mundializado
Otro signo, y no de poca monta, de la transición de la humanidad hacia formas inéditas de organización del espacio planetario, es la globalización de los intercambios y la mundialización, que Sixto Roxas prefiere llamar transnacionalización, de la actividad económica.

Facilitada entre otras cosas por el extraordinario avance de los transportes y las tecnologías de la comunicación, a esta mundialización se ha unido desde mediados de los años setenta un proceso acelerado de desregulación que la ha favorecido considerablemente. El abandono del sistema de los tipos fijos de cambio y la proliferación de eurodivisas, así como el fín del control de la circulación de los flujos financieros y el auge de las compañías transnacionales tuvieron consecuencias que trastornaron las bases sobre las que había funcionado hasta entonces la economía mundial. Desconectada de la economía real, la esfera financiera posee sus propios circuitos, esos famosos mercados financieros en los que se colocan los capitales flotantes en busca de la remuneración más elevada y más rápida posible. Así cada día cambian de manos más de un billón de dólares. Esterilizados en circuitos de tipo especulativo, esos capitales ya no se invierten en actividades productivas, por lo que contribuyen a frenar el crecimiento de la economía real 3. Fenómeno efímero o tendencia a largo plazo, este fín de siglo se caracteriza en todo caso por el triunfo de las finanzas sobre la producción.

Esta evolución hacia un sistema mundializado tiene necesariamente consecuencias en las formas de organización política que han dominado el planeta durante largo tiempo. Relativizando la noción de frontera, quitando al Estado algunas de sus prerrogativas, reduciéndole al extremo su margen de acción y consagrando el reino de la empresa-red internacional, ha acarreado una crisis profunda del «Estado-Nación» que ve su autoridad cada vez más impugnada por el mercado mundial.

El Estado-Nación se ve fragilizado no sólo por la competencia generalizada de las distintas economías, sino que además se ve impugnado por el repliegue hacia la identidad local, que son otras tantas reacciones a una mundialización sufrida, pero no deseada, por la mayoría de los habitantes del globo que perciben sobre todo sus efectos negativos. Apoyándose en la pertenencia nacional, étnica o religiosa, los militantes de esa búsqueda exasperada de identidad, privados con frecuencia de una ciudadanía efectiva, se niegan a reconocerse en la figura moderna del Estado-Nación.

  • Empleo y trabajo: el fín de la seguridad
El trabajo remunerado se ha convertido en un género raro en todo el mundo. En la actualidad se calcula en 30% el índice medio de desempleo mundial. Si bien los países del Sur son los más afectados por el paro y las formas más o menos graves de subempleo, llegando en algunos casos hasta el 40% de la población activa, el Norte no ha quedado a salvo ya que el índice medio es del 10%.

En verdad, el crecimiento demográfico tan rápido de la mayoría de los países en desarrollo, que se prosigue a ritmo acelerado en el Africa Subsahariana y en la mayor parte del mundo árabe, no es ajeno al aumento de la oferta de mano de obra. Sin embargo, la agravación del desempleo en el mundo desarrollado muestra que el fenómeno está más unido a la aparición de nuevas tecnologías que exigen cada vez menos mano de obra, que no al aumento de la población. En lo que algunos denominan «segunda revolución industrial» se ganó tanto en productividad que se creó un desfase entre trabajo y producción. Por segunda vez en la historia las máquinas sustituyen al hombre y el crecimiento económico produce cada vez menos empleo.

La exclusión del mercado de trabajo organizado constituye una de las principales causas de la pobreza en el mundo. El auge del sector informal, considerado con frecuencia como alternativa al mercado de trabajo asalaridado, no ha brindado a millones de trabajadores sino una forma de trabajo precario en actividades de supervivencia, caracterizadas por una productividad muy escasa. La disminución de la oferta de empleo ha tenido como consecuencia una heterogenización del mercado de trabajo que ha aumentado en proporciones considerables el número de empleos irregulares y mal pagados 4.

Cabe ver en estos transtornos una de las principales causas del aumento de la exclusión y la pauperización del planeta. Y en la necesidad de encontrar alternativas a este desfase entre trabajo y producción, uno de los principales problemas a que se ven confrontados los investigadores y las autoridades en este fín de siglo.

Sin esperar a que se acabe la desconstrucción del mundo antiguo, ¿es posible acortar, o al menos hacer más soportable, este período de transición con sus profundas rupturas?. A juicio de Louis Emmerij, aceptar sus modalidades sin intentar corregirlas es políticamente irresponsable y humanamente inaceptable. En efecto, según lo expuesto, no sólo genera inestabilidad, sino que engendra una crisis social, cuya gravedad apenas se empieza a comprender.


    La crisis social generalizada

«No morían todos, pero todos estaban afectados» 5

La crisis social es hoy mundial. No perdona ni a los países del Sur en los que vive la inmensa mayoría de los «pobres absolutos» del planeta, ni a los países occidentales en los que ha aparecido desde hace un decenio una nueva pobreza, ni a los antiguos países socialistas que pagan hoy muy caro la rapidez de su transición hacia la economía de mercado.

  • Norte y Sur, pistas confusas
Desde luego, el Norte y el Sur del planeta siguen viviendo una evolución diferenciada. Peor aún, si se exceptúan algunos «dragones» y «tigres» del Sudeste asiático, no sólo se perpetúan las desigualdades mundiales, sino que se siguen agravando. Si durante los últimos cincuenta años el ingreso mundial es siete veces mayor y el ingreso por habitante 3 veces superior, según el PNUD 6, esa progresión está distribuída de manera muy desigual: para el 20% de las personas más ricas del mundo, que viven casi todas en los países industrializados, la parte del ingreso mundial pasó entre 1960 y 1991 de 70 a 85%, mientras que la del 20% de los más pobres descendió de 2,3 a 1,4%.

Cuadro : Creciente distancia entre ricos y pobres.

Cuadro : Creciente distancia entre ricos y pobres.

Fuente : Diagramo adaptado del PNUD 1994, op. cit. pág. 37.

Así pues, en vez de disminuir se amplía la distancia entre países pobres y países ricos y la distribución desigual de la riqueza mundial es una de las principales causas de la crisis social que se extiende cada vez más.

Sin embargo, esa desigualdad no es suficiente para explicarla totalmente. La agravación de la pobreza y la disparidad es un fenómeno al que sólo escapan hoy pocos países. Son bien conocidos los estragos que produjo en Africa, donde la caída del salario real, la regresión de los sueldos, la explosión del desempleo y la disminución del gasto público agravan las condiciones de vida de una parte cada vez mayor de la población 7. En América Latina, el sector social ha pagado el mayor tributo a las reformas económicas. Según el Banco Mundial, durante los años ochenta 8 la pobreza urbana aumentó en el 31% y la pobreza rural en el 18%. La transición de los antiguos países socialistas a la economía de mercado ha tenido como consecuencia la agravación de la pobreza y de la desigualdad de ingresos. Según Vladimir Rukavishnikov, la polarización social es una de las principales consecuencias de las reformas que se están llevando a cabo en Rusia. En 1994 el 20% de los asalariados mejor pagados ganaban el 51,4% de la masa salarial, en contraposición al 39,9% en 1991, y el 20% de los ciudadanos más ricos monopolizaban el 40% de los ingresos nacionales, mientras que el 20% de los más pobres sólo recibían el 8%. En los países industriales occidentales, Unión Europea y Estados Unidos, vivía en el umbral de pobreza el 15% de la población 9.

Cuadro de Bhalla y Lapeyre: Evolucíon del PNB per cápita y de la distribucíon de ingresos en algunos países: Ponencia resentada en el Coloquio de Roskilde.

Cuadro de Bhalla y Lapeyre

Fuentes : Banco Mundial, Social Indicators of Development, 1994, Washington D.C.; A. Boltho, Growth, income distribution and household welfare in the industrialized countries since the first oil shock, Economic Paper Series No. 26, Centro Internacional de Desarrollo del Niño, UNICEF, Florencia, 1992; y P. Townsend, The International Analysis of Poverty, Hemel Hempstead, Harvester-Wheatsheaf, 1993.

La aparición de sociedades duales, en las que la extrema riqueza convive con la pobreza más abyecta parece ser en todo el mundo una de las consecuencias más espectaculares de las mutaciones de los años ochenta.

Hasta cierto punto, esa evolución culminó en una interpenetración de las naciones del Norte y el Sur, desconectadas de su realidad geográfica desde hacía mucho tiempo. Los guetos de las ciudades de Estados Unidos, los grandes suburbios de las metrópolis europeas, un gran porcentaje de inmigrados, entre los cuales es muy elevado el desempleo y el anafalbetismo funcional, constituyen un «Sur» en medio del «Norte», mientras que las tenues capas privilegiadas que en algunas grandes ciudades del «Sur» tienen un nivel de ingresos y un modo de vida comparables a los de sus homólogos de los países ricos, forman una especie de archipiélago del Norte en medio de la miseria generalizada del Sur.

  • La crisis mundial es social
Esta mundialización de la crisis social que corre pareja con la globalización de la economía parece haber sorprendido a los economistas liberales, convencidos de que la reactivación económica pondría termino a la deriva, entre otras cosas, gracias a la creación masiva de empleo.

Ahora bien, si la mayoría de los grandes países industriales y una parte considerable de los países en desarrollo se encuentran de nuevo en crecimiento económico, éste parece incapaz de resarcir la fractura social y frenar la agravación de la pobreza. El carácter cada vez más social de la crisis mundial, precisamente en el momento en que repuntó el crecimiento económico, muestra que no existe ningún vínculo automático entre éste y la solución de los problemas sociales. El concepto de filtración (trickle down), muy cotizado en los años sesenta y exhumado por los neoconservadores, reveló una vez más su carácter ilusorio. En la actualidad no hay más efecto de filtración del crecimiento económico en los sectores sociales, del que existía en esa época. En ese entonces los reformistas liberales habían concluído que era necesario aplicar políticas sociales, única posibilidad de redistribuir los frutos del crecimiento. Esto parece hoy en día aún más indispensable. En efecto, la exclusión y la pobreza han alcanzado en el mundo niveles tales que no se pueden considerar fenómenos accidentales o residuales, sino que, por el contrario, aparecen cada vez más como consecuencias del funcionamiento de las estructuras económicas y políticas del mundo actual.

La realidad contemporánea muestra que si bien es necesario, el crecimiento económico no constituye, ni mucho menos, una condición suficiente del desarrollo y que, solo, no puede curar los males de que adolece el planeta 10.

Esta comprobación tiene consecuencias considerables. La generalización de la crisis social y el carácter social de la crisis mundial dan hoy todo su sentido al término de «desarrollo inadecuado». La dualización cada vez más acentuada de las sociedades del globo, que hunde a muchas de ellas en la anomia, ¿se debe, como lo piensa Riccardo Petrella 11, a que la economía perdió el control de su sentido? En todo caso, plantea más que nunca el problema de la pertinencia de los modelos dominantes de desarrollo, ya que la experiencia prueba que éstos son la raíz de la exclusión que afecta a una parte cada vez mayor de la población mundial.

  • Explotación y exclusión
Exclusión, ésta es la palabra clave. Al contrario de lo que sucedía durante la revolución industrial del último siglo, los ricos precisan cada vez menos de la fuerza de trabajo de los pobres y la exclusión parece haber reemplazado la explotación, como causa primera de pobreza. La revolución tecnológica de los últimos decenios, que ha convertido el saber en materia prima esencial de las nuevas ramas industriales y liberado parcialmente la industria de su dependencia de los productos de base, ha acarreado un doble movimiento de polarización social y de marginación de la población desfavorecida. En el plano mundial, los países menos adelantados (PMA) ocupan un lugar cada vez más anecdótico en la producción de riqueza y en los circuitos internacionales de intercambio, y su marginalización en una economía mundializada acelera el proceso de pauperización de sus pueblos. En efecto, como lo revelan Ajit Bhalla y Frédéric Lapeyre, en la actualidad la mundialización beneficia a los países preparados a afrontarla y acentúa la marginalización de los demás. A nivel de país, a los solicitantes no calificados de trabajo se les rechaza a la periferia del mundo laboral y esa exclusión constituye la causa principal de la pérdida de su condición social y de sus recursos. El elevado índice de desempleo y subempleo en todas las regiones del mundo muestra la magnitud de la exclusión social en el mundo de hoy.

Con todo, los dos fenómenos de explotación y exclusión no son totalmente independientes uno de otro. ¿Se puede afirmar, con Philippe Van Parijs, que el éxito obtenido en Europa en la lucha contra la explotación en los tiempos del Estado benefactor y las conquistas sindicales, hicieron de la exclusión la forma dominante de injusticia social? El aumento del número de excluídos que viven al margen de la sociedad organizada tendería a confirmar esta hipótesis. Sin embargo, la generalización de la exclusión hace que se intensifique la explotación en todas partes, habida cuenta de la enorme presión que ejercen en el mercado de trabajo los solicitantes de empleo.

Estos interrogantes sobre la importancia respectiva de los dos fenómenos, no constituyen ni mucho menos una disputa bizantina. De la respuesta dada dimanan políticas que otorgan la prioridad sea a la lucha contra la explotación, sea al combate contra la exclusión. Este dilema, que según Van Parijs es real, no está ni mucho menos zanjado. Se pueden medir sus repercusiones por la viveza de los debates en Europa y en otras regiones sobre lo que se ha de escoger: aumentar los salarios, o bien crear puestos de trabajo.

Formalmente al menos, la lucha contra una exclusión que gana te-rreno cada día se ha convertido en prioridad oficial de los Estados. Prueba de ello es la Cumbre de Copenhague, que versa principalmente sobre este tema. Sin embargo, la realidad que abarca este término cada vez más utilizado para sustituir a veces el de pobreza, sigue estando un poco difuminada. Transcendiendo la simple terminología, los participantes en el Coloquio de Roskilde intentaron determinar de qué se hablaba, para poder esbozar soluciones que no traten únicamente los síntomas, sino más bien aborden las causas del fenómeno.


    Clarificar los conceptos

  • La exclusión, un fenómeno polifacético
¿Qué es la exclusión, a quién se excluye y de qué? ¿En qué se diferencia esta noción de la de pobreza? ¿Entraña la exclusión un problema de distribución de la riqueza o una falta de relación? Estos son otros tantos interrogantes a los que sería preciso responder antes de abordar la manera de remediar este mal, en la actualidad planetario .

Hay que constatar, ante todo, como lo han hecho Ajit Bhalla y Frédéric Lapeyre, que la exclusión social - noción explorada por la sociología, mientras que la pobreza forma parte del terreno de los economistas - es un concepto que nació en Europa a raíz del aumento vertiginoso del número de pobres que en la Europa de los Doce pasó de 38 millones en 1975 a 53 en 1992. Aunque el concepto se ha internacionalizado, abarca realidades muy diferentes.

Bhalla y Lapeyre determinan tres dimensiones principales de la exclusión. La dimensión económica es directamente productora de pobreza: los excluídos son, en primer término, los desempleados, rechazados del mercado de trabajo, que se encuentran por lo general privados de recursos regulares. Fuera de la esfera de los asalariados, los excluídos económicos son las personas o los grupos privados de acceso a activos como la tierra o el crédito. La exclusión es, asimismo, social: el desempleo no priva únicamente de ingresos, sino que además despoja al desempleado de su condición social y le niega toda existencia en la sociedad, lo que en la mayoría de los casos está directamente unido al ejercicio de un empleo. El individuo puede perder el sentimiento de su dignidad humana. Según Jacques Charmes, la exclusión es también la pérdida del vínculo social que conlleva el rompimiento del entramado social, o bien, lo que ocurre cada vez con mayor frecuencia, la reconstrucción de una solidaridad en torno a redes integristas o mafiosas. Los investigadores del ORSTOM destacan que la pérdida de las relaciones sociales aparece en las sociedades africanas como una calamidad, peor aún que la disminución o pérdida de los ingresos. Por último, la exclusión es de índole política cuando algunas categorías de población: mujeres, minorías étnicas o religiosas, migrantes, etc., se ven privadas total o parcialmente de sus derechos humanos y políticos.

Según las distintas formaciones sociales, estas tres dimensiones presentan diversas modalidades. Poblaciones, grupos y personas se ven rechazados de la esfera productiva porque al habérseles privado de educación y salud se les excluye del medio que daba acceso a ese circuito. Sectores enteros de población se ven excluídos del goce de una ciudadanía efectiva y, a fortiori, de la participación en los círculos en que se toman las decisiones.

Por su parte, Trevor Hancock atribuye a la exclusión una cuarta dimensión: la temporal. Al comprometer la supervivencia de las generaciones futuras, el modo de desarrollo no sostenible los excluye del beneficio de un desarrollo posible. Así, a su juicio, la lógica económica dominante prepara las exclusiones del mañana, por ser hoy productora de exclusión.

Ahora bien, ¿es el término mismo pertinente en las formaciones sociales en las que la mayoría de la población está constituída por quienes en el Norte se denominan excluídos?. Mahdi Elmandjra se pregunta cómo abordar la cuestión de la exclusión cuando es una minoría la que dicta la norma social. En ese caso, ¿se puede hablar sensatamente de la mayoría de la población como de una categoría excluída? ¿No hay más bien que plantear la cuestión de la inclusión de las minorías que viven según el modo occidental dentro de su sociedad? Suponiendo que el término sea pertinente en todas partes, la exclusión remite más a la integración y la inserción, que no a la pobreza en sentido estricto. Aunque con frecuencia exclusión y pobreza coincidan, los términos no son sinónimos y el segundo exige también una clarificación.

  • ¿Qué tipos de pobreza?
También la pobreza es una noción compleja. Desde luego, es la consecuencia de una insuficiencia de recursos que impide a los pobres satisfacer sus necesidades esenciales y los priva del acceso a ciertos servicios como salud o educación. Por lo tanto, está íntimamente unida a la situación del mercado de trabajo, como lo recuerdan Figueiredo, Lachaud y Rodgers 12. No obstante, hay que distinguir entre dos tipos de pobreza unida al trabajo: la que se debe a una explotación dentro del mercado de trabajo, la clase de empleo ocupado y los ingresos que genera, y la que está unida a la exclusión de ese mercado, es decir, al desempleo declarado o no.

La pobreza es factor de exclusión, pero no la supone necesariamente, como lo subraya el ORSTOM, recordando que en muchos países del Sur «los pobres siguen estando en los círculos familiares y extrafamiliares de protección social y asistencia mutua» y que «esa inserción produce integración y no exclusión» 13. Por lo demás, la ruptura de la solidaridad comunitaria y familiar es en muchos países una de las causas importantes para pasar por debajo de lo que se suele denominar umbral de pobreza. Tal es el caso en Estados Unidos, numerosos países de América Latina y el Magreb, donde las familias monoparentales, cuya cabeza es una mujer, forman parte de las más pobres. La pobreza es además consecuencia de una serie de exclusiones de tipo político o social. Las diferentes modalidades de discriminación, unidas a la pertenencia a un sexo o una minoría, aumentan los riesgos de pobreza del grupo marginado.

Por último, la pobreza hace referencia a una serie de nociones que son también de índole subjetiva, como la necesidad, la desigualdad o la privación, y que no pueden evaluarse únicamente en términos materiales, según lo subrayan Bhalla y Lapeyre. Así, la percepción social de la pobreza no es la misma en una sociedad pobre que en una sociedad rica. Entonces, ¿es posible delimitarla por la definición de un ingreso mínimo sin el cual una persona formaría parte de la población pobre?

Si el análisis de la pobreza y las políticas destinadas a erradicarla se pueden fundar en algunas evidencias como los estrechos vínculos que mantiene con el nivel de ingresos, el mercado o la índole del trabajo, también aparece de manera patente que no todas las diferentes categorías de pobres tienen necesidad del mismo trato para salir de su condición.

  • Selección de indicadores
La complejidad de lo real plantea la cuestión crucial de la selección de indicadores capaces de captarla y medir fenómenos que no se reducen a su simple dimensión material. ¿Qué lugar dar a las evaluaciones cualitativas y a la cuantificación o, en otros términos, cómo distinguir entre medida y evaluación? Este es un campo estratégico de la investigación, dado que los indicadores tienen un valor normativo y determinan las políticas. El mundo no se ve de la misma manera, según se juzgue por las fluctuaciones de la bolsa y de los índices de interés, o por el estado de salud de la población o los costos medioambientales del crecimiento económico.

Ahora bien, los indicadores de tipo cuantiativo y puramente económico, por ejemplo el PNB, cuya insuficiencia se ha venido criticando desde hace muchos años, son muy resistentes y se han visto destronados sólo parcialmente por evaluaciones más sutiles del estado de una sociedad. El indicador de desarrollo humano elaborado por el PNUD, que, entre otras cosas, procura corregir la rigidez del PNB recurriendo a la paridad de poder de compra para calcular el ingreso real, forma parte de esas tentativas de afinar el análisis. Sin embargo, numerosos investigadores que critican la utilización de un indicador sintético para captar una realidad compleja, lo consideran demasiado reductor.

Por ejemplo, ¿de qué manera conviene medir las repercusiones de la pobreza? En un reciente estudio del Banco Interamericano de Desarrollo 14 se intenta delimitar el problema en América Latina. ¿Qué criterios de bienestar se han de adoptar para definir la pobreza, los ingresos disponibles, los ingresos sociales, es decir, el acceso a los servicios básicos como salud, educación, agua potable, etc. - indicadores de la calidad de vida? ¿Quién es pobre y qué magnitud tiene la pobreza de los pobres?. La simple selección del umbral de pobreza puede hacer variar el número de pobres en proporciones considerables y repercute directamente en la cuantía de los recursos públicos que se dedicarán a luchar contra ese fenómeno.

En realidad, lo que se mide constituye mplícitamente el esbozo de las políticas que se van a aplicar. Por consiguiente, según Ignacy Sachs, es preciso dedicidr cuál es su objeto antes de escoger un método de medir y evaluar. Las preguntas previas a la selección de cualquier indicador deberían ser éstas: «¿qué desarrollo? ¿para quién? ¿qué lugar ocupan el tener y el ser?» 15. Si el aspecto social del desarrollo se convierte en una prioridad de las políticas, que pondrían término a la deriva economicista de los últimos decenios, la contabilidad social deberá primar sobre la contabilidad económica que orienta actualmente las estrategias de desarrollo. Para utilizar la terminología de Sachs, deberían concurrir a la construcción de una economía antropológica, alejada de la economía cuantitativa de hoy, indicadores que permitan trabajar por un desarrollo centrado en el hombre, es decir, en el ser.

Así pues, es de capital importancia clarificar los conceptos utilizados, ya que esto constituye un requisito para definir las prioridades, las actividades por desarrollar y los agentes que han de participar en una política de desarrollo social. Si bien los participantes en el Coloquio exploraron con todo rigor las nociones de pobreza y exclusión, no ampliaron su investigación a otros términos, también omnipresentes en el discurso de las ciencias sociales. Con Barbara Harrell-Bond, es de lamentar que hubieran mencionado constantemente la sociedad civil sin intentar definirla. ¿Se limita ésta a la galaxia cada vez más densa de organizaciones no gubernamentales? Estas, en cuyo examen no se ha profundizado, ¿serían la expresión más perfecta? A otro nivel, sería útil analizar el concepto de modernidad, en el cual Laura Balbo ve el horizonte del nuevo pensamiento sociológico, con objeto de evitar los malentendidos que se crean en torno a su utilización.

Desde luego, la pobreza y la exclusión son las principales manifestaciones de la crisis social que se intentaba analizar.


    Factores y manifestaciones de la crisis social

  • La dictadura de la economía
La salud oficial de un país se mide por sus indicadores económicos: PNB, balanza de pagos, déficit presupuestario, exportaciones y partes de mercado son, como es bien sabido, las únicas variables que se tienen en cuenta para juzgar del progreso de un país. Peor aún, la economía, que en la Antigüedad, era el arte de administrar la casa, la Ciudad, se reduce hoy en día a una sola de esas dimensiones: el mercado. Según los investigadores del Instituto Universitario de Estudios de Desarrollo 16, la deriva del análisis económico queda ilustrada por «un enfoque de la economía mercante y no un enfoque general de los problemas de la economía» y esa laguna se ve agravada «por una inversión frecuente de las prioridades entre objetivos y medios, que hace de la supervivencia del sistema económico un fin en sí mismo, siendo que sólo se justifica como instrumento de satisfacción de las necesidades del hombre». El pensamiento económico dominante prácticamente no se preocupa de lo humano, sino que le bastan las cifras, lo que Richard Knight resume señalando que «si bien los economistas conocen el precio de cada cosa, no conocen el valor de nada».

Esta dictadura de la economía se llevó hasta la caricatura cuando a comienzos de los años ochenta se adoptaron políticas de ajuste estructural en los países en desarrollo endeudados. Destinadas exclusivamente a restaurar el equilibrio financiero de los Estados interesados y acelerar su integración en el mercado mundial, las famosas PAE (políticas de ajuste estructural) se tradujeron en todos los países, según la casi totalidad de los análisis efectuados hasta ahora, en el deterioro de la situación social de la población más vulnerable de cada país. Disminución de la parte de los salarios en el ingreso nacional, aumento de las desigualdades, precarización del trabajo, aumento del desempleo y retiro del Estado de los sectores sociales, son consecuencias de esos programas que, como lo recuerda el Banco Interamericano de Desarrollo, sacrificaron los avances sociales al equilibrio financiero. Casi todos los países de América Latina experimentaron durante el decenio de los ochenta la disminución del ingreso per cápita. Durante ese mismo período disminuyeron los gastos públicos por habitante en las dos terceras partes de los 19 países del Africa Subsahariana para los que se dispone de estadísticas 17. Sin embargo, las autoridades nacionales y los donantes de fondos no dudan en hablar de mejora de la situación en los países en los que se agrava la fractura social. En realidad, rápidamente las PAE dejaron de ser un simple conjunto de medidas destinadas a restaurar un mínimo de disciplina financiera en los países endeudados para convertirse en instrumentos de políticas macroeconómicas, cuyo objetivo era someter el conjunto del planeta a la norma económica dominante.

Al esbozar la historia de esta deriva, Sixto Roxas estima que a partir del siglo XIX la civilización occidental convirtió el mercado y su capacidad de autorregulación en la base de la institución democrática, siendo el propio Estado liberal una creación de dicho mercado. La clave del sistema, impugnada por un momento con el auge del Estado benefactor keynesiano, reside en la afirmación según la cual las leyes que rigen la economía de mercado son del mismo orden que las leyes físicas universales. Se comprende, entonces, que una característica importante del pensamiento económico dominante es que éste se considera el único fundado científicamente y, por ende, «universalmente válido, lo que le confiere en realidad un carácter ahistórico y atópico», para emplear los términos de Ignacy Sachs 18. Según Roxas, es menester intentar comprender por qué el mercado pasó a ocupar paulatinamente la totalidad del campo económico y cómo una teoría económica llegó a transformarse en ideología dominante. Esto es lo que sucede hoy en día, y gracias a una poderosa red estructurada por las instituciones financieras internacionales, en particular las de Bretton Woods, el orden económico dominante está estableciendo una hegemonía mundial tan poderosa que a finales del siglo XX es posible hablar de civilización del mercado o de la empresa.

El resultado de esta evolución es que, para seguir una vez más el análisis de Petrella 19, «la competitividad ha dejado de ser un medio y se ha convertido en el objetivo principal no sólo de las empresas sino también del Estado y de la sociedad en su conjunto». Ahora bien, cuando la supervivencia de un grupo, un Estado o una sociedad deben someterse a la competitividad, el mundo entra en una lógica de guerra, ya que el competidor se convierte en fuente de peligro. Petrella se une a Roxas al afirmar que la empresa está moldeando los valores de nuestra época, ya que fija las reglas de juego no sólo para sí misma, sino para el Estado y el conjunto de la sociedad. La fuerza del economicismo dominante es en la actualidad tal que se obliga al Estado a ser administrado como si fuera una firma, mientras que ésta se atribuye un número cada vez mayor de prerro-gativas que anteriormente incumbían al Estado.

No es extraño que con esta lógica se consideren un progreso las ganacias de productividad debidas a las innovaciones tecnológicas y que el empleo no sea la variable clave de las estrategias de desa-rrollo. La agravación del paro sería el precio del aumento de la competitividad, considerado como condición de la supervivencia colectiva. Como señala Sachs, mientras no se sustituya la dinámica de desempleo por la de empleo, se seguirá aflojando el vínculo entre producción y trabajo, lo que generará cada vez más exclusión.

Así pues, la crisis social que se generaliza obedece en gran parte a que «las estrategias de desarrollo propuestas y seguidas hasta ahora se definen esencialmente en términos económicos y apenas se preocupan de las consecuencias que entrañan para el carácter de las relaciones sociales y la viabilidad general de las sociedades a que se refieren» 20.

Desafiando la pluralidad de la humanidad, el pensamiento único trabaja en la ficción de una sociedad única, que se puede llevar hacia el progreso sometiéndola a un modelo único. En esta visión del mundo, las crisis del modelo son únicamente accidentes de ruta.

  • La crisis del Estado
La misión reguladora del Estado benefactor, tal como nació y se perfeccionó en Europa Occidental, se ve impugnada hoy tanto por el establecimiento de un sistema mundializado como por la dictadura del mercado.

En este siglo Europa creó dos modelos de Estado benefactor. El primero, elaborado en el marco autoritario de las dictaduras del bloque socialista, se hundió con su colapso. El segundo, nacido en la parte democrática del continente bajo la égida de la democracia social, muestra hoy sus límites y presenta signos evidentes de agotamiento. El Estado benefactor keynesiano nació de la constatación de que el mercado no podía ser la única instancia de regulación. Fundado en un consenso mínimo entre las clases sociales, que se logró tras largos decenios de lucha obrera, como lo recuerda Henri Rattner para subrayar que los avances sociales han sido siempre fruto de una conquista, se impuso como cometido redistribuir con un mínimo de equidad los frutos del crecimiento económico. Legislando, obrando a través de la fiscalidad y la distribución del gasto público e instituyendo sistemas de economía mixta en los que desempeñaba una función preponderante, pudo confinar durante largo tiempo las fuerzas del mercado dentro de límites muy precisos. Por consiguiente, es lógico que su funcionamiento se vea comprometido en este período de supremacía del mercado frente al conjunto de los agentes económicos, políticos y sociales.

Ahora bien, ¿cuáles son las causas reales de su agotamiento? ¿Se debe, como lo piensan Bent Greve y Louis Emmerij, a que el modelo keynesiano del Estado benefactor se fundaba en el pleno empleo? ¿Es el Estado víctima de estructuras que él mismo creó y que engendraron a su vez una burocratización y una centralización excesivas de las decisiones? En todo caso, la crisis económica que redujo los recursos públicos y los ingresos fiscales de los Estados europeos, así como la privatización de una parte importante de sus activos por presiones del mercado han planteado con acuidad inédita el problema de su financiación. Menos rico y más gastador que otrora, el Estado resulta incapaz de financiar la equidad social de que era garante, perdiendo al mismo tiempo la legitimidad que le confería su función reguladora.

La consecuencia más espectacular de este agotamiento es, en todos los países industriales, la disminución de la protección social y el aumento de la precariedad. Algunos no dudan en ver en estos fenómenos el signo de la ruptura del contrato social sobre el cual se edificaba el desarrollo contemporáneo de las sociedades europeas.

Es verdad que el Estado benefactor europeo no ha muerto, como tampoco han desaparecido los factores que determinaron su fundación. Sin embargo, se halla hoy entre los fuegos contrarios de la mundialización, por una parte, y de la aparición de una nueva dinámica regional y local, consecuencia de la mundialización, por otra. Es menester restituirle sus prerrogativas y su acción dentro de estas dos fronteras.

Ni que decir tiene que se precisa un Estado benefactor si se quiere redefinir sus atributos y funciones. Si esto parece posible en los viejos países industriales, lo es mucho menos en los países del Sur, donde jamás ha existido esa forma de Estado. Construcción reciente y con frecuencia lejos de estar terminada, el Estado del Sur no dispone de estructuras ni de recursos que le permitan ser un Estado protector, estima Mahdi Elmandjra. La falta o la insuficiencia de políticas sociales se explicaría en parte por el carácter embrionario de la construcción estatal. ORSTOM recuerda que ese carácter se ve agravado por la privatización de las funciones estatales, que se traduce en «las modalidades clientelistas, rentistas y represivas de las formas de regulación», que siguen prevaleciendo en gran medida en los países del Sur. Aunque, como se ha señalado con frecuencia, la solidaridad de tipo tradicional mitiga parcialmente esta ausencia del Estado, esa misma solidaridad se ve sometida a choques con la modernización, que disminuyen su eficacia e incluso la hacen desaparecer.

Así pues, la crisis del Estado del Sur no es la del Estado benefactor, pero no deja de ser menos profunda. En numerosos países del Sur el Estado está en vías de desintegración, anota Jorge Wilheim, que atribuye a esa delicuescencia la proliferación de ONG, respuesta parcial a la ausencia cada vez más evidente del poder público. Por carecer de recursos, éste no garantiza en muchos países las tareas fiscales y reguladoras que constituyen teóricamente lo esencial de su misión.

Así pues, la redefinición del papel y las funciones del Estado se plantea de modo diferente en los países del Norte y del Sur. ¿Será posible encaminarse en éstos últimos hacia una sociedad que se responsabilice de sí misma, quemando la etapa del Estado benefactor? Mahdi Elmandjra no lo cree, y estima que como no existe una red de instituciones capaces de ocuparse del progreso social, los países en desarrollo precisan de una fuerte intervención del Estado, cuya legitimidad se vería reconstruída mediante el establecimiento de instituciones democráticas. ¿Es esto imposible? No necesariamente, estima Ignacy Sachs, para quien el Estado protector se puede construir en el Sur con un costo muy inferior al del Estado benefactor industrial, ya que el bajo costo de la mano de obra puede constituir además una ventaja comparativa en materia social. Experiencias como las de China, Cuba y Sri Lanka han demostrado que inversiones relativamente modestas pueden producir resultados espectaculares en el campo social. Según Sachs, se podría invertir eficazmente en los sectores de la salud o la educación con transferencias financieras Norte-Sur poco elevadas.

Siguiendo a Jorge Wilheim, se puede deplorar que los investigadores presentes en Roskilde hayan explorado las vías de una reconstrucción democrática del Estado en el Sur, dando prioridad en sus debates a la búsqueda de una nueva dinámica del Estado benefactor en el Norte, que permita a la sociedad responsabilizarse mejor de sí misma.

Si no se hace nada para limitar las derivas del mercado y encontrar nuevas formas de regulación, existe un peligro real de que tanto en el Norte como en el Sur proliferen sociedades «de dos velocidades» y se generalicen las situaciones de apartheid social que ya existen en numerosos países del Sur.

  • Capitales de miseria
Es en las grandes ciudades donde este «apartheid» es hoy en día más visible, ya que se plasma en una segregación espacial que crea verdaderas fronteras dentro de las aglomeraciones.

La pobreza se urbaniza al mismo ritmo que el planeta. En 1990 se estimaba que de los 1.400 millones de habitantes de las ciudades del Sur, 600 vivían en condiciones que ponían en peligro su salud y supervivencia. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, la mitad de los pobres de América Latina viven hoy en las ciudades. En todo el mundo los barrios más pobres de las ciudades: suburbios abandonados y poblados en su mayoría por personas de origen extranjero o por minorías étnicas en los países ricos, tugurios desprovistos de toda infraestructura y ocupados por campesinos inmigrados más o menos recientemente, que constituyen con frecuencia la mayor parte de la población llamada urbana en los países en desarrollo, aportan la prueba, mostrando sus lacras, de que el desa-rrollo inadecuado es un fenómeno mundial.

Ahora bien, la urbanización del mundo se prosigue a ritmo acelerado. En efecto, en el año 2000 vivirá en las ciudades la mitad de la humanidad, es decir, 3.200 millones de personas. Entre 1980 y 2000 se duplicará el número de citadinos en el Sur, pasando de 1.000 a 2.000 millones y, según las estimaciones, esa población se duplicará de nuevo en los 25 años siguientes, con lo que se cifrará en 4.000 millones 21.

Si bien el número de campesinos pobres no ha disminuido y la miseria es el destino de la mayoría de la población rural en muchas regiones del globo, de los países sahelianos a los de Asia meridional, la crisis social es hoy cada vez más urbana y la urbanización de la pobreza ha pasado a ser en el mundo uno de los principales factores de inestabilidad social y política. Por esta razón las Naciones Unidas organizarán en 1996 una nueva Cumbre mundial, esta vez sobre la ciudad. Desde luego, si quiere obtener resultados concretos, será preciso que analice las múltiples raíces de la pobreza urbana.

Como se observa, las manifestaciones de la crisis social planetaria son demasiado numerosas para que puedan seguirse ocultando. Terminar con la exclusión e intentar construir sociedades productoras de cohesión social es, sin embargo, una vasta empresa cuya ejecución exige un profundo cambio de la lógica económica y política que ha generado la situación actual.


    De la exclusión social a la cohesión social

  • Algunas condiciones del cambio
A juicio de un número cada vez mayor de investigadores, la deriva economicista, la supremacía del valor de cambio sobre la noción de uso, la gestión del planeta con el único rasero de la rentabilidad de la empresa y la extensión de la esfera mercante al conjunto de la actividad del hombre está conduciendo a la humanidad a un callejón sin salida. El IUED recuerda que la pretensión de imponer la referencia mercante como criterio indiscutible de las políticas de desarrollo ha llevado a que se ignoren las necesidades colectivas no vinculadas al mercado, se malgasten los limitados recursos del planeta y se excluya de los beneficios del crecimiento a una parte considerable de la población mundial.

La impugnación del economicismo y el retorno a una concepción holística del desarrollo que rompa con la sectorialización excesiva imperante desde hace varios decenios aparecen, por consiguiente, como requisito de todo intento de fundar el cambio en la instauración del primado de lo social. Alberto Tarozzi subraya que este procedimiento es además una cuestión de principio, al constatar que el liberalismo se caracteriza por su voluntad de privar la regulación social de todo fundamento moral y que la afirmación de la exigencia de un desarrollo social para todos consiste en volver a dar una dimensión ética al concepto de desarrollo.

En realidad, como lo afirma Ignacy Sachs, hay que volver a dar su sentido al desarrollo sostenible del que tanto se habla desde la Cumbre para la Tierra (Río de Janeiro, junio de 1992) y recordar que el desarrollo es un concepto pluridimensional y que sólo puede realizarse mediante un enfoque que entregue «las riendas a lo social, acepte lo ecológico como una limitación asumida» y vuelva a dar «a lo económico su papel instrumental» 22. A juicio de Sachs, esta nueva axiología, en la que la eficacia económica no se mediría únicamente con el rasero de la rentabilidad de la empresa, sino que se evaluaría por la satisfacción de las necesidades sociales, es la única que puede ser operativa universalmente, respetando al mismo tiempo la diversidad de la humanidad.

En efecto, si se pone fín a la hegemonía del pensamiento económico dominante, que ha llevado a trasponer por mimetismo la experiencia de los países industriales a la totalidad del globo, y si se instaura el primado de lo social, se podrá tener en cuenta en materia de desarrollo la doble naturaleza de la condición humana, a la vez universal e inscrita en un contexto específico. El principio de universalidad dejaría de ser entonces, utilizando la expresión de Mahdi Elmandjra, sinónimo de un etnocentrismo occidental que ha dado unilateralmente a su modelo un valor universal.

No es posible atribuir al desarrollo una finalidad social sin aludir a lo político. En efecto, la agravación continua de las desigualdades ilustra la dimensión política de la cuestión social y destruye el mito de la neutralidad del Estado que puede ser, según la índole de la elección efectuada y su relación de fuerzas, agente de integración o agente de exclusión. Ahora bien, en los últimos años se ha fortalecido su capacidad de producir exclusión a raíz de la función casi única que le asignó el neoliberalismo, a saber, crear un marco favorable al auge de la empresa.

La cuestión social es una cuestión política por dos motivos. Como lo subraya Enrique Rattner, plantea el problema de la legitimidad de las políticas que han llevado en Europa al retroceso del Estado benefactor, así como el de las luchas que se ven obligadas a librar algunas categorías de población para que se les reconozcan sus derechos. Se refiere además a lo político por cuanto, como lo recuerda el IUED, todo proceso de determinación de prioridades de una sociedad es de índole política ya que debe tener en cuenta los conflictos de intereses entre las diferentes clases sociales. Así pues, la elaboración de una estrategia de desarrollo fundada en el primado de lo social requiere al mismo tiempo la construcción de la base política y social necesaria para su aplicación.

El rechazo de la dictadura del economicismo llevaría el mundo a cambiar de lógica. La certeza de que la economía de mercado debe ser aceptada como norma de racionalidad científica de las decisiones se vería sustituída por una concepción holística del desa- rrollo, de la que no se podría excluir la dimensión política. A la lógica de obrar a corto plazo, en la que se funda la búsqueda de beneficios, sucedería la noción de proyecto de sociedad, con una reflexión a largo plazo sobre las finalidades del desarrollo hoy y mañana. La idea según la cual el interés general sólo es la suma de intereses particulares satisfechos por el simple juego de las fuerzas de mercado se reemplazaría por el análisis de la posible articulación entre las aspiraciones de las diferentes categorías sociales y la traducción de las opciones tomadas en prioridades de acción.

Vasto programa que plantea la cuestión de las modalidades del cambio, al igual que la de las finalidades. En efecto, los investigadores presentes en Roskilde estuvieron de acuerdo en estimar que el debate sobre los medios era tan importante como la determinación de los fines.

  • ¿Qué se ha de cambiar?
¿Cómo pasar de una lógica de crecimiento económico a una de desarrollo social? Este es un inmenso campo abierto a la reflexión y la acción. Cambiar los modos de vida para ajustarlos a las limitaciones ecológicas, redefinir la función del Estado, volver a tejer los vínculos sociales para construir sociedades productoras de cohesión social, dar de nuevo su sentido a la democracia, tales son las principales vías hacia un cambio capaz de hacer que al término de un período de transición lo más corto posible el mundo sea vivible para cuantos lo habitan.
  • Cambiar los modos de vida
También en este caso la simplicidad de la formulación vela la complejidad de los problemas que sustenta este objetivo. ¿Cómo evoluciona un modo de vida que no se puede reducir a un simple modo de consumo? ¿Cuáles son sus determinantes? Bent Greve se preguntaba: ¿Cuáles pueden ser las motivaciones materiales o simbólicas que incitan a una población dada a cambiar su modo de vida? ¿Qué vinculación mantienen los modos de vida con la exclusión? Como es sabido, algunos de ellos producen exclusión, mientras que otros, como las estrategias de supervivencia de los más pobres, son su consecuencia. ¿Cuáles son los obstáculos lo suficientemente poderosos para oponerse a los cambios necesarios?.

Planteados estos interrogantes, sigue en pie que el cambio de los modos de vida está en el centro de la problemática del desarrollo sostenible y plantea el problema crucial de construir nuevas relaciones entre el Norte y el Sur, fundadas en el reconocimiento de una solidaridad planetaria. En efecto, se trata, en primer lugar, de compartir de manera menos injusta el goce de los limitados recursos naturales y los frutos de un crecimiento mundial del que ya se sabe que será más lento y dependerá en mayor medida de las restricciones ecológicas. Si se parte del postulado, adoptado por Louis Emmerij, según el cual el aumento del consumo de los más pobres es condición para un mejor modo de vida, ¿será preciso reservarles los beneficios del crecimiento?.

¿Es el propio crecimiento compatible con la noción de desarrollo sostenible? No, responde Niels Meyer, para quien el espacio ecológico todavía disponible ya no puede ser productor de crecimiento para todos y debe reservarse a los países en desarrollo, ya que las naciones ricas han abusado desaforadamente de los recursos del planeta. Sachs afirma por el contrario que la exigencia de desarrollo sostenible no condena el crecimiento económico, la energía ni los demás factores materiales de producción que encierran un considerable potencial de productividad al que se puede recurrir. Con todo, aboga por una autolimitación del consumo en las sociedades del Norte, con objeto de evitar que el enriquecimiento de los unos provoque el empobrecimiento de los demás y lleve a la mundialización del apartheid social.

Sin embargo, los beneficiarios del sistema actual son lo suficientemente numerosos y poderosos, como lo subrayaron muchos participantes, para impedir ciertos cambios que la comunidad internacional reunida en la Cumbre de Río reconoció ser necesarios. Es bien sabido, entre otras cosas, que la casi totalidad del mundo de la industria quiere seguir externalizando los costes sociales y medioambientales de un crecimiento que genera cada vez menos progreso social. Ahora bien, únicamente con la internalización de esos costes se podrá poner fin al despilfarro ecológico y humano que caracteriza la lógica dominante de producción. ¿Cómo impulsar los modos alternativos de producción que entraña la valorización de modos de vida más ahorrativos cuando se sabe, como lo recuerdan H. Dupont y H. Rattner, que círculos poderosos, en particular en el sector de la energía, no tienen interés alguno en promover tecnologías alternativas y que el imperialismo cultural de que tanto se habla vela una dominación tecnológica de la que se habla menos? Por esta razón Rattner insistió en la necesidad de determinar con precisión esos agentes mundiales que parecen tener tanto poder y de delimitar sus intereses lo mejor posible y explorar su estructura cognoscitiva, a fin de comprender la visión que tienen del mundo que están moldeando.

Así pues, se planteó una vez más la cuestión de los conflictos de intereses y las apuestas políticas unidas a los cambios, así como la de identificar las fuerzas susceptibles de promoverlos.

Además, en un mundo cada vez más interdependiente, es indispensable prever la creación de instancias internacionales de regulación, sin dejar de lado la cuestión del papel del Estado nacional.

  • Redefinir las funciones del Estado
Para lograr esto es necesario partir de dos constataciones. Por una parte, como lo subraya I. Sachs, hay que reconocer que el debate se inició hace ya varios años en forma inadecuada. No se trata, como se ha hecho durante demasiado tiempo en el Estado benefactor, de oponer el Estado al mercado, sino de recordar que la autorregulación del mercado por sí mismo muestra sus límites y que es necesario restaurar la función reguladora del Estado. Tanto en el Norte como en el Sur, éste sigue teniendo una importante función que cumplir como instancia de regulación, definición y aplicación de las políticas de desarrollo. En efecto, sea cual fuere la necesidad de hacer participar a todos los asociados en la refundación de un contrato social sobre bases nuevas, las políticas macroeconómicas seguirán teniendo repercusiones considerables, positivas o negativas según que el Estado desempeñe o no su papel integrador, en la pobreza y la exclusión, a través de la fiscalidad y la determinación de los tipos de interés y de la cuantía del gasto público en sectores como vivienda, sanidad o educación.

Tal vez lo que pervivirá como aportación positiva más importante de Europa en el siglo XX es su invención de un Estado corrector de las desigualdades más graves, redistribuidor de los frutos del crecimiento y la innovación y capaz de contrarrestar los efectos perversos del mercado todopoderoso. Así pues, lo que hay que preconizar no es «menos Estado», como lo hacen los defensores del neoliberalismo, sino «mejor Estado», lo que supone redefinir sus modos de funcionamiento y sus relaciones con el conjunto de los agentes económicos y sociales. En todo caso, a juicio de Alberto Tarozzi, es ilusorio pensar que el Estado benefactor europeo se podría prorrogar tal cual, sin que se renueve profundamente, máxime si se tiene en cuenta que ni siquiera en su apogeo logró atender a los más pobres, ni a las regiones más desamparadas, ni a los grupos con problemas específicos. Sin desconocer la necesidad de su existencia, hay que renovar las formas de organización social. Esto implica, según Laura Balbo, poner en entredicho el carácter burocrático y centralizador del Estado. En una palabra, el Estado protector se transformaría en Estado animador, Estado servicio, para crear un contexto que permita a la sociedad responsabilizarse de sí misma y reducir la fractura social.

  • Restablecer los vínculos sociales
Si en la actualidad son muy pocos quienen impugnan la necesidad de reconstruir los vínculos sociales, esto no significa, sin embargo, que se esté de acuerdo sobre la forma de hacerlo. ¿A qué escala deberá buscarse la cohesión social? En el plano local, corriendo el riesgo de sacrificar el interés general a las reivindicaciones de algunas categorías? ¿En el plano regional o nacional, corriendo el riesgo de olvidar la necesidad de instaurar una solidaridad mundial?.

El debate sobre un ingreso mínimo garantizado muestra la complejidad de la cuestión. Niels Meyer y Philip Van Parijs preconizaron la instauración de un ingreso mínimo para todos, que debería entenderse como un derecho de todo ciudadano a gozar de una renta. Según Meyer, se podría generalizar dicho ingreso gracias a una política de repartición del trabajo, mientras que Van Parijs milita porque se separe trabajo e ingreso, ya que el derecho a éste no debe supeditarse al ejercicio de un empleo. Esta idea, en verdad generosa, parece muy difícil de llevar a la práctica. ¿Es económicamente realizable?, se interroga Louis Emmerij, que junto con Bent Greve insistió en la dificultad de financiar esa empresa. Por su parte, José Figueiredo se interrogó sobre la eficacia de un ingreso mínimo tomado como medio de luchar contra la exclusión, cuando se sabe que no todas las formas de exclusión se deben a la falta de ingresos. Sin embargo, ¿a quién debería beneficiar esa medida? ¿Deberá instaurarse el ingreso mínimo a escala universal, o bien sólo podría concretarse en los países en los que el Estado dispone teóricamente de los medios de financiarlo?. Y en este caso, ¿podrá hablarse de lucha contra la exclusión si la mayoría de la población del globo queda fuera de una política de redistribución? Varios participantes insistieron en la necesidad de razonar una vez más a escala mundial y no sacrificar los países del Sur en aras del bienestar de la población del Norte. En efecto, como lo destaca J.L. Dubois, no hay que hacerse ilusiones: si se instaurase un ingreso mínimo en los países ricos, se financiaría al menos parcialmente disminuyendo las transferencias efectuadas hacia el Sur en virtud de la ayuda al desarrollo. Desde luego, los países del Norte deben combatir la exclusión social, pero sin penalizar a los países en desarrollo.

En realidad, la reconstrucción de los vínculos sociales donde se han desmoronado a raíz de los efectos conjugados de la crisis, de las políticas de liberalización y de la urbanización exige que se reflexione sobre una serie de acciones complementarias. La legislación del trabajo y la protección social se elaboraron en todo el mundo en función del modelo dominante del empleo asalariado. Ahora bien, como lo pone en evidencia ORSTOM, «el empleo asalariado no sólo sigue siendo minoritario en todos los países en desarrollo, sino que se halla en plena regresión». Así pues, es urgente elaborar en esos países nuevas formas de protección social en favor de la población no asalariada.

Como la mundialización de la economía es un factor de exclusión en los países más pobres y para las categorías menos favorecidas de la población mundial, las políticas económicas deberían reconsiderar igualmente la prioridad dada a las exportaciones en muchos países y poner el mercado interior en el lugar que le corresponde. Volviendo a colocar la noción de territorio en el centro de la política económica, orientada exclusivamente desde hace dos decenios según el modelo del espacio planetario, la construcción de verdaderos mercados internos: nacionales, regionales y locales, favorecería la creación de espacios económicos fundados en la satisfacción de la demanda local y productores de una solidaridad hoy inexistente.

Sin bien conviene explorar todas las vías susceptibles de remediar la fractura social del mundo actual, la repartición del trabajo parece ser condición esencial de la reconstrucción de los vínculos sociales. En efecto, según se ha señalado, el trabajo no es únicamente fuente de ingresos, sino que, como lo apunta Niels Meyer, es además una dimensión primordial de la existencia social por cuanto el hombre necesita formar parte de una comunidad de trabajo para guardar el sentimiento de que contribuye a la vida de la colectividad. Louis Emmerij subraya que como el mundo actual produce más con menos trabajo y como el crecimiento ya no crea empleo, es preciso reestructurar el mercado del empleo teniendo en cuenta la mayor productividad obtenida gracias a las innovaciones tecnológicas. Por su parte, Ignacy Sachs destacó que las autoridades deberán dejar de considerar el desempleo como una fatalidad y más bien aplicar políticas activas de empleo, fundadas a la vez en la necesaria repartición del trabajo y en la creación de puestos de trabajo social, que se había dejado de lado.

La reconstrucción del vínculo social resulta tanto más urgente cuanto que de ella depende la democracia. El auge de la tentación totalitaria que se apoya en mitos de búsqueda de identidad, refugio frecuente de colectividades hundidas en la anomia social, bastaría para mostrar que la falta de cohesión social constituye un obstáculo importante para la democracia. En efecto, como lo recuerda Ajit Bhalla, ésta sólo puede ser formal en los países en los que la mayoría de la población vive en situación de exclusión y gasta la mayor parte de sus energías en luchar por la supervivencia. Como lo realza el IUED, tomando como postulado el reconocimiento de la dignidad y los derechos de todos, el desarrollo social coloca la reivindicación democrática en el centro del debate.

  • Volver a dar sentido a la democracia
Tal como se ha concebido y aplicado hasta ahora, la democracia se ha mantenido encerrada entre dos fronteras, cuya rigidez atenta hoy contra su principio mismo. Estrictamente acantonada en el campo político, no se extendió jamás al campo económico ni social, que son, sin embargo, dimensiones vitales de la actividad humana. Muy poco representativa, siguió siendo una democracia por delegación, que no exploraba el aspecto esencial de la participación del conjunto de los ciudadanos en la toma de decisiones o su aplicación. Si se quiere que vuelva a tener sentido, la democracia tiene hoy necesidad de fundarse de nuevo, abriéndose al conjunto de agentes sociales, elaborando nuevas formas de asociación y rompiendo con el centralismo para tener en cuenta los diferentes niveles posibles de decisión ciudadana.

Pasar del modelo en el que el Estado se considera único agente de cambio social a una perspectiva en la que los agentes desempeñen un papel determinante en el cambio no es, según Laura Balbo, una utopía, sino un requisito para que la sociedad pueda responsabilizarse más de sí misma en un mundo en el que los poderes estatales o comunitarios ya no asumen la función de protección real y simbólica que formó durante largo tiempo parte de sus atribuciones. Así pues, la evolución necesaria hacia una sociedad que se responsabilice de sí misma requiere que se definan de nuevo las relaciones entre los principales agentes sociales: el Estado, el mercado y la sociedad civil.

Agente indispensable, como lo ha mostrado la historia, de la vida económica y social, el mercado no puede constituir, según lo prueba la experiencia de los últimos decenios, la única instancia de regulación de las relaciones sociales. En términos más generales, la iniciativa privada, sea que proceda del mercado o del sector terciario, no puede reemplazar en todas las circunstancias al Estado. En efecto, el conjunto de la sociedad requiere que éste conserve su poder de árbitro, máxime porque contrariamente a la tendencia dominante en los últimos años, es menester no idealizar demasiado un sector terciario más sometido de lo que se cree a la lógica del interés. El ORSTOM apunta que muchas «iniciativas populares» no son ni mucho menos tan espontáneas como se cree. En cuanto a las asociaciones, «ocultan a menudo estrategias de captación privativa de la ayuda internacional» en los países del Sur 23 y no siempre escapan a la lógica del mercado o a la instrumentalización política en los países del Norte. Asímismo, es menester interrogarse sobre la representatividad real de un gran número de ONG que se autoproclaman portavoces de una sociedad civil que sigue siendo demasiado silenciosa para designar sus representantes.

¿Qué formas de asociación se habrán de inventar para que el conjunto de los agentes sociales desempeñen su papel y para armonizar las políticas públicas y las acciones ciudadanas? ¿Puede servir todavía el tripartismo, que inspiró la creación de la OIT y sigue siendo en numerosos países una instancia de negociación entre las empresas, los sindicatos y el Estado?.

La experiencia húngara descrita por Lajos Héthy muestra las ventajas y los límites. En efecto, Hungría es un país en el que muy pronto se hizo evidente la importancia capital de la estabilidad política y social, dada la transición acelerada a la economía de mercado, con todas las consecuencias que se siguen. Como los sindicatos no habían perdido su carácter de organizaciones de masa, se pudieron organizar negociaciones con el empresariado y el Estado, a fín de concluir acuerdos sobre la legislación laboral, la reglamentación de los salarios, el derecho de huelga y la proporción del aporte patronal a las cotizaciones sociales. Más aún, el diálogo tripartito permitió a las organizaciones sindicales participar en la formación de las políticas públicas y mostró que esa forma de negociación contribuía en gran medida al mantenimiento de la paz social. Sin embargo, como lo advierte Héthy, de no haber una verdadera política social, la búsqueda de un acuerdo con los sindicatos puede ser un simple medio de hacer aceptar a la población los efectos negativos de la transición, sin que se debatan sus modalidades ni sus finalidades.

Si el principio del tripartismo sigue vigente, es una noción que deberá adaptarse a la evolución de la sociedad civil y ampliarse de modo que incluya al conjunto de los interlocutores sociales, entre ellos los representantes de los excluídos que con frecuencia quedan al margen de las estructuras sindicales clásicas. De todos modos, será preciso extender el diálogo a la concepción de las políticas económicas, en la que debe tomar parte el conjunto de los ciudadanos.

Por lo demás, ¿a qué nivel se deberán adoptar las decisiones relativas a una colectividad dada? Esta es una cuestión crucial para la democracia que, para dejar de ser únicamente representativa y transformarse en una dinámica participativa, deberá tener en cuenta la necesidad de diferenciar los niveles de decisión y fortalecer el poder de las instancias locales. Permitir a las estructuras democráticas locales intervenir en el proceso de decisión supone reconocer la diversidad de situaciones, necesidades e interlocutores. Es admitir que no existe un camino único para resolver los problemas de un mundo pluralista.

¿Cuáles podrían ser las modalidades de esta consideración? ¿Puede la toma de decisiones funcionar con el principio de subsidiaridad, como lo propone Sixto Roxas, para quien la comunidad internacional debería considerarse una vasta comunidad de comunidades? Para reorganizar democráticamente un mundo caracterizado hoy por la tradición centralizadora del Estado nacional, la dilución de las responsabilidades en el plano internacional y el silencio en el que se mantiene a los agentes locales, parece necesario establecer nuevas relaciones entre el plano local, nacional, internacional y mundial. Sin embargo, si bien es de desear que aumente el número de participantes en la definición de las políticas, esto no significa que sea preciso responder a toda solicitud. Se trata más bien de construir, como lo propone el IUED, una organización institucional capaz de arbitrar los conflictos nacidos de intereses contradictorios y hacer participar los diferentes niveles de decisión en la definición de objetivos colectivos. En otras palabras, reconciliar la acción local y el pensamiento mundial. El objetivo es ambicioso por cuanto hasta ahora la competición rige con frecuencia las relaciones entre los diferentes niveles de decisión, como lo recuerda Ajit Bhalla, según el cual es necesario pasar de una lógica de competición a una de complementariedad. A juicio de Henri Rattner, una de las soluciones podría ser definir el nivel de centralización de que precisa toda sociedad moderna.

En opinión de Trevor Hancock, una de las maneras de avanzar hacia una sociedad más participativa tal vez consista en dejar de hablar únicamente en términos de satisfacción de las necesidades de las comunidades interesadas y más bien tener en cuenta sus capacidades no utilizadas. Apoyándose en la experiencia de las estructuras participativas aplicadas en Canadá en materia de salud, precisó que al cotejar necesidades y capacidades se podrían resolver muchos de los problemas a nivel local.

En términos más generales, el reconocimiento de la pluralidad de los contextos y del derecho de todos a participar y multiplicar los niveles de decisión suponen que se abran los distintos niveles del saber, establecinendo puentes entre el saber popular y el saber científico. En efecto, la prioridad dada por la casi totalidad de las políticas nacionales al saber elitista ha privado a la humanidad de buena parte de sus conocimientos, como lo anota Richard Knight. «El 90% del saber humano actual se ha producido durante los últimos treinta años. Sin embargo, si se define el saber como la capacidad de sobrevivir de manera duradera, desde hace treinta años se ha perdido el 90% del saber humano». Esta apertura no es imposible, como lo ha mostrado Kurt Nielsen con la experiencia danesa a este respecto: la promoción del saber popular y su referencia al saber académico permitió a Dinamarca escapar en gran medida al predominio de la tecnoestructura en la gestión del país.

Durante largo tiempo se ha debatido, sin llegar a conclusión alguna, si la democracia es condición o resultado del desarrollo. Si bien es evidente que una sociedad en la que a la mayoría de la población sólo se asigna como objetivo la supervivencia, no puede producir sino una figura formal de democracia, el desarrollo con finalidad social exige la ampliación del territorio de esta última, lo que suprimiría al mismo tiempo una de las principales formas de exclusión, la exclusión de lo político.


    De la reflexión a la acción: algunas pistas

  • Rehabilitar las ciencias sociales
Colocar los pueblos en el centro de la problemática del desa-rrollo no es sólo un lema. La experiencia ha mostrado suficientemente que los modelos que no parten de los agentes mismos tropiezan con la lógica interna de los procesos de desarrollo. Pese a esta evidencia, Michael Cernea 24 deplora que la demanda de conocimientos sociales siga siendo tan escasa. Prácticamente ningún organismo de desarrollo ha estimado necesario incluir a investigadores sociales en sus órganos de decisión. Para justificar esta actitud se invoca por lo general el elevado coste de los estudios sociales, sin evaluar nunca el de los errores cometidos cuando se ejecuta una actividad sin conocer la correspondiente situación social.

En realidad, hasta ahora las ciencias sociales han servido de venero de información y estadísticas a los decisores económicos, partidarios de la «teología del mercado», para utilizar los términos de Cernea. Cambiar el orden de las prioridades para dar a lo social el lugar que nunca hubiera debido perder supone, pues, integrar a los sociólogos en todos los niveles de la reflexión sobre el cambio social y sus modalidades y hacerlos participar en la toma de decisiones.

Sin embargo, esta ausencia debe también hacer reflexionar a los investigadores. Según Cernea, tal vez ellos mismos sean en parte responsables de que no se les incluya en los circuitos de decisión por cuanto sólo en pocas ocasiones han tratado de elaborar instrumentos operativos, tomando como base su investigación. Si quieren tomar parte en la definición y aplicación de las políticas de desa-rrollo, deberán salir del simple campo del análisis, participar en la acción y compartir sus riesgos.

Por otro lado, a juicio de Tarozzi, la investigación deberá fijarse nuevas prioridades que tengan en cuenta la evolución y las barreras del mundo contemporáneo. Así como es imposible extender el Estado benefactor de Occidente al conjunto del planeta, habida cuenta de sus exorbitantes costos medioambientales, económicos y sociales, es urgente reflexionar de manera concreta en estrategias de desarrollo sostenible para el Sur, de las que a su vez podrían beneficiarse los países desarrollados. Esta propuesta es tanto más pertinente cuanto que durante todo el Coloquio de Roskilde se pudo observar una focalización de los debates en torno a los problemas del Norte y una real dificultad de renovar la reflexión en cuanto a las relaciones Norte-Sur y la solución de las desigualdades mundiales. El debate en torno al Estado benefactor y a un ingreso mínimo garantizado pusieron en evidencia esta dificultad. Si bien es cierto que la mundialización de los problemas sociales y la interpenetración relativa del Norte y del Sur permiten más que nunca pensar en forma global, ese pensamiento podría, si no se toman las debidas precauciones, adoptar una vez más las formas de un pensamiento del Norte.

Reflexionar para obrar deberá ser en todos los casos el objetivo de las ciencias sociales, si se quiere que sean realmente parte integrante de la construcción del mundo del mañana.

  • Reformar la sociedad internacional
Una redefinición de las respectivas funciones de los agentes sociales que tenga en cuenta a la vez los efectos de la mundialización y la exigencia social supone que se busquen a nivel internacional nuevas formas de regulación política y económica, lo que entraña una profunda reforma de las Naciones Unidas y las organizaciones de Bretton Woods.

En efecto, como lo recuerda Sixto Roxas, éstas no sólo se erigieron en guardianes mundiales de la hegemonía del orden dominante, sino que fueron concebidas desde un comienzo para responder a las necesidades específicas del funcionamiento de los países capitalistas desarrollados. La internacionalización de sus actividades aparece, pues, como una negación de la pluralidad del mundo, ya que impowew un modelo único cada vez más impugnado. Como lo subraya Habiba Wassef, en la óptica del desarrollo social es preciso revisar todo el edificio actual de la cooperación para el desarrollo. Por su parte, el sistema de las Naciones Unidas deberá empezar a adaptar sus modalidades de intervención a la evolución de las prioridades, participando más que hasta ahora en la dinámica del cambio. Según Habiba Wassef, una cooperación internacional más respetuosa de la diversidad y la democracia deberá escuchar las voces de las que hizo caso omiso durante tanto tiempo y no imponer sus opiniones y manera de obrar a los poderes públicos, con frecuencia más enterados de las necesidades y deficiencias propias de su sociedad.

Al poner fin al monopolio de las organizaciones interestatales, la reforma del sistema internacional deberá permitir la aparición de organizaciones democráticas mundiales de control y de propuesta. Esto es, en efecto, lo que está en juego, según la Alianza Mundial contra el Apartheid Social, que preconiza la creación de una organización mundial de representación de los ciudadanos con objeto de facilitar, entre otras cosas, la participación equitativa de los habitantes de todos los continentes en la gestión del mundo.

  • Elaborar nuevas formas de asociación
Este cometido podría apoyarse en una serie de acciones realizadas en todas partes, como la experiencia de gestión comunitaria en materia de salud que se llevó a cabo con éxito en Canadá, o bien la red europea de Ciudades Salubres, construída paulatinamente desde 1986 bajo la égida de la OMS.

Trevor Hancock señaló que la experiencia canadiense se había efectuado reemplazando el enfoque sectorial de los problemas de salud por una visión global del contexto en el que se inscribían. La desigualdad de ingresos, la posición ocupada en la jerarquía social y el estado del medio ambiente son los principales determinantes de la salud y explican que las desigualdades ante la enfermedad no hayan desaparecido de las sociedades en las que se consideran satisfechas las necesidades básicas. A fín de hacer participar al conjunto de una población en la solución de sus problemas mediante un enfoque comunitario que se apoye en las actividades locales, se creó en muchas ciudades canadienses un consejo de salud en el que se debaten los problemas, se preparan soluciones y se reciben y proponen ideas que ayudan a los grupos de ciudadanos a responsabilizarse de sí mismos. Hancock precisó que las mesas redondas organizadas por dichos consejos no llevaban necesariamente a un consenso y reflejaban con frecuencia los conflictos de intereses entre las distintas categorías de ciudadanos, pero que gracias a ellas éstos habían consolidado su poder de intervención en la política de la ciudad.

Sin adoptar las mismas formas, la red Ciudades Salubres, que agrupa más de treinta ciudades europeas, se inspira en los mismos métodos, procurando obrar en todos los campos que repercuten en la ciudad, como son vivienda, transporte y medio ambiente, e inducir a las autoridades a que tengan en cuenta las consecuencias de sus políticas en el sector de la salud, entendido en el sentido más lato posible. La OMS ha innovado igualmente no trabajando únicamente con la administración urbana, sino incorporando en la red una serie de organismos y asociaciones susceptibles de influir en las políticas sanitarias urbanas.

Otras experiencias podrían inspirar la búsqueda de nuevas formas de asociación entre los agentes sociales, que puedan paliar las carencias del Estado y dar finalmente un contenido concreto a la democracia municipal.

  • Favorecer el acceso al empleo
Como la exclusión del mundo del trabajo es una de las principales causas de pobreza y marginación, es urgente sustituir la dinámica actual productora de desempleo por una política activa de promoción de empleo, que constaría de dos partes.

La primera consiste en obrar directamente sobre el mercado del empleo mediante políticas voluntaristas. Sin entrar en detalles, cabe mencionar dos tipos de propuestas que pueden frenar la dinámica del desempleo. José Figeuiredo y Zafar Shaheed 25 proponen, entre otras cosas, sancionar con penalidades financieras a las firmas que despidan empleados con mucha frecuencia. Los fondos así obtenidos podrían servir para financiar programas de seguro contra el desempleo, fondos de pensión o actividades - en el sector de la educación, por ejemplo - destinadas a facilitar la inserción profesional de los solicitantes no calificados de empleo. En el mismo orden de ideas, podrían preverse alicientes financieros (subvenciones, deducciones fiscales, etc.) para los empleadores que practiquen una verdadera política de contratación. Es preciso además explorar todas las posibles fuentes de empleo. A juicio de Sachs, muchos países podrían solucionar una parte del inmenso problema del paro rural mediante políticas de fomento del empleo rural no agrícola, lo que tendría además la ventaja de facilitar servicios a regiones que, por lo general, se encuentran muy mal equipadas. La creación de empleo social de proximidad, prácticamente inexistente en el Norte como en el Sur, contribuiría a liberar el mercado de trabajo en las ciudades.

La segunda parte consiste en realizar acciones previas al mercado del empleo propiamente dicho. En efecto, es bien sabido hasta qué punto el analfabetismo, la subcalificación y la pertenencia a una categoría marginal impiden a millones de personas el acceso a un trabajo remunerado. Sólo estrategias destinadas a solventar esas dificultades permitirán a los grupos más desamparados y vulnerables adquirir los instrumentos indispensables para tener un empleo remunerado. En esta perspectiva se deberán considerar prioritarios campos como la salud, la educación y la eliminación de las discriminaciones fundadas en prejuicios culturales. Estas actividades son tanto más necesarias cuanto que son las únicas que permiten a las jóvenes y mujeres adultas escapar a la exclusión de la que tantas son víctimas. En esta óptica Richard Anker 26 integra a las estrategias de lucha contra la exclusión del mercado de trabajo las políticas de planificación familiar o la creación de guarderías.

Sin embargo, los participantes en el Coloquio prácticamente no examinaron la discriminación específica a que se ve sometida la mujer ni tampoco el hecho de que en su inmensa mayoría sigue estando confinada en la esfera del trabajo casero y no remunerado, situado en todo el mundo en la rúbrica de quehaceres domésticos o economía familiar. Los debates sobre la ampliación de la democracia y sobre la vinculación entre trabajo y condición social y entre exclusión del mercado del empleo y pobreza mostraron que en la reflexión llevada a cabo en Roskilde no se tuvo en cuenta la dimensión sexual de la exclusión social. Sin embargo, el sostener la aplicación de políticas dinámicas de educación y formación, incluída la educación a la ciudadanía, puede servir para superar una de las principales dificultades a que se ve sometida la mujer en muchos países.

Invocado con frecuencia como obstáculo para su aplicación, el coste de esas políticas plantea menos problemas de los que se cree. En efecto, es menester efectuar estudios específicos sobre su compatibilidad con el equilibrio económico indispensable y buscar la mejor relación entre coste, eficacia y equidad. Pero incluso sin cuantificar el precio político y financiero de la exclusión social, las cuantías, con frecuencia considerables al menos en los países del Norte, destinadas en la actualidad a minimizar sus efectos, podrían reconvertirse en acciones productoras de cohesión social.

  • Redistribuir los activos
Las acciones que es preciso realizar en apoyo previo a las políticas de empleo propiamente dicho deberán ir más allá de la satisfacción de las simples necesidades sociales. Como la distribución desigual de la riqueza y de los factores de producción forman parte de las causas principales de exclusión, también es necesario obrar mediante políticas de redistribución de los activos. Así, el Banco Interamericano de Desarrollo juzga indispensable efectuar importantes reformas agrarias en la mayor parte de los países de América Latina en los que la extrema concentración de la tenencia de la tierra es una de las causas más importantes del desempleo rural y la migración a las ciudades. Asimismo, la democratización del acceso al crédito debe formar parte de las políticas de redistribución de los activos, lo mismo que las reformas fiscales destinadas a aligerar los impuestos del trabajo y aumentar los del capital y los ingresos por inversiones especulativas.

Indispensables para eliminar las desigualdades dentro de cada país, tales reformas no pueden, sin embargo, tener repercusiones en la redistribución desigual de la riqueza mundial. Parece necesario reducirla estableciendo una fiscalidad internacional que pueda generar importantes recursos financieros para asignarlos al desa-rrollo social. Ya en la Cumbre de Río se contempló la posibilidad de instituir un impuesto por el consumo de energía, la famosa ecotasa, que se archivó inmediatamente después por presiones de Estados Unidos, las grandes compañías petroleras y los exportadores de hidrocarburos. Como en los últimos años se generalizó el movimiento especulativo de capitales, se popularizó la idea de crear un impuesto, denominado Tobin por el nombre de su ponente, por los beneficios devengados de esas inversiones. También en este caso se han elevado numerosas voces en contra, en nombre de la sacrosanta autorregulación del mercado. Sin embargo, la renuencia a instaurar una fiscalidad internacional no debe impedir que se sigan explorando las modalidades ni que se trabaje por su aplicación.

En esta exposición sólo se han analizado superficialmente los múltiples medios de redistribuir los activos nacionales y mundiales en favor de los más pobres. Se trataba de mostrar con algunos ejemplos que esas políticas no eran ninguna utopía, sino el tratamiento indispensable de las causas de la crisis social planetaria.

  • Políticas de la ciudad
Dentro de unos pocos años las ciudades albergarán a la mayoría de los habitantes del planeta. Si a lo largo de la historia su evolución se ha producido de manera empírica, en la actualidad su crecimiento es tal que se hace necesario planificarlo y regularlo en todas partes. Como la crisis social mundial es cada día más una crisis urbana, se hace urgente elaborar políticas y forjar instrumentos capaces de resolverla, habida cuenta de la diversidad de los conceptos y situaciones.

La ciudad ha sido siempre un lugar de cultura y de encuentro, un lugar que brinda inmensas oportunidades a la creatividad humana. Según Jorge Wilheim, es menester aprender a devolverle esas funciones. Sin embargo, ¿podrá llamarse ciudad esos lugares que sólo son aglomeraciones que presentan numerosos rasgos de la vida rural? ¿Cómo administrar el fenómeno, generalizado en los países del Sur, de la rurbanización para emplear un término acuñado por los sociólogos? Esos son interrogantes que muestran la urgencia de elaborar una verdadera política urbana adaptada a las mutaciones contemporáneas.

Como se ve, llevar a cabo una reforma mundial destinada a derrocar la lógica productora de pobreza y exclusión constituye un inmenso campo de trabajo. Los debates del Coloquio de Roskilde se propusieron mostrar la necesidad de modificar el orden actual de las prioridades para construir a escala planetaria un desarrollo sostenible fundado en el ser y no en el tener.

¿Es esto una tentativa nostálgica de volver a encontrar una armonía social que se había perdido y una negativa a una evolución que sus defensores consideran ineluctable? Desde luego que no. La defensa de otro tipo de desarrollo, sostenible y social, no es, como lo pretenden algunos, una reacción negativa al choque con la modernidad, sino por el contrario, como lo sostiene Sixto Roxas, un combate por la modernidad. Al producir crisis y resultar incapaz de hacer progresar el conjunto de la sociedad humana, han mostrado su obsolescencia los sistemas económicos y políticos actuales y las tecnologías en que se apoyan. Impugnar su validez y elaborar alternativas capaces de reducir fracturas anunciadoras de tormentas planetarias sería más bien la única manera de preparar el siglo XXI, es decir, hacer entrar en él a toda la humanidad con iguales posibilidades de vivir en dignidad.

Sin embargo, no es evidente que el mundo se encamine rápidamente hacia ese derrotero. Desde luego, organizando desde comienzos de los años noventa, es decir, desde el fín de la bipolarización geopolítica del globo, una serie de conferencias y cumbres internacionales destinadas a sentar las bases de un «nuevo orden mundial», las Naciones Unidas intentan comprometer a la comunidad internacional. Sin embargo, paralelamente se está consolidando otro orden, real, fundado en el recurso a la fuerza y en la sola lógica de los intereses. Los límites de las conclusiones, demasiado tímidas y parciales, de la Cumbre de Copenhague, que contrastan con las esperanzas suscitadas por su convocación, muestran que por ahora están muy lejos de ser superados los obstáculos que se oponen a la construcción de una sociedad planetaria fundada en la democracia social.


ANEXO : Lista de participantes

AGGER Peder. Profesor, Departamento de Medio Ambiente, Tecnología y Estudios Sociales. Universidad de Roskilde, Dinamarca

AHLINVIDE Olympa. Profesora. Centro Panafricano de Prospectiva Social. Porto Novo, Benin.

ALTHEID Peter. Profesor, sociólogo. Centro de Tecnologías Avanzadas. Universidad de Roskilde, Dinamarca

ANDERSEN Helle Mukerji. Departamento de Medio Ambiente, Tecnología y Estudios Sociales. Universidad de Roskilde, Dinamarca.

ANDERSEN John. Centro de Integración y Diferenciación Social. Copenhague, Dinamarca.

ASLUND Maj-Britt. Departamento de Medio Ambiente, Tecnología y Estudios Sociales. Universidad de Roskilde, Dinamarca.

d'AVILA NETO Maria Inacia. Profesora, Cátedra UNESCO de Desarrollo Sostenible. Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil.

BAK Henrik. Departamento de Medio Ambiente, Tecnología y Estudios Sociales. Universidad de Roskilde, Dinamarca.

BALBO Laura. Profesora, Instituto de Filosofía. Universidad de Ferrara, Italia

BARROS DE FREITAS MACIEL Tania. Profesora, Universidad de Río de Janeiro, Brasil.

BARTON Brian. Departamento de Ciencias Económicas. Universidad de Quebec, Trois Rivières, Canadá.

BASTOS Maria Durvalina. Profesora, Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil.

BOESEN Anna. Departamento de Medio Ambiente, Tecnología y Estudios Sociales, Universidad de Roskilde, Dinamarca.

BOLWIG Simon. Centro de Investigaciones sobre Desarrollo. Copenhague, Dinamarca.

BOJE Thomas P. Profesor, Departamento de Estudios Sociales. Universidad de Roskilde, Dinamarca.

BRONNUM Karin. Centro de Integración y Diferenciación Social. Copenhague, Dinamarca

BHALLA Ajit. OIT. Instituto Internacional de Estudios Sociales. Ginebra, Suiza.

CAMBREZY Luc. ORSTOM. París, Francia.

CERNEA Michael. Sociólogo. Asesor, Banco Mundial. Washington, Estados Unidos.

CHARMES Jacques. Director Delegado. Departamento de Sociedades, Urbanización y Desarrollo, ORSTOM. París, Francia.

COMELIEAU Christian. Profesor, Instituto Universitario de Estudios de Desarrollo. Ginebra, Suiza.

CONNOLLY Ann-Marie. OMS, Oficina Regional para Europa, «Ciudades Salubres». Copenhague, Dinamarca.

COURADE Georges. ORSTOM, París, Francia.

CZESKLEBA-DUPONT. Departamento de Estudios Sociales. Universidad de Roskilde, Dinamarca.

DAM Anna. Programa Europeo sobre Sociedad, Ciencia y Tecnología. Universidad de Roskilde, Dinamarca.

DENTEN Valerie. Programa Europeo sobre Sociedad, Ciencia y Tecnología. Universidad de Roskilde, Dinamarca.

DUBE Faith. AIESEC. Centro sobre Integración y Diferenciación Social. Copenhague, Dinamarca.

DUBOIS Jean-Luc. ORSTOM. París, Francia.

ELMANDJRA Mahdi. Profesor, Universidad Mohammed V. Rabat, Marruecos.

EMMERIJ Louis. Asesor Especial del Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Washington D.C., Estados Unidos.

FABIANSEN Martin. Departamento de Medio Ambiente, Tecnología y Estudios Sociales. Universidad de Roskilde, Dinamarca.

FIGUEIREDO José B. de. OIT. Instituto Internacional de Estudios Sociales. Ginebra, Suiza.

FOURNIER Francine. UNESCO. Subdirectora General de Ciencias Sociales y Humanas. París, Francia.

FRUET Genoveva Maya. Programa Internacional de Estudios sobre Desarrollo. Universidad de Roskilde, Dinamarca.

GAILLY Benoît. Programa Europeo sobre Sociedad, Ciencia y Tecnología. Universidad de Roskilde, Dinamarca.

GOEZ Y PALOMA Sergio. Programa Europeo sobre Sociedad, Ciencia y Tecnología. Universidad de Roskilde, Dinamarca.

GOMES Maria de Fatima. Profesora. Universidad Federal de Rio de Janeiro. Brasil.

GOOS Cees. OMS. Director interino, Oficina Regional para Europa.

Copenhague, Dinamarca.

GREVE Bent. Profesor, Departamento de Ciencias Sociales. Universidad de Roskilde, Dinamarca

GROTH Simon. Departamento de Medio Ambiente, Tecnología y Estudios Sociales. Universidad de Roskilde, Dinamarca.

HANCOCK Trevor. Asesor en Salud Pública. Ontario, Canadá.

HALKIER Bente. Departamento de Medio Ambiente, Tecnología y Estudios Sociales. Universidad de Roskilde, Dinamarca.

HANSEN Andreas Wester. Departamento de Estudios Sociales. Universidad de Roskilde, Dinamarca.

HANSEN Birgitte Steen. Departamento de Medio Ambiente, Tecnología y Estudios Sociales. Universidad de Roskilde, Dinamarca.

HANSEN Jette. Geografía y Comunicación. Universidad de Roskilde, Dinamarca.

HARRELL-BOND Barbara. Directora, Programa de Estudios sobre los Refugiados. Universidad de Oxford, Reino Unido.

HETHY Lajos. Secretario de Estado. Ministerio de Trabajo. Budapest, Hungría

HINGEL Anders. Comisión de las Comunidades Europeas, D.G. XII. Bruselas, Bélgica

HOLM Mogens. Centro de Investigaciones sobre Desarrollo. Copenhague, Dinamarca.

HVID Helge. Profesora, Departamento de Medio Ambiente, Tecnología y Estudios Sociales. Universidad de Roskilde, Dinamarca.

JELSOE Erling. Departamento de Medio Ambiente, Tecnología y Estudios Sociales. Universidad de Roskilde, Dinamarca.

JESPERSEN Per Homann. Departamento de Medio Ambiente, Tecnología y Estudios Sociales. Universidad de Roskilde, Dinamarca.

JOENSEN Peter. Departamento de Medio Ambiente, Tecnología y Estudios Sociales. Universidad de Roskilde, Dinamarca.

JOHNSON Douglas. Johnson International. Hvidovre, Dinamarca.

KAMARA Wambui. Departamento de Medio Ambiente, Tecnología y Estudios Sociales. Universidad de Roskilde, Dinamarca.

KATROUGALOS George. Departamento de Medio Ambiente, Tecnología y Estudios Sociales. Universidad de Roskilde, Dinamarca.

KAZANCIGIL Ali. UNESCO, Director, División de Investigaciones y Políticas de Ciencias Sociales. Secretario Ejecutivo, Programa MOST. París, Francia.

KLEFFEL Kristine Vik. Departamento de Medio Ambiente, Tecnología y Estudios Sociales. Universidad de Roskilde, Dinamarca.

KNIGHT Richard. Profesor, Facultad de Arquitectura, Génova, Italia.

LASSEN Jesper. Profesor, Departamento de Medio Ambiente, Tecnología y Estudios Sociales. Universidad de Roskilde, Dinamarca.

LAURITZEN Nina. Centro de Estudios Africanos. Universidad de Roskilde, Dinamarca.

LEE Albert. Programa Europeo sobre Sociedad, Ciencia y Tecnología. Universidad de Roskilde, Dinamarca.

LITTRUP Casper. Departamento de Medio Ambiente, Tecnología y Estudios Sociales. Universidad de Roskilde, Dinamarca.

LOVSHOLT Thomas. Departamento de Medio Ambiente, Tecnología y Estudios Sociales. Universidad de Roskilde, Dinamarca.

MANCZAK Maj. Departamento de Medio Ambiente, Tecnología y Estudios Sociales. Universidad de Roskilde, Dinamarca.

MASINA Pietro P. Programa Europeo sobre Sociedad, Ciencia y Tecnología. Universidad de Roskilde, Dinamarca.

MAZZONIS Martino. Programa Europeo sobre Sociedad, Ciencia y Tecnología. Universidad de Roskilde, Dinamarca.

MEYER Niels I. Profesor, Departamento de Física. Universidad Técnica de Dinamarca. Copenhague, Dinamarca.

MIKKELSEN Troels. Departamento de Administración. Universidad de Roskilde, Dinamarca.

NIELSEN Inge-Lise. Profesora. Jaegerpris, Dinamarca.

NIELSEN Kurt Aagaard. Profesor, Departamento de Sociología. Universidad de Copenhague, Dinamarca.

NKINYANGI John. UNESCO, División de Investigaciones y Políticas de Ciencias Sociales, Programa MOST. París, Francia.

OKHOLM Lene. Departamento de Medio Ambiente, Tecnología y Estudios Sociales, Universidad de Roskilde, Dinamarca.

PAIVA José Vilhena de. Vicerector. Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil.

PARIJS Philippe van. Profesor, Facultad de Ciencias Económicas, Sociales y Políticas. Universidad Católica de Lovaina, Bélgica.

PETERSEN Anne Sprogoe. HIB II, Universidad de Roskilde, Dinamarca.

PETERSEN Gert. Departamento de Medio Ambiente, Tecnología y Estudios Sociales. Universidad de Roskilde, Dinamarca.

PETERSEN Kare. Departamento de Estudios Sociales, Universidad de Roskilde, Dinamarca.

PHANCHANA Patoommat. Programa Europeo sobre Sociedad, Ciencia y Tecnología. Universidad de Roskilde, Dinamarca.

PIHL Louise. Instituto de Ciencias Políticas, Universidad de Copenhague, Dinamarca.

PINTO Maya. Universidad de Bath, Reino Unido.

PUCCIO Aurora. Programa Europeo sobre Sociedad, Ciencia y Tecnología, Universidad de Roskilde, Dinamarca.

RATTNER Henrique. Director, Programa sobre Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Universidad de Sao Paulo, Brasil.

ROXAS Sixto K. Fundación de Organización Comunitaria y Tecnología Administrativa (FCMOT), Quezon City, Filipinas.

ROY Marianne. Universidad de Quebec, Montreal, Canadá.

RUKAVISHNIKOV Vladimir. Profesor, Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales. Academia de Ciencias, Moscú, Federación de Rusia.

SACHS Ignacy. EHESS. Director de Estudios. París, Francia.

SAIZARBITORIA Inaki Heras. Programa Europeo sobre Sociedad, Ciencia y Tecnología. Universidad de Roskilde, Dinamarca.

SANTORSOLA Antonella. Programa Europeo sobre Sociedad, Ciencia y Tecnología. Universidad de Roskilde, Dinamarca.

SCHÖNHÖFFER Peter. Pax Christi. Münster, Alemania.

SLETTEN Karen Prochnow. Departamento de Medio Ambiente, Tecnología y Estudios Sociales. Universidad de Roskilde, Dinamarca.

STAUNING Inger. Departamento de Medio Ambiente, Tecnología y Estudios Sociales. Universidad de Roskilde, Dinamarca.

OVERLAND Sunniva. Departamento de Medio Ambiente, Tecnología y Estudios Sociales. Universidad de Roskilde, Dinamarca.

TAMBORINNI Francesca. Programa Europeo sobre Sociedad, Ciencia y Tecnología. Universidad de Roskilde, Dinamarca.

TAROZZI Alberto. Profesor, Departamento de Sociología. Universidad de Roskilde, Dinamarca.

VEDELAGO François. Instituto Michel de Montaigne. Universidad de Burdeos III, Francia.

WASSEF Habiba H. OMS, Ginebra, Suiza.

WEI Li. Programa Europeo sobre Sociedad, Ciencia y Tecnología. Universidad de Roskilde, Dinamarca.

WILHEIM Jorge. Secretario General Adjunto. HABITAT II, Nairobi, Kenya.

YTTESEN Jacob. Departamento de Medio Ambiente, Tecnología y Estudios Sociales, Universidad de Roskilde, Dinamarca.


NOTAS

1. Cuando no se hace ninguna referencia bibliográfica precisa, las palabras de las personas citadas se toman de su ponencia o de sus intervenciones en el Coloquio.

2. Riccardo Petrella: «Europa entre la innovación competitiva y un nuevo contrato social», Revista Internacional de Ciencias Sociales, N° 143, marzo de 1995.

3. Ignacy Sachs: «A la recherche de nouvelles stratégies de développement», MOST, Documento de políticas sociales N° 1, UNSECO, 1995.

4. Véase J. Figueiredo, J.P. Lachaud, G. Rogers: «Poverty and labour market in developing countries». New approaches to poverty analysis and policy. Tomo II. Instituto Internacional de Estudios Sociales, Ginebra, 1995.

5. La Fontaine: «Los animales enfermos de peste». Fábulas.

6. PNUD : Informe Mundial sobre el Desarrollo Humano, 1994.

7. Véase ORSTOM: «Pauvreté, chômage et exclusion dans les pays du Sud. Synthèse du séminaire de Royaumont», enero de 1995.

8. Cifras citadas por el Banco Interamericano de Desarrollo: Tensiones sociales y reforma social. Washington, enero de 1995.

9. PNUD 1994.

10. Véase I. Sachs, op. cit.

11. op. cit.

12. op. cit.

13. ORSTOM : op. cit.

14. op. cit.

15. Ignacy Sachs: «Le quantitatif et le qualitatif, quelques questions sur les enjeux et les limites de la mesure du développement», Revista internacional de ciencias sociales, N° 143, marzo de 1995.

16. IUED : Pour un développement social différent, recherche d'une méthode d'approche. Informe de un grupo de trabajo, destinado a la Cumbre Social de Copenhague. Ginebra, marzo de 1995.

17. En cuanto a la relación entre crisis, estabilización, ajuste y pobreza, véase Rolph van der Hoeven: «Structural adjustment, poverty and macro-economic policy». New approaches to poverty analysis and policy. Volumen III. Instituto Internacional de Estudios Sociales.

18. A la recherche de nouvelles stratégies de développement, op.cit.

19. op. cit.

20. IUED, op. cit.

21. Cifras citadas por Céline Sachs-Jeantet: Villes et gestion des transformations sociales, MOST, Documentos de trabajo N° 2, UNESCO, 1995.

22. A la recherche de nouvelles stratégies de développement, op. cit.

23. ORSTOM : op. cit.

24. Michael M. Cernea: Sociological work within a development agency: experiences in the World Bank. Agosto 1993

25. Instituto Internacional de Estudios Sociales, op. cit. Tomo II.

26. Richard Anker : «Labour market policies, vulnerable groups and poverty». in Institut international d'études sociales; op. cit. tome II.


La nécessité d'une comptabilité sociale

Le choix des indicateurs, qualitatifs et quantitatifs, est fonction des hypothèses sous-jacentes, des objectifs poursuivis et des normes de valeur, universelles ou locales, que se donnent les sociétés. L'avantage des indicateurs quantitatifs est qu'ils déterminent des seuils simples, qu'ils sont à utiliser et ils rendent crédibles les résultats obtenus, mais les indicateurs qualitatifs rendent beaucoup mieux compte de la complexité des situations locales. En fait, de nombreux indicateurs qualitatifs (par exemple les indicateurs de déstructuration sociale : suicide, vols, délinquance, etc.) peuvent être présentés quantitativement. De plus, tout travail s'appuyant sur des indicateurs quantitatifs se doit d'être éclairé par une réflexion qualitative qui traduit la complexité des situations étudiées.

Les indicateurs sociaux sont à construire à différentes échelles exprimant précisément l'organisation sociale et la structuration économique, indicateurs macroéconomiques et macro-sociaux, indicateurs méso-économiques concernant les collectivités (obtenus par des enquêtes communautaires) et les groupes sociaux (notamment les groupes cibles de la politique sociale), indicateurs micro-économiques concernant ménages et individus. Il convient de sortir des indicateurs descriptifs externes (comme le taux de scolarisation) pour intégrer des indicateurs mesurant les mécanismes (comme la transmission des savoir-faire). La définition des groupes cibles demande à être affinée, car chaque catégorie recouvre une grande diversité des situations concrètes, ce qui nécessite des réponses différentes selon les cas. Les politiques d'intégration s'appuient sur la famille, mais celle-ci n'est-elle pas une unité particulièrement délicate à observer. Il faut observer les cycles familiaux, car en situation de précarité les situations domestiques sont particulièrement complexes.

On doit distinguer l'emploi d'indicateurs synthétiques, comme l'IDH (Indice de Développement Humain calculé par le PNUD), de l'utilisation de batteries d'indicateurs simples. L'indicateur synthétique, en raison des pondérations qu'il nécessite pour chaque indicateur simple, est théoriquement fragile. En effet, le changement des pondérations modifie la valeur de l'indicateur et gomme la multidimensionalité. D'un autre côté, le nombre d'indicateurs simples peut devenir rapidement excessif pour être utile dans la prise de décision. Il faut donc établir une hiérarchie des indicateurs et définir des priorités en fonction des objectifs poursuivis.

Pour élaborer les indicateurs souhaités , il faut donc expliciter les objectifs en considérant les différents aspects du phénomène de pauvreté, dans sa dimension spatio-temporelle, en fonction des domaines d'étude et secteurs, considérés comme sociaux ou à fort impact social. Les indicateurs étant des instruments utiles pour suivre les aspects sociaux, il convient de les développer tout en les intégrant dans un cadre méthodologique qui en assure la cohérence. La comptabilité sociale deviendrait, dans cette hypothèse, le pendant de la comptabilité économique et permettrait un suivi global de la situation.

ORSTOM, op.cit.


Logique de survie dans un contexte de guerre économique

Devant l'ampleur (ainsi que l'accélération) des transformations liées aux changements scientifiques et technologiques auxquels les industries, les organisations et les pays sont «soumis» dans un contexte de plus en plus vaste, mondial et par conséquent, plus difficile à maîtriser, le sentiment d'être confronté à un processus de déstabilisation permanente dans une situation d'incertitude et d'hostilité environnementale croissante se généralise.

On a, dès lors, l'impression d'être pris dans une logique de la survie pour la survie (rester dans le marché; garder l'emploi et ce qui y est lié; empêcher que le concurrent étranger ou simplement l'immigrant prenne notre place)...

«L'autre» devient immédiatement suspect d'être source potentielle de déstabilisations donc de danger de mise en question de notre survie même au plus profond de notre identité.

Maîtriser l'outil plus performant, moins cher, répondant aux besoins des marchés les plus riches et solvables devient dans ce contexte, le moyen le plus efficace pour assurer la (micro) survie. Le salut est dans l'outil ! L'innovation sur et par l'outil, la compétitivité sur et par le prix et la qualité (définie en termes techno-financiers) des outils émergent en tant que seuls régulateurs efficaces et apparemment légitimes de la guerre pour la survie.

Les discours dominants sur l'innovation et le culte obsessif de la compétitivité ont contribué largement au développement et à la diffusion de cette «psychose de la survie» et de cette «culture de guerre». Les valeurs sur lesquelles les théoriciens et les praticiens de l'innovation et de la mondialisation par la compétitivité mettent l'accent sont des valeurs axées sur la puissance (notamment financière), la force (idée de conquête, de maîtrise), la lutte (à laquelle doivent être également soumises les inévitables coopérations entre individus, organisations et pays), l'agressivité et le cynisme (mors tua vita mea). Certes, on pourrait dire qu'il n'y a apparemment rien de nouveau sur la scène de l'histoire humaine et des sociétés. Le nouveau pourtant existe : c'est que, pour la première fois, une telle logique a pris la dimension globale mondiale, celle de la totalité de l'histoire humaine, dans un contexte de potentialité réelle, d'une part d'autodestruction totale de la société humaine (grâce à l'énergie nucléaire) et de manipulation générale du vivant (grâce aux nouvelles avances dans l'ingénierie génétique) d'autre part.

Considérée comme acteur principal de l'innovation technologique, industrielle et économique, d'où dépend l'avenir d'une ville, d'une région, d'un pays et comme la seule organisation capable de «gérer» la mondialisation de l'économie, l'entreprise est en train de devenir le sujet qui fait culture, à savoir qui façonne les systèmes de valeur d'une société et d'une époque et fixe les règles du jeu et l'organisation de pilotage et de gestion de l'économie mondiale avec l'appui de l'État et de l'ensemble des pouvoirs publics (locaux , nationaux et internationaux).

L'alliance répond à des logiques fortes de part et d'autre. D'un pays de l'OCDE à l'autre, sous des formes différentes, la même logique est à l'oeuvre : mobilisation des ressources disponibles au service de la réussite commerciale à court et à moyen terme des entreprises «nationales» spécialement les plus fortes, les «gagnantes» sur les marchés mondiaux. On assiste à un transfert massif de ressources publiques en faveur des entreprises privées, surtout multinationales afin de leur permettre de maintenir leur compétitivité à l'échelle des marchés solvables les plus rentables.

L'entreprise acquiert une nouvelle légitimité historique, dans la mesure où elle s'est vu conférer par l'État la fonction de défense et de promotion du bien-être de la société «locale» et ce, en assurant son propre succès sur la scène mondiale. Face à la société «mondiale», elle revendique une légitimité supplémentaire en se présentant comme la seule organisation capable de garantir, à l'échelle de la planète, la meilleure gestion des ressources matérielles et immatérielles disponibles. Ce faisant, l'entreprise privatise et internationalise à ses propres fins le rôle social de l'État. Elle le fait d'ailleurs à répétition, dans chacun des pays où elle peut revendiquer une place déterminante dans le paysage local. De surcroît - et faute d'un État mondial - elle privatise également la fonction d'organisation de l'économie mondiale.

Riccardo Petrella, op. cit.


La autora

Sophie Bessis, historiadora y especialista en economía política del desarrollo, es profesora del Instituto Nacional de Lenguas y Civilizaciones Orientales (INALCO). Como periodista con diez años de experiencia en el semanario Jeune Afrique, colabora en distintos periódicos y revistas de Francia y el extranjero. Ha escrito sobre cuestiones relativas al desarrollo y a las relaciones Norte-Sur y sobre el Magreb. Sus últimas obras son: La faim dans le monde, La Découverte, París 1991; Les enfants du Sahel, L'Harmattan, París, 1992.


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