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Colección Políticas Sociales - no. 2
La nécessité d'une comptabilité sociale
Logique de survie dans un contexte de guerre économique
PRESENTACIONUn resultado apreciable de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, organizada por las Naciones Unidas en Copenhague del 6 al 12 de marzo de 1995, fue reunir a 120 Jefes de Estado y de Gobierno y hacerles adoptar un Plan de Acción que compromete política y moralmente a los Estados a luchar de manera eficaz contra el desempleo, la pobreza y la exclusión social. En un sistema internacional dominado por el economicismo, la movilización en torno a la «cuestión social» no era ni mucho menos evidente.
Cabe señalar, sin embargo, que la Cumbre
Social - foro político en el que la búsqueda de
un consenso mundial era más importante que la formulación
de soluciones radicales - no abordó en todos los casos
las cuestiones de fondo relativas a la raíz de los problemas
sociales que afectan de distinta manera tanto al Sur como al Norte.
Si el Plan de Acción de Copenhague contiene numerosas propuestas
de políticas sociales, omite otras que podrían poner
en entredicho las políticas macroeconómicas y financieras
actuales. Su costo social es muy elevado, pero son las preferidas
de las grandes potencias y los agentes no estatales que dominan
y administran el sistema mundial. El Plan de Acción tampoco
se refiere a ciertas soluciones serias para financiar el desarrollo
social en el plano mundial, como el «impuesto Tobin».
La preparación y celebración de la Cumbre Social de Copenhague no movilizaron únicamente a los gobiernos, sino que además dieron lugar a un sinnúmero de actividades, encuentros y publicaciones por parte de los círculos científicos, las ONG y los organismos de las Naciones Unidas, que suscitaron un gran número de ideas y propuestas interesantes de acción. Sería muy útil analizar y evaluar sistemáticamente dichas propuestas y darlas a conocer ampliamente ya que podrían inspirar las políticas sociales de los gobiernos.
El Coloquio internacional de Roskilde, que
tuvo lugar del 2 al 4 de marzo de 1995, en vísperas de
la apertura de la Cumbre Social, es una de esas contribuciones
que desafortunadamente hay que denominar «periféricas»,
ya que las grandes Conferencias de las Naciones Unidas, por lo
demás de importancia y utilidad innegables, adolecen de
falta de comunicación entre los distintos grupos de participantes:
gobiernos, ONG, OIG y los científicos.
Ese Coloquio fue significativo por dos razones:
en primer lugar, sus debates y propuestas revistieron gran interés,
gracias a la calidad de los participantes y los temas innovadores.
En segundo término, el encuentro fue organizado conjuntamente
por varios organismos intergubernamentales y científicos:
el Programa «Gestión de las Transformaciones Sociales»
(MOST) de la UNESCO, que había tomado la iniciativa; la
Organización Mundial de la Salud, en particular su programa
«Ciudades Salubres»; el Instituto Internacional de Estudios
Sociales, adscrito a la Organización Internacional del
Trabajo; la Dirección General XII de la Comisión
de las Comunidades Europeas: Ciencia, Investigación y
Desarrollo, en particular, su programa «Investigación
socioeconómica con fines propios» (TSER); el ORSTOM
(Instituto Francés de Investigación Científica
para el Desarrollo en Cooperación); y la Universidad de
Roskilde.
Nos ha parecido útil presentar una síntesis
que refleje la riqueza de los debates, situándolos al mismo
tiempo en un contexto más amplio.
La autora de la síntesis es Sophie Bessis,
especialista en cuestiones de desarrollo, que aborda en su condición
tanto de profesora como de periodista. Quisiéramos agradecerle
sinceramente su colaboración.
Secretario Ejecutivo, MOST Director, División de Ciencias Sociales, Investigaciones y Políticas UNESCO, París Octubre de 1995
GRANDES TEMASAbrir algunas pistas de acción para pasar de un mundo caracterizado por el aumento de la exclusión social a una sociedad capaz de encontrar de nuevo el camino de la cohesión social, tal era el objetivo del Coloquio internacional organizado en Roskilde (Dinamarca) del 2 al 4 de marzo de 1995, vísperas de la apertura de la «Cumbre Mundial de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Social» , por el Programa de la UNESCO: «Gestión de las Transformaciones sociales» (MOST); el Instituto Internacional de Estudios Sociales de la OIT; la OMS; la DG - XII de la Comisión de las Comunidades Europeas; el ORSTOM; y la Universidad de Roskilde.
Los participantes reflexionaron durante 3 días
sobre los seis temas que se les propusieron, procurando elaborar
propuestas que pudieran influir en las políticas aplicadas
en la actualidad y contribuir a resolver la «cuestión
social».
Antes de presentar una síntesis de los
enjundiosos debates de esos tres días, conviene reseñar
brevemente los temas en torno a los cuales se organizó
esa reflexión colectiva.
Presidida por P.H. Jespersen, profesor de la Universidad de Roskilde, esa primera sesión constató, en primer lugar, que se habían agravado en el plano mundial la exclusión social y el desempleo estructural, lo que tenía como consecuencia que aparecieran por doquier sociedades duales.
De las ponencias de Louis Emmerij, consejero
especial del Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo,
Niels Meyer, profesor de la Universidad de Dinamarca en Copenhague,
y José de Figuereido y Ajit Bhalla, investigadores del
Instituto internacional de estudios sociales de la OIT, se puede
concluir que lo que se denomina crisis mundial es más social
un fenómeno que económico. En efecto, se traduce
en la agravación de la desigualdad en las distintas regiones
del planeta y dentro de cada país, sea en el Norte o en
el Sur, así como en el deterioro constante de la calidad
de vida de la población excluida del circuito de trabajo
organizado. ¿Cómo frenar esta tendencia y promover
políticas que tengan como objetivo restaurar la justicia
social? ¿Están los decisores realmente dispuestos
a comprometerse a que esto suceda?. Si bien los participantes
no lograron responder a estos interrogantes, estuvieron de acuerdo
en que no existe vínculo directo de causalidad entre el
crecimiento económico y la solución de los problemas
sociales y medioambientales. Convinieron además en que
el concepto de exclusión puede contribuir a entender la
complejidad de los procesos sociales del mundo de hoy y a elaborar
nuevas propuestas de políticas sociales.
Bajo la presidencia de Anders Hingel, de la Comisión de las Comunidades Europeas, se abordó durante esa sesión el concepto de modo de vida en su sentido más lato. Olympe Ahlinvide del Centro Panafricano de Prospectiva Social de Porto Novo (Benin), Ignacy Sachs, Director de Estudios de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales, París, y Enrique Wagner de la Universidad de São Paulo (Brasil) destacaron que algunos de los modos de vida más generalizados en el mundo son causa de exclusión social, mientras que otros son su consecuencia.
Insistieron en que la elección de un
modelo de desarollo sostenible tendría como consecuencia
modificar profundamente los modos dominantes de vida y consumo.
Tal modelo implica, en efecto, un fortalecimiento de la ciudadanía
y las redes de solidaridad, la elaboración de nuevas formas
de trabajo capaces de satisfacer las necesidades a las que sólo
puede atender el mercado y una relectura de los conceptos de empleo
y de trabajo. Supone además que se defina de nuevo la función
del conjunto de agentes económicos y sociales. Si los participantes
reconocieron que no será fácil hacer aceptar ese
modelo, también concluyeron que sólo el desarrollo
sostenible puede prevenir el apartheid social y los desastres
ecológicos que se preparan si persisten las tendencias
actuales.
Desde el comienzo de esa sesión, presidida por Ajit Bhalla, se impuso una evidencia: casi inexistente en el Sur, el Estado providencia atraviesa en los países europeos por una crisis tal que es inconcebible querer preservarlo en su forma actual. Sin embargo, al mismo tiempo el propio mercado se muestra incapaz de reducir las desigualdades económicas y sociales. ¿Qué nuevas formas de organización y acción se habrán de promover si se quieren lograr los objetivos de justicia y cohesión social más eficazmente y a menor costo que con el Estado providencia?.
Laura Balbo, profesora de la Universidad de
Ferrara, Philippe Van Parijs, profesor de la Universidad Católica
de Lovaina y Bent Greve, profesor de la Universidad de Roskilde,
propusieron algunas soluciones para hacer evolucionar el Estado
providencia sin abandonar sus principios. Mahdi Elmandjra, profesor
de la Universidad Mohamed V de Rabat, se interrogó, por
su parte, sobre las posibilidades de tener en cuenta la demanda
social en los países del Sur, en los que no existen estructuras
organizadas de protección social. En todo caso el conjunto
de los oradores estuvo de acuerdo en que no se podía satisfacer
la demanda social mediante políticas estrictamente sectoriales
y en que era urgente elaborar estrategias de desa- rrollo de carácter
holístico.
Encontrar nuevas formas de asociación entre el Estado, el mercado y el sector terciario, tal es el tema que estudió la cuarta sesión del Coloquio, presidida por Jacques Charmes, director del Departamento de sociedades, urbanización y desarro-llo del ORSTOM y Christian Comeliau, profesor del Instituto universitario de estudios de desarrollo, Ginebra. Las comunicaciones de Lajos Hethy, del Ministerio de Trabajo de Hungría, y de Vladimir Rukavishnikov, profesor de la Academia de ciencias de Rusia, mostraron el costo exorbitante de las transiciones efectuadas cuando no existe una política de regulación, así como el interés de promover el diálogo y la asociación entre los agentes políticos, económicos y sociales, consolidando, entre otras cosas, las instituciones tripartitas.
Trevor Hancock, consultor canadiense en sanidad
pública, Kurt Nielsen, profesor de la Universidad de Dinamarca
en Copenhague, y Alberto Tarozzi, profesor de la Universidad de
Bolonia, constataron que el viejo conflicto entre Estado y mercado
debía desaparecer en favor de nuevas formas de organización
social que dejaran más lugar a la iniciativa local y a
los niveles intermedios de decisión. Una cuestión
central de los debates de esa sesión fue determinar cómo
fortalecer la democracia participativa sin ceder a las presiones
de intereses sectoriales y preservando la necesaria centralización
de algunas decisiones.
Acomienzos del siglo XXI la mitad de la humanidad vivirá en las ciudades. Richard Knight, profesor de la Facultad de arquitectura de la Universidad de Génova, y Jorge Wilheim,
Secretario General Adjunto de Hábitat
II, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciudades y Asentamientos
Humanos, que tendrá lugar en junio de 1996 en Estanbul,
se preguntaron en esa sesión, presidida por el Dr. Cees
Goos, de la Oficina Regional de la OMS para Europa, cómo
se podrían resolver los problemas de la urbanización,
cuando las ciudades se estaban convirtiendo en un lugar de desarrollo
inadecuado, exclusión y pobreza.
Hacer habitable la ciudad supone aplicar estrategias
de desarrollo urbano destinadas a satisfacer las crecientes necesidades
de empleo, vivienda, sanidad, educación y preservación
del medio ambiente. Se destacó que un programa tan vasto
suponía una voluntad política - prácticamente
inexistente hoy tanto en los países del Norte como los
del Sur - preocupada por remediar la crisis urbana.
Era preciso que al término del Coloquio se planteara la pregunta: «¿qué hacer?». Bajo la presidencia de Francine Fournier, Subdirectora General del Sector de Ciencias Sociales y Humanas de la UNESCO, Jorge Wilheim Secretario General Adjunto de la Conferencia HABITAT II, Michael Cernea, sociólogo del Banco Mundial y Sixto Roxas, del Foro Mundial de ONG, detatieron las estrategias de acción en que se podrían inspirar las autoridades para orientar sus políticas hacia el objetivo de lograr un desarrollo sostenible y generador de cohesión social, defendido por los participantes en el Coloquio. Confiados en que la Cumbre de Copenhague tendría en cuenta sus propuestas, reconocieron que los debates de Roskilde debían formar parte de una reflexión y una acción a más largo plazo, cuyo objetivo era dar finalmente la prioridad a lo social, es decir, a lo humano, en las estrategias nacionales y mundiales caracterizadas desde hace dos decenios por la deriva hacia el economicismo, cuyos estragos se pueden medir hoy en día.
SINTESISEl Coloquio de Roskilde se inscribe en el marco de la reemergencia de la «cuestión social» en las postrimerías del siglo XX. Esta cuestión, que se había creído enterrada a raíz del extraordinario crecimiento económico de los grandes países industriales en los decenios ulteriores a la Segunda Guerra Mundial y por la fe en el carácter ineluctable de un desarrollo planetario, motor de progreso para todos, surgió de nuevo a mediados de los años ochenta con una fuerza inesperada. La pobreza, con sus corolarios como la exclusión o la desigualdad, ha adquirido en todo el mundo tales proporciones que desde el fín de la confrontación Este-Oeste parece haberse convertido en uno de los principales factores de inestabilidad en el mundo. Al provocar conmociones políticas y sociales cada vez más graves y revelar el profundo desgarramiento del entramado social, que pone en tela de juicio la legitimidad del Estado, esta cuestión exige un tratamiento que supere los arreglos sectoriales laboriosamente elaborados desde hace algunos años.
La gravedad del problema explica que los dirigentes
políticos den a la cuestión social un lugar central
en su discurso. Tanto en el plano internacional como en la mayoría
de los países del planeta, parece que finalmente se la
considera algo crucial. Una de las prioridades oficiales de los
Estados y la comunidad internacional es buscar soluciones a la
pobreza que cada día se agrava más. Por esta razón
las Naciones Unidas organizaron en marzo de 1995 en Copenhague
una Cumbre Social en la que participaron unos 120 Jefes de Estado
y de Gobierno. Esta afluencia sin precedentes indica que las preocupaciones
de los políticos no son fingidas, pero no garantiza su
compromiso concreto de hacer del desarrollo social el eje prioritario
de las políticas que están encargados de elaborar
y aplicar.
Situados en este contexto, los debates del
Coloquio de Roskilde fueron más allá de la simple
comprobación de que la situación del mundo se había
deteriorado. Alejándose de los enfoques estáticos
que con demasiada frecuencia se limitan a describir la pobreza
mundial, se interesaron más en los procesos que la generan,
utilizando conceptos dinámicos como desintegración
social, exclusión o pauperización. Articulados en
torno a esos temas y los interrogantes que plantean, suscitaron
propuestas de reflexión y acción que intentaremos
reagrupar en las páginas que siguen.
El mundo ha entrado desde hace cerca de dos decenios en un período de transición, cuya duración es difícil de prever, pero que, según Jorge Wilheim 1, no terminará antes de por lo menos dos decenios. Desde hace algunos años se han multiplicado los signos de ruptura de antiguos equilibrios.
Este triunfo ha inaugurado por primera vez
en la historia de la humanidad el reino de un pensamiento único
considerado por sus promotores universalmente válido en
sus postulados y sus aplicaciones. Así, la economía
se inspira, según Riccardo Petrella, «en un sentido
que supera todos los demás: la competitividad comercial
que se ha convertido en la única finalidad verdadera vendida,
propagada y defendida por la economía dominante ....»
2.
Es lo que Mahdi Elmandjra califica, por su parte, de nueva dictadura
de Occidente sobre el mundo unipolar que sucedió al afrontamiento
entre los bloques.
Facilitada entre otras cosas por el extraordinario
avance de los transportes y las tecnologías de la comunicación,
a esta mundialización se ha unido desde mediados de los
años setenta un proceso acelerado de desregulación
que la ha favorecido considerablemente. El abandono del sistema
de los tipos fijos de cambio y la proliferación de eurodivisas,
así como el fín del control de la circulación
de los flujos financieros y el auge de las compañías
transnacionales tuvieron consecuencias que trastornaron las bases
sobre las que había funcionado hasta entonces la economía
mundial. Desconectada de la economía real, la esfera financiera
posee sus propios circuitos, esos famosos mercados financieros
en los que se colocan los capitales flotantes en busca de la remuneración
más elevada y más rápida posible. Así
cada día cambian de manos más de un billón
de dólares. Esterilizados en circuitos de tipo especulativo,
esos capitales ya no se invierten en actividades productivas,
por lo que contribuyen a frenar el crecimiento de la economía
real 3.
Fenómeno efímero o tendencia a largo plazo, este
fín de siglo se caracteriza en todo caso por el triunfo
de las finanzas sobre la producción.
Esta evolución hacia un sistema mundializado
tiene necesariamente consecuencias en las formas de organización
política que han dominado el planeta durante largo tiempo.
Relativizando la noción de frontera, quitando al Estado
algunas de sus prerrogativas, reduciéndole al extremo su
margen de acción y consagrando el reino de la empresa-red
internacional, ha acarreado una crisis profunda del «Estado-Nación»
que ve su autoridad cada vez más impugnada por el mercado
mundial.
El Estado-Nación se ve fragilizado no
sólo por la competencia generalizada de las distintas economías,
sino que además se ve impugnado por el repliegue hacia
la identidad local, que son otras tantas reacciones a una mundialización
sufrida, pero no deseada, por la mayoría de los habitantes
del globo que perciben sobre todo sus efectos negativos. Apoyándose
en la pertenencia nacional, étnica o religiosa, los militantes
de esa búsqueda exasperada de identidad, privados con frecuencia
de una ciudadanía efectiva, se niegan a reconocerse en
la figura moderna del Estado-Nación.
En verdad, el crecimiento demográfico
tan rápido de la mayoría de los países en
desarrollo, que se prosigue a ritmo acelerado en el Africa Subsahariana
y en la mayor parte del mundo árabe, no es ajeno al aumento
de la oferta de mano de obra. Sin embargo, la agravación
del desempleo en el mundo desarrollado muestra que el fenómeno
está más unido a la aparición de nuevas tecnologías
que exigen cada vez menos mano de obra, que no al aumento de la
población. En lo que algunos denominan «segunda revolución
industrial» se ganó tanto en productividad que se
creó un desfase entre trabajo y producción. Por
segunda vez en la historia las máquinas sustituyen al hombre
y el crecimiento económico produce cada vez menos empleo.
La exclusión del mercado de trabajo
organizado constituye una de las principales causas de la pobreza
en el mundo. El auge del sector informal, considerado con frecuencia
como alternativa al mercado de trabajo asalaridado, no ha brindado
a millones de trabajadores sino una forma de trabajo precario
en actividades de supervivencia, caracterizadas por una productividad
muy escasa. La disminución de la oferta de empleo ha tenido
como consecuencia una heterogenización del mercado de trabajo
que ha aumentado en proporciones considerables el número
de empleos irregulares y mal pagados 4.
Cabe ver en estos transtornos una de las principales
causas del aumento de la exclusión y la pauperización
del planeta. Y en la necesidad de encontrar alternativas a este
desfase entre trabajo y producción, uno de los principales
problemas a que se ven confrontados los investigadores y las autoridades
en este fín de siglo.
Sin esperar a que se acabe la desconstrucción
del mundo antiguo, ¿es posible acortar, o al menos hacer
más soportable, este período de transición
con sus profundas rupturas?. A juicio de Louis Emmerij, aceptar
sus modalidades sin intentar corregirlas es políticamente
irresponsable y humanamente inaceptable. En efecto, según
lo expuesto, no sólo genera inestabilidad, sino que engendra
una crisis social, cuya gravedad apenas se empieza a comprender.
«No morían todos, pero todos estaban afectados» 5
La crisis social es hoy mundial. No perdona
ni a los países del Sur en los que vive la inmensa mayoría
de los «pobres absolutos» del planeta, ni a los países
occidentales en los que ha aparecido desde hace un decenio una
nueva pobreza, ni a los antiguos países socialistas que
pagan hoy muy caro la rapidez de su transición hacia la
economía de mercado.
Cuadro : Creciente distancia entre ricos y pobres.
Fuente : Diagramo adaptado del PNUD 1994, op. cit. pág. 37.
Así pues, en vez de disminuir se amplía
la distancia entre países pobres y países ricos
y la distribución desigual de la riqueza mundial es una
de las principales causas de la crisis social que se extiende
cada vez más. Sin embargo, esa desigualdad no es suficiente para explicarla totalmente. La agravación de la pobreza y la disparidad es un fenómeno al que sólo escapan hoy pocos países. Son bien conocidos los estragos que produjo en Africa, donde la caída del salario real, la regresión de los sueldos, la explosión del desempleo y la disminución del gasto público agravan las condiciones de vida de una parte cada vez mayor de la población 7. En América Latina, el sector social ha pagado el mayor tributo a las reformas económicas. Según el Banco Mundial, durante los años ochenta 8 la pobreza urbana aumentó en el 31% y la pobreza rural en el 18%. La transición de los antiguos países socialistas a la economía de mercado ha tenido como consecuencia la agravación de la pobreza y de la desigualdad de ingresos. Según Vladimir Rukavishnikov, la polarización social es una de las principales consecuencias de las reformas que se están llevando a cabo en Rusia. En 1994 el 20% de los asalariados mejor pagados ganaban el 51,4% de la masa salarial, en contraposición al 39,9% en 1991, y el 20% de los ciudadanos más ricos monopolizaban el 40% de los ingresos nacionales, mientras que el 20% de los más pobres sólo recibían el 8%. En los países industriales occidentales, Unión Europea y Estados Unidos, vivía en el umbral de pobreza el 15% de la población 9. Cuadro de Bhalla y Lapeyre: Evolucíon del PNB per cápita y de la distribucíon de ingresos en algunos países: Ponencia resentada en el Coloquio de Roskilde.
Fuentes : Banco Mundial, Social Indicators of Development, 1994, Washington D.C.; A. Boltho, Growth, income distribution and household welfare in the industrialized countries since the first oil shock, Economic Paper Series No. 26, Centro Internacional de Desarrollo del Niño, UNICEF, Florencia, 1992; y P. Townsend, The International Analysis of Poverty, Hemel Hempstead, Harvester-Wheatsheaf, 1993. La aparición de sociedades duales, en las que la extrema riqueza convive con la pobreza más abyecta parece ser en todo el mundo una de las consecuencias más espectaculares de las mutaciones de los años ochenta.
Hasta cierto punto, esa evolución culminó
en una interpenetración de las naciones del Norte y el
Sur, desconectadas de su realidad geográfica desde hacía
mucho tiempo. Los guetos de las ciudades de Estados Unidos, los
grandes suburbios de las metrópolis europeas, un gran porcentaje
de inmigrados, entre los cuales es muy elevado el desempleo y
el anafalbetismo funcional, constituyen un «Sur» en
medio del «Norte», mientras que las tenues capas privilegiadas
que en algunas grandes ciudades del «Sur» tienen un
nivel de ingresos y un modo de vida comparables a los de sus homólogos
de los países ricos, forman una especie de archipiélago
del Norte en medio de la miseria generalizada del Sur.
Ahora bien, si la mayoría de los grandes
países industriales y una parte considerable de los países
en desarrollo se encuentran de nuevo en crecimiento económico,
éste parece incapaz de resarcir la fractura social y frenar
la agravación de la pobreza. El carácter cada vez
más social de la crisis mundial, precisamente en el momento
en que repuntó el crecimiento económico, muestra
que no existe ningún vínculo automático entre
éste y la solución de los problemas sociales. El
concepto de filtración (trickle down), muy cotizado
en los años sesenta y exhumado por los neoconservadores,
reveló una vez más su carácter ilusorio.
En la actualidad no hay más efecto de filtración
del crecimiento económico en los sectores sociales, del
que existía en esa época. En ese entonces los reformistas
liberales habían concluído que era necesario aplicar
políticas sociales, única posibilidad de redistribuir
los frutos del crecimiento. Esto parece hoy en día aún
más indispensable. En efecto, la exclusión y la
pobreza han alcanzado en el mundo niveles tales que no se pueden
considerar fenómenos accidentales o residuales, sino que,
por el contrario, aparecen cada vez más como consecuencias
del funcionamiento de las estructuras económicas y políticas
del mundo actual. La realidad contemporánea muestra que si bien es necesario, el crecimiento económico no constituye, ni mucho menos, una condición suficiente del desarrollo y que, solo, no puede curar los males de que adolece el planeta 10.
Esta comprobación tiene consecuencias
considerables. La generalización de la crisis social y
el carácter social de la crisis mundial dan hoy todo su
sentido al término de «desarrollo inadecuado».
La dualización cada vez más acentuada de las sociedades
del globo, que hunde a muchas de ellas en la anomia, ¿se
debe, como lo piensa Riccardo Petrella 11, a que la economía perdió el control de su sentido?
En todo caso, plantea más que nunca el problema de la pertinencia
de los modelos dominantes de desarrollo, ya que la experiencia
prueba que éstos son la raíz de la exclusión
que afecta a una parte cada vez mayor de la población mundial.
Con todo, los dos fenómenos de explotación
y exclusión no son totalmente independientes uno de otro.
¿Se puede afirmar, con Philippe Van Parijs, que el éxito
obtenido en Europa en la lucha contra la explotación en
los tiempos del Estado benefactor y las conquistas sindicales,
hicieron de la exclusión la forma dominante de injusticia
social? El aumento del número de excluídos que viven
al margen de la sociedad organizada tendería a confirmar
esta hipótesis. Sin embargo, la generalización de
la exclusión hace que se intensifique la explotación
en todas partes, habida cuenta de la enorme presión que
ejercen en el mercado de trabajo los solicitantes de empleo.
Estos interrogantes sobre la importancia respectiva
de los dos fenómenos, no constituyen ni mucho menos una
disputa bizantina. De la respuesta dada dimanan políticas
que otorgan la prioridad sea a la lucha contra la explotación,
sea al combate contra la exclusión. Este dilema, que según
Van Parijs es real, no está ni mucho menos zanjado. Se
pueden medir sus repercusiones por la viveza de los debates en
Europa y en otras regiones sobre lo que se ha de escoger: aumentar
los salarios, o bien crear puestos de trabajo.
Formalmente al menos, la lucha contra una exclusión
que gana te-rreno cada día se ha convertido en prioridad
oficial de los Estados. Prueba de ello es la Cumbre de Copenhague,
que versa principalmente sobre este tema. Sin embargo, la realidad
que abarca este término cada vez más utilizado para
sustituir a veces el de pobreza, sigue estando un poco difuminada.
Transcendiendo la simple terminología, los participantes
en el Coloquio de Roskilde intentaron determinar de qué
se hablaba, para poder esbozar soluciones que no traten únicamente
los síntomas, sino más bien aborden las causas del
fenómeno.
Hay que constatar, ante todo, como lo han hecho
Ajit Bhalla y Frédéric Lapeyre, que la exclusión
social - noción explorada por la sociología, mientras
que la pobreza forma parte del terreno de los economistas - es
un concepto que nació en Europa a raíz del aumento
vertiginoso del número de pobres que en la Europa de los
Doce pasó de 38 millones en 1975 a 53 en 1992. Aunque el
concepto se ha internacionalizado, abarca realidades muy diferentes.
Bhalla y Lapeyre determinan tres dimensiones
principales de la exclusión. La dimensión económica
es directamente productora de pobreza: los excluídos son,
en primer término, los desempleados, rechazados del mercado
de trabajo, que se encuentran por lo general privados de recursos
regulares. Fuera de la esfera de los asalariados, los excluídos
económicos son las personas o los grupos privados de acceso
a activos como la tierra o el crédito. La exclusión
es, asimismo, social: el desempleo no priva únicamente
de ingresos, sino que además despoja al desempleado de
su condición social y le niega toda existencia en la sociedad,
lo que en la mayoría de los casos está directamente
unido al ejercicio de un empleo. El individuo puede perder el
sentimiento de su dignidad humana. Según Jacques Charmes,
la exclusión es también la pérdida del vínculo
social que conlleva el rompimiento del entramado social, o bien,
lo que ocurre cada vez con mayor frecuencia, la reconstrucción
de una solidaridad en torno a redes integristas o mafiosas. Los
investigadores del ORSTOM destacan que la pérdida de las
relaciones sociales aparece en las sociedades africanas como una
calamidad, peor aún que la disminución o pérdida
de los ingresos. Por último, la exclusión es de
índole política cuando algunas categorías
de población: mujeres, minorías étnicas o
religiosas, migrantes, etc., se ven privadas total o parcialmente
de sus derechos humanos y políticos.
Según las distintas formaciones sociales,
estas tres dimensiones presentan diversas modalidades. Poblaciones,
grupos y personas se ven rechazados de la esfera productiva porque
al habérseles privado de educación y salud se les
excluye del medio que daba acceso a ese circuito. Sectores enteros
de población se ven excluídos del goce de una ciudadanía
efectiva y, a fortiori, de la participación en los círculos
en que se toman las decisiones.
Por su parte, Trevor Hancock atribuye a la
exclusión una cuarta dimensión: la temporal. Al
comprometer la supervivencia de las generaciones futuras, el modo
de desarrollo no sostenible los excluye del beneficio de un desarrollo
posible. Así, a su juicio, la lógica económica
dominante prepara las exclusiones del mañana, por ser hoy
productora de exclusión.
Ahora bien, ¿es el término mismo
pertinente en las formaciones sociales en las que la mayoría
de la población está constituída por quienes
en el Norte se denominan excluídos?. Mahdi Elmandjra se
pregunta cómo abordar la cuestión de la exclusión
cuando es una minoría la que dicta la norma social. En
ese caso, ¿se puede hablar sensatamente de la mayoría
de la población como de una categoría excluída?
¿No hay más bien que plantear la cuestión de
la inclusión de las minorías que viven según
el modo occidental dentro de su sociedad? Suponiendo que el término
sea pertinente en todas partes, la exclusión remite más
a la integración y la inserción, que no a la pobreza
en sentido estricto. Aunque con frecuencia exclusión y
pobreza coincidan, los términos no son sinónimos
y el segundo exige también una clarificación.
La pobreza es factor de exclusión, pero
no la supone necesariamente, como lo subraya el ORSTOM, recordando
que en muchos países del Sur «los pobres siguen estando
en los círculos familiares y extrafamiliares de protección
social y asistencia mutua» y que «esa inserción
produce integración y no exclusión» 13. Por lo demás, la ruptura de la solidaridad comunitaria
y familiar es en muchos países una de las causas importantes
para pasar por debajo de lo que se suele denominar umbral de pobreza.
Tal es el caso en Estados Unidos, numerosos países de América
Latina y el Magreb, donde las familias monoparentales, cuya cabeza
es una mujer, forman parte de las más pobres. La pobreza
es además consecuencia de una serie de exclusiones de tipo
político o social. Las diferentes modalidades de discriminación,
unidas a la pertenencia a un sexo o una minoría, aumentan
los riesgos de pobreza del grupo marginado. Por último, la pobreza hace referencia a una serie de nociones que son también de índole subjetiva, como la necesidad, la desigualdad o la privación, y que no pueden evaluarse únicamente en términos materiales, según lo subrayan Bhalla y Lapeyre. Así, la percepción social de la pobreza no es la misma en una sociedad pobre que en una sociedad rica. Entonces, ¿es posible delimitarla por la definición de un ingreso mínimo sin el cual una persona formaría parte de la población pobre?
Si el análisis de la pobreza y las políticas
destinadas a erradicarla se pueden fundar en algunas evidencias
como los estrechos vínculos que mantiene con el nivel de
ingresos, el mercado o la índole del trabajo, también
aparece de manera patente que no todas las diferentes categorías
de pobres tienen necesidad del mismo trato para salir de su condición.
Ahora bien, los indicadores de tipo cuantiativo
y puramente económico, por ejemplo el PNB, cuya insuficiencia
se ha venido criticando desde hace muchos años, son muy
resistentes y se han visto destronados sólo parcialmente
por evaluaciones más sutiles del estado de una sociedad.
El indicador de desarrollo humano elaborado por el PNUD, que,
entre otras cosas, procura corregir la rigidez del PNB recurriendo
a la paridad de poder de compra para calcular el ingreso real,
forma parte de esas tentativas de afinar el análisis. Sin
embargo, numerosos investigadores que critican la utilización
de un indicador sintético para captar una realidad compleja,
lo consideran demasiado reductor.
Por ejemplo, ¿de qué manera conviene
medir las repercusiones de la pobreza? En un reciente estudio
del Banco Interamericano de Desarrollo 14 se intenta delimitar el problema en América Latina. ¿Qué
criterios de bienestar se han de adoptar para definir la pobreza,
los ingresos disponibles, los ingresos sociales, es decir, el
acceso a los servicios básicos como salud, educación,
agua potable, etc. - indicadores de la calidad de vida? ¿Quién
es pobre y qué magnitud tiene la pobreza de los pobres?.
La simple selección del umbral de pobreza puede hacer variar
el número de pobres en proporciones considerables y repercute
directamente en la cuantía de los recursos públicos
que se dedicarán a luchar contra ese fenómeno.
En realidad, lo que se mide constituye mplícitamente
el esbozo de las políticas que se van a aplicar. Por consiguiente,
según Ignacy Sachs, es preciso dedicidr cuál es
su objeto antes de escoger un método de medir y evaluar.
Las preguntas previas a la selección de cualquier indicador
deberían ser éstas: «¿qué desarrollo?
¿para quién? ¿qué lugar ocupan el tener
y el ser?» 15. Si el aspecto social del desarrollo se convierte en una prioridad
de las políticas, que pondrían término a
la deriva economicista de los últimos decenios, la contabilidad
social deberá primar sobre la contabilidad económica
que orienta actualmente las estrategias de desarrollo. Para utilizar
la terminología de Sachs, deberían concurrir a la
construcción de una economía antropológica,
alejada de la economía cuantitativa de hoy, indicadores
que permitan trabajar por un desarrollo centrado en el hombre,
es decir, en el ser.
Así pues, es de capital importancia
clarificar los conceptos utilizados, ya que esto constituye un
requisito para definir las prioridades, las actividades por desarrollar
y los agentes que han de participar en una política de
desarrollo social. Si bien los participantes en el Coloquio exploraron
con todo rigor las nociones de pobreza y exclusión, no
ampliaron su investigación a otros términos, también
omnipresentes en el discurso de las ciencias sociales. Con Barbara
Harrell-Bond, es de lamentar que hubieran mencionado constantemente
la sociedad civil sin intentar definirla. ¿Se limita ésta
a la galaxia cada vez más densa de organizaciones no gubernamentales?
Estas, en cuyo examen no se ha profundizado, ¿serían
la expresión más perfecta? A otro nivel, sería
útil analizar el concepto de modernidad, en el cual Laura
Balbo ve el horizonte del nuevo pensamiento sociológico,
con objeto de evitar los malentendidos que se crean en torno a
su utilización.
Desde luego, la pobreza y la exclusión
son las principales manifestaciones de la crisis social que se
intentaba analizar.
Esta dictadura de la economía se llevó
hasta la caricatura cuando a comienzos de los años ochenta
se adoptaron políticas de ajuste estructural en los países
en desarrollo endeudados. Destinadas exclusivamente a restaurar
el equilibrio financiero de los Estados interesados y acelerar
su integración en el mercado mundial, las famosas PAE (políticas
de ajuste estructural) se tradujeron en todos los países,
según la casi totalidad de los análisis efectuados
hasta ahora, en el deterioro de la situación social de
la población más vulnerable de cada país.
Disminución de la parte de los salarios en el ingreso
nacional, aumento de las desigualdades, precarización del
trabajo, aumento del desempleo y retiro del Estado de los sectores
sociales, son consecuencias de esos programas que, como lo recuerda
el Banco Interamericano de Desarrollo, sacrificaron los avances
sociales al equilibrio financiero. Casi todos los países
de América Latina experimentaron durante el decenio de
los ochenta la disminución del ingreso per cápita.
Durante ese mismo período disminuyeron los gastos públicos
por habitante en las dos terceras partes de los 19 países
del Africa Subsahariana para los que se dispone de estadísticas 17. Sin embargo, las autoridades nacionales y los donantes de fondos
no dudan en hablar de mejora de la situación en los países
en los que se agrava la fractura social. En realidad, rápidamente
las PAE dejaron de ser un simple conjunto de medidas destinadas
a restaurar un mínimo de disciplina financiera en los países
endeudados para convertirse en instrumentos de políticas
macroeconómicas, cuyo objetivo era someter el conjunto
del planeta a la norma económica dominante.
Al esbozar la historia de esta deriva, Sixto
Roxas estima que a partir del siglo XIX la civilización
occidental convirtió el mercado y su capacidad de autorregulación
en la base de la institución democrática, siendo
el propio Estado liberal una creación de dicho mercado.
La clave del sistema, impugnada por un momento con el auge del
Estado benefactor keynesiano, reside en la afirmación según
la cual las leyes que rigen la economía de mercado son
del mismo orden que las leyes físicas universales. Se comprende,
entonces, que una característica importante del pensamiento
económico dominante es que éste se considera el
único fundado científicamente y, por ende, «universalmente
válido, lo que le confiere en realidad un carácter
ahistórico y atópico», para emplear los términos
de Ignacy Sachs 18. Según Roxas, es menester intentar comprender por qué
el mercado pasó a ocupar paulatinamente la totalidad del
campo económico y cómo una teoría económica
llegó a transformarse en ideología dominante. Esto
es lo que sucede hoy en día, y gracias a una poderosa red
estructurada por las instituciones financieras internacionales,
en particular las de Bretton Woods, el orden económico
dominante está estableciendo una hegemonía mundial
tan poderosa que a finales del siglo XX es posible hablar de civilización
del mercado o de la empresa.
El resultado de esta evolución es que,
para seguir una vez más el análisis de Petrella 19, «la competitividad ha dejado de ser un medio y se ha convertido
en el objetivo principal no sólo de las empresas sino también
del Estado y de la sociedad en su conjunto». Ahora bien,
cuando la supervivencia de un grupo, un Estado o una sociedad
deben someterse a la competitividad, el mundo entra en una lógica
de guerra, ya que el competidor se convierte en fuente de peligro.
Petrella se une a Roxas al afirmar que la empresa está
moldeando los valores de nuestra época, ya que fija las
reglas de juego no sólo para sí misma, sino para
el Estado y el conjunto de la sociedad. La fuerza del economicismo
dominante es en la actualidad tal que se obliga al Estado a ser
administrado como si fuera una firma, mientras que ésta
se atribuye un número cada vez mayor de prerro-gativas
que anteriormente incumbían al Estado.
No es extraño que con esta lógica
se consideren un progreso las ganacias de productividad debidas
a las innovaciones tecnológicas y que el empleo no sea
la variable clave de las estrategias de desa-rrollo. La agravación
del paro sería el precio del aumento de la competitividad,
considerado como condición de la supervivencia colectiva.
Como señala Sachs, mientras no se sustituya la dinámica
de desempleo por la de empleo, se seguirá aflojando el
vínculo entre producción y trabajo, lo que generará
cada vez más exclusión.
Así pues, la crisis social que se generaliza
obedece en gran parte a que «las estrategias de desarrollo
propuestas y seguidas hasta ahora se definen esencialmente en
términos económicos y apenas se preocupan de las
consecuencias que entrañan para el carácter de las
relaciones sociales y la viabilidad general de las sociedades
a que se refieren» 20. Desafiando la pluralidad de la humanidad, el pensamiento único trabaja en la ficción de una sociedad única, que se puede llevar hacia el progreso sometiéndola a un modelo único. En esta visión del mundo, las crisis del modelo son únicamente accidentes de ruta.
En este siglo Europa creó dos modelos
de Estado benefactor. El primero, elaborado en el marco autoritario
de las dictaduras del bloque socialista, se hundió con
su colapso. El segundo, nacido en la parte democrática
del continente bajo la égida de la democracia social, muestra
hoy sus límites y presenta signos evidentes de agotamiento.
El Estado benefactor keynesiano nació de la constatación
de que el mercado no podía ser la única instancia
de regulación. Fundado en un consenso mínimo entre
las clases sociales, que se logró tras largos decenios
de lucha obrera, como lo recuerda Henri Rattner para subrayar
que los avances sociales han sido siempre fruto de una conquista,
se impuso como cometido redistribuir con un mínimo de equidad
los frutos del crecimiento económico. Legislando, obrando
a través de la fiscalidad y la distribución del
gasto público e instituyendo sistemas de economía
mixta en los que desempeñaba una función preponderante,
pudo confinar durante largo tiempo las fuerzas del mercado dentro
de límites muy precisos. Por consiguiente, es lógico
que su funcionamiento se vea comprometido en este período
de supremacía del mercado frente al conjunto de los agentes
económicos, políticos y sociales.
Ahora bien, ¿cuáles son las causas
reales de su agotamiento? ¿Se debe, como lo piensan Bent
Greve y Louis Emmerij, a que el modelo keynesiano del Estado benefactor
se fundaba en el pleno empleo? ¿Es el Estado víctima
de estructuras que él mismo creó y que engendraron
a su vez una burocratización y una centralización
excesivas de las decisiones? En todo caso, la crisis económica
que redujo los recursos públicos y los ingresos fiscales
de los Estados europeos, así como la privatización
de una parte importante de sus activos por presiones del mercado
han planteado con acuidad inédita el problema de su financiación.
Menos rico y más gastador que otrora, el Estado resulta
incapaz de financiar la equidad social de que era garante, perdiendo
al mismo tiempo la legitimidad que le confería su función
reguladora.
La consecuencia más espectacular de
este agotamiento es, en todos los países industriales,
la disminución de la protección social y el aumento
de la precariedad. Algunos no dudan en ver en estos fenómenos
el signo de la ruptura del contrato social sobre el cual se edificaba
el desarrollo contemporáneo de las sociedades europeas.
Es verdad que el Estado benefactor europeo
no ha muerto, como tampoco han desaparecido los factores que determinaron
su fundación. Sin embargo, se halla hoy entre los fuegos
contrarios de la mundialización, por una parte, y de la
aparición de una nueva dinámica regional y local,
consecuencia de la mundialización, por otra. Es menester
restituirle sus prerrogativas y su acción dentro de estas
dos fronteras.
Ni que decir tiene que se precisa un Estado
benefactor si se quiere redefinir sus atributos y funciones. Si
esto parece posible en los viejos países industriales,
lo es mucho menos en los países del Sur, donde jamás
ha existido esa forma de Estado. Construcción reciente
y con frecuencia lejos de estar terminada, el Estado del Sur no
dispone de estructuras ni de recursos que le permitan ser un Estado
protector, estima Mahdi Elmandjra. La falta o la insuficiencia
de políticas sociales se explicaría en parte por
el carácter embrionario de la construcción estatal.
ORSTOM recuerda que ese carácter se ve agravado por la
privatización de las funciones estatales, que se traduce
en «las modalidades clientelistas, rentistas y represivas
de las formas de regulación», que siguen prevaleciendo
en gran medida en los países del Sur. Aunque, como se ha
señalado con frecuencia, la solidaridad de tipo tradicional
mitiga parcialmente esta ausencia del Estado, esa misma solidaridad
se ve sometida a choques con la modernización, que disminuyen
su eficacia e incluso la hacen desaparecer.
Así pues, la crisis del Estado del Sur
no es la del Estado benefactor, pero no deja de ser menos profunda.
En numerosos países del Sur el Estado está en vías
de desintegración, anota Jorge Wilheim, que atribuye a
esa delicuescencia la proliferación de ONG, respuesta parcial
a la ausencia cada vez más evidente del poder público.
Por carecer de recursos, éste no garantiza en muchos países
las tareas fiscales y reguladoras que constituyen teóricamente
lo esencial de su misión.
Así pues, la redefinición del
papel y las funciones del Estado se plantea de modo diferente
en los países del Norte y del Sur. ¿Será posible
encaminarse en éstos últimos hacia una sociedad
que se responsabilice de sí misma, quemando la etapa del
Estado benefactor? Mahdi Elmandjra no lo cree, y estima que como
no existe una red de instituciones capaces de ocuparse del progreso
social, los países en desarrollo precisan de una fuerte
intervención del Estado, cuya legitimidad se vería
reconstruída mediante el establecimiento de instituciones
democráticas. ¿Es esto imposible? No necesariamente,
estima Ignacy Sachs, para quien el Estado protector se puede construir
en el Sur con un costo muy inferior al del Estado benefactor industrial,
ya que el bajo costo de la mano de obra puede constituir además
una ventaja comparativa en materia social. Experiencias como las
de China, Cuba y Sri Lanka han demostrado que inversiones relativamente
modestas pueden producir resultados espectaculares en el campo
social. Según Sachs, se podría invertir eficazmente
en los sectores de la salud o la educación con transferencias
financieras Norte-Sur poco elevadas.
Siguiendo a Jorge Wilheim, se puede deplorar
que los investigadores presentes en Roskilde hayan explorado las
vías de una reconstrucción democrática del
Estado en el Sur, dando prioridad en sus debates a la búsqueda
de una nueva dinámica del Estado benefactor en el Norte,
que permita a la sociedad responsabilizarse mejor de sí
misma. Si no se hace nada para limitar las derivas del mercado y encontrar nuevas formas de regulación, existe un peligro real de que tanto en el Norte como en el Sur proliferen sociedades «de dos velocidades» y se generalicen las situaciones de apartheid social que ya existen en numerosos países del Sur.
La pobreza se urbaniza al mismo ritmo que el planeta. En 1990 se estimaba que de los 1.400 millones de habitantes de las ciudades del Sur, 600 vivían en condiciones que ponían en peligro su salud y supervivencia. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, la mitad de los pobres de América Latina viven hoy en las ciudades. En todo el mundo los barrios más pobres de las ciudades: suburbios abandonados y poblados en su mayoría por personas de origen extranjero o por minorías étnicas en los países ricos, tugurios desprovistos de toda infraestructura y ocupados por campesinos inmigrados más o menos recientemente, que constituyen con frecuencia la mayor parte de la población llamada urbana en los países en desarrollo, aportan la prueba, mostrando sus lacras, de que el desa-rrollo inadecuado es un fenómeno mundial.
Ahora bien, la urbanización del mundo
se prosigue a ritmo acelerado. En efecto, en el año 2000
vivirá en las ciudades la mitad de la humanidad, es decir,
3.200 millones de personas. Entre 1980 y 2000 se duplicará
el número de citadinos en el Sur, pasando de 1.000 a 2.000
millones y, según las estimaciones, esa población
se duplicará de nuevo en los 25 años siguientes,
con lo que se cifrará en 4.000 millones 21.
Si bien el número de campesinos pobres
no ha disminuido y la miseria es el destino de la mayoría
de la población rural en muchas regiones del globo, de
los países sahelianos a los de Asia meridional, la crisis
social es hoy cada vez más urbana y la urbanización
de la pobreza ha pasado a ser en el mundo uno de los principales
factores de inestabilidad social y política. Por esta razón
las Naciones Unidas organizarán en 1996 una nueva Cumbre
mundial, esta vez sobre la ciudad. Desde luego, si quiere obtener
resultados concretos, será preciso que analice las múltiples
raíces de la pobreza urbana.
Como se observa, las manifestaciones de la
crisis social planetaria son demasiado numerosas para que puedan
seguirse ocultando. Terminar con la exclusión e intentar
construir sociedades productoras de cohesión social es,
sin embargo, una vasta empresa cuya ejecución exige un
profundo cambio de la lógica económica y política
que ha generado la situación actual.
La impugnación del economicismo y el
retorno a una concepción holística del desarrollo
que rompa con la sectorialización excesiva imperante desde
hace varios decenios aparecen, por consiguiente, como requisito
de todo intento de fundar el cambio en la instauración
del primado de lo social. Alberto Tarozzi subraya que este procedimiento
es además una cuestión de principio, al constatar
que el liberalismo se caracteriza por su voluntad de privar la
regulación social de todo fundamento moral y que la afirmación
de la exigencia de un desarrollo social para todos consiste en
volver a dar una dimensión ética al concepto de
desarrollo.
En realidad, como lo afirma Ignacy Sachs, hay
que volver a dar su sentido al desarrollo sostenible del que tanto
se habla desde la Cumbre para la Tierra (Río de Janeiro,
junio de 1992) y recordar que el desarrollo es un concepto pluridimensional
y que sólo puede realizarse mediante un enfoque que entregue
«las riendas a lo social, acepte lo ecológico como
una limitación asumida» y vuelva a dar «a lo
económico su papel instrumental» 22.
A juicio de Sachs, esta nueva axiología, en la que la eficacia
económica no se mediría únicamente con el
rasero de la rentabilidad de la empresa, sino que se evaluaría
por la satisfacción de las necesidades sociales, es la
única que puede ser operativa universalmente, respetando
al mismo tiempo la diversidad de la humanidad.
En efecto, si se pone fín a la hegemonía
del pensamiento económico dominante, que ha llevado a trasponer
por mimetismo la experiencia de los países industriales
a la totalidad del globo, y si se instaura el primado de lo social,
se podrá tener en cuenta en materia de desarrollo la doble
naturaleza de la condición humana, a la vez universal e
inscrita en un contexto específico. El principio de universalidad
dejaría de ser entonces, utilizando la expresión
de Mahdi Elmandjra, sinónimo de un etnocentrismo occidental
que ha dado unilateralmente a su modelo un valor universal.
No es posible atribuir al desarrollo una finalidad
social sin aludir a lo político. En efecto, la agravación
continua de las desigualdades ilustra la dimensión política
de la cuestión social y destruye el mito de la neutralidad
del Estado que puede ser, según la índole de la
elección efectuada y su relación de fuerzas, agente
de integración o agente de exclusión. Ahora bien,
en los últimos años se ha fortalecido su capacidad
de producir exclusión a raíz de la función
casi única que le asignó el neoliberalismo, a saber,
crear un marco favorable al auge de la empresa.
La cuestión social es una cuestión
política por dos motivos. Como lo subraya Enrique Rattner,
plantea el problema de la legitimidad de las políticas
que han llevado en Europa al retroceso del Estado benefactor,
así como el de las luchas que se ven obligadas a librar
algunas categorías de población para que se les
reconozcan sus derechos. Se refiere además a lo político
por cuanto, como lo recuerda el IUED, todo proceso de determinación
de prioridades de una sociedad es de índole política
ya que debe tener en cuenta los conflictos de intereses entre
las diferentes clases sociales. Así pues, la elaboración
de una estrategia de desarrollo fundada en el primado de lo social
requiere al mismo tiempo la construcción de la base política
y social necesaria para su aplicación.
El rechazo de la dictadura del economicismo
llevaría el mundo a cambiar de lógica. La certeza
de que la economía de mercado debe ser aceptada como norma
de racionalidad científica de las decisiones se vería
sustituída por una concepción holística del
desa- rrollo, de la que no se podría excluir la dimensión
política. A la lógica de obrar a corto plazo, en
la que se funda la búsqueda de beneficios, sucedería
la noción de proyecto de sociedad, con una reflexión
a largo plazo sobre las finalidades del desarrollo hoy y mañana.
La idea según la cual el interés general sólo
es la suma de intereses particulares satisfechos por el simple
juego de las fuerzas de mercado se reemplazaría por el
análisis de la posible articulación entre las aspiraciones
de las diferentes categorías sociales y la traducción
de las opciones tomadas en prioridades de acción.
Vasto programa que plantea la cuestión
de las modalidades del cambio, al igual que la de las finalidades.
En efecto, los investigadores presentes en Roskilde estuvieron
de acuerdo en estimar que el debate sobre los medios era tan importante
como la determinación de los fines.
Planteados estos interrogantes, sigue en pie
que el cambio de los modos de vida está en el centro de
la problemática del desarrollo sostenible y plantea el
problema crucial de construir nuevas relaciones entre el Norte
y el Sur, fundadas en el reconocimiento de una solidaridad planetaria.
En efecto, se trata, en primer lugar, de compartir de manera menos
injusta el goce de los limitados recursos naturales y los frutos
de un crecimiento mundial del que ya se sabe que será más
lento y dependerá en mayor medida de las restricciones
ecológicas. Si se parte del postulado, adoptado por Louis
Emmerij, según el cual el aumento del consumo de los más
pobres es condición para un mejor modo de vida, ¿será
preciso reservarles los beneficios del crecimiento?.
¿Es el propio crecimiento compatible con
la noción de desarrollo sostenible? No, responde Niels
Meyer, para quien el espacio ecológico todavía disponible
ya no puede ser productor de crecimiento para todos y debe reservarse
a los países en desarrollo, ya que las naciones ricas han
abusado desaforadamente de los recursos del planeta. Sachs afirma
por el contrario que la exigencia de desarrollo sostenible no
condena el crecimiento económico, la energía ni
los demás factores materiales de producción que
encierran un considerable potencial de productividad al que se
puede recurrir. Con todo, aboga por una autolimitación
del consumo en las sociedades del Norte, con objeto de evitar
que el enriquecimiento de los unos provoque el empobrecimiento
de los demás y lleve a la mundialización del apartheid
social.
Sin embargo, los beneficiarios del sistema
actual son lo suficientemente numerosos y poderosos, como lo subrayaron
muchos participantes, para impedir ciertos cambios que la comunidad
internacional reunida en la Cumbre de Río reconoció
ser necesarios. Es bien sabido, entre otras cosas, que la casi
totalidad del mundo de la industria quiere seguir externalizando
los costes sociales y medioambientales de un crecimiento que
genera cada vez menos progreso social. Ahora bien, únicamente
con la internalización de esos costes se podrá
poner fin al despilfarro ecológico y humano que caracteriza
la lógica dominante de producción. ¿Cómo
impulsar los modos alternativos de producción que entraña
la valorización de modos de vida más ahorrativos
cuando se sabe, como lo recuerdan H. Dupont y H. Rattner, que
círculos poderosos, en particular en el sector de la energía,
no tienen interés alguno en promover tecnologías
alternativas y que el imperialismo cultural de que tanto se habla
vela una dominación tecnológica de la que se habla
menos? Por esta razón Rattner insistió en la necesidad
de determinar con precisión esos agentes mundiales que
parecen tener tanto poder y de delimitar sus intereses lo mejor
posible y explorar su estructura cognoscitiva, a fin de comprender
la visión que tienen del mundo que están moldeando.
Así pues, se planteó una vez
más la cuestión de los conflictos de intereses y
las apuestas políticas unidas a los cambios, así
como la de identificar las fuerzas susceptibles de promoverlos.
Además, en un mundo cada vez más
interdependiente, es indispensable prever la creación de
instancias internacionales de regulación, sin dejar de
lado la cuestión del papel del Estado nacional.
Tal vez lo que pervivirá como aportación
positiva más importante de Europa en el siglo XX es su
invención de un Estado corrector de las desigualdades más
graves, redistribuidor de los frutos del crecimiento y la innovación
y capaz de contrarrestar los efectos perversos del mercado todopoderoso.
Así pues, lo que hay que preconizar no es «menos Estado»,
como lo hacen los defensores del neoliberalismo, sino «mejor
Estado», lo que supone redefinir sus modos de funcionamiento
y sus relaciones con el conjunto de los agentes económicos
y sociales. En todo caso, a juicio de Alberto Tarozzi, es ilusorio
pensar que el Estado benefactor europeo se podría prorrogar
tal cual, sin que se renueve profundamente, máxime si se
tiene en cuenta que ni siquiera en su apogeo logró atender
a los más pobres, ni a las regiones más desamparadas,
ni a los grupos con problemas específicos. Sin desconocer
la necesidad de su existencia, hay que renovar las formas de organización
social. Esto implica, según Laura Balbo, poner en entredicho
el carácter burocrático y centralizador del Estado.
En una palabra, el Estado protector se transformaría en
Estado animador, Estado servicio, para crear un contexto que permita
a la sociedad responsabilizarse de sí misma y reducir la
fractura social.
El debate sobre un ingreso mínimo garantizado
muestra la complejidad de la cuestión. Niels Meyer y Philip
Van Parijs preconizaron la instauración de un ingreso mínimo
para todos, que debería entenderse como un derecho de todo
ciudadano a gozar de una renta. Según Meyer, se podría
generalizar dicho ingreso gracias a una política de repartición
del trabajo, mientras que Van Parijs milita porque se separe trabajo
e ingreso, ya que el derecho a éste no debe supeditarse
al ejercicio de un empleo. Esta idea, en verdad generosa, parece
muy difícil de llevar a la práctica. ¿Es económicamente
realizable?, se interroga Louis Emmerij, que junto con Bent Greve
insistió en la dificultad de financiar esa empresa. Por
su parte, José Figueiredo se interrogó sobre la
eficacia de un ingreso mínimo tomado como medio de luchar
contra la exclusión, cuando se sabe que no todas las formas
de exclusión se deben a la falta de ingresos. Sin embargo,
¿a quién debería beneficiar esa medida? ¿Deberá
instaurarse el ingreso mínimo a escala universal, o bien
sólo podría concretarse en los países en
los que el Estado dispone teóricamente de los medios de
financiarlo?. Y en este caso, ¿podrá hablarse de lucha
contra la exclusión si la mayoría de la población
del globo queda fuera de una política de redistribución?
Varios participantes insistieron en la necesidad de razonar una
vez más a escala mundial y no sacrificar los países
del Sur en aras del bienestar de la población del Norte.
En efecto, como lo destaca J.L. Dubois, no hay que hacerse ilusiones:
si se instaurase un ingreso mínimo en los países
ricos, se financiaría al menos parcialmente disminuyendo
las transferencias efectuadas hacia el Sur en virtud de la ayuda
al desarrollo. Desde luego, los países del Norte deben
combatir la exclusión social, pero sin penalizar a los
países en desarrollo.
En realidad, la reconstrucción de los
vínculos sociales donde se han desmoronado a raíz
de los efectos conjugados de la crisis, de las políticas
de liberalización y de la urbanización exige que
se reflexione sobre una serie de acciones complementarias. La
legislación del trabajo y la protección social se
elaboraron en todo el mundo en función del modelo dominante
del empleo asalariado. Ahora bien, como lo pone en evidencia ORSTOM,
«el empleo asalariado no sólo sigue siendo minoritario
en todos los países en desarrollo, sino que se halla en
plena regresión». Así pues, es urgente elaborar
en esos países nuevas formas de protección social
en favor de la población no asalariada.
Como la mundialización de la economía
es un factor de exclusión en los países más
pobres y para las categorías menos favorecidas de la población
mundial, las políticas económicas deberían
reconsiderar igualmente la prioridad dada a las exportaciones
en muchos países y poner el mercado interior en el lugar
que le corresponde. Volviendo a colocar la noción de territorio
en el centro de la política económica, orientada
exclusivamente desde hace dos decenios según el modelo
del espacio planetario, la construcción de verdaderos mercados
internos: nacionales, regionales y locales, favorecería
la creación de espacios económicos fundados en la
satisfacción de la demanda local y productores de una solidaridad
hoy inexistente.
Sin bien conviene explorar todas las vías
susceptibles de remediar la fractura social del mundo actual,
la repartición del trabajo parece ser condición
esencial de la reconstrucción de los vínculos sociales.
En efecto, según se ha señalado, el trabajo no es
únicamente fuente de ingresos, sino que, como lo apunta
Niels Meyer, es además una dimensión primordial
de la existencia social por cuanto el hombre necesita formar parte
de una comunidad de trabajo para guardar el sentimiento de que
contribuye a la vida de la colectividad. Louis Emmerij subraya
que como el mundo actual produce más con menos trabajo
y como el crecimiento ya no crea empleo, es preciso reestructurar
el mercado del empleo teniendo en cuenta la mayor productividad
obtenida gracias a las innovaciones tecnológicas. Por su
parte, Ignacy Sachs destacó que las autoridades deberán
dejar de considerar el desempleo como una fatalidad y más
bien aplicar políticas activas de empleo, fundadas a la
vez en la necesaria repartición del trabajo y en la creación
de puestos de trabajo social, que se había dejado de lado.
La reconstrucción del vínculo
social resulta tanto más urgente cuanto que de ella depende
la democracia. El auge de la tentación totalitaria que
se apoya en mitos de búsqueda de identidad, refugio frecuente
de colectividades hundidas en la anomia social, bastaría
para mostrar que la falta de cohesión social constituye
un obstáculo importante para la democracia. En efecto,
como lo recuerda Ajit Bhalla, ésta sólo puede ser
formal en los países en los que la mayoría de la
población vive en situación de exclusión
y gasta la mayor parte de sus energías en luchar por la
supervivencia. Como lo realza el IUED, tomando como postulado
el reconocimiento de la dignidad y los derechos de todos, el desarrollo
social coloca la reivindicación democrática en el
centro del debate.
Pasar del modelo en el que el Estado se considera
único agente de cambio social a una perspectiva en la que
los agentes desempeñen un papel determinante en el cambio
no es, según Laura Balbo, una utopía, sino un requisito
para que la sociedad pueda responsabilizarse más de sí
misma en un mundo en el que los poderes estatales o comunitarios
ya no asumen la función de protección real y simbólica
que formó durante largo tiempo parte de sus atribuciones.
Así pues, la evolución necesaria hacia una sociedad
que se responsabilice de sí misma requiere que se definan
de nuevo las relaciones entre los principales agentes sociales:
el Estado, el mercado y la sociedad civil.
Agente indispensable, como lo ha mostrado la
historia, de la vida económica y social, el mercado no
puede constituir, según lo prueba la experiencia de los
últimos decenios, la única instancia de regulación
de las relaciones sociales. En términos más generales,
la iniciativa privada, sea que proceda del mercado o del sector
terciario, no puede reemplazar en todas las circunstancias al
Estado. En efecto, el conjunto de la sociedad requiere que éste
conserve su poder de árbitro, máxime porque contrariamente
a la tendencia dominante en los últimos años, es
menester no idealizar demasiado un sector terciario más
sometido de lo que se cree a la lógica del interés.
El ORSTOM apunta que muchas «iniciativas populares»
no son ni mucho menos tan espontáneas como se cree. En
cuanto a las asociaciones, «ocultan a menudo estrategias
de captación privativa de la ayuda internacional»
en los países del Sur 23 y no siempre escapan a la lógica del mercado o a la instrumentalización
política en los países del Norte. Asímismo,
es menester interrogarse sobre la representatividad real de un
gran número de ONG que se autoproclaman portavoces de una
sociedad civil que sigue siendo demasiado silenciosa para designar
sus representantes.
¿Qué formas de asociación
se habrán de inventar para que el conjunto de los agentes
sociales desempeñen su papel y para armonizar las políticas
públicas y las acciones ciudadanas? ¿Puede servir
todavía el tripartismo, que inspiró la creación
de la OIT y sigue siendo en numerosos países una instancia
de negociación entre las empresas, los sindicatos y el
Estado?.
La experiencia húngara descrita por
Lajos Héthy muestra las ventajas y los límites.
En efecto, Hungría es un país en el que muy pronto
se hizo evidente la importancia capital de la estabilidad política
y social, dada la transición acelerada a la economía
de mercado, con todas las consecuencias que se siguen. Como los
sindicatos no habían perdido su carácter de organizaciones
de masa, se pudieron organizar negociaciones con el empresariado
y el Estado, a fín de concluir acuerdos sobre la legislación
laboral, la reglamentación de los salarios, el derecho
de huelga y la proporción del aporte patronal a las cotizaciones
sociales. Más aún, el diálogo tripartito
permitió a las organizaciones sindicales participar en
la formación de las políticas públicas y
mostró que esa forma de negociación contribuía
en gran medida al mantenimiento de la paz social. Sin embargo,
como lo advierte Héthy, de no haber una verdadera política
social, la búsqueda de un acuerdo con los sindicatos puede
ser un simple medio de hacer aceptar a la población los
efectos negativos de la transición, sin que se debatan
sus modalidades ni sus finalidades.
Si el principio del tripartismo sigue vigente,
es una noción que deberá adaptarse a la evolución
de la sociedad civil y ampliarse de modo que incluya al conjunto
de los interlocutores sociales, entre ellos los representantes
de los excluídos que con frecuencia quedan al margen de
las estructuras sindicales clásicas. De todos modos, será
preciso extender el diálogo a la concepción de las
políticas económicas, en la que debe tomar parte
el conjunto de los ciudadanos.
Por lo demás, ¿a qué nivel
se deberán adoptar las decisiones relativas a una colectividad
dada? Esta es una cuestión crucial para la democracia que,
para dejar de ser únicamente representativa y transformarse
en una dinámica participativa, deberá tener en cuenta
la necesidad de diferenciar los niveles de decisión y fortalecer
el poder de las instancias locales. Permitir a las estructuras
democráticas locales intervenir en el proceso de decisión
supone reconocer la diversidad de situaciones, necesidades e interlocutores.
Es admitir que no existe un camino único para resolver
los problemas de un mundo pluralista.
¿Cuáles podrían ser las
modalidades de esta consideración? ¿Puede la toma
de decisiones funcionar con el principio de subsidiaridad, como
lo propone Sixto Roxas, para quien la comunidad internacional
debería considerarse una vasta comunidad de comunidades?
Para reorganizar democráticamente un mundo caracterizado
hoy por la tradición centralizadora del Estado nacional,
la dilución de las responsabilidades en el plano internacional
y el silencio en el que se mantiene a los agentes locales, parece
necesario establecer nuevas relaciones entre el plano local, nacional,
internacional y mundial. Sin embargo, si bien es de desear que
aumente el número de participantes en la definición
de las políticas, esto no significa que sea preciso responder
a toda solicitud. Se trata más bien de construir, como
lo propone el IUED, una organización institucional capaz
de arbitrar los conflictos nacidos de intereses contradictorios
y hacer participar los diferentes niveles de decisión en
la definición de objetivos colectivos. En otras palabras,
reconciliar la acción local y el pensamiento mundial. El
objetivo es ambicioso por cuanto hasta ahora la competición
rige con frecuencia las relaciones entre los diferentes niveles
de decisión, como lo recuerda Ajit Bhalla, según
el cual es necesario pasar de una lógica de competición
a una de complementariedad. A juicio de Henri Rattner, una de
las soluciones podría ser definir el nivel de centralización
de que precisa toda sociedad moderna.
En opinión de Trevor Hancock, una de
las maneras de avanzar hacia una sociedad más participativa
tal vez consista en dejar de hablar únicamente en términos
de satisfacción de las necesidades de las comunidades interesadas
y más bien tener en cuenta sus capacidades no utilizadas.
Apoyándose en la experiencia de las estructuras participativas
aplicadas en Canadá en materia de salud, precisó
que al cotejar necesidades y capacidades se podrían resolver
muchos de los problemas a nivel local.
En términos más generales, el
reconocimiento de la pluralidad de los contextos y del derecho
de todos a participar y multiplicar los niveles de decisión
suponen que se abran los distintos niveles del saber, establecinendo
puentes entre el saber popular y el saber científico. En
efecto, la prioridad dada por la casi totalidad de las políticas
nacionales al saber elitista ha privado a la humanidad de buena
parte de sus conocimientos, como lo anota Richard Knight. «El
90% del saber humano actual se ha producido durante los últimos
treinta años. Sin embargo, si se define el saber como la
capacidad de sobrevivir de manera duradera, desde hace treinta
años se ha perdido el 90% del saber humano». Esta
apertura no es imposible, como lo ha mostrado Kurt Nielsen con
la experiencia danesa a este respecto: la promoción del
saber popular y su referencia al saber académico permitió
a Dinamarca escapar en gran medida al predominio de la tecnoestructura
en la gestión del país.
Durante largo tiempo se ha debatido, sin llegar
a conclusión alguna, si la democracia es condición
o resultado del desarrollo. Si bien es evidente que una sociedad
en la que a la mayoría de la población sólo
se asigna como objetivo la supervivencia, no puede producir sino
una figura formal de democracia, el desarrollo con finalidad social
exige la ampliación del territorio de esta última,
lo que suprimiría al mismo tiempo una de las principales
formas de exclusión, la exclusión de lo político.
En realidad, hasta ahora las ciencias sociales
han servido de venero de información y estadísticas
a los decisores económicos, partidarios de la «teología
del mercado», para utilizar los términos de Cernea.
Cambiar el orden de las prioridades para dar a lo social el lugar
que nunca hubiera debido perder supone, pues, integrar a los sociólogos
en todos los niveles de la reflexión sobre el cambio social
y sus modalidades y hacerlos participar en la toma de decisiones.
Sin embargo, esta ausencia debe también
hacer reflexionar a los investigadores. Según Cernea, tal
vez ellos mismos sean en parte responsables de que no se les incluya
en los circuitos de decisión por cuanto sólo en
pocas ocasiones han tratado de elaborar instrumentos operativos,
tomando como base su investigación. Si quieren tomar parte
en la definición y aplicación de las políticas
de desa-rrollo, deberán salir del simple campo del análisis,
participar en la acción y compartir sus riesgos.
Por otro lado, a juicio de Tarozzi, la investigación
deberá fijarse nuevas prioridades que tengan en cuenta
la evolución y las barreras del mundo contemporáneo.
Así como es imposible extender el Estado benefactor de
Occidente al conjunto del planeta, habida cuenta de sus exorbitantes
costos medioambientales, económicos y sociales, es urgente
reflexionar de manera concreta en estrategias de desarrollo sostenible
para el Sur, de las que a su vez podrían beneficiarse los
países desarrollados. Esta propuesta es tanto más
pertinente cuanto que durante todo el Coloquio de Roskilde se
pudo observar una focalización de los debates en torno
a los problemas del Norte y una real dificultad de renovar la
reflexión en cuanto a las relaciones Norte-Sur y la solución
de las desigualdades mundiales. El debate en torno al Estado benefactor
y a un ingreso mínimo garantizado pusieron en evidencia
esta dificultad. Si bien es cierto que la mundialización
de los problemas sociales y la interpenetración relativa
del Norte y del Sur permiten más que nunca pensar en forma
global, ese pensamiento podría, si no se toman las debidas
precauciones, adoptar una vez más las formas de un pensamiento
del Norte.
Reflexionar para obrar deberá ser en
todos los casos el objetivo de las ciencias sociales, si se quiere
que sean realmente parte integrante de la construcción
del mundo del mañana.
En efecto, como lo recuerda Sixto Roxas, éstas
no sólo se erigieron en guardianes mundiales de la hegemonía
del orden dominante, sino que fueron concebidas desde un comienzo
para responder a las necesidades específicas del funcionamiento
de los países capitalistas desarrollados. La internacionalización
de sus actividades aparece, pues, como una negación de
la pluralidad del mundo, ya que impowew un modelo único
cada vez más impugnado. Como lo subraya Habiba Wassef,
en la óptica del desarrollo social es preciso revisar todo
el edificio actual de la cooperación para el desarrollo.
Por su parte, el sistema de las Naciones Unidas deberá
empezar a adaptar sus modalidades de intervención a la
evolución de las prioridades, participando más que
hasta ahora en la dinámica del cambio. Según Habiba
Wassef, una cooperación internacional más respetuosa
de la diversidad y la democracia deberá escuchar las voces
de las que hizo caso omiso durante tanto tiempo y no imponer sus
opiniones y manera de obrar a los poderes públicos, con
frecuencia más enterados de las necesidades y deficiencias
propias de su sociedad.
Al poner fin al monopolio de las organizaciones
interestatales, la reforma del sistema internacional deberá
permitir la aparición de organizaciones democráticas
mundiales de control y de propuesta. Esto es, en efecto, lo que
está en juego, según la Alianza Mundial contra el
Apartheid Social, que preconiza la creación de una organización
mundial de representación de los ciudadanos con objeto
de facilitar, entre otras cosas, la participación equitativa
de los habitantes de todos los continentes en la gestión
del mundo.
Trevor Hancock señaló que la
experiencia canadiense se había efectuado reemplazando
el enfoque sectorial de los problemas de salud por una visión
global del contexto en el que se inscribían. La desigualdad
de ingresos, la posición ocupada en la jerarquía
social y el estado del medio ambiente son los principales determinantes
de la salud y explican que las desigualdades ante la enfermedad
no hayan desaparecido de las sociedades en las que se consideran
satisfechas las necesidades básicas. A fín de hacer
participar al conjunto de una población en la solución
de sus problemas mediante un enfoque comunitario que se apoye
en las actividades locales, se creó en muchas ciudades
canadienses un consejo de salud en el que se debaten los problemas,
se preparan soluciones y se reciben y proponen ideas que ayudan
a los grupos de ciudadanos a responsabilizarse de sí mismos.
Hancock precisó que las mesas redondas organizadas por
dichos consejos no llevaban necesariamente a un consenso y reflejaban
con frecuencia los conflictos de intereses entre las distintas
categorías de ciudadanos, pero que gracias a ellas éstos
habían consolidado su poder de intervención en la
política de la ciudad.
Sin adoptar las mismas formas, la red Ciudades
Salubres, que agrupa más de treinta ciudades europeas,
se inspira en los mismos métodos, procurando obrar en todos
los campos que repercuten en la ciudad, como son vivienda, transporte
y medio ambiente, e inducir a las autoridades a que tengan en
cuenta las consecuencias de sus políticas en el sector
de la salud, entendido en el sentido más lato posible.
La OMS ha innovado igualmente no trabajando únicamente
con la administración urbana, sino incorporando en la red
una serie de organismos y asociaciones susceptibles de influir
en las políticas sanitarias urbanas.
Otras experiencias podrían inspirar
la búsqueda de nuevas formas de asociación entre
los agentes sociales, que puedan paliar las carencias del Estado
y dar finalmente un contenido concreto a la democracia municipal.
La primera consiste en obrar directamente sobre
el mercado del empleo mediante políticas voluntaristas.
Sin entrar en detalles, cabe mencionar dos tipos de propuestas
que pueden frenar la dinámica del desempleo. José
Figeuiredo y Zafar Shaheed 25 proponen, entre otras cosas, sancionar con penalidades financieras
a las firmas que despidan empleados con mucha frecuencia. Los
fondos así obtenidos podrían servir para financiar
programas de seguro contra el desempleo, fondos de pensión
o actividades - en el sector de la educación, por ejemplo
- destinadas a facilitar la inserción profesional de los
solicitantes no calificados de empleo. En el mismo orden de ideas,
podrían preverse alicientes financieros (subvenciones,
deducciones fiscales, etc.) para los empleadores que practiquen
una verdadera política de contratación. Es preciso
además explorar todas las posibles fuentes de empleo. A
juicio de Sachs, muchos países podrían solucionar
una parte del inmenso problema del paro rural mediante políticas
de fomento del empleo rural no agrícola, lo que tendría
además la ventaja de facilitar servicios a regiones que,
por lo general, se encuentran muy mal equipadas. La creación
de empleo social de proximidad, prácticamente inexistente
en el Norte como en el Sur, contribuiría a liberar el mercado
de trabajo en las ciudades.
La segunda parte consiste en realizar acciones
previas al mercado del empleo propiamente dicho. En efecto, es
bien sabido hasta qué punto el analfabetismo, la subcalificación
y la pertenencia a una categoría marginal impiden a millones
de personas el acceso a un trabajo remunerado. Sólo estrategias
destinadas a solventar esas dificultades permitirán a los
grupos más desamparados y vulnerables adquirir los instrumentos
indispensables para tener un empleo remunerado. En esta perspectiva
se deberán considerar prioritarios campos como la salud,
la educación y la eliminación de las discriminaciones
fundadas en prejuicios culturales. Estas actividades son tanto
más necesarias cuanto que son las únicas que permiten
a las jóvenes y mujeres adultas escapar a la exclusión
de la que tantas son víctimas. En esta óptica Richard
Anker 26 integra a las estrategias de lucha contra la exclusión
del mercado de trabajo las políticas de planificación
familiar o la creación de guarderías.
Sin embargo, los participantes en el Coloquio
prácticamente no examinaron la discriminación específica
a que se ve sometida la mujer ni tampoco el hecho de que en su
inmensa mayoría sigue estando confinada en la esfera del
trabajo casero y no remunerado, situado en todo el mundo en la
rúbrica de quehaceres domésticos o economía
familiar. Los debates sobre la ampliación de la democracia
y sobre la vinculación entre trabajo y condición
social y entre exclusión del mercado del empleo y pobreza
mostraron que en la reflexión llevada a cabo en Roskilde
no se tuvo en cuenta la dimensión sexual de la exclusión
social. Sin embargo, el sostener la aplicación de políticas
dinámicas de educación y formación, incluída
la educación a la ciudadanía, puede servir para
superar una de las principales dificultades a que se ve sometida
la mujer en muchos países.
Invocado con frecuencia como obstáculo
para su aplicación, el coste de esas políticas plantea
menos problemas de los que se cree. En efecto, es menester efectuar
estudios específicos sobre su compatibilidad con el equilibrio
económico indispensable y buscar la mejor relación
entre coste, eficacia y equidad. Pero incluso sin cuantificar
el precio político y financiero de la exclusión
social, las cuantías, con frecuencia considerables al menos
en los países del Norte, destinadas en la actualidad a
minimizar sus efectos, podrían reconvertirse en acciones
productoras de cohesión social.
Indispensables para eliminar las desigualdades
dentro de cada país, tales reformas no pueden, sin embargo,
tener repercusiones en la redistribución desigual de la
riqueza mundial. Parece necesario reducirla estableciendo una
fiscalidad internacional que pueda generar importantes recursos
financieros para asignarlos al desa-rrollo social. Ya en la Cumbre
de Río se contempló la posibilidad de instituir
un impuesto por el consumo de energía, la famosa ecotasa,
que se archivó inmediatamente después por presiones
de Estados Unidos, las grandes compañías petroleras
y los exportadores de hidrocarburos. Como en los últimos
años se generalizó el movimiento especulativo de
capitales, se popularizó la idea de crear un impuesto,
denominado Tobin por el nombre de su ponente, por los beneficios
devengados de esas inversiones. También en este caso se
han elevado numerosas voces en contra, en nombre de la sacrosanta
autorregulación del mercado. Sin embargo, la renuencia
a instaurar una fiscalidad internacional no debe impedir que se
sigan explorando las modalidades ni que se trabaje por su aplicación.
En esta exposición sólo se han
analizado superficialmente los múltiples medios de redistribuir
los activos nacionales y mundiales en favor de los más
pobres. Se trataba de mostrar con algunos ejemplos que esas políticas
no eran ninguna utopía, sino el tratamiento indispensable
de las causas de la crisis social planetaria.
La ciudad ha sido siempre un lugar de cultura
y de encuentro, un lugar que brinda inmensas oportunidades a la
creatividad humana. Según Jorge Wilheim, es menester aprender
a devolverle esas funciones. Sin embargo, ¿podrá llamarse
ciudad esos lugares que sólo son aglomeraciones que presentan
numerosos rasgos de la vida rural? ¿Cómo administrar
el fenómeno, generalizado en los países del Sur,
de la rurbanización para emplear un término
acuñado por los sociólogos? Esos son interrogantes
que muestran la urgencia de elaborar una verdadera política
urbana adaptada a las mutaciones contemporáneas.
Como se ve, llevar a cabo una reforma mundial
destinada a derrocar la lógica productora de pobreza y
exclusión constituye un inmenso campo de trabajo. Los debates
del Coloquio de Roskilde se propusieron mostrar la necesidad de
modificar el orden actual de las prioridades para construir a
escala planetaria un desarrollo sostenible fundado en el ser y
no en el tener.
¿Es esto una tentativa nostálgica
de volver a encontrar una armonía social que se había
perdido y una negativa a una evolución que sus defensores
consideran ineluctable? Desde luego que no. La defensa de otro
tipo de desarrollo, sostenible y social, no es, como lo pretenden
algunos, una reacción negativa al choque con la modernidad,
sino por el contrario, como lo sostiene Sixto Roxas, un combate
por la modernidad. Al producir crisis y resultar incapaz de hacer
progresar el conjunto de la sociedad humana, han mostrado su obsolescencia
los sistemas económicos y políticos actuales y las
tecnologías en que se apoyan. Impugnar su validez y elaborar
alternativas capaces de reducir fracturas anunciadoras de tormentas
planetarias sería más bien la única manera
de preparar el siglo XXI, es decir, hacer entrar en él
a toda la humanidad con iguales posibilidades de vivir en dignidad.
Sin embargo, no es evidente que el mundo se encamine rápidamente hacia ese derrotero. Desde luego, organizando desde comienzos de los años noventa, es decir, desde el fín de la bipolarización geopolítica del globo, una serie de conferencias y cumbres internacionales destinadas a sentar las bases de un «nuevo orden mundial», las Naciones Unidas intentan comprometer a la comunidad internacional. Sin embargo, paralelamente se está consolidando otro orden, real, fundado en el recurso a la fuerza y en la sola lógica de los intereses. Los límites de las conclusiones, demasiado tímidas y parciales, de la Cumbre de Copenhague, que contrastan con las esperanzas suscitadas por su convocación, muestran que por ahora están muy lejos de ser superados los obstáculos que se oponen a la construcción de una sociedad planetaria fundada en la democracia social.
ANEXO : Lista de participantesAGGER Peder. Profesor, Departamento de Medio Ambiente, Tecnología y Estudios Sociales. Universidad de Roskilde, Dinamarca AHLINVIDE Olympa. Profesora. Centro Panafricano de Prospectiva Social. Porto Novo, Benin. ALTHEID Peter. Profesor, sociólogo. Centro de Tecnologías Avanzadas. Universidad de Roskilde, Dinamarca ANDERSEN Helle Mukerji. Departamento de Medio Ambiente, Tecnología y Estudios Sociales. Universidad de Roskilde, Dinamarca. ANDERSEN John. Centro de Integración y Diferenciación Social. Copenhague, Dinamarca. ASLUND Maj-Britt. Departamento de Medio Ambiente, Tecnología y Estudios Sociales. Universidad de Roskilde, Dinamarca. d'AVILA NETO Maria Inacia. Profesora, Cátedra UNESCO de Desarrollo Sostenible. Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil. BAK Henrik. Departamento de Medio Ambiente, Tecnología y Estudios Sociales. Universidad de Roskilde, Dinamarca. BALBO Laura. Profesora, Instituto de Filosofía. Universidad de Ferrara, Italia BARROS DE FREITAS MACIEL Tania. Profesora, Universidad de Río de Janeiro, Brasil. BARTON Brian. Departamento de Ciencias Económicas. Universidad de Quebec, Trois Rivières, Canadá. BASTOS Maria Durvalina. Profesora, Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil. BOESEN Anna. Departamento de Medio Ambiente, Tecnología y Estudios Sociales, Universidad de Roskilde, Dinamarca. BOLWIG Simon. Centro de Investigaciones sobre Desarrollo. Copenhague, Dinamarca. BOJE Thomas P. Profesor, Departamento de Estudios Sociales. Universidad de Roskilde, Dinamarca. BRONNUM Karin. Centro de Integración y Diferenciación Social. Copenhague, Dinamarca BHALLA Ajit. OIT. Instituto Internacional de Estudios Sociales. Ginebra, Suiza. CAMBREZY Luc. ORSTOM. París, Francia. CERNEA Michael. Sociólogo. Asesor, Banco Mundial. Washington, Estados Unidos. CHARMES Jacques. Director Delegado. Departamento de Sociedades, Urbanización y Desarrollo, ORSTOM. París, Francia. COMELIEAU Christian. Profesor, Instituto Universitario de Estudios de Desarrollo. Ginebra, Suiza. CONNOLLY Ann-Marie. OMS, Oficina Regional para Europa, «Ciudades Salubres». Copenhague, Dinamarca. COURADE Georges. ORSTOM, París, Francia. CZESKLEBA-DUPONT. Departamento de Estudios Sociales. Universidad de Roskilde, Dinamarca. DAM Anna. Programa Europeo sobre Sociedad, Ciencia y Tecnología. Universidad de Roskilde, Dinamarca. DENTEN Valerie. Programa Europeo sobre Sociedad, Ciencia y Tecnología. Universidad de Roskilde, Dinamarca. DUBE Faith. AIESEC. Centro sobre Integración y Diferenciación Social. Copenhague, Dinamarca. DUBOIS Jean-Luc. ORSTOM. París, Francia. ELMANDJRA Mahdi. Profesor, Universidad Mohammed V. Rabat, Marruecos. EMMERIJ Louis. Asesor Especial del Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Washington D.C., Estados Unidos. FABIANSEN Martin. Departamento de Medio Ambiente, Tecnología y Estudios Sociales. Universidad de Roskilde, Dinamarca. FIGUEIREDO José B. de. OIT. Instituto Internacional de Estudios Sociales. Ginebra, Suiza. FOURNIER Francine. UNESCO. Subdirectora General de Ciencias Sociales y Humanas. París, Francia. FRUET Genoveva Maya. Programa Internacional de Estudios sobre Desarrollo. Universidad de Roskilde, Dinamarca. GAILLY Benoît. Programa Europeo sobre Sociedad, Ciencia y Tecnología. Universidad de Roskilde, Dinamarca. GOEZ Y PALOMA Sergio. Programa Europeo sobre Sociedad, Ciencia y Tecnología. Universidad de Roskilde, Dinamarca. GOMES Maria de Fatima. Profesora. Universidad Federal de Rio de Janeiro. Brasil. GOOS Cees. OMS. Director interino, Oficina Regional para Europa. Copenhague, Dinamarca. GREVE Bent. Profesor, Departamento de Ciencias Sociales. Universidad de Roskilde, Dinamarca GROTH Simon. Departamento de Medio Ambiente, Tecnología y Estudios Sociales. Universidad de Roskilde, Dinamarca. HANCOCK Trevor. Asesor en Salud Pública. Ontario, Canadá. HALKIER Bente. Departamento de Medio Ambiente, Tecnología y Estudios Sociales. Universidad de Roskilde, Dinamarca. HANSEN Andreas Wester. Departamento de Estudios Sociales. Universidad de Roskilde, Dinamarca. HANSEN Birgitte Steen. Departamento de Medio Ambiente, Tecnología y Estudios Sociales. Universidad de Roskilde, Dinamarca. HANSEN Jette. Geografía y Comunicación. Universidad de Roskilde, Dinamarca. HARRELL-BOND Barbara. Directora, Programa de Estudios sobre los Refugiados. Universidad de Oxford, Reino Unido. HETHY Lajos. Secretario de Estado. Ministerio de Trabajo. Budapest, Hungría HINGEL Anders. Comisión de las Comunidades Europeas, D.G. XII. Bruselas, Bélgica HOLM Mogens. Centro de Investigaciones sobre Desarrollo. Copenhague, Dinamarca. HVID Helge. Profesora, Departamento de Medio Ambiente, Tecnología y Estudios Sociales. Universidad de Roskilde, Dinamarca. JELSOE Erling. Departamento de Medio Ambiente, Tecnología y Estudios Sociales. Universidad de Roskilde, Dinamarca. JESPERSEN Per Homann. Departamento de Medio Ambiente, Tecnología y Estudios Sociales. Universidad de Roskilde, Dinamarca. JOENSEN Peter. Departamento de Medio Ambiente, Tecnología y Estudios Sociales. Universidad de Roskilde, Dinamarca. JOHNSON Douglas. Johnson International. Hvidovre, Dinamarca. KAMARA Wambui. Departamento de Medio Ambiente, Tecnología y Estudios Sociales. Universidad de Roskilde, Dinamarca. KATROUGALOS George. Departamento de Medio Ambiente, Tecnología y Estudios Sociales. Universidad de Roskilde, Dinamarca. KAZANCIGIL Ali. UNESCO, Director, División de Investigaciones y Políticas de Ciencias Sociales. Secretario Ejecutivo, Programa MOST. París, Francia. KLEFFEL Kristine Vik. Departamento de Medio Ambiente, Tecnología y Estudios Sociales. Universidad de Roskilde, Dinamarca. KNIGHT Richard. Profesor, Facultad de Arquitectura, Génova, Italia. LASSEN Jesper. Profesor, Departamento de Medio Ambiente, Tecnología y Estudios Sociales. Universidad de Roskilde, Dinamarca. LAURITZEN Nina. Centro de Estudios Africanos. Universidad de Roskilde, Dinamarca. LEE Albert. Programa Europeo sobre Sociedad, Ciencia y Tecnología. Universidad de Roskilde, Dinamarca. LITTRUP Casper. Departamento de Medio Ambiente, Tecnología y Estudios Sociales. Universidad de Roskilde, Dinamarca. LOVSHOLT Thomas. Departamento de Medio Ambiente, Tecnología y Estudios Sociales. Universidad de Roskilde, Dinamarca. MANCZAK Maj. Departamento de Medio Ambiente, Tecnología y Estudios Sociales. Universidad de Roskilde, Dinamarca. MASINA Pietro P. Programa Europeo sobre Sociedad, Ciencia y Tecnología. Universidad de Roskilde, Dinamarca. MAZZONIS Martino. Programa Europeo sobre Sociedad, Ciencia y Tecnología. Universidad de Roskilde, Dinamarca. MEYER Niels I. Profesor, Departamento de Física. Universidad Técnica de Dinamarca. C |
