Los autores

Javier Barros-Valero es Embajador de México ante la UNESCO y Jefe de la Delegación Permanente de México ante la UNESCO.

Jaime Preciado Coronado es investigador en el Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de la Universidad de Guadalajara.

María Isabel Blanco Velasco es investigadora en el Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de la Universidad de Guadalajara.

Georges Couffignal es investigador en el "Instituto de Estudios Superiores de América Latina" (Institut des Hautes Etudes de l’Amérique Latine) de la Universidad de París III.

Alberto Aziz Nassif es investigador en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) de la Ciudad de México.

Enrique Valencia Lomelí es investigador en el Observatorio Social del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Guadalajara.

Guy Hermet es investigador en el "Instituto de Estudios Políticos" (Institut d’Etudes Politiques) de París.

Carlos S. Milani es experto analista y coordinador de proyectos del Programa MOST de la UNESCO.

INDICE

Introducción

Presentación de la delegación permanente de México
Javier Barros-Valero

La gobernabilidad democrática en el México post-priísta
Jaime Preciado Coronado

Gobernabilidad y participación ciudadana. Sociedad civil y gobierno panista
María Isabel Blanco Velasco

Comentario de las ponencias
Georges Couffignal

La primera alternancia presidencial en México
Alberto Aziz Nassif

Límites y posibilidades de la actual política social
Enrique Valencia Lomelí

Comentario de las ponencias
Guy Hermet

Comentario final
Carlos S. Milani

Notas

Introducción

El pasado 4 de julio del 2001, aprovechando la presencia de varios politólogos mexicanos en la UNESCO, Ali Kazancigil, Secretario ejecutivo del Programa MOST y el Embajador Javier Barros-Valero, delegado permanente de México, acordaron organizar en la sede de la UNESCO una mesa redonda acerca de la gobernanza y la democracia en México. Retomando la discusión que se produjo en dicha ocasión, éste documento de debate presenta a continuación un recuento tanto de las intervenciones de cuatro investigadores, Jaime Preciado, Isabel Blanco, Alberto Asís y Enrique Valencia, como de los comentarios a estas ponencias por parte de Guy Hermet, Georges Couffignal, y Carlos Milani.

El tema de la gobernanza está estrechamente relacionado con los cambios acontecidos en los últimos años en la escena mundial. La globalización económica y financiera, los avances tecnológicos que producen alteraciones en todo tipo de intercambios, el auge de organismos no-gubernamentales, el creciente papel político de la sociedad civil y, en general, los fenómenos que implican la globalización, han hecho que el Estado pierda su rectoría en lo relativo al desarrollo y a la regularización pública, y que en la definición de estrategias y capacidades, aumente su interacción con una multiplicidad de actores privados y públicos, nacionales e internacionales. Así, en la actualidad, se ha generado la necesidad de una profunda revisión de los conceptos a partir de los cuales en el pasado se analizaba el escenario político. Es en este sentido que ya no sólo se habla de "gobernabilidad", sino que en forma creciente los autores se refieren cada vez más a términos como "gobernancia" y "gobernanza". En efecto, el término "gobernabilidad" aparece, a la luz de los cambios actuales, como demasiado restringido al análisis clásico de lo político-institucional, ya que es con éste que generalmente se traduce governability en inglés o gouvernabilité en francés, para designar la "cualidad de gobernable", la doble capacidad para explicar exitosamente un proyecto de gobierno y para procesar institucionalmente los conflictos derivados de ello. Aunque según el marco de análisis que se adopte, algunos autores siguen refiriéndose a la "gobernabilidad" (como se verá en algunas de las intervenciones presentadas a continuación), si se integran procesos político-sociales y asociativos, cada vez más comunes en el nuevo contexto mundial y abrir el marco de análisis a las acciones de nuevos actores políticos, hay que referirse a una concepción más amplia. Esta noción ha sido traducida al español en forma similar con el término de "gobernanza" (1).

Hay que añadir finalmente que el primer uso de esta noción en el campo de la cooperación multilateral, estuvo estrechamente ligado a la idea de "buen gobierno" preconizada principalmente por el Banco Mundial o por el Fondo Monetario Internacional, con los respectivos programas de ajuste estructural y los proyectos de descentralización. Sin embargo, además de proceder de una visión político institucional clásica de corte top-down, este sentido viene siendo reevaluado por el riesgo ideológico que comporta, ya que presupone la legitimidad de ciertos actores políticos hegemónicos para gobernar, cómo gobernar y a nombre de quién. De esta manera queda claro que en lo que respecta a las dimensiones ética y política de la gobernanza, la UNESCO tiene un papel importante: analizar los contenidos amplios de la gobernanza, más allá de lo que se restringe tanto a la "gobernabilidad" como también al "buen gobierno" y complementariamente, estudiar su posible normatividad y concebir políticas independientes más justas.

Así, a la luz de las transformaciones mundiales actuales y en conformidad con el mandato de la UNESCO, esta organización trabaja en las estructuras básicas y en los procesos de gobernanza. Es importante para la UNESCO, particularmente a través del programa MOST, concebido para atender la gestión de transformaciones sociales, dado que las prácticas de gobernanza tienen implicaciones tanto éticas como estratégicas.

El programa se propone trabajar sobre los parámetros de la gobernanza y articular la noción de tal manera que las realidades y los valores locales sean respetados. La ética puede así tomar la función de un meta-lenguaje capaz de guiar el debate en torno al sentido de la gobernanza. Otro campo de acción es concebir medios metodológicos de gobernanza, así como dar seguimiento y evaluar las políticas sociales existentes.

El esfuerzo pasa por dar un contenido crítico y de base empírica a la gobernanza. Es aquí donde se inscriben las intervenciones que se leerán a continuación. Una visión comparativa de diversas posiciones en torno a los cambios que actualmente se están produciendo en el caso particular de la política en México, permite debatir sobre la gobernanza para intentar deducir visiones alternativas y metodologías innovadoras. Así se incluyen tanto análisis políticos clásicos, como nuevas propuestas de estudios que integran elementos sociales además de la participación de la sociedad civil y de asociaciones ciudadanas como factores de presión y de acción política.

La intervención de Jaime Preciado parte de la noción de gobernabilidad democrática. Presenta así una imagen de los desafíos que enfrentan las instituciones políticas, importantes respecto a la acción y al efecto de gobernar. Pero el análisis va más allá: si la gobernanza supone una interacción compleja entre diferentes actores políticos, parece válido incluir elementos como la necesidad de transparencia, la lucha contra la corrupción, la cohesión de la clase política o la situación económica, ya que estos afectan a la sociedad en general y son además determinantes en la formación de un consenso por parte de la sociedad civil, influyendo así tanto en la legitimidad y viabilidad del poder político como en la capacidad de influencia de las formas de autorregulación social sobre el Estado y el gobierno.

Esta primera propuesta es seguida por la intervención de Isabel Blanco, quien completa el marco de análisis enfocando su estudio desde la capacidad política que está mostrando la sociedad civil en México. Desde esta posición se examinan los nuevos actores políticos y sus instituciones, y se muestran interacciones políticas complejas, haciendo así mayor énfasis en un sentido más amplio de la gonernanza. Desde esta óptica se ve claramente que las interacciones se dan en ambos sentidos (top-down y botom-up). Por ejemplo, se resalta el desarrollo de la democracia local y las reivindicaciones por parte de la sociedad civil para abrir espacios institucionales que permitan su participación al debate público. Esto permite destacar la relación entre Estado y sociedad. En este sentido la intervención de Isabel Blanco da una visión de la gobernanza donde la participación ciudadana es fundamental.

Prosiguiendo con el diálogo entre gobernabilidad y gobernanza, Alberto Asís expone los desafíos y obstáculos que representa la actual transición democrática mexicana para la gobernabilidad institucional. El marco de estudio se centra especialmente en elementos político-institucionales para analizar si la tan esperada alternancia y su corolario de democracia representativa constituyen en México un aumento democrático, o si por el contrario, las fallas de sus instituciones aún incipientes, terminarán por crear un déficit democrático al generar frustración por no poder atender realmente a las tan altas expectativas que la sociedad ha depositado en su actual gobierno. Así, la gobernabilidad necesaria para poder concretar las promesas hechas, necesitaría todavía de un cambio estructural para completar el sistema político que surge con la llamada alternancia.

Finalmente, Enrique Valencia examina las necesidades y las expectativas de la sociedad, produciendo un marco analítico sobre la relación que existe entre la gobernabilidad, la gobernanza y la legitimidad social de la democracia. Muestra que el campo social y el respeto a las libertades civiles son un punto fundamental tanto para la estabilidad democrática como para la viabilidad de la gobernanza. Añade que las políticas sociales deben atender riesgos y campos sensibles, como los problemas de pobreza, educación, salud y bienestar social en general: con la primera alternancia en México, la sociedad espera mejorar su representación política, lo cual facilitará también avances en el desarrollo social, pero si no se satisfacen estas expectativas, la frustración debilitará la gobernabilidad y creará incertidumbre en la gobernanza futura en este país. En este sentido, la política social en México no sólo enfrenta los retos propios de su campo, sino además el reto fundamental de "legitimar" la democracia. Valencia aporta así el campo social al debate sobre la gobernanza: con la alternancia, la cuestión social se convierte en un factor importante de la gobernanza.

A nombre del Secretario ejecutivo del Programa MOST, Ali Kazancigil, agradezco la participación del delegado permanente de México ante la UNESCO, embajador Javier Barros-Valero en esta actividad, ejemplo de la estrecha cooperación de los Estados miembros con el programa regular de la UNESCO. Gracias a la complicidad con Carlos Milani, podemos avanzar en los enfoques esenciales de la gobernanza democrática. La edición del presente documento corrió a cargo de Ricardo Rodamiláns, que siguió acuciosamente y de cerca todos los pasos de la Mesa redonda. Por último, agradezco la buena disposición de los investigadores mexicanos y franceses que participaron en ésta mesa, así como la ayuda final de Santiago Castro.

Germán Solinís
Programa MOST

Presentación de la delegación permanente de México

Javier Barros-Valero
Embajador de México ante la UNESCO

Quisiera en primer lugar reconocer el esfuerzo visionario de la UNESCO por dotarse a sí misma de un mecanismo de reflexión acerca de las transformaciones sociales. El Programa MOST, que nació hace ya siete años en el seno de esta Organización, va consolidándose gradual pero consistentemente como un magnífico observatorio de lo que pasa en el mundo, ante las acechanzas del cambio tan acelerado que observa el planeta desde hace unas pocas décadas. Desde el punto de vista mexicano, no podía ser más pertinente la celebración de esta mesa redonda. Como saben ustedes, estamos exactamente a un año de las últimas elecciones federales, mediante las cuales finalmente se dio en México la alternancia. Resulta por tanto muy oportuno hacer una recapitulación: ver qué ha acontecido desde entonces, analizar cuál fue el significado verdadero de lo ocurrido hace ya doce meses, y sobre todo, averiguar hacia dónde vamos y con qué elementos estamos equipados para alcanzar nuestros objetivos nacionales.

Quisiera agradecer la invitación que me hizo el Programa MOST, cuyo Secretario Ejecutivo, el Sr. Ali Kazancigil, tomó la palabra hace unos instantes. Cuando Germán Solinís me transmitió dicha invitación, realmente esta mesa redonda estaba ya estructurada. Nosotros nos sumamos con todo gusto y con toda convicción, sabiendo que la calidad de los investigadores aquí presentes, tanto la parte mexicana (Jaime Preciado, Isabel Blanco, Alberto Aziz y Enrique Valencia) como la parte francesa (Georges Couffignal y Guy Hermet), iba realmente a aportar elementos sustanciosos al análisis de fondo. Por eso no dudamos en subirnos al carro, en lo que yo espero que sea el inicio de una fecunda relación de cooperación entre el Programa MOST y la Delegación Permanente de México ante la UNESCO.

Como apuntaba antes, el 2 de julio del año 2000 se celebraron elecciones federales en México. Estas elecciones tuvieron lugar dentro del mayor respeto a las leyes electorales, y con una concurrencia sumamente significativa en las urnas. Finalmente se dio la alternancia, se produjo la entrega del poder, y el nuevo gobierno tomó su sitio. Hubo incluso un apunte inicial de cooperación interpartidaria, que permitió tener a tiempo y en forma el presupuesto federal que rige este año. A partir de entonces, hay mucho que discutir, y ésta será la labor de los distinguidos investigadores y comentaristas que nos acompañan esta tarde. Pero les podría decir que es un hecho que el barco está camino de altamar. Y es un hecho también que la alternancia por sí misma no garantiza las transformaciones sociales que México está desde hace tiempo demandando, lo cual nos obliga a todos a sumarnos al esfuerzo de gobernabilidad que tenemos como propósito en un sentido positivo, y acaso como acechanza en un sentido negativo.

La circunstancia actual es un gran reto para la cultura política de los mexicanos. Enfrentamos un enorme desafío cuyo resultado dependerá en buena parte de lo que hayamos podido acumular hasta ahora en materia de esa cultura política, de prácticas cívicas, de participación ciudadana. Porque la gobernabilidad no tiene que ver solamente con el ejercicio unilateral del poder público por parte del ejecutivo. Tiene que ver con la participación de todo el gobierno, incluyendo significativamente al Poder Legislativo (el Congreso en nuestro caso) y al Judicial, pero tiene que ver también con la actitud que adopten los partidos políticos (el que está en el poder y las oposiciones), las organizaciones de la sociedad civil, y los ciudadanos como tales. Además, el gobierno no sólo tiene expresión federal; en nuestro caso, existen otros niveles de gobierno. Por tanto, son todos estos actores políticos quienes tienen que participar en esta gran tarea de gobernabilidad que tenemos como objetivo. Ni la sociedad ni el gobierno por sí solos van a lograr que la alternancia se convierta en el cambio social esperado.

Ayer, como parte de las recapitulaciones que ha hecho estos días el presidente Fox en México, al cumplirse justamente un año de su triunfo electoral indiscutido, llamaba a la sociedad, a los partidos y a las organizaciones a un pacto nacional. Decía textualmente "convocar a un pacto, un nuevo pacto nacional para superar cualquier vestigio de autoritarismo, impunidad y corrupción".

Cualquiera que lea en estos días los diarios nacionales mexicanos encontrará que hay una atención quizá desmedida hacia ciertos detalles de la vida política cotidiana. Me parece que existe un celo excesivo por parte de muchos de quienes generan opinión en México por aplicar el microscopio electrónico a las tareas, incluso las más minúsculas, del gobierno. Éste no es un ejercicio reprobable en sí mismo, aunque tampoco podría yo decir que sea un ejercicio útil en sí mismo. En todo caso, en un momento dado pudiera limitar, o poner una camisa de fuerza que parecería excesiva, a la acción de este nuevo gobierno. Conviene recordar que en México, tradicionalmente, había un periodo de gracia para las nuevas administraciones, una especie de tregua o un lapso de espera para que mostraran qué clase de gobierno estaban dispuestas y eran capaces de efectuar. Ahora nos está faltando, a mi juicio, un poco de paciencia, de tolerancia. Sé que los reclamos sociales, sobre todo aquellos que desde hace años no han tenido respuesta o, peor aún, que han tenido una respuesta menos que deficiente, obligan a esperar que el cambio social se produzca mucho más rápidamente. No culpo a estos grupos, entiendo el fenómeno, pero me parece que podría limitar en una medida significativa el despegue de la que no es solamente una nueva administración sino, se espera, un nuevo régimen.

Un nuevo régimen justamente está supeditado a que, una vez transcurridas las elecciones, producida la alternancia y consolidado el nuevo gobierno, se den otros hechos. La sociedad está atenta a que se haga una revisión de lo ocurrido en los últimos lustros, en las últimas décadas en México. Si un partido político pierde unas elecciones federales, sobre todo un partido político que ha estado tantas décadas en el poder, ello quiere decir que sufrió en su largo proceso de gobierno un desgaste natural. Que por distintas razones, objetivas y subjetivas, se fuera volviendo insuficiente su imaginación, su capacidad de respuesta respecto de las demandas sociales crecientes y múltiples que iban surgiendo, motivaría que la gente, a través del voto, llamara a ese partido y a su gobierno, a cuentas.

Pienso que mucha gente está esperando precisamente eso, que se hagan las cuentas, que se aclare el pasado. Es muy difícil opinar sobre la conveniencia de que esto ocurra. Son temas muy ásperos, lo han sido en todos los países en donde se ha producido un cambio análogo a éste. Las sociedades y los nuevos gobiernos, los nuevos regímenes, se han topado con el problema de hasta dónde llegar, de si no es mejor hacer borrón y cuenta nueva para garantizar la estabilidad.

En México sucedieron cosas lamentables, aunque no tanto en el capítulo de los derechos humanos. Cierto que no tenemos un expediente pulquérrimo al respecto, pero tampoco se llevó a cabo en México un abuso excesivo y sistemático de los derechos humanos como en otros países latinoamericanos. En cambio, sí hay problemas acusados en las cuentas del pasado inmediato en relación con el enriquecimiento ilícito de funcionarios, con la prevaricación, y con prácticas corruptas muy generalizadas.

Cómo habrá que proceder es lo que se está discutiendo ahora en México. Hay muchos indicios de inquietud al respecto por parte de la opinión pública nacional. Y el gobierno mismo, el Presidente en particular, ha ofrecido que en breve se sometería el tema a escrutinio público. En México por desgracia no tenemos aún la figura del referéndum o del plebiscito, pero hay otros mecanismos como la encuesta que podrían ayudarnos a ver si la sociedad mexicana realmente quiere, y si es así cómo prefiere hacer sus cuentas con el pasado reciente. No en ánimo vindicativo, yo creo que haríamos muy mal, cualquiera haría muy mal, en intentar desangrarse, pero sí es importante saber qué errores se cometieron y quiénes los cometieron, con el ánimo de que se deslinden estas cuestiones, y sobre todo, con el ánimo de que este tipo de cosas no vuelva a ocurrir.

Es hora, por tanto, de revisar las cuentas, y es hora también de darle contenido al proyecto nacional. Yo creo, pero es una opinión muy personal, que en México numerosos individuos y grupos buscaron durante mucho tiempo la alternancia en cierta medida por la alternancia misma. Es decir, que para mucha gente lo importante no era proponer un proyecto muy bien delineado de país con el cual queríamos entrar en el siglo XXI, sino que lo importante era sacar al partido en el poder del poder mismo. Bueno, esto último ya ocurrió, y ahora distintos observadores empiezan a criticar la falta de un proyecto bien definido. No obstante, hay que mencionar que en días pasados se publicó un Plan Nacional de Desarrollo, que contiene muchas orientaciones útiles, y que yo les recomiendo consultar atendiendo a su curiosidad.

En todo caso, existe ahora toda una serie de elementos que constituyen una segunda etapa, la que sigue a la alternancia que ya se dio: la revisión de cuentas, el ponerse en paz con la memoria nacional de los últimos lustros y décadas, el convocar a la sociedad a darle contenido y dirección al país, la celebración de pactos como el que propone el Presidente de la República, y la distribución de responsabilidades en esta nueva etapa de nuestra democracia. Estos elementos bien mezclados, bien combinados, podrían dar lugar al cambio social efectivo. Dejo aquí las cosas y devuelvo la palabra al moderador. Muchas gracias.

La gobernabilidad democrática en el México post-priísta

Jaime Preciado Coronado
Investigador de la Universidad de Guadalajara

Introducción

Entre los conflictos que cuestionaron la gobernabilidad del país entre 1982 y 1995, se puede destacar: la virtual insolvencia del país para pagar la deuda externa en 1982, que originó la aplicación de ortodoxas políticas de ajuste estructural cuyo costo social ha sido incalculable; la escisión del PRI en 1987 y el fraude electoral en las elecciones presidenciales de 1988, que tuvieron un desenlace democratizador en las elecciones del 2 de julio de 2000, aunque todavía queda pendiente la democratización interna del PRI y la profundización en algunos rasgos democráticos del sistema político, particularmente en lo que respecta a la democracia participativa y a la reelección de algunos cargos; el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en enero de 1994, que dejaron sin resolver los acuerdos de San Andrés Larrainzar; los asesinatos de líderes políticos y religiosos en 1993 y 1994, que mostraron la incapacidad del sistema de procuración de justicia; y la crisis del peso en 1994-1995, que generó profundos problemas financieros, cuya resolución ha tenido dos lecturas diferentes: la oficial, que logró "posicionar" la solución mexicana del "efecto tequila" en los foros monetarios y financieros mundiales como una medida ejemplar, y la lectura crítica, que prevé la llegada de nuevas crisis financieras que repercutirán en el deterioro de la gobernabilidad democrática nacional y mundial.

En el análisis de los procesos de desarrollo, las ciencias sociales han dado origen a dos enfoques divergentes. En primer lugar, está aquello que se conoce como la governance theory, que es aplicada a los asuntos del "buen gobierno", bajo criterios eminentemente relacionados con la eficiencia administrativa de las políticas públicas en la escala nacional, o con el desempeño institucional en los asuntos relativos a la política económica y a la inserción nacional en el mercado global. Las escalas de actuación de este concepto van de la dimensión local hasta la supranacional y la gobernabilidad global, pero otorgando un peso decisivo a la dimensión del Estado nacional. En segundo lugar, el término "gobernabilidad democrática" ha venido adquiriendo un peso mayor en la discusión relacionada con las ciencias sociales en general. Si bien sus preocupaciones son similares a las de la teoría del governance, su propuesta metodológica supera los asuntos de dirección de gobierno e incorpora el tema de la participación ciudadana, de la llamada sociedad civil, de las redes de intereses estratégicos agrupados en instituciones o en flujos organizativos que apenas prefiguran instituciones, como es el caso de las Organizaciones Públicas No Gubernamentales (OPNGs).

Mientras que para la teoría del governance el flujo de las decisiones va de arriba hacia abajo, en el segundo caso se cuestionan esos mecanismos decisorios propios de la democracia procedimental o delegativa, a los que se contraponen formas deliberativas propias de un nuevo debate democrático. Las escalas de actuación del concepto de gobernabilidad democrática abarcan de lo global a lo local, sin despreciar las mediaciones que sigue articulando la dimensión nacional, aunque no adopta el enfoque estatocéntrico de la governance theory.

El cambio reciente de gobierno federal en México ofrece un buen laboratorio de observación sobre los alcances de esta gobernabilidad democrática, a partir de la propuesta de gobierno de Vicente Fox, pues los desafíos que enfrentará son mayúsculos: garantizar la transición política del régimen de partido de Estado a uno de corte democrático; acentuar la gobernabilidad apoyándose en la sociedad civil, sin renunciar a la creación de un sistema competitivo de partidos; redefinir la inserción mexicana en el contexto global sin modificar esencialmente los aspectos exitosos de la política económica de su antecesor; apostar por la creación de bienes públicos que sean capaces de modificar sustancialmente la pobreza y la indigencia; crear las condiciones para empezar a resolver las pesadas herencias autoritarias en torno a los conflictos más agudos: Chiapas, inseguridad pública, procuración de justicia y nuevas comisiones de la verdad (asesinatos políticos, represión del movimiento de 1968), lucha contra la corrupción, renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, redefinición de la agenda bilateral con Estados Unidos en materia de migrantes, petróleo, narcotráfico y "certificación" unilateral del vecino del norte, un nuevo emplazamiento de las estrategias integracionistas con la Unión Europea y con Latinoamérica.

En síntesis, se trata de crear confianza en las nuevas instituciones y perfilar un proyecto de futuro capaz de movilizar el respaldo popular al nuevo gobierno. ¿Se hará esto con base en un proyecto de gobernabilidad democrática?

El concepto de gobernabilidad democrática describe un fenómeno pluridimensional, y no existe, además, unanimidad metodológica entre los autores que abordan este enfoque. Hay desfase entre la teoría democrática que aborda el ejercicio de poder entre actores –incluyendo formas no institucionales de coordinación entre ellos-, y la discusión sobre gobernabilidad que analiza la estructura política de control, sobre todo gubernamental. Un enfoque que busca vincular democracia y gobernabilidad es el de Arbós y Giner (citados en Alcántara, 1994), quienes reconocen cuatro niveles en los que se mueve ese complejo proceso, los cuales pueden ayudar a identificar las dimensiones teóricas de esta gobernabilidad democrática.

El primer nivel se refiere al dilema entre legitimidad y eficacia del gobierno; una tensión que plantea la necesidad de incluir una cultura política plural y participativa, que transforme los mecanismos de decisión "de arriba hacia abajo" (top-down), que incorpore y concilie las iniciativas sociales "desde abajo" (bottom-up), como ingredientes básicos de la gobernabilidad democrática. En particular, se trata de evolucionar hacia formas de cultura participativa y de fomentar la pluralidad, a través de los tres instrumentos que propician formas directas de participación ciudadana: el plebiscito, la iniciativa popular y el referéndum, los cuales estén sustentados dentro de una tendencia a formular políticas de Estado, elaboradas por encima de los intereses partidarios, de tal forma que el interés social encuadre las políticas de gobierno que influyen en los fenómenos locales y en la dimensión nacional.

El segundo nivel propone una identificación realista de las presiones y demandas vis-à-vis el entorno gubernamental, lo cual supone una distribución de las responsabilidades, en términos de la relación Estado-sociedad. La capacidad institucional para el procesamiento del conflicto y la generación de consensos necesita un nuevo diseño institucional que integre la evaluación de las políticas públicas por parte de los actores involucrados, así como la rendición sistemática de cuentas. La condición para que la cooperación entre los actores sea horizontal es la implementación de metodologías participativas, que sean capaces de involucrar a los actores preocupados por la solución de sus propios problemas, y que lleven a los ciudadanos a saber exigir el cumplimiento de las obligaciones del Estado.

El tercer nivel que condiciona las cualidades de la gobernabilidad democrática, es la manera en que se dé la regulación para alcanzar acuerdos que lleven, a su vez, a establecer un pacto social consensuado. Mayntz (2000) identifica dos maneras de negociación: una manera se refiere a los acuerdos neocorporativos, que implican nuevas definiciones de los ámbitos público y privado, mediante políticas públicas, y la otra manera toca a los acuerdos basados sobre la autoregulación social, en los que no necesariamente participa el gobierno. En el primer caso, se busca una restructuración corporativa de la sociedad que garantice la capacidad de los actores institucionales (Coppedge, 1994), para concretizar un pacto social incluyente y participativo que supere el corporativismo tradicional. El cual representa un factor decisivo para cubrir el "déficit democrático" en el proyecto de gobernabilidad. En el segundo caso, la autoregulación social, enfatiza la capacidad y el deseo de los grupos para establecer determinados arreglos, pues ellos implican promover compromisos institucionales democráticos que confieran mayor peso relativo a los grupos de masas políticamente relevantes (sindicatos, OPNGs, partidos políticos...) por encima de grupos elitistas (empresarios, militares, iglesia...), pero que permitan la representación política efectiva de todos ellos, en un diseño institucional favorable a los arreglos institucionales.

Un cuarto nivel plantea que la gobernabilidad democrática está vinculada con los temas del desarrollo y muy particularmente con la expansión y el cambio tecnológicos, ya que éstos tienen repercusiones demográficas, ecológicas y sociales, las cuales han sido subestimadas en cuanto a las limitaciones y posibilidades que ofrecen para la democratización de las relaciones Estado-sociedad a partir del combate a la desigualdad, la recuperación del Estado social y la reasignación de responsabilidades en el marco del proceso de globalización. Aquí destacan las políticas de combate a la pobreza, la definición de políticas sociales incluyentes contra la crisis del Estado de bienestar, la revalorización de la planeación participativa y el reconocimiento de los cambios que genera la globalización en las formas de regulación social en las escalas local, nacional, supranacional y global. La ciudadanía y la gobernabilidad globales sintetizan los desafíos de nuevas formas de coordinación entre los actores sociales, estatales y del mercado, que pueden representar la interacción multi-escalas (local-nacional-supranacional-global) entre una amplia gama de actores pertenecientes a la sociedad civil organizada, al mundo de la empresa y, especialmente, a sectores sociales empobrecidos sin representación.

1. Dilema entre legitimidad y eficacia.

El gobierno de Fox enfrenta una crisis de legitimidad política, combinada con la imposición de la racionalidad de una eficacia macroeconómica exitosa:

• El régimen político autoritario del PRI creó un presidencialismo que subordinaba los poderes republicanos al partido de Estado, una cultura política de lealtades y compromisos clientelares que combinó el caciquismo en las regiones con la sumisión corporativa de los trabajadores urbanos, y promovió los arreglos institucionales cupulares de los gobiernos "emanados de la Revolución" con el empresariado y la jerarquía católica.
• La falta de sincronización entre la liberalización económica y unos indicadores internacionales de desempeño económico relativamente elevados, así como el creciente deterioro del empleo y del salario, produjeron la polarización en la concentración del ingreso, la exclusión social y un aumento galopante de la pobreza y de la miseria.

Frente al dilema crisis de legitimidad - eficacia macroeconómica, las propuestas foxistas apostaron por crear otras racionalidades que apelaran sobre todo a otros procesos políticos legitimadores; entre ellos destacan:

• La alternancia en la presidencia de la República como condición sine qua non de la transición política democrática. Esta consigna tuvo un papel destacado en la convocatoria amplia y plural al voto opositor, que fue decisivo para el triunfo foxista (Preciado, 2000).
• La tendencia a ocupar el centro político, haciendo concesiones hacia izquierda y derecha. Para construir las nuevas legitimidades, Fox necesita del potenciamiento del PAN, especialmente, de la corriente "neopanista" –ala empresarial católica conservadora- a la que pertenece, pero al mismo tiempo necesita del voto de la oposición de izquierda, con la cual tiene algunas coincidencias en torno a los asuntos pendientes de la reforma política y la cual le aporta un contrapeso en lo relativo a las demandas de equidad y justicia social.
• La ubicación de los empresarios como interlocutores privilegiados. Desde el lanzamiento de la pre-candidatura de Fox a la presidencia, sobresale el grupo llamado "Amigos de Fox", el cual logró organizar grupos en todo el país que reunieron, en torno de empresarios con protagonismo local, a unos dos millones de ciudadanos. Además, de los 20 funcionarios de primer nivel del gabinete, más de la mitad son empresarios cuyo mayor mérito es tener un currículum político en blanco, lo cual es coherente con las estrategias mercadotécnicas de la "calidad total" publicitadas por el gobierno foxista.
• Estrategias neocorporativas en el trato con el ejército, las burocracias sindicales y las jerarquías eclesiales. Sin terminar de conducirse en términos elitistas, el nuevo gobierno busca ganarse el aval y respaldo de las corporaciones que privilegió el régimen de partido de Estado anterior. Respecto al ejército, se han tratado de mantener las relaciones con un alto grado de institucionalidad, lo que ha reportado aceptación de la población y de los altos mandos de las Fuerzas Armadas, particularmente aceptación de las difíciles medidas implicadas en la desmilitarización del estado de Chiapas, para generar condiciones aceptables por el EZLN para la pacificación de la conflictiva región mexicana.
• La eficacia decisional en las políticas económica y social, exterior e interior, está sometida a una visión gerencial que se encuentra invadida por consignas mercadotécnicas como la "calidad total", aunque ello ha contribuido a un clima de mejor acercamiento entre tres elementos claves de la gobernabilidad democrática: buen gobierno, accountability y gestión del capital social (Feldman, 2000).

2. Capacidad institucional para el procesamiento del conflicto.

Otras pesadas herencias del autoritarismo se refieren a algunos conflictos que limitarán el nuevo proyecto de gobernabilidad; aquí destacan:

• Los conflictos asociados a la rendición de cuentas de los funcionarios del "antiguo régimen", pues la corrupción endémica en las prácticas públicas, con la complicidad de formas de corrupción privada, se ha combatido sólo de forma retórica.
• La inseguridad pública, cuya transformación demandaron los electores de manera insistente en las recientes elecciones presidenciales. El incremento de la delincuencia común y del crimen organizado asociado con el narcotráfico, la prostitución, el secuestro, el tráfico de armas y de órganos humanos, entre los principales, ha vulnerado el Estado de derecho y ha mostrado la falta de profesionalidad de la policía.
• La frágil situación de los derechos humanos, tanto en lo que respecta a derechos individuales y colectivos como en lo que se refiere a derechos de la llamada tercera generación, que aseguran el derecho a la diferencia étnica y cultural.
• Si entendemos por conflictividad (CEPCOM, 1999) "la presencia de movilizaciones, manifestaciones o confrontaciones dirigidas directa o indirectamente contra políticas, decisiones o actos del gobierno federal por parte de grupos o sectores específicos de la sociedad", encontramos que los movimientos sociales -obrero, campesino, urbano, popular, estudiantil y guerrillero-, se encuentran focalizados y sin formas de coordinación nacional que los articulen entre sí.

Entre las apuestas del gobierno foxista para manejar institucionalmente el conflicto, se pueden destacar:

• El encargo de las tareas de concertación política y formulación de consensos en el gabinete del ejecutivo a destacados políticos, que representan tradiciones democratizadoras: Santiago Creel, en la Secretaría de Gobernación, ex diputado federal y ex consejero del Instituto Federal Electoral; Luis H. Álvarez, ex candidato a la presidencia del país y experimentado dirigente del PAN, es el Comisionado para Chiapas; Francisco Barrio, ex gobernador de Chihuahua, en la Secretaría de la Contraloría, tendrá a su cargo los asuntos de prevención de la corrupción; Rodolfo Elizondo, dirigente del PAN, tiene a su cargo una oficina adjunta a la Presidencia de la República, que procurará nexos participativos y diálogo con la sociedad civil; Adolfo Aguilar Zinzer, ex diputado y ex senador, en una oficina también adjunta a la Presidencia se dedica al proyecto inter-institucional de Seguridad Nacional.
• Un nuevo diseño institucional para el manejo de los conflictos ligados con la inseguridad y la procuración de justicia (Moloeznik, 2001). La creación de la Secretaría de Seguridad y Servicios a la Justicia y de la Fiscalía General de la Federación, en sustitución de la Procuraduría General de la República (PGR); institución que tendrá plena autonomía respecto del ejecutivo, y que asumirá las funciones acusatorias del orden jurídico, teniendo bajo su control a una Agencia Federal de Investigación, que reemplazaría a la Policía Judicial Federal.
• Con el nombramiento de Jorge G. Castañeda, intelectual de izquierda, al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el gobierno de Fox apuesta por una actualización de la política exterior mexicana (Preciado y Hernández, 2001), en los polémicos temas relativos a la gobernabilidad global, el derecho de "ingerencia humanitaria" en la promoción de la democracia y los derechos humanos.
• Los gobiernos panistas han mostrado dificultades para lidiar con los conflictos relacionados con asuntos de género, manejo de las diferencias culturales y respeto a la libertad de creación. Hay sólo cuatro mujeres en el gabinete legal, que lo forman 21 personas; a diferencia del equipo de trabajo del nuevo gobernador del Distrito Federal, en el que la mayoría del gabinete son mujeres.

3. Regulaciones para alcanzar acuerdos que lleven a un pacto social consensuado.

Hay tres aspectos que influyen decisivamente en la viabilidad de un pacto social consensuado: la cohesión de la clase política, la confianza y autoconfianza en las políticas públicas del gobierno y la capacidad de actuación y de generación de iniciativas por parte de la sociedad civil. De aquí se derivan tres consecuencias: el sistema de partidos como instancia intermediaria privilegiada entre sociedad y gobierno; la capacidad reguladora del Estado frente a los intereses individuales y corporativos –que se ha visto, sin embargo, deteriorada por el discurso avasallador del pensamiento único y del Estado mínimo-, y la capacidad de influencia de las formas de autoregulación social sobre el Estado y el gobierno. Estas consecuencias aparecen en la herencia de la "gobernabilidad" autoritaria:

• Falta de cohesión de la clase política, la cual se expresa en un débil sistema de partidos.
• Déficit de cohesión política en torno a una supuesta reforma del Estado, que se acotó al ámbito político-electoral.
• La emergencia de la sociedad civil fue decisiva en la profundización de la reforma político-electoral, único logro en materia de reformas institucionales de amplio alcance, pues las organizaciones civiles influyeron en la "ciudadanización" definitiva de las autoridades electorales, e introdujeron en la conciencia ciudadana la necesidad de establecer pactos, o arreglos institucionales, que favorecieran la transición política democrática estructurada y pacífica en el país.

La vulnerabilidad del proyecto de gobernabilidad democrática foxista, se debe a la incapacidad para construir consensos en torno a un nuevo pacto social favorable a la reforma del Estado democrática. Algunas de las razones son:

• Debilidad del sistema de partidos y falta de acuerdos parlamentarios, que aumentan las dificultades para gobernar con el ejecutivo y legislativo divididos, producto de las votaciones del 2 de julio pasado.
• Inexperiencia del PAN en las negociaciones con grupos intermedios de la sociedad, tanto en lo que se refiere a la definición de estrategias neocorporativas, como en lo que respecta a las formas de conciliación de las múltiples formas de autoregulación social que se impulsan desde la sociedad civil.
• Minusvalorización del proyecto de reforma del Estado y reforma constitucional, como elementos centrales de la transición política, pues es probable que la cultura partidaria subordine la reforma a las necesidades programáticas de los partidos y no a políticas de Estado.

4. Las agendas del desarrollo, la innovación tecnológica y sus repercusiones sobre la gobernabilidad democrática.

El autoritarismo priísta deja como herencia una creciente desigualdad social, económica, sectorial y regional, un alejamiento del modelo de desarrollo autosustentable al otorgarle al mercado la asignación total de los recursos, un deterioro en espiral del Estado social al debilitar toda forma de regulación y planeación del desarrollo, y una estrategia de inserción en el mercado mundial caracterizada por la apertura unilateral, sin selectividad alguna y sin negociaciones que lleven al establecimiento de reciprocidades y reasignación de responsabilidades en el marco del proceso de globalización. En este escenario, las agendas del desarrollo que condicionan el proyecto de gobernabilidad democrática se pueden sintetizar en:

• Integración comercial ortodoxa en el marco de la ideología del libre comercio, con predominio creciente de relaciones económicas con Estados Unidos, lo cual sujeta la gobernabilidad mexicana a la percepción de su influencia en la seguridad nacional de los vecinos del norte.
• La falta de cohesión del Estado nacional mexicano se debe al "déficit federalista", que no logró articular las regiones en un solo país, lo cual profundizó las diferencias entre regiones ganadoras y perdedoras. El conflicto chiapaneco y la presencia de grupos guerrilleros en una decena de estados del país, testifican que el par pobreza - violencia obstaculiza y cuestiona las reformas democráticas.
• Una desigual presencia de los partidos políticos en los gobiernos locales y en las regiones del país, dificultará los planes y estrategias nacionales que se plantee el nuevo gobierno.
• La pobreza y la desigualdad social cuestionan de fondo los temas del desarrollo ligados con la gobernabilidad.
• Hay una doble limitación que impone el "modelo de desarrollo" heredado. El privilegio al capital especulativo sobre el productivo, aunado a la llamada "terciarización" de nuestras sociedades, vulnera las capacidades internas para producir empleo, mejorar el salario y fortalecer el mercado interno. De igual manera, la ausencia de una política industrial y el papel protagonista de las maquiladoras en la economía nacional y en algunas regiones mexicanas, ha impedido que se integren cadenas productivas y que se creen empleos estables y bien remunerados. El abandono del campo y la precarización de las ciudades genera nuevos problemas para acceder a la gobernabilidad democrática.
• Amenazas al desarrollo autosustentable, conspiran contra la gobernabilidad democrática: la subordinación de la biodiversidad a los imperativos de las trasnacionales; el sometimiento de la "cláusula verde" –que junto con la "cláusula azul", se impuso en los Acuerdos Paralelos que llevaron a la aprobación final del TLCAN en 1994- a la productividad y a una inserción inmediatista en el mercado mundial en las negociaciones comerciales; los débiles controles del impacto ambiental del modelo de desarrollo; una política energética favorecedora del uso de recursos naturales -sobre todo los no renovables- bajo la sola racionalidad del mercado; el desdén de las industrias energéticas paraestatales hacia el desarrollo de las regiones donde se implantan; una alta vulnerabilidad del espacio social frente a los desastres naturales y los riesgos industriales; la ausencia de cálculos sobre los beneficios del desarrollo considerando los costos ambientales, particularmente de la contaminación de aguas, suelos y aire.
• La llamada "brecha digital" en México, aunada al débil presupuesto federal destinado a la Investigación y Desarrollo, se constituyen en rezagos del país en el campo de la innovación tecnológica.

Se puede sintetizar que la apuesta foxista en cuanto a gobernabilidad y temas del desarrollo se concibe en el marco de la reforma gerencial -managerial reform-, que se fundamenta en la creación de capital humano –desde una perspectiva individualista al estilo self-made man- y concomitantemente en la generación de desarrollo humano. Esta reforma es parte de estrategias inspiradas en el consenso post-Washington, que plantea un marco flexible de las políticas monetaristas con tal de asegurar estabilidad macroeconómica, lo cual supone nuevos atributos de la sociedad, mediante su activa participación en las decisiones políticas y en el control del sistema de rendición de cuentas, con un buen, honesto y eficaz gobierno. Estamos en el corazón de la teoría del governance: formación de capital social (o humano), más accountability social, más buen gobierno, igual a democracia. Pero estamos aún lejos de la gobernabilidad democrática, aunque algunos de sus rasgos se empiezan a dibujar en el gobierno foxista.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

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STREECK, Wolfgang y SCHMITTER, Philippe (1985) (eds.), Private Interest Government. Beyond Market and State, London, Sage.

Gobernabilidad y participación ciudadana. Sociedad civil y gobierno panista

María Isabel Blanco Velasco
Investigadora de la Universidad de Guadalajara

1. Gobernabilidad y participación de la sociedad civil

El interés por la gobernabilidad se inició en México con los primeros gobiernos de alternancia (2), y se acentuó notablemente tras la victoria de Fox en las elecciones del 2 de julio de 2000. Antes, el debate público giraba en torno a la democracia como forma de gobierno; en concreto, acerca de si existía más o menos democracia. Después del 2 de julio comenzó a discutirse sobre la manera de gobernar: si reflejaba ésta otro tipo de gobernabilidad o si se repetían los viejos mecanismos aunque con diferente envoltura (3).

Para el análisis de la gobernabilidad, Asís (4) destaca la importancia de contar con unos parámetros a modo de guía. El autor propone la perspectiva de Tomassini (5), que organiza el problema en base a tres círculos concéntricos:

• El primero se refiere a "la eficiencia, la predecibilidad, la honestidad, la transparencia y la responsabilidad del sector económico del gobierno (...) la capacidad del gobierno para aplicar las políticas económicas, administrar el presupuesto y ejecutar proyectos de inversión" (6).
• El segundo tiene que ver con el manejo de la sociedad, el "mantenimiento del Estado de derecho, la juridicidad de las actuaciones públicas, la elección del régimen político, el gobierno interior, la función legislativa, la administración de justicia, la administración urbana, la gestión de los intereses regionales y locales, la seguridad ciudadana, y el control del terrorismo" (7) (para el caso de México podría traducirse como crimen organizado, nos sugiere Asís (8)).
• El tercero trata de la relación del Estado con la sociedad, de manera que sea factible contar con un consenso para gobernar de forma legítima, estable y eficiente. "Supone un amplio diálogo entre el gobierno, el sector privado, el mercado, la sociedad civil y las comunidades locales. Ello incluye el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil creadas para manejar asuntos de interés público, directamente o en asociación con el gobierno (...) la práctica del gradualismo, la negociación y la convergencia" (9).

Este tercer espacio del concepto de gobernabilidad, el de la relación del Estado con la sociedad, será el objeto de mi presentación. Hablaré de la gobernabilidad en la alternancia desde la perspectiva de la relación del Estado con algunas organizaciones de la sociedad, tomando en cuenta que se trata de una sociedad sumamente compleja, socialmente heterogénea y políticamente plural (10). Hay que decir que la sociedad civil sigue una "política de la influencia, es decir, de presión indirecta sobre el sistema político, que se ejerce apelando a la crítica, a la movilización y al convencimiento" (11). Los movimientos sociales, las asociaciones civiles, los grupos informales y los individuos influyentes en la opinión pública, fundamentalmente buscan el reconocimiento, es decir, la aceptación pública y la eventual institucionalización de sus demandas (12); especialmente las organizaciones cívicas y los movimientos prodemocráticos, cuyos objetivos y acciones se consideran de interés público. Uno de sus objetivos es incidir en las políticas públicas, a través de propuestas y de reuniones de discusión con grupos y redes de organizaciones, sobre puntos concretos de programas de política social. La sociedad civil reclama participar en el debate público sobre propuestas de programas sociales y apertura de espacios institucionales.

Los intentos de las organizaciones sociales por influir en las políticas gubernamentales no son nuevos. Hace unos cuantos años que estos intentos se han hecho más sistemáticos. Las acciones de protesta configuraron una parte importante de la vida de las organizaciones civiles en México y en América Latina. En los ochenta se formaron las grandes coordinadoras (13) y frentes sectoriales (CNPA campesino, CONAMUP urbano-popular, CNTE maestros, COSINA sindical, entre otros) de corte clasista. Operaron principalmente como gestoras de demandas reivindicativas (14). Estas luchas de los sectores populares que habían sido centrales, perdieron eficacia política y simbólica en la mitad de los ochenta y especialmente en los noventa (15). Entonces, una parte del descontento social va a canalizarse hacia la arena electoral, con grandes movilizaciones en torno a los partidos de oposición. Una parte de las ONGs no se incorpora a esta fase política partidaria y decide mantener autonomía del Estado y de los partidos. Un grupo de organizaciones se articularon en el marco de los derechos humanos y políticos; esto dotó de identidad al movimiento ciudadano y los situó como actores, no neutrales pero sí imparciales, comprometidos con la democracia (16). Estos movimientos sociales los llama Olvera pro-democráticos (17). La nueva tendencia a partir de los noventa es la formación de redes (18) temáticas, nacionales, de organizaciones pluriclasistas e intersectoriales. Existen organizaciones participantes de redes que están poniendo el acento en la búsqueda de una mayor incidencia en las decisiones sobre políticas sociales, a través de la elaboración de propuestas alternativas (19) que procuren contribuir al bienestar social, combatan la pobreza o, como definieron en una reunión reciente, se comprometan "con el desarrollo social justo y equitativo" (20).

En la alternancia política lograda en 2000, es importante reconocer la contribución de estas organizaciones, mediante acciones en los últimos años tales como: la vigilancia electoral, la lucha por el respeto al voto, la capacitación, o la información y concienciación de grupos rurales y urbanos en diferentes regiones del país.

En la coyuntura electoral de 2000, diversas organizaciones se propusieron discutir con el objetivo de "construir consensos sobre problemas y oportunidades de la relación sociedad civil-gobierno en diferentes contextos políticos, para aportar una agenda común nacional y diferenciada de las Organizaciones Civiles hacia el 2000" (21), entendido como año electoral. Se trabaja por formular agendas ciudadanas para comprometer a los candidatos en los aspectos sociales, económicos y políticos de la transición democrática. Estos aspectos se encuentran sintetizados en los planteamientos de Poder Ciudadano.

Desde la coyuntura electoral hasta el momento actual ha habido diferencias en el seno de las organizaciones civiles en torno a la posición que debían asumir frente a la candidatura, y ahora frente al nuevo gobierno, de Fox.

Mientras unos destacan las oportunidades que se abrieron en la alternancia y que hay que saber aprovechar (Alianza Cívica, Causa Ciudadana), otros resaltan las amenazas que se deben enfrentar (Movimiento Ciudadano por la Democracia, Red Todos los Derechos para Todos, Centro Agustín Pro).

Dentro de la discusión, un grupo significativo de miembros de organizaciones y redes coincide en considerar como oportunidades las siguientes (22):

• Es posible avanzar en la lucha contra la corrupción.
• El escenario es favorable para la incidencia y la interlocución de las organizaciones civiles.
• Posibilidades para nuevos liderazgos de la sociedad civil y para que ésta se fortalezca como actor público.
• Apertura de espacios de participación en el nuevo gobierno.

Por otro lado, señalan las siguientes amenazas:

• Riesgo de derechización y radicalización de ciertos grupos.
• Riesgo de continuismo, sobre todo en lo económico y en lo social.
• Posibilidades de ingobernabilidad producto de la polarización social, conflictos entre los partidos y dentro del gobierno.
• Que la sociedad civil no aproveche el espacio, que se polarice y se fraccione.
• Caudillismo presidencial.
• Cierre de espacios y apropiación de la sociedad civil (nuevo corporativismo de Estado)
• Parálisis en el congreso, producto de la polarización de intereses.
• Crisis de la izquierda como proyecto alternativo. (23)

En este momento un número importante de cuadros de ONGs se ha incorporado a las instituciones federales con el presidente Fox, y a las instituciones de los gobiernos estatales, como en el D.F. con el PRD y en Chiapas con la alianza de varios partidos, entre ellos PRD y PAN, o como en Veracruz. En Jalisco al menos hay un cuadro que trabajaba en Alianza Cívica y que se acaba de incorporar a un puesto que atenderá la relación con organizaciones sociales. El caso de los Consejos Electorales estatales y distritales a los que se han incorporado antiguos miembros de Alianza Cívica y otras organizaciones sociales, ilustraría esta tendencia. Este fenómeno es nombrado por Núñez, un profesional, académico y líder social (24) como "el vaciamiento de las organizaciones de la sociedad civil"; los cuadros mejor preparados se pasan al lado del gobierno y se presenta un debilitamiento de las organizaciones que les impide ser un contrapeso; este problema no es nuevo en América Latina, afirma Núñez, ya se había presentado en Chile, pero es difícil aprender de la experiencia ajena. En México se han presentado varios casos. En tiempos de Miguel De La Madrid (1982-88) encontramos un ejemplo, entre otros, de antecedente de colaboración de un cuadro con experiencia en una ONG de vivienda: el arquitecto Enrique Ortiz, que dirigió FONAPO (Institución de fomento a la vivienda popular), en la que implementó a través de proyectos colectivos de autogestión y construcción de vivienda, su savoir faire. Pero en esta coyuntura el fenómeno adquiere dimensiones colectivas. Ramírez Sáiz afirma que la transferencia de dirigentes de las organizaciones al gobierno repercute fuertemente en la afirmación autónoma y en el avance de la sociedad civil ante la sociedad política (25). La problemática motivó importantes reuniones de los miembros de organizaciones y de redes en el D.F. para discutir las "fuerzas, debilidades y retos que implica la salida de varios participantes de estos organismos" (26).

Intentaré dar a conocer cómo se está viviendo esa nueva relación en nuestra reciente alternancia, tomando como ejemplos dos casos en el ámbito nacional y uno a nivel del estado de Jalisco.

2. Mesa de diálogo entre las organizaciones de la sociedad civil y el equipo de transición (27)

Los equipos de transición de las áreas social y política convocaron a las organizaciones de la sociedad civil a un diálogo para elaborar conjuntamente la agenda relativa al fortalecimiento institucional de estas organizaciones.

Cuatrocientas organizaciones respondieron a este llamado. Se integraron 20 mesas de trabajo. Se estableció una Secretaría Técnica a cargo del Centro Mexicano para la Filantropía con el apoyo de la fundación Ford para facilitar este proceso de diálogo. Esta Secretaría brindó apoyo metodológico y ofreció apoyo logístico y de coordinación de las distintas mesas, y de éstas con el equipo de transición. Con estos apoyos y con la participación de las organizaciones que asumieron la coordinación de las mesas, se sortearon los obstáculos propios de estos procesos y se lograron resultados en tres intensos meses de trabajo.

En esta experiencia es importante destacar la amplia respuesta obtenida, pues se reunieron 400 organizaciones de diferentes tipos, alumnos y catedráticos de 20 universidades y cinco agrupaciones políticas, y entre todos actuaron para lograr un documento final de trabajo.

Entre otras propuestas destacan:

• Establecer un marco legal para su reconocimiento y regulación: la "Ley de Fomento a las Actividades de Desarrollo Social de las Organizaciones Civiles". Esta ley fue elaborada y consensuada por las mismas organizaciones fruto de 8 años de trabajo; fue presentada a la Cámara de Diputados y se ha mandado a la congeladora en dos ocasiones después de estar a punto de ser aprobada. Esta ley contempla el reconocimiento como entidades de interés público de las asociaciones de ciudadanos que trabajan en beneficio de terceros, y recoge derechos y obligaciones, procedimientos simplificados y transparentes, un registro nacional y una autoridad responsable de su ejecución.
• Crear fondos y mecanismos financieros que apoyen las iniciativas de bienestar social y desarrollo de las organizaciones.
• Diseñar mecanismos e instrumentos para la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la política pública. Existen mecanismos pero han sido insuficientes y han estado sujetos a la discrecionalidad de los funcionarios públicos y legisladores.
• Apoyo a la comunicación social en los temas de democracia y sociedad civil (publicaciones, radio y televisión comunitaria).
• Fomento de la educación cívica y la participación ciudadana (cambio en cultura sobre relaciones gobierno-sociedad, del paternalismo a corresponsabilidad).

El solo hecho de que se hayan reunido para discutir cómo se podría apoyar la participación de las ONGs desde el gobierno, es relevante. Que estas organizaciones hayan especificado en qué áreas les interesa participar y cómo podrían intervenir; que hayan conocido e identificado otras organizaciones con objetivos similares o diferentes pero muchas veces complementarios; el haber logrado propuestas discutidas y consensuadas por sectores y por temáticas, constituye un avance y un reto para ambas partes. Para el gobierno, ¿será una consulta más que no trascenderá? Y para las organizaciones, ¿podrán aprovechar la puerta que se abrió para incidir en las decisiones de las políticas públicas?

3. Seminario sobre los retos de las organizaciones civiles en el sexenio de Vicente Fox

El 25 y 26 de junio de 2001 un grupo de organizaciones (28) conjuntamente con el Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) convocaron a líderes sociales con amplia trayectoria en organizaciones sociales para discutir el papel de estas organizaciones frente al gobierno foxista.

Como fruto de las discusiones de esta reunión elaboraron una Síntesis General (29), en cuyas consideraciones fundamentales se definen como: "organizaciones de la sociedad civil comprometidas con el desarrollo social justo y equitativo, preocupadas por la superación de las causas de la pobreza (y no sólo del enfrentamiento de sus consecuencias), orientadas a la exigibilidad y ejercicio de derechos". Y dicen: "...nos sentimos abiertos al debate, a la revisión de nuestros presupuestos y estrategias, a la flexibilidad en nuestras búsquedas y propuestas". Perciben la alternancia política como un paso en la democratización del país sin perder de vista que la tarea a mediano y largo plazo es la superación del régimen autoritario y la construcción de un régimen democrático.

En cuanto al contexto histórico plantean lo siguiente: en este ... "momento nuevo e inédito para el país" ... "nos reconocemos marcados por la perplejidad y la incertidumbre y vemos la necesidad de ser creativos y audaces en la construcción de nuevos enfoques y lógicas de articulación y acción". Señalan que dentro de estos enfoques "nos ayudaría la ‘mirada de la coalición’ que reconoce la riqueza de la diversidad, de la variedad de iniciativas y alternativas en construcción". Definen su rol político como "la construcción de civilidad", es decir, "ambientes de diálogo y construcción de consensos", y de "ciudadanía" como "sujetos con capacidad de propuesta y exigibilidad". Continúan explicando: ... "percibimos que nuestro aporte en este momento es favorecer la construcción de puentes entre diversos sectores para encaminar energías hacia objetivos comunes". Y claramente señalan: "debemos contribuir a la superación de las lógicas de polarización que sólo favorecen al debilitamiento de la democracia hasta ahora construida. Por ello nos reconocemos con una alta responsabilidad para ser factores de la resolución pacífica de los conflictos y para seguir luchando por la paz con justicia y dignidad."

En lo referente a la construcción y consistencia de las organizaciones señalan como un reto el "reconocer, sistematizar y difundir los procesos sociales y de desarrollo en los que hemos colaborado y desde los que hemos generado conocimientos pertinentes: construcción de redes, experiencias locales, metodologías educativas, gobiernos locales". Propoponen continuar la reflexión con el fin de "fortalecer nuestra sostenibilidad institucional que implica aspectos financieros, organizativos y éticos y políticos". Y aseguran que "debemos asumir una nueva cultura de apertura a otros sectores de la sociedad, de rendición de cuentas y transparencia y de presencia ante la opinión pública".

Respecto a la formación de nuevos liderazgos de las organizaciones, destacan el Diplomado de Convergencia y CEAAL, las iniciativas del ITESO en Jalisco y el proyecto de construir un sistema Nacional de profesionalización de las organizaciones civiles en INDESOL.

Acerca de las alianzas con otros sectores de la sociedad plantean que "se están dando diversos procesos de articulación de redes nacionales de organizaciones civiles, generación de espacios de debate y confluencia, el diálogo en torno a un pacto social promovido por la Unión Nacional de Trabajadores, la solidaridad hacia los Pueblos Indígenas expresada en la lucha por una reforma constitucional que exprese plenamente los derechos de estos pueblos".

A nivel estatal sugieren que "hay que reconocer y valorar" ... "los procesos de construcción de alianzas entre diversos actores (empresarios, gobiernos, organizaciones civiles, movimientos sociales, organizaciones de base)". "La experiencia de Poder Ciudadano en Jalisco y otras experiencias deben ser difundidas y analizadas".

"Reconocemos que este aspecto de abrirnos a nuevas alianzas nos ayudará a tener visiones más amplias del proceso de democratización y a generar también una fuerza social necesaria para lograr cambios sustantivos en las orientaciones de las políticas nacionales".

En cuanto a la relación con el gobierno federal, afirman: "reiteramos los principios y valores en que se sustenta esta relación: autonomía, crítica, independencia, diálogo y corresponsabilidad".

En el campo de la política social "hay un abanico amplio de posibilidades que se están construyendo en las que podemos asumir un rol proactivo y facilitador de sinergias: los proyectos de coinversión, los consejos ciudadanos, o la vigilancia del uso de los recursos, entre otros". Especialmente "el acceso a recursos públicos por parte de las organizaciones, tanto como ejercicio de un derecho y expresión de corresponsabilidad, como en la construcción de procedimientos que faciliten la eficiencia, la rendición de cuentas y la transparencia. El acceso a recursos públicos no implica la privatización de éstos sino su mejor proyección en la atención a las necesidades sociales".

Señalan como un obstáculo a superar la "normatividad rígida y complicada que inhibe las posibilidades de la corresponsabilidad y la eficacia de las políticas sociales". En este sentido se ubica "la lucha por la aprobación de la Ley de Fomento a las Actividades de Desarrollo Social de las Organizaciones Civiles, a nivel federal. Complementariamente se deberá seguir insistiendo en la elaboración de una Ley de Desarrollo Social y en una Ley de Participación Ciudadana en el ámbito federal".

Manifiestan su preocupación por "pensar la política social articulada a la política económica. Es necesario analizar las políticas económicas en sus efectos distributivos y por ende colocarles objetivos sociales a esas políticas". Por esta razón es indispensable participar en el "debate sobre las orientaciones de los presupuestos públicos (Congreso, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Desarrollo Económico)".

Señalan la importancia de incluir en la reforma del Estado, "la democratización de los medios de comunicación" para "la construcción de una opinión pública informada y comprometida con el bien público".

Destacan el "alto potencial" que existe en México para "la construcción de la democracia y de modelos de desarrollo integrales desde los gobiernos locales". Muchos de los puntos pensados en relación con el gobierno federal tienen como finalidad pugnar por "una real descentralización y avanzar hacia un federalismo democrático que fortalezca las capacidades de las comunidades y gobiernos locales".

Para las organizaciones civiles esto requiere "dar prioridad durante estos años al diálogo activo con los procesos que se están generando en los estados". Plantean la necesidad de "generar dinámicas de interlocución de apoyo mutuo que permitan por un lado responder a las especificidades estatales y por otro, a la construcción de agendas nacionales". Para contribuir a este proceso se proponen realizar "foros regionales" durante julio y agosto para preparar "el foro nacional" que planean llevar a cabo en septiembre de 2001 (30).

En resumen, las organizaciones manifiestan su interés por "definir políticas de Estado (superar la tentación de quedarse en los programas inmediatistas y espectaculares que tienen como fin último ganar simpatías entre la población para fines electorales)". En el entendido de que "estas políticas económicas, sociales y políticas de Estado deben contribuir a la construcción de ciudadanía y reconstrucción del tejido social comunitario y societal" (31).

4. El llamado Pacto Ético Político

Cada vez más se ha presentado el caso de organizaciones civiles que, al margen de los partidos, quieren intervenir y muchas veces trascender los procesos electorales. En la coyuntura de las elecciones locales de noviembre del año 2000, grupos cívicos propusieron a gobernantes (estatales y municipales), a partidos, a candidatos, a autoridades electorales, al magisterio y a medios de comunicación la firma de un pacto ético político por la dignificación de la política y del gobierno en Jalisco.

Guiados por la convicción de que para consolidar una democracia no basta con educar a los ciudadanos para que comprendan los mecanismos y procedimientos institucionales de la democracia sino que hay que intentar fomentar en los ciudadanos y en los actores políticos un código de valores democráticos. El realismo político, aseguran, puede salvaguardar lo formal de la democracia pero no su médula. Por eso proponen un cambio de paradigma y defienden la difícil tarea de que la política se desarrolle éticamente. Responden que la garantía del vigilante colectivo es precisamente la pluralidad, que instituye una vigilancia interna de acuerdo con lo propuesto para que no haya intereses ocultos (32).

Los convocantes del Pacto Ético Político estaban compuestos por un 20% de empresarios (en donde se encontraban todos los organismos empresariales de mayor relevancia), por un 5% de sectores de iglesias (estaban el cardenal, dos obispos y el responsable de la comunidad judía), un 20% de académicos de las principales universidades (entre ellos había rectores y profesores investigadores con prestigio en la región), un 9% de artistas, un 6% de comunicadores, un 20% de organismos no gubernamentales (entre los que se contaban los más activos de Guadalajara y de las diversas regiones de la entidad), y un 20% de personas que no pertenecían a las anteriores instituciones. Se hizo esta convocatoria porque en el proceso federal había reinado el marketing político y una campaña no de propuestas sino de escándalo. Se proponía a los candidatos y partidos no sólo acatar la ley sino impedir la compra y la coacción del voto y llevar una campaña de discusión de propuestas. A los medios de comunicación se les instaba a que respondieran a la objetividad y a la equidad. Y a los gobernantes a ser transparentes en la utilización de los recursos públicos, a informar a los ciudadanos, y a abrir cauces de participación ciudadana en la toma de decisiones. El núcleo que inició esta idea dio dos pasos: primero conformar un amplio grupo convocante; después emplazar a los convocados. Fue tan plural y representativa la convocatoria que los principales actores políticos tuvieron que responder. Firmaron el pacto el PAN, el PRI, el PRD y seis de los demás partidos. Sólo dos partidos (con escasa inserción social) no lo hicieron. Las autoridades electorales alabaron ese pacto, pero no quisieron firmarlo aduciendo que estaban por encima de la gente. Esta actitud les reportó críticas de partidos y de ciudadanos. El gobernador aceptaba que se dignificara la política, pero sentía que era un tanto injusto que se dijera que se dignificara el gobierno. Mandó una carta a los convocantes en donde apoyaba la iniciativa y aclaraba que la norma de su gobierno era precisamente cumplir con una política digna. Dos de los más importantes medios de comunicación escritos lo firmaron.

En el mes de marzo de 2001, después de que el gobernador electo fue ratificado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y asumió el poder, el grupo promotor del Pacto presentó a la opinión pública una evaluación del proceso electoral (33). En él señalan tres tipos de problemas: previos a la jornada, durante la jornada electoral y posteriores a ella.

En los problemas previos señalan, entre otros, el rechazo de listas de candidatos a diputados plurinominales del partido verde (PVEM), del auténtico de la revolución (PARM) y del socialista (PSN) por parte del Consejo Estatal Electoral de Jalisco (CEEJ) por no cumplir con los requisitos legales. Está decisión fue revocada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado (TEPJE) y se repusieron las listas con substituciones. El entonces gobernador Alberto Cárdenas anunció que retiraría, durante el periodo electoral, la propaganda oficial sobre las obras públicas del gobierno estatal, como lo había hecho tres años antes, en las elecciones locales. Lo anterior con la intención de no favorecer al partido en el gobierno, es decir, a su partido. Pidió a los ayuntamientos que hicieran lo mismo y exhortó a los diputados que estuvieran en campaña a que hicieran ésta sin ocupar su curul y sin cobrar en el Congreso. El PAN no aceptó que los ayuntamientos lo hicieran y los diputados, amparados en la ley, tampoco atendieron esta solicitud. Aparecieron panfletos anónimos en contra del PAN y del PRI. El PAN se negó a debatir con los demás partidos. El PRI quería debatir con el PAN pero no con los otros partidos.

Problemas durante la jornada electoral: 18 escuelas señaladas como casillas electorales amanecieron cerradas con cadenas y con papel apócrifo del CEEJ. Denuncias de acarreo y proselitismo del PRI en 5 poblaciones rurales. Las impugnaciones fueron menores a las de los comicios locales de 1997 y 1995. Los candidatos del PRI y del PAN, sin bases legales, se declararon ganadores.

Problemas posteriores a la jornada electoral. Aquí la lista se alarga a 13 puntos. Al darse cuenta el PRI que la elección para gobernador había sido muy competida optó por la estrategia de intentar anularla a través de impugnaciones y acusaciones en contra de las autoridades electorales. El juicio de inconformidad interpuesto por el PRI ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial "demuestra mala fe". Las causalidades alegadas son errores de llenado en las actas, cambios de lugar o de nombres. Por razones puramente formales se anularon el 3.8 % de los votos. El PRI se dedicó a hacer una intensa propaganda pidiendo que se anularan las elecciones como en Tabasco. Esta campaña estuvo basada en medias verdades, datos inexactos y supuestos falsos. La mayor falta a la verdad fue decir que había ganado la elección cuando real y legalmente se comprobaba que no había sido así. Había habido engaño por parte del PRI para sacar ventaja. El ciudadano repudia ser engañado. Los políticos y lo medios de comunicación no pueden estar por encima de la moral.

Terminan afirmando que los convocantes a la firma del Pacto seguirán con atención la conducta del Ejecutivo, de los legisladores, y de los dirigentes de los partidos, ya que un capítulo del pacto se refiere a la gobernabilidad democrática.

Este pacto, el primero de esa naturaleza que se hacía en el país, realizado el 4 de octubre de 2000, fue valorado por autoridades electorales federales. Se trató de un acto simbólico en el que se pudo apreciar la fuerza de organismos de la sociedad civil que emplazaban a partidos, candidatos, gobernantes y medios de comunicación a responder a demandas ciudadanas que trascendían el marco legal en aras de buscar una democratización más amplia y profunda (34).

De acuerdo con Alonso, estos vigilantes de nuevo tipo surgen de acciones convergentes. Esas convergencias incluyen a ese conjunto de sujetos plurales que van coincidiendo, que van construyendo identidades puntuales, que tratan de lograr una meta común. A través de nexos y redes particulares se articula y se teje un sujeto social general. Se evita la desintegración propia de lo espontáneo, y se innovan formas de organización y de contacto que posibilitan la acción (35).

5. Retos en la relación sociedad civil y gobierno: entre la resistencia y la participación

Se ha presentado repetidamente una actitud de desconfianza de parte de funcionarios hacia los grupos organizados que no son de ideología panista; sea porque los ubican como participantes de cualquier otro partido o porque temen aun más a las organizaciones independientes. A este fenómeno Ramírez Sáiz lo llama "ciudadanos bajo sospecha" (36).

Los organismos de la sociedad civil tienen que superar su recelo hacia los funcionarios panistas. En vez de meterlos a todos en el mismo cajón, deberían fijarse en la diversidad y características de cada uno, para poder establecer relaciones puntuales de colaboración y respeto mutuo. Ramírez Sáiz afirma que en el caso del área metropolitana de Guadalajara, entre gobierno y organizaciones de la sociedad civil privaron la desconfianza y el recelo mutuos (37).

Una de las características del gobierno panista en Jalisco, en cuanto a la implementación de programas sociales y su relación con organismos de la sociedad civil, ha sido su inclinación por la asistencia. Si bien con el objetivo explícito de mejorar la eficiencia de los servicios prestados por los organismos de la sociedad civil, en su relación con ellos privó más el afán controlador que la labor de impulso a estos organismos.

Cuando menos en dos ocasiones la implementación autoritaria y vertical de lo que pretendió ser un programa de asistencia (otorgar albergue), se acercó más a una acción represiva, tan repudiada como inútil (retiro forzado de limpiaparabrisas en 1999 y de indigentes de la vía pública en 2001) (38) realizadas cada una en diferente administración del Ayuntamiento de Guadalajara. Los abusos y el mal trato fueron denunciados por organismos de defensa de derechos humanos. La indignación de organismos y ciudadanos en la opinión pública obligaron a suspender el programa en 1999. Y el escándalo se repitió en 2001 ante el solo anuncio del programa. Estas acciones dieron muestra de una concepción reducida de la problemática social, y sobre todo, de que los funcionarios panistas no estuvieron dispuestos a acordar un programa de política social con la participación de diferentes actores sociales como académicos, organismos civiles con experiencia en el trabajo con indigentes, adolescentes y niños en las calles, en educación popular, y con la intervención de los propios afectados.

Ahora bien, el problema no es simplemente si las organizaciones civiles colaboran o no con tal o cual gobierno de equis partido, sino cómo se implementan mecanismos de participación social en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas que trasciendan no importa qué partido esté en el poder, ni qué personas integren el gobierno. El problema es más complejo: la participación ciudadana en las políticas de Estado, en las acciones públicas que trascienden a los periodos gubernamentales y que son necesariamente de largo plazo, duraderas.

En este contexto, el reto para la sociedad civil es incidir en la definición de políticas públicas, participando en las instancias de discusión pública con el gobierno para impulsar los programas que den alternativas a las problemáticas definidas colectivamente. Así podrían recibir impulso las organizaciones que se dedican no sólo a realizar acciones de asistencia sino también de capacitación, producción, o prestación de servicios diversos. Una tarea pendiente sería lograr la vinculación entre organizaciones similares o que realicen acciones complementarias, para romper con el aislamiento. Esto ayudaría a reforzar los tejidos sociales o dicho de otra manera, el capital social requerido para enfrentar los problemas del desarrollo. En esta dinámica se detecta una tendencia hacia la integración de redes, que a su vez se interrelacionan con otras redes y que se abren a una pluralidad cada vez mayor que converge en determinados acuerdos.

Los organismos de la sociedad civil intentan, sin mucho éxito, romper la mancuerna de partidos políticos y gobierno. En este sentido las propuestas presentadas por grupos de ciudadanos u organizaciones sociales, la mayoría de las veces no son tomadas en cuenta ni por gobiernos, ya sea ejecutivo o legislativo, ni por partidos políticos. A pesar de que organizan foros de consulta y de participación ciudadana, y las organizaciones y ciudadanos presentan sus propuestas, de acuerdo con la experiencia, éstas no son valoradas y menos incorporadas por la autoridades implicadas. Generalmente los formatos de las consultas son extremadamente estrechos y formalistas. Un ejemplo es el caso del Foro sobre la ley Indígena organizado por legisladores en Jalisco, en donde los representantes indígenas estuvieron ausentes porque a su vez participaban en otro foro de organizaciones indígenas y sociales. Pareciera que, por una parte, a los legisladores les cuesta trabajo bajar de su pedestal para escuchar y que, por la otra parte, las organizaciones indígenas no están convencidas de utilizar los espacios institucionales para expresarse. En repudio a la aprobación de la reforma indígena por parte del Congreso en Jalisco, representantes de los pueblos huicholes y nahuas tomaron el Congreso y en sesión simbólica, sentados en las curules como si fueran diputados, votaron en contra de las reformas promovidas por el Congreso de la Unión (39).

El rechazo y la distancia entre lo aprobado por el Congreso y el sentir de un grupo significativo de organizaciones a nivel nacional quedó expresado el 10 de agosto de 2001: 100 ONGs y decenas de personalidades (abogados, antropólogos, académicos, miembros de organizaciones civiles) señalaron que la legislación indígena contravenía diversos instrumentos jurídicos internacionales y enviaron una misiva a la comisión responsable de verificar la aplicación de las normas y convenios (como el 169) de la OIT y otra al Relator Especial de las Naciones Unidas donde manifestaban su preocupación por la falta de reconocimiento a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas (40).

La estrategia que parece perfilarse, en algunas organizaciones civiles, se ubica entre la resistencia y la participación en acciones con el nuevo gobierno, promoviendo la articulación de agendas y de propuestas ciudadanas que fortalezcan la capacidad de incidencia en las políticas públicas, en los planes de gobierno y en los presupuestos (41). Por ejemplo, los recursos que puedan fluir a los municipios serán significativos y se podrán abrir nuevas oportunidades de desarrollo local. Incluso podría haber fondos públicos federales para apoyar las actividades municipales. Un enorme reto en las nuevas perspectivas de la sociedad mexicana es efectivamente el trabajo municipal, en proyectos de desarrollo, de participación ciudadana, de impulso a nuevas culturas (rendición de cuentas, perspectiva de género). El fortalecimiento institucional de estos municipios será una tarea importante. El municipio constituye un nivel meso, o sea intermedio entre el nivel regional o estatal y el micro o local de una comunidad. Para ello, las organizaciones civiles que quieran trabajar en coordinación con los municipios deberán capacitarse fuertemente: no es lo mismo trabajar en acciones de observación electoral o en microproyectos comunitarios, que impulsar propuestas de desarrollo local municipal. Las organizaciones civiles que quieran trabajar ahí requerirán de una formación y de una planeación adecuadas. Podríamos decir que requerirán cambios organizacionales significativos o estructurales; requerirán nuevas alianzas estratégicas con sectores especializados (expertos en diversas áreas del desarrollo local, de diagnóstico, de diseño, etc.).

De acuerdo con Bautista, además de la profesionalización se ve necesaria la revisión del caudillismo, del centralismo, la escasa institucionalización y la democratización en la toma de decisiones que se observa en buena parte de las organizaciones civiles. Estos temas debieran formar parte importante de las agendas internas de estos organismos (42). Atender las deficiencias internas de las organizaciones civiles y aprovechar la capacidad instalada en ellas para renovarse y aprender de las experiencias propias y de los demás, será una tarea central (43).

Como tratamos de insistir, los retos hacia una gobernabilidad democrática no sólo son del polo gubernamental sino también del polo de las organizaciones sociales. La consolidación de un capital social requerirá, pues, de la participación de todos los actores en busca de una nueva gobernabilidad democrática (44). En México esto se traduciría en romper las desconfianzas mutuas, los ideologismos y el aislacionismo tanto del gobierno como de las organizaciones ciudadanas.

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Comentario de las ponencias

Georges Couffignal
Investigador de la Universidad de París III

Puesto que dispongo de un tiempo limitado para comentar las dos exposiciones realizadas, me veo obligado a seleccionar algunos puntos, que naturalmente no pueden reflejar toda la riqueza de las intervenciones. Me gustaría comentar principalmente tres cuestiones, y luego hacer algunas reflexiones a modo de conclusión.

En primer lugar, quisiera referirme a una expresión que Jaime Preciado ha utilizado, la de «gobierno dividido», y quizás reflexionar sobre la situación actual del gobierno mexicano. En un segundo tiempo, me detendré sobre otro punto que ha sido abordado en la exposición de Jaime Preciado, que es la cuestión de la legitimidad. Trataré de comentar, de reflexionar un poco sobre esta cuestión: la legitimidad en México en sus dos aspectos, a saber, el de la legitimidad que el electorado o la población aportan al presidente electo, y la manera en la que el presidente mantiene, conquista, pierde esta legitimidad a través del ejercicio cotidiano del poder, y de ese cambio necesario en las formas, lo que Jaime Preciado denomina "la verticalidad de las políticas públicas", que existía antes y que no puede ya existir. El tercer punto sobre el que quisiera reflexionar es toda esta cuestión de la ciudadanía, del poder ciudadano, a la que se ha referido en su intervención Isabel Blanco, y comentar lo que está sucediendo en México a este respecto. Finalmente, como conclusión, quisiera aportar algunas reflexiones sobre la cuestión de la democratización del sistema político mexicano y, en concreto, sobre uno de los últimos puntos que la Sra. Blanco ha abordado, el del poder local.

En primer lugar, por tanto, «gobierno dividido». Quisiera decir antes de nada que no me gusta esta expresión. No me gusta esta expresión, igual que no me gusta el título mismo que llevaba la intervención de Jaime Preciado, «el gobierno post-PRI», porque uno podría pensar que el fin de 71 años de gobierno del PRI ha supuesto eso que hemos observado en Perú con la elección de Fujimori en 1990, la desaparición completa del sistema de partidos, o en Venezuela con la elección de Chávez, la desaparición completa de AD y del COPEI. Lo que caracteriza a México hoy en día es mucho más una alternancia, con un PRI que conserva su fuerza, porque es fuerte en el Congreso y porque mantiene gubernaturas importantes. Por otra parte, la alternancia ya se había producido repetidas veces en estados de la federación, con gubernaturas que fueron ganadas por el PAN o el PRD, y que incluso fueron de nuevo conquistadas por el PRI, como es el caso de Chihuahua. Por tanto, en mi opinión estamos en presencia de un sistema político que no hace sino reafirmarse o confirmarse. (La victoria de Vicente Fox) es una enorme transformación, que ha tenido lugar sin dramas, sin rupturas fundamentales, superando finalmente el sistema de mono-partidismo real. Porque este sistema controlaba las urnas y permitía al PAN ganar algunas elecciones tan sólo para crear la ilusión de una democracia, o en ocasiones porque así se reclamaba en la calle. Estoy pensando en particular en el caso de Chihuahua que acabo de mencionar, que fue la primera victoria del PAN en unas elecciones a gobernador. El gran cambio que se ha producido ahora es que en estas elecciones no ha habido un control de las urnas, han sido elecciones limpias, y nos encontramos por tanto con un sistema político que se reafirma, un sistema con tres partidos, y tres partidos fuertes.

La expresión "gobierno dividido" no da cuenta fiel de la realidad porque estamos ante un sistema que es, a mi juicio, totalmente americano, es decir, un sistema en el cual el presidente debe negociar con el parlamento. Y no se trata de una cohabitación a la francesa, porque la cohabitación francesa es un ejecutivo dividido con un legislativo que corresponde a uno de los miembros del ejecutivo. Se trata de un sistema de «check and balance», es decir, un sistema en el cual hay un ejecutivo de un color político (en este caso, Fox fue elegido con el 42% de los votos y tiene toda la legitimidad, cuestión sobre la que volveré más adelante), y un parlamento con el cual debe negociar porque no tiene la mayoría en dicho parlamento.

Se trata de un cambio absolutamente radical en el funcionamiento político mexicano, puesto que el presidente ya no puede hacer del parlamento la cámara del simple registro de su voluntad. Debe permanentemente negociar. Debe negociar en primer lugar sobre el presupuesto y sobre todas las políticas públicas, y esto es un cambio muy importante. Me parece también importante subrayar, un año después de la elección, seis meses después de la toma de funciones, hasta qué punto la administración mexicana conserva un reflejo legalista. Y es que se podía temer todo de esta alternancia. A comenzar por una administración que no ejecutase las intenciones presidenciales y que no hiciese más que poner trabas al poder. Ahora bien, parece ser que la alternancia no ha supuesto un cambio, como es normal en toda alternancia, a nivel de dirección ministerial, sino que la administración ha permanecido bastante leal al poder, así pues legalista. Y esto es, a mi juicio, prueba de la gran solidez de este sistema político. La administración no se ha desmoronado con la alternancia, y yo diría que felizmente para el nuevo presidente, que hubiera sido verdaderamente incapaz con el equipo del PAN de reemplazar esta inmensa administración que es la administración mexicana.

Segundo punto sobre el que me gustaría decir unas palabras es esta cuestión de la legitimidad, que ha sido abordada repetidas veces. En primer lugar, encuentro que aquí también el reflejo legitimista ha sido relativamente sólido, mostrando una gran madurez de la cultura política mexicana. La elección de Salinas de Gortari, acuérdense ustedes, provocó grandes protestas populares que contestaron esta elección, y que la contestaron porque fue fraudulenta. En la elección de Fox, en cambio, los anti-Fox eran numerosos, todas las tropas del PRI en particular, y sin embargo no han contestado esta elección. Es cierto que estaban divididos y todo lo que se quiera, pero el caso es que la elección del presidente Fox no ha sido contestada, lo cual es algo importante a recalcar.

En segundo lugar, me parece muy importante subrayar que hay una sociedad mexicana que está cada vez más presente en la vida del país. Volveré en un instante sobre la cuestión de la ciudadanía, pero lo que me gustaría subrayar aquí es que seis meses después de la toma de funciones, el estado de gracia se ha terminado y hoy Fox es criticado. Nosotros en Francia tenemos los viajes del presidente, en México tienen las cabañas del presidente. Fox es criticado en la prensa, y esto es un cambio radical en el modo de funcionamiento mexicano. Antes había una persona intocable que era el presidente. Esto había empezado a cambiar con Zedillo, pero no fue hasta el final de su mandato que se le comenzó a criticar en la prensa. Ahora, seis meses después de la toma de funciones, el estado de gracia se ha terminado. Es un signo de salud democrática el hecho de no seguir deificando a la persona del presidente, que el presidente se haya dado cuenta de que ya no puede contentarse con su carisma -que es real-, con la exacerbación de sus botas y de su cinturón o bien, de una manera menos anecdótica, con discursos de tipo neopopulista. Y aquí conviene recordar que esto es algo característico del conjunto de América Latina en la actualidad. Todos los candidatos a la elección presidencial, ya se llamasen Cárdenas, Labasti