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Durante mucho tiempo la planificación urbana tradicional atribuyó los crónicos problemas de gestión del Gran Buenos Aires a la carencia de un organismo metropolitano que centralizase los estudios y la acción sobre el conjunto de la región. Contrariamente, en efecto, a las empresas de servicios públicos – que muy tempranamente tendieron sus redes trascendiendo los límites jurídicos y administrativos de la Ciudad Capital – los organismos de planificación regional siempre tuvieron vida efímera y un notorio voluntarismo. Jamás se logró constituir un ente metropolitano cuya vida superase a la del gobierno que lo creara. Los primeros intentos de constituir un ente de coordinación entre las jurisdicciones de la ciudad de Buenos Aires y los municipios fronterizos de la Provincia de Buenos Aires tuvieron lugar durante la década de 1920 cuando un grupo de técnicos, partidarios de las nuevas ideas del urbanismo científico, plantearon la necesidad de considerar los suburbios « extramuros » como parte constitutiva de la ciudad. El objetivo de que la «aglomeración bonaerense» constituyese una entidad única colisionaba con la idea decimonónica de una ciudad cerrada y jerarquizada, para cuyos partidarios los ambiciosos límites administrativos de la ciudad fijados en 1887 ofrecían espacio suficiente para contener su futura expansión. La noción de Aglomeración Bonaerense – más tarde Gran Buenos Aires – no fue simplemente una respuesta a los problemas de crecimiento de la ciudad. En el caso de la capital argentina, esta noción es una solución (el Plan Regulador) a la búsqueda de problema. El encuentro entre ambos términos de la ecuación recién se produjo en el transcurso de los años treinta, cuando los datos del Censo Municipal de 1936 revelaron, contrariamente a lo que se preveía, que la densificación de la población de la Capital había comenzado a declinar, y que lo estaba haciendo en forma inversamente proporcional al crecimiento de las localidades periféricas. Paulatinamente, la necesidad de tomar en cuenta el Gran Buenos Aires suscitó un amplio consenso en los medios profesionales y en la opinión pública. Cuando en 1945 llegó al poder el peronismo su principal terreno de actuación lo situó en los partidos aledaños de la Capital. En 1947 instituyó el Gran Buenos Aires como categoría censal pero, ante el estupor de los técnicos que habían recomendado insistentemente lo contrario, excluyó de dicha categoría a la Capital Federal. Cristalizó así un divorcio entre las dimensiones técnica y política del conglomerado que, sin jamás conseguirlo, intentaron superar todos los planes posteriores. Tras la era peronista (1945-1955), tanto los gobiernos militares (1967-1973; 1976-1983), como los civiles (1958-1967; 1973-1976; 1984 hasta la fecha) proyectaron instaurar, sin excepción ni éxito durable, instancias interjurisdiccionales de coordinación. Al margen de las limitaciones inherentes al urbanismo de la segunda posguerra, que creía que los problemas de la ciudad podrían ser resueltos en forma centralizada por tecnócratas competentes y autónomos del poder político, al revisar la historia de esta «frustración» va surgiendo una serie de rasgos específicos de Buenos Aires. En primer lugar, la temprana aparición en el vocabulario en uso en los años veinte de una noción que anticipa la existencia real del Conurbano Bonaerense; en segundo término, la fragilidad institucional creada por la repetida alternancia de gobiernos civiles y militares; los permanentes conflictos de poder, por último, entre el Gobierno Nacional (residente en la Ciudad de Buenos Aires), el Intendente de la Ciudad de Buenos Aires (delegado del Poder Ejecutivo Nacional hasta 1996), el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires y los Intendentes de los Municipios provinciales. La existencia de un organismo metropolitano articulador de esas diferentes instancias siempre fue visualizada, en efecto, como un peligro para la autonomía política de la Provincia de Buenos Aires, la más poblada y la más rica en recursos de todo el país (Passalacqua, 1997). Estos temas se perciben in nuce en todos los debates que, desde el siglo pasado, van construyendo la problemática metropolitana: las controversias decimonónicas entre la Nación y la Provincia, la discusión de comienzos de siglo sobre la integración de los «barrios suburbanos», la incorporación posterior de la noción de aglomeración bonaerense en el léxico profesional y, finalmente, la institución del Gran Buenos Aires como ente jurídico a fines de la década de 1940. Este artículo es tributario de una investigación realizada en el contexto del programa Les Mots de la Ville, MOST-UNESCO ( Novick, Caride, 1997), cuyo objeto de análisis fueron las denominaciones que los especialistas han utilizado para referirse al suburbio de Buenos Aires. Dicho análisis se realizó en un corpus constituido por periódicos, revistas especializadas y documentos oficiales editados en la Argentina entre fines del siglo pasado siglo y los años cuarenta.   Límites para la Capital El antagonismo cultural entre la ciudad y la campaña fue uno de los conflictos, que dio cuenta con mayor precisión del proceso decimonónico que culminó en la federalización de Buenos Aires. Esta oposición, condensada dramáticamente en los pares polares de «civilización y barbarie» del Facundo deDomingo Faustino Sarmiento (1850), se reflejó en las disidencias entre la Nación y la Provincia que atravesaron la historia política argentina durante el siglo XIX. Las controversias (que conllevaron fuertes conflictos armados) finalizaron con la designación de Buenos Aires como Capital de la Nación. El corolario de esas luchas se manifestó en la voluntad de « convertir en ciudad a la campaña » con el proyecto de una ciudad cerrada y jerarquizada, separada de la jurisdicción de la Provincia. Al antiguo municipio, federalizado en 1880, se le anexó siete años después un amplio territorio, que incluía dos núcleos urbanos y una vasta zona de tierras desocupadas. Los límites entre la Capital y la Provincia se construyeron según una línea geométrica, que se materializará varias décadas después en un camino periférico: la avenida General Paz, cuya construcción recién se inició a fines de 1936. El Plano del Ensanche, publicado en 1888, otorgaba a Buenos Aires 19.000 hectáreas de superficie transformándose en una de las metrópolis mundiales de mayor extensión, apenas superada por el «Greater London». En ese momento, su población se acercaba a las 450.000 personas, concentradas básicamente en el antiguo municipio, en tanto el territorio del futuro Gran Buenos Aires contaba con menos de 120.000 habitantes. El aumento de población, producto de la inmigración extranjera, tardó varias décadas en ocupar los ambiciosas fronteras previstas. En efecto, los 1.200.000 habitantes que registraba el Censo Municipal de 1909 ocupaba apenas un 60% del territorio. Los problemas suburbanos, localizados en los territorios en vías de urbanización, se transformaron en cuestión municipal de primer orden. Por detrás de su tratamiento se ponían de manifiesto las disidencias de un urbanismo decimonónico que necesita conciliar los espacios públicos y edificios simbólicos que requería un Estado en vías de consolidación con los problemás higiénicos y los técnicos suscitados por la expansión. De todos modos, contrariamente a las hipótesis tradicionales sobre el rol del mercado en la expansión de Buenos Aires (James Scobie; Guy Bourdé), la administración tuvo un rol protagónico en el control de los rumbos de su crecimiento. Sin soslayar las presiones de las empresas de servicios públicos extranjeras y de los intereses de los propietarios de tierras y loteadores, es preciso ponderar el rol asumido por las reparticiones del Estado Nacional y de la Administración Municipal en los procesos de urbanización porteña. Desde el fin del siglo, los profesionales locales -ingenieros, higienistas, topógrafos- tomaron a su cargo las obras públicas y de saneamiento elaborando instrumentos de control como el Reglamento de Construcciones (aprobado en una primera versión de 1887), los planos de alineación, los planes de mejoras (1898-1904). Bajo esas directivas, el antiguo municipio y los partidos anexados se iban homogeneizando mediante la forma urbana de la cuadrícula que dió lugar a una urbanización «extendida» y de baja densidad sobre un territorio sin obstáculos geográficos. Sin embargo, a pesar de la intervención y el control oficial, persistieron durante largo tiempo los desequilibrios entre las zonas consolidadas y las nuevas. En consonancia con las ideas de los reformadores de fin del siglo, las preocupaciones por la higiene y salubridad en los «conventillos» (habitaciones de alquiler del séctor céntrico caracterizadas por el hacinamiento), se fueron desplazando a los nuevos problemas sociales y espaciales planteados por los loteos periféricos. En un primer momento los «arrabales», o «barrios suburbanos», tuvieron alternativamente connotaciones positivas (residencial, sano, natural) y francamente negativas. Estas últimas primaron en una caracterización construída por su ocupación social (pobres, jornaleros, de clases laboriosas) asociada a sus pésimas condiciones higiénicas y estéticas (barrios malsanos, insalubres, con edificación mísera). Desde esas cualidades, que condensaban los desequilibrios de la ciudad moderna, se concibió al suburbio como un territorio susceptible de intervención para la administración pública. La denominación «nuevos barrios», o «barrios excéntricos», se enunciaron en oposición al antiguo municipio, a pesar de la necesaria solidaridad entre el centro y los suburbios que reivindicaron tempranamente los higienistas. La expansión de la ciudad, « inmensa », « inabarcable », « en desorden », a cargo de « rematadores » y « especuladores » o « capitalistas que valorizan las tierras », se planteó como un problema que se trató de paliar desde la Administración, dentro de un modelo de ciudad cerrada que, en un comienzo, había levantado una suerte de cerco defensivo frente a la campaña.   Nuevos temas: problemas y soluciones Hasta 1920, el tema suburbano se localizó dentro de los límites jurídicos y administrativos de la Capital. Los problemas asociados a ellos fueron creciendo en complejidad en la medida que los loteos y las obras municipales que les acompañaron, iban completando la urbanización. En esos sitios se efectuaban los relevamientos sobre las condiciones de vida obrera que efectuaba el Departamento Nacional del Trabajo y se localizaban algunos emprendimientos de vivienda popular producidos por las cooperativas socialistas, por la Comisión de Casa Baratas, por la Municipalidad y por las asociaciones filantrópicas. En esos nuevos barrios se fueron organizando las sociedades de fomento, que desde 1919 tuvieron un registro en la Municipalidad. Ciertas corrientes políticas, como el socialismo y el radicalismo, se apoyaron en la escala barrial, tomándola como eje de su organización y acción política. En 1923, conjuntamente con un «plan de saneamiento para los barrios suburbanos», se organizó el Proyecto Orgánico para la Capital a cargo de la Comisión de Estética Edilicia. El primero apuntó a completar los equipamientos y sobre todo las redes de infraestructuras, en tanto el segundo persiguió explícitamente como objetivo el reequilibrio de la estructura urbana de Buenos Aires, transformada por la extensión y el crecimiento. Si bien este último puso énfasis en el diseño de los espacios para una descentralización – en consonancia con los principios del Civic Art – contempló las necesidades de los barrios suburbanos como barrios obreros, estadios deportivos y espacios verdes, que requerían de la intervención pública. El Proyecto Orgánico se planteó como objetivo prioritario la puesta en coherencia de proyectos existentes como una etapa preliminar de un Plan Regulador. Allí, conjuntamente con los fundamentos «científicos» se formula por primera vez la necesidad de considerar los partidos aledaños como una dimensión inseparable de la ciudad. «Los numerosos pueblos que circundan nuestra urbe (...) han de contemplar su posible anexión al ejido de la Capital, puesto, que, situados a lo largo de su cinturón urbano, están llamados a compartir su porvenir y ser en el presente fuentes de abastecimiento y tributarios de los servicios urbanos de la Capital Federal» (Intendencia Municipal, 1925:332). Esta nueva perspectiva fue introducida por Jean-Claude Forestier, funcionario de la Municipalidad de París, convocado por el intendente en 1923, a los efectos de elaborar un plan para los espacios verdes metropolitanos. Más allá de la originalidad de los aportes en sus diseños de parques, es importante marcar que su óptica introdujo una nueva perspectiva sobre los problemas de Buenos Aires. El sistema de parques y plazas de Forestier, tal como lo fundamentó su tratado (Forestier, 1906), fue concebido como una red metropolitana que asociar la ciudad y sus suburbios en sola e indisoluble aglomeración. Esta posición se hacía eco del debate europeo, donde participó como miembro de la Comisión de Extensión de la Prefectura del Sena (1913), base del concurso de 1919 para la extensión de París. Sus concepciones sobre la ciudad fueron aplicadas a Buenos Aires donde se « (...) se busca no sólo el embellecimiento de los barrios agraciados de la ciudad, sino además el mejoramiento futuro de los barrios excéntricos, cuidando la higiene y las condiciones de vida de la población obrera o de la clase media que vive en ellos (...)». En las Actas de la sesión informativa que afectuaba la Comisión de Higiene Urbana y Rural del Museo Social de París, se desarrolló largamente su perspectiva de análisis: «La extensión considerable de la ciudad, que verdaderamente podría ser suficiente para una población de tres millones de habitantes, hizo nacer la idea de que para el desarrollo de la población es inútil ocuparse de la extensión de la ciudad fuera de sus fronteras [«enceintes»]. M. Forestier, desde su llegada combatió vivamente esas ideas haciendo observar que el desarrollo del exterior se afirmaba muy activamente y simultáneamente con el crecimiento de la población en el interior». (Musée Social de Paris, 15/6/1928: 302). En efecto, la mayoría de los profesionales locales no percibían las cuestiones extramuros, eclipsadas por los barrios carenciados y los terrenos desocupados aún incluidos dentro de la Capital. Ninguna de las corporaciones profesionales ni de las recientemente constituidas asociaciones de promoción del urbanismo contemplaban la necesidad de vinculación con los territorios adyacentes. Desde las páginas de la Revista de Arquitectura, se defiende una ciudad concentrada bajo un título obvio: «Inútil ensanche de la ciudad de Buenos Aires. En su radio actual caben holgadamente 9 millones de habitantes». (Jaeschké, 1924). Posiciones como estas dan una idea del tenor de las controversias administrativas y conceptuales que Forestier debió enfrentar en el seno de una Comisión imbuida de la idea de completar la urbanización dentro del radio de la Capital. La necesidad de una relación orgánica entre ciudad y suburbio fue retomada por dos técnicos locales con sólida formación y actualizados en los términos del debate internacional. Benito Carrasco, Director de la Oficina de Paseos de la Municipalidad (1914-1921), planteaba la necesidad de crear una Confederación de Municipios a los efectos de gestionar los proyectos de dimensión regional. Esta Confederación resolvería los inconvenientes de las rígidas fronteras jurídicas y administrativos de la Capital. El autor de «¿Sabe usted que es un Plan Regulador?» (Carrasco, 1928) coincidía con otro de los propagandistas del urbanismo local, Carlos María della Paolera, quien cursara sus estudios en el Instituto de Urbanismo de París. Este último, envía a los diarios porteños desde Francia una amplia gama de artículos donde planteaba la necesidad de un Plan Regulador para la Aglomeración Bonaerense, denominación tributaria del término agglomération parisienne. Della Paolera fue el primer autor que definió la zona de influencia, que calculó en una superficie de 150.000 hectáreas con una población que en pocos años alcanzaría los 3.000.000 de habitantes. Entre otros conceptos, señalaba que la consideración del territorio de la Capital Federal y su zona de influencia era una de las principales dimensiones a tener en cuenta para la elaboración del Plan: «El verdadero plan de organización científica de una ciudad es inseparable del esqueleto del plan regional y uno u otro no pueden llevarse a cabo sin un conocimiento perfecto de los antecedentes y las modalidades de toda la región que debe urbanizarse para el futuro» (Della Paolera, 1925). Su principal objetivo era poner en evidencia que los conflictos de transporte, económicos y sociales de la aglomeración se resolverían por una organización racional y científica del «núcleo de la gran ciudad y la cada vez más dilatada zona en la que su acción se manifiesta» (della Paolera, 1926). Hacia fines de la década de 1920 la idea del Plan Regulador y la necesidad de mirar más allá de los límites jurisdiccionales de la Capital ya estaba sólidamente instalada en el medio político y técnico porteño. Las visitas de Jaussély (1926), Le Corbusier (1929) y Hegemann (1931) y el debate público a través de la prensa, fueron plasmando un acuerdo general acerca de la necesidad del urbanismo. Con posterioridad al golpe militar de 1930, el intendente de facto nombra una comisión para la confección de un Plan Regulador, a cargo de Della Paolera. Poco tiempo después, con el restablecimiento del legislativo municipal se aprueba la creación de la Oficina del Plan de Urbanización del Municipio. Durante su mandato como director de esta oficina (1932-1938), della Paolera insiste sobre la necesidad de considerar la dimensión metropolitana del urbanismo, pese a lo cual no logra establecer una gestión mancomunada con la Provincia y ni siquiera logra confeccionar el ansiado Plan Regulador. No obstante, una serie de proyectos del programa de obras públicas tuvo la finalidad manifiesta de vincular ambas jurisdicciones. Las ideas de los técnicos, que desde sus teorías y doctrinas fueron anticipando la necesidad de tomar en cuenta al conurbano, encontraron nuevos argumentos en las estadísticas. La población de la Capital, según el Censo Municipal de 1936, había sobrepasado los 2.400.000 personas, duplicando el número de habitantes registrado en 1909. Tiempo después, los municipios vecinos, en conjunto, sumaban cerca de 1.200.000 personas, según el Censo Provincial de 1938. Es decir que la población fuera de los límites capitalinos aportaba ya una tercera parte del total. Tomando en cuenta estos datos fue un demógrafo, Nicolás Besio Moreno, quien otorgó por primera vez el Gran Buenos Aires en función de estrictos cálculos de densidad: « La línea límite del Gran Buenos Aires, es bastante interior a la de los ferrocarriles que parten de la Capital Federal consideran como zona urbana y el criterio con que ha sido trazada es el de tomar los partidos próximos de la provincia, aquellas partes cuya población excede de 300 habitantes por km² »(Besio Moreno, 1939: 416) El área establecida, dentro de un radio cercano a los de 50 kilómetros desde el centro de Capital, no se ajustaba a los criterios « más avanzados » en la definición de áreas metropolitanas. Lo expuso claramente cuando comentó que en su plano « ...no se comprende como Gran Buenos Aires el límite que aspiraría a otorgarle el moderno urbanismo, el cual procura encerrar dentro de la urbe, la producción de víveres fundamentales para su alimentación y la comarca entera de esparcimiento que tanto beneficia a la higiene de las poblaciones » (Besio Moreno, 1939: 417). La referencia al "urbanismo moderno" se vinculaba a las consideraciones regionales a tener en cuenta, sobre los cuales coincidían los fundamentos del urbanismo culturalista asi como la Carta de Atenas, que en 1933 había indicado que « La ciudad debe ser estudiada en el conjunto de su región de influencia. Un plan regional reemplazará al simple plan municipal. El límite de la aglomeración estará en función de su radio de acción económica ». Contrastadamente, el objetivo de Besio Moreno se acercaba más a la definición del « recinto » de la ciudad que a la delimitación de un territorio autosuficiente. Los datos que registraban el aumento de la población del área a expensas de las migraciones rurales, abría nuevos temas, tal como se manifiesta en los debates suscitados en el ámbito del Congreso de la Población organizado por el Museo Social Argentino en 1940. La cuestión de los límites operacionales del territorio, ya sea para la aplicación de un plan o para el ejercicio de una administración específica, se planteaba como un importante desafío nacional. Problemáticas, que ese mismo año, la literatura de Ezequiel Martínez Estrada resumiría en metáforas condensadoras. En La cabeza de Goliat, texto que marcaría con huella indeleble todo el debate de los años siguientes, el escritor imaginó diferentes contornos para la metrópoli: « Los límites edilicios son, pues, otros que los del ejido, y sin embargo esos no son los reales límites extremos. Política y económicamente, los límites de Buenos Aires son: un pasado de siglos, al norte; la pampa, los cereales y las haciendas, al oeste y al sur; Europa, al este. Uno de los lados de Buenos Aires no es el Río de la Plata sino Europa » (Martínez Estrada: 88)   El Gran Buenos Aires El espectro de las propuestas técnicas de los años treinta, a pesar de sus enfoques diferenciados fueron tomando forma a través de varios proyectos de gestión intercomunal. Cabe citar en este sentido la necesidad de una Comisión Regional de « carácter asesor » propuesta en el ámbito de la Municipalidad de Buenos Aires (1942), las facultades otorgadas por ésta para celebrar convenios con la Provincia (1944) y los programas del equipo de planificación del Ministerio de Obras Públicas (1944). Estas se sumaron a una serie de avances en las obras públicas y en los servicios, que intentaban responder a los nuevos problemas de un área que se densificaba a expensas de un acelerado crecimiento. En el contexto de la denominada « década Infame » – signada por el fraude electoral que sucede al golpe militar de 1930 – la obra pública adquiere una magnitud nacional. En particular la Capital y la Provincia fueron territorio de numerosos emprendimientos. A nivel de la Ciudad de Buenos Aires, el intendente Mariano de Vedia y Mitre (1932-1938) impulsó obras edilicias, espacios públicos y a la ampliación de la red vial. Dentro de esta última, puede citarse la construcción la Avenida 9 de Julio, imaginada como arteria de comunicación regional. Con el concurso de organismos nacionales, como el Ministerio de Obras Públicas y Vialidad Nacional, la gestión de Manuel Fresco, (gobernador de la provincia de Buenos Aires entre 1936 y 1940), desarrolló los equipamientos y la red caminera de los alrededores de la Capital. En aquellos años, comienza la construcción del Camino de Cintura que vinculará a través de un arco – separado unos diez kilómetros de los límites administrativos de la Capital – los municipios vecinos del norte, oeste y sur. También se ensanchó el Camino General Belgrano, reforzando la conexión entre Buenos Aires y la ciudad de La Plata. Los antiguos problemas de vinculación entre la Capital y los municipios limítrofes e industriales del sur tuvieron una solución en la construcción de tres puentes sobre el Riachuelo: el puente Avellaneda, (1935) y los puentes Uriburu (1938) y La Noria (1941). La construcción de una avenida de circunvalación, la General Paz (1936-1941), prevista conjuntamente con el ensanche de 1887, representó el mayor impacto urbano para el área, distribuyendo el tránsito entre la ciudad y los suburbios, pero también construyendo la frontera material que hasta hoy los separa. En forma paralela, la mayoría de las empresas de servicios públicos del Estado ya habían definido a la Aglomeración Bonaerense como área operativa. Tal vez el ejemplo más contundente fue el de Obras Sanitarias de la Nación que consideraba desde principios de siglo la expansión de sus redes fuera del territorio de la Capital. En 1935, un representante de la empresa al Primer Congreso Argentino de Urbanismo señalaba que «(...) la aglomeración bonaerense, cuyos límites exceden de la Capital Federal, como se sabe, [es] la extensión lógica, teniendo en cuenta que, por encima de las divisiones jurisdiccionales, existen lindes que están determinados por la realidad económica y geográfica» (Vela Huergo, Julio: 60). Consideración similar realizaban los servicios de bomberos, la jurisdicción de transportes colectivos, las empresas de electricidad y el área operativa de la Empresa Mixta Telefónica Argentina (EMTA), creada en 1946. Asimismo, una amplia gama de organismos fueron reconociendo la todavía difusa jurisdicción de « Capital Federal y municipios circunvecinos» para la aplicación de políticas sociales que se manifestaban en la reglamentación de los salarios mínimos obreros (1945) o el alcance de los «precios máximos» de los productos de primera necesidad (1947). Resumiendo, las reformas laborales y la nacionalización de los servicios públicos, apoyadas en un clima previo de ideas, tuvieron lugar en el marco de planificación centralizada de alcance social, instituido por el primer Gobierno de Perón (Plan Quinquenal 1947-1951). Importante factor que finalmente influyó a la hora de definir, en términos políticos, el área de la conurbación. Dentro de este panorama, a comienzos de 1947, el Cuarto Censo General de la Nación dio el primer paso de carácter oficial al definir a «(...) la Capital Federal y los partidos de la provincia de Buenos Aires que la circundan (...), integrando una unidad censal separada, a la que se denominó ‘Gran Buenos Aires’» (IV Censo General de la Nación: tomo I, p. XIX). De hecho, la Dirección de Estadísticas incluyó esta denominación en su publicación. A fines de 1947 y principios de 1948, los temas del Conurbano asociados a la necesidad de trazar un Plan Regulador fueron asumidos como problemas de primer orden por los gobiernos de la Capital y de la Provincia. El Intendente porteño Emilio Siri, argumentaba la necesidad de encarar los « (...) acuerdos con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, y las Municipalidades que se considere conveniente incluir en los estudios, tendientes a la confección del Plan del Gran Buenos Aires » (Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires: p. 453). Según el documento, se trataba de una respuesta impostergable al crecimiento metropolitano, justificada por la sobredimensionada concentración de habitantes y, consecuentemente, de actividades industriales, comerciales, financieras y administrativas. En forma simétrica, la "oficialidad" del Conurbano llegó con el decreto 70/48 del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Domingo Mercante, que definía al Gran Buenos Aires como el área urbana y rural de catorce partidos circunvecinos a la Capital, marcando claramente dos problemáticas diferenciadas. Por un lado, «(...) los límites municipales de la Capital Federal dividen a ese vasto conglomerado urbano en dos jurisdicciones: federal y provincial (...); Buenos Aires y sus alrededores constituyen una de las pocas grandes metrópolis mundiales que no poseen un plan regulador (...) ».Por otro « (...)si bien en la zona federal del Gran Buenos Aires, el plan debe ser sustancialmente de remodelación urbana, en la zona provincial el plan debe ser sustancialmente preventivo, salvo casos en que el planeamiento debe ser curativo (...) » (Archivo de la Dirección de Geodesia de la Provincia de Buenos Aires: Carpeta 18, en adelante ADGPBA, 18). El decreto 70 de 1948, que ponía en condiciones oficiales al Conurbano, también había previsto una Comisión Asesora de «expertos en planeamiento» (el arquitecto José María Pastor y el ingeniero José Bonilla) y un funcionario (Carlos Marino, Director de Geodesia, en representación del Ministerio de Obras Públicas de la Provincia) que debía expedirse sobre los lineamientos generales de un plan de desarrollo para el Gran Buenos Aires y sobre la aplicación del decreto mismo. Entre los títulos más relevantes del informe presentado figuraron los fundamentos clásicos del planeamiento – la necesidad de un «diagnóstico», las previsiones de crecimiento y la definición de un programa de acción – pero sin lugar dudas, el ítem más importante era aquel que apuntaba a «salvar» los problemas jurisdiccionales con la creación de un organismo autónomo, con « poder público » y « agilidad ejecutiva » para el control del Plan Regulador del Gran Buenos Aires (ADGPBA,18). Conjuntamente con las soluciones técnicas, en septiembre de 1948 los tres profesionales enviaron al Ministro de Obras Públicas la delimitación posible del Conurbano incluyendo los 17 « partidos » susceptibles de conformarlo y la necesidad de incluir a la Capital. (ADGPBA, 18), propuesta que, además, sentaba las bases de un acuerdo con la Nación, superando la óptica diferenciada de la Dirección de Estadística. Pero, principalmente, puntualizaba la precariedad de los criterios adoptados hasta el momento y la necesidad de profundizar los estudios, argumentando que los límites del Gran Buenos Aires, no debían tener una coincidencia exacta con la división política y administrativa. Sin embargo, otro decreto del 6 de octubre de 1949, otorgó status jurídico a este territorio restringido que excluyó a la Capital Federal, sin lograr constituir ningún acuerdo interinstitucional para resolverlo. La respuesta final de la Provincia fue suprimir a la Comisión Asesora. Incluso, se llegó a considerar que la expresión «Gran Buenos Aires» atentaba contra la autonomía provincial. Consumado el divorcio político-técnico, hacia 1950 se clausura el ciclo de propuestas urbanísticas inauguradas por Forestier en 1923 en tanto se abre el período de la « planificación ».   Una historia reciente El estudio preparado desde la Municipalidad de la Capital Federal, por la Oficina del Plan Regulador en 1958 (cuyos antecedentes se remontaban a los Estudios del Plan para Buenos Aires de 1947), había planteado tres escalas para la planificación – la ciudad, el Gran Buenos Aires y la región. Los técnicos del Plan presentaron en el VII Congreso Interamericano de Municipios (1958), la definición de un área que « anula los límites jurisdiccionales, nacionales, provinciales a los efectos de posibilitar el planeamiento físico » mientras estudiaban desde la juridisprudencia el panorama internacional en la materia con el objetivo de proponer las modalidades legales y factibles de ser llevadas a cabo en Buenos Aires. Los acuerdos propuestos no tuvieron lugar, sin embargo los intentos se fueron reformulando a lo largo del siglo bajo el prisma de las diversas concepciones del planeamiento. En 1968, diez años más tarde, el gobierno militar instauró el Sistema Nacional de Planeamiento y Acción para el Desarrollo, que subdividió el país en ocho áreas para efectuar estudios, propuestas y gestiones. En ese contexto, la Oficina Regional Metropolitana elaboró el Esquema Director del año 2000, (inspirado en el esquema de la región de Paris de 1965). Planes y organismos se disolvieron en el cambio de gobierno. Durante el interregno democrático (1973-76) una nueva serie de acuerdos administrativos se diseñaron con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. No obstante, el Sistema Metropolitano Bonaerense (SIMEB) y el Programa de Concertación del Hábitat y Ordenamiento Territorial (CONHABIT), finalizados durante el último gobierno militar tuvieron un destino similar a los documentos que les precedieron y sucedieron. Efectivamente, con el advenimiento y estabilización de la democracia, a partir de 1984, se realizaron acuerdos institucionales para el Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y la Comisión Nacional del Area Metropolitana de Buenos Aires (CONAMBA) fue creada en 1987, como un espacio de convergencia de autoridades nacionales, provinciales y municipales. Pero al cambiar el signo político del Gobernador de la Provincia, en 1989 fue transferida a la órbita exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional. La mayoría de los planes propusieron la organización de comisiones especiales, con jurisdicción sobre la Capital y la Provincia, en un espacio relativamente autónomo del poder político. Paradójicamente, en su mayoría fueron elaborados en el seno de organismos instalados merced a decisiones gubernamentales, en diversos espacios de la administración, con competencias disímiles y de duración efímera. Cada uno de ellos, coexistió en su momento, con otros organismos de gestión, con programas provinciales y municipales, con los cuales nunca lograron articularse. Más allá del «voluntarismo» que los caracterizó, de las virtudes o defectos del contenido de las propuestas o de su valor como condensadores de formas de pensar la ciudad en un momento dado, fue notoria la fragilidad del medio institucional que las encuadró y la poca vinculación que establecieron entre la oferta técnica y la demanda política. Las controversias entre fronteras administrativas, niveles de gobierno y perfiles técnicos no se alcanzaron a resolver en el contexto de la planificación « tradicional », fuertemente cuestionada desde hace más de dos décadas. Sin embargo, aun persisten en los conflictos de articulación organizacional que enfrenta la planificación «por proyectos». Los recientes debates en torno de la transformación del status jurídico de Buenos Aires (con su propia Constitución y Jefe de Gobierno electo desde 1996), las dificultades de coordinación y control de los servicios públicos recientemente privatizados, la creación de organismos políticos para el financiamiento de la obra pública en la Provincia, plantean indudablemente problemas específicos de los escenarios históricos recientes. No obstante, por detrás de ellos planean las dificultades para la gestión de la ciudad metropolitana, que en los treinta caracterizaba Martínez Estrada como: « (...) inconcebible urbe para albergar un país entero, resultado de nuestro temor al desierto ». Bibliografía citada – Archivo de la Dirección de Geodesia. Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires, La Plata, sección « Gran Buenos Aires », Carpeta 18. – Besio Moreno, Nicolás, Buenos Aires, puerto del Río de la Plata, capital de la Argentina. Estudio crítico de su población, 1536-1936, 1939. – Carrasco, Benito, «¿Sabe Ud. qué es un Plan Regulador», Asociación Amigos de la Ciudad, Buenos Aires, 1928. – IV Censo General de la Nación, tomo I, Censo Nacional de Población, Buenos Aires, 1947. – Della Paolera, Carlos María, «Necesidad de un Plan Regulador para la Aglomeración Bonaerense», La Razón, 18 de diciembre de 1925. – Della Paolera, Carlos María, «Hacia La Organizacion Cientifica de nuestras ciudades La visita del arquitecto urbanista León Jaussely», La Razón, 27 de julio de 1926. – Forestier, Jean-Claude, Grandes ville et systèmes de parcs, Hachette, Paris, 1906. – Intendencia Municipal de Buenos Aires, Comisión de Estética Edilicia, Proyecto Orgánico para la Urbanización del Municipio. El Plano Regulador y de Reforma de la Capital Federal, Talleres Peuser, Buenos Aires, 1925. – Jaeschké, Victor, « Inútil ensanche de la ciudad de Buenos Aires. En su radio actual caben holgadamente 9 millones de habitantes», Revista de Arquitectura, Sociedad Central de Arquitectos, Buenos Aires, septiembre de 1924. – Musée Social de Paris, Reproduction des procès-verbaux de séances de la Section d’Hygiène Urbaine et Rural, Communication de Forestier: quelques travaux d´urbanisation à Buenos Aires: l´Avenida Costanera, Scéance du 15 du juin 1928. – Novick, Alicia y Horacio Caride, «La construcción del suburbio en Buenos Aires, 1925-1927», comunicación presentada al Deuxième Séminaire International « Les Mots de la Ville », Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), CNRS, UNESCO, París, diciembre de 1997. – Passalacqua, Eduardo, «Gobierno y Administación del Area Metropolitana. Balance de la experiencia», mímeo, Buenos Aires, 1997. Les idées et opinions exprimées dans cette publication sont celles des auteurs et n'engagent pas la responsabilité de l'UNESCO.

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