Marco normativo

Un marco normativo adecuado, donde estén presentes las reglas comunes, transparentes y obligatorias para todos los actores involucrados, es una condición necesaria para desarrollar las políticas de fomento eficaces.

El diagnóstico efectuado, a partir de las propuestas realizadas en la primera parte de la Guía, permite conocer el marco jurídico y su grado de aplicación real. Se trata de identificar aquellos sectores que cuentan con una normativa adecuada y aquellos donde hay carencias, vacíos, o presentan normas o reglamentos obsoletos. Asimismo, es necesario tener en cuenta el conjunto de normativas de índole no estrictamente cultural con impacto en la producción, los mercados y la distribución. Es frecuente que este tipo de normativa –como por ejemplo la fiscal, laboral o mercantil– no tenga en cuenta las especificidades de un sector que produce servicios intangibles.

Por ello, es fundamental diagnosticar los principales desajustes entre el marco normativo general y las necesidades de desarrollo de las industrias culturales y creativas. En algunas ocasiones, será posible incidir directamente o a través de alianzas con otros sectores económicos con problemáticas parecidas en la transformación de la legislación que dificulta el desarrollo sectorial.

Algunos países han desarrollado una amplia legislación cultural con alcances diversos: desde leyes generales de cultura con un claro carácter programático hasta normativas específicas de regulación de subsectores o actividades precisas (precio único del libro, legislación de seguridad en espectáculos públicos, cuotas de pantalla, etc.). Es esencial un buen diagnóstico de la legislación existente, de los vacíos normativos y de las dificultades de implementación y cumplimiento. Es necesario señalar que no siempre países con un buen marco normativo logran los efectos deseados por la incapacidad de hacer cumplir sus propias normas.

Otro aspecto para tener en cuenta es la regulación internacional de los mercados culturales. La mayoría de los países han firmado tratados internacionales en el ámbito del comercio, el derecho de autor, la cooperación y la coproducción internacional, entre otros.

La aplicación práctica de esos tratados y el respeto de los compromisos adquiridos depende de los órganos de gobierno establecidos en el seno de organizaciones internacionales tales como OMC, OIT, OMPI, o de los acuerdos de cooperación bilateral y multilateral entre países. El impacto de ellos sobre la industria cultural y creativa nacional depende de la correcta combinación de instrumentos normativos eficientes, recursos financieros suficientes y voluntad política para su correcta aplicación.

La naturaleza de los marcos jurídicos es relativamente dinámica, pues varía tanto con los cambios tecnológicos y de contexto internacional, como con los objetivos estratégicos que cada gobierno se propone alcanzar. En este sentido, la actualización permanente del marco normativo para asegurar su vigencia es una de las tareas prioritarias de la gestión del responsable de las industrias culturales y creativas.

Cabe señalar que, como las estrategias de intervención normativa, cualquiera sea el nivel en el que se produzcan, llevan un tiempo entre su diseño y su aplicación, es conveniente que se combinen con otras estrategias de gestión que ofrezcan la posibilidad de obtener resultados visibles a corto plazo.

El primer paso hacia una intervención en el ámbito legislativo es determinar cuál es la jerarquía jurídica de las normas que necesitan modificarse o cuya aplicación efectiva debe ser reforzada, y cuáles son aquellas normas que habrá que crear.

Cada país, en función de su sistema de organización, tiene su propia escala o pirámide jurídica que determina la jerarquía de cada norma. En líneas generales, la escala puede representarse de la siguiente manera:

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