Explotación Comercial (Norma 2)

La Norma 2 insta a respetar el interés público a través de una gestión adecuada del patrimonio cultural común. Nuestro patrimonio no puede concebirse como una fuente de recursos económicos con la que se pueda comerciar o especular. Su recuperación debe llevarse a cabo de modo que se preserven las características científicas o culturales que le confieren un valor excepcional para la humanidad. Aunque la Convención no se ocupa de los derechos de propiedad, el patrimonio es y debe seguir siendo de dominio público.

La Norma 2 implica asimismo que el valor del patrimonio reside en su contexto y sus vínculos particulares. El conjunto patrimonial visible u oculto en un yacimiento arqueológico es mucho más significativo que la suma de sus componentes particulares. Es esencial, pues, preservar la unidad de los vestigios, las muestras y la información de cada yacimiento. La dispersión debe evitarse a toda costa

La explotación comercial con vistas al comercio o a la especulación es inaceptable, pues:

  • El patrimonio no debe ser objeto de transacciones ni operaciones de venta, compra o trueque como bien comercial;
  • El patrimonio no debe ser objeto de robo o contrabando de arte;
  • El patrimonio no debe ser objeto de explotación comercial o especulación;
  • El patrimonio no debe dispersarse de forma irremediable; y
  • El patrimonio debe mantenerse tan próximo al yacimiento en que se halló como sea posible.

La prohibición de la explotación comercial no impide la organización de servicios profesionales ni la gestión del acceso al patrimonio con arreglo a fines comerciales. .

La prohibición atañe a:

  • el comercio, 
  • la venta,
  • la compra y
  • el trueque

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El Mercado de Antigüedades

 

El comercio de bienes patrimoniales es una de las amenazas más graves para la integridad de las colecciones y para el principio de que el patrimonio arqueológico es de dominio público y no privado. El comercio de antigüedades tiene una historia larga y frenética que corre paralela a la de la arqueología y a la del gremio de los anticuarios. Hubo un tiempo en que explotar el patrimonio en beneficio de colecciones privadas no era la excepción sino la norma. Los museos arqueológicos y otras instituciones públicas se regían por el mismo principio, adquiriendo objetos de dudosa procedencia, con lo que las colecciones procedentes de un mismo yacimiento se dispersaron por diversos países y muchos objetos perdieron su registro de procedencia.
El flujo más importante de objetos iba de las regiones colonizadas, ocupadas o subdesarrolladas a regiones más prósperas donde se establecían los poderes de ocupación y colonización.  

Hoy día aún se argumenta a veces que este flujo entrante de mercancías impulsó el conocimiento de la variedad cultural del mundo y, de este modo, sirvió para promover el respeto mutuo y moderar el egocentrismo de Occidente. El debate en torno a la veracidad o falsedad de tal afirmación no cambia el hecho de que se amasaran entonces inmensas fortunas privando a zonas más necesitadas de su riqueza arqueológica y del testimonio de su identidad cultural. Por otra parte, tras los procesos de construcción y reconstrucción social que siguieron a las guerras y las calamidades del siglo XX, los pueblos más afectados se vieron privados de su patrimonio cultural más representativo, que pasó a engrosar colecciones privadas al otro lado del mundo, donde difícilmente podía servir para infundirles nuevas esperanzas.

En el ámbito nacional, varios países comenzaron a proteger su patrimonio mediante leyes arqueológicas mucho antes del fin de la era colonial. Sin embargo, en el ámbito del derecho internacional no fue hasta bien entrado el proceso de descolonización que se decidió finalmente pasar a la acción y tomar medidas para acabar con el saqueo de yacimientos arqueológicos, poner coto al comercio de antigüedades adquiridas de forma ilícita y lanzar campañas que hasta entonces habían sido más bien tímidas para restituir a su país de procedencia los bienes cuyo robo o contrabando resultaba más flagrante.

La UNESCO ha sido uno de los organismos más activos en la lucha contra la comercialización y los intercambios desiguales del patrimonio, promoviendo el desarrollo de Recomendaciones y Convenciones y fomentando otras formas de cooperación internacional. Las leyes y Convenciones elaboradas con este fin (véase el recuadro sobre las Convenciones de la UNESCO para combatir el tráfico ilícito de antigüedades) hicieron del pillaje de yacimientos terrestres un delito tipificado. Desde entonces se distingue entre el mercado legal de antigüedades legal y el tráfico ilegal de antigüedades.

Una de las consecuencias fue que, a falta de la Convención de 2001, el pillaje y la explotación comercial de los yacimientos subacuáticos no menguaron sino que se incrementó. Aprovechando la libertad de movimiento en alta mar y la falta de protección jurídica del patrimonio subacuático, las empresas comerciales y las casas de subastas defendieron durante algún tiempo que saquear un yacimiento subacuático era perfectamente lícito y ético. La Norma 2 deja bien claro, pues, que el patrimonio cultural subacuático no deberá ser objeto de transacciones ni de operaciones de venta, compra o trueque como bien comercial. La Norma alude tanto al vendedor como al comprador y, con buen criterio, hace mención explícita del trueque. Las empresas que sustraen objetos de yacimientos arqueológicos suelen tratar de ganarse los favores de museos, funcionarios y políticos con obsequios y sobornos similares para allanarse el terreno. La Norma 2 prohíbe terminantemente esta clase de trueques.

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Servicios profesionales y depósito autorizado

 

La Norma 2 sustenta con claridad el siguiente principio: la explotación comercial que tiene por objeto la realización de transacciones o la especulación es incompatible con la protección y gestión adecuadas del patrimonio. Esto no significa que la gestión del patrimonio y las actividades realizadas para protegerlo o gestionarlo de forma adecuada no deban estar sujetas a principios empresariales. Tampoco significa que todas las transferencias de propiedad sean inaceptables. El Párrafo a) establece que una actividad puede remunerarse sin considerarse por ello una explotación comercial conforme a la Convención o su Anexo y el Párrafo b) confirma que el depósito del patrimonio no tiene por qué implicar un trueque.

Arqueología profesional

El Párrafo a) alude a los servicios arqueológicos profesionales y otros servicios conexos relacionados con la intervención arqueológica, especificando así el tipo de servicios que están exentos de la prohibición de explotación comercial. Por mucho que en una economía capitalista sea posible expresar cualquier beneficio, actividad o servicio en términos comerciales y gestionarlos de un modo acorde, el Párrafo a) aclara que no es la prestación de estos servicios arqueológicos profesionales lo que se prohíbe. Las actividades arqueológicas pueden regirse por principios comerciales siempre que estén autorizadas, sean conformes a la Convención y los objetos hallados en el yacimiento no formen parte de la ecuación comercial en ningún momento.

La forma de organizar la gestión del patrimonio y autorizar las actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático de cada país puede variar en sus detalles, pero deben establecerse siempre autoridades competentes que velen por el interés público. A menudo los servicios arqueológicos profesionales o el suministro de equipos se contratan a proveedores externos. En todas partes, tanto la gestión privada como la pública están sujetas a principios empresariales: presupuestos, planes, salarios y balances de costes y beneficios. La aplicación de la terminología y la lógica del mercado a los servicios profesionales tienen sus ventajas, como se analiza en detalle en el Capítulo V sobre financiación, pero estos principios empresariales no deben confundirse con la explotación comercial indebida. Además, como recalca el Párrafo a) de la Norma 2, nada prohíbe la prestación de servicios o el suministro de equipos y personal en el contexto de la gestión del patrimonio.

La conservación y el problema de la dispersión

La segunda cláusula de excepción del Párrafo b) concierne al traslado del patrimonio recuperado a un depósito adecuado, que no debe interpretarse como un trueque o una transacción ilícita. Obviamente, el depósito debe tener la autorización de las autoridades competentes y cumplir ciertos requisitos. Así, no debe vulnerar “el interés científico o cultural”: al contrario, debe velar por ambos. Tampoco puede vulnerar la integridad del material recuperado. Los artefactos, muestras y datos relativos a un mismo yacimiento deben permanecer juntos. Sin embargo, en la práctica puede haber múltiples razones relativas al almacenaje, a la conservación y a la exposición que desaconsejen el depósito de todo el patrimonio en un solo lugar o edificio, por lo que a veces es preferible repartir la responsabilidad entre varias instituciones, ya sean museos, depósitos o archivos. No hay razón para oponerse radicalmente a esta disgregación del patrimonio, siempre que no dé lugar a su dispersión irremediable y tenga la autorización de las autoridades competentes. La transferencia de patrimonio entre instituciones públicas no se incluye entre las prácticas que la Norma prohíbe, como tampoco se incluye la cesión temporal de una colección, siempre que no implique que los objetos se introduzcan en el mercado de antigüedades. Todas estas transferencias deben ejecutarse de conformidad con lo dispuesto en las Normas 33 y 34, referentes a la conservación sostenible de archivos y colecciones. Hay que añadir, por último, que para preservar la autenticidad y el contexto del patrimonio es preferible que la institución donde se depositen los objetos arqueológicos y la información aparejada esté tan cerca de su yacimiento de origen como sea posible. A poder ser, dicha institución debe estar bajo el mismo poder político que el yacimiento.

Inclusión de beneficios

Para formular con claridad la prohibición de cualquier explotación comercial del patrimonio cultural subacuático que tenga por objeto la realización de transacciones o la especulación, la Norma 2 define lo que debe entenderse por explotación comercial en el marco de la Convención. La Norma permite sin reservas que la gestión se organice en términos comerciales. Esta reserva se aplica a la “prestación de servicios arqueológicos profesionales o de servicios conexos necesarios” y, por extensión, a los centros de información, a los museos y a las tiendas de los museos. Ni la Convención ni su Anexo tratan de impedir la obtención de beneficios asociados al patrimonio y procedentes de las visitas y del turismo sostenible ni su redistribución regional o comunitaria. Naturalmente, esta clase de gestión debe ser conforme a la Convención en su índole y finalidad, y tener la autorización de las autoridades competentes. Ejemplos comunes de gestión comercial compatible con el patrimonio cultural subacuático son la explotación comercial del acceso y la supervisión de los yacimientos, ya sea a través de empresas de submarinismo o centros de visitas, o de la venta de entradas en museos que exponen muestras del patrimonio cultural subacuático.

Aunque la Norma 2 no menciona explícitamente esta clase de operaciones comerciales compatibles con la protección y gestión del yacimiento, su permiso tiene el respaldo de otras resoluciones de la Convención. Como se expondrá más adelante, al tratar de las Normas 7 y 8, el intercambio de conocimiento, el acceso público y la valoración del patrimonio son principios éticos fundamentales. 
 

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La lucha contra el tráfico ilícito

 

La UNESCO ha sido un actor de gran importancia en la lucha contra el tráfico ilícito. La primera Convención de la UNESCO, la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado, también conocida como la Convención de la Haya de 1954, se adoptó para prevenir el saqueo y la destrucción en tiempos de guerra, puesto que la protección del patrimonio no es sólo un asunto de interés nacional, sino que “los daños ocasionados a los bienes culturales pertenecientes a cualquier pueblo constituyen un menoscabo al patrimonio cultural de toda la humanidad, puesto que cada pueblo aporta su contribución a la cultura mundial” (preámbulo). Por desgracia, ha habido desde entonces muchos conflictos armados en los que se ha tenido que aplicar la Convención, con mejores o peores resultados. En cualquier caso, es evidente que los yacimientos y los objetos que contienen son especialmente vulnerables al saqueo o a la destrucción durante un conflicto o tras él, cuando el gobierno se debilita o desaparece. Los botines de guerra nunca han dejado de abastecer el mercado de las antigüedades y los ávidos coleccionistas que promueven esta clase comercio siguen justificando sus inversiones aduciendo que es el único modo de salvaguardar el patrimonio de la humanidad.

El siguiente avance significativo fue la Convención sobre las Medidas que Deben Adoptarse para Prohibir e Impedir la Importación, la Exportación y la Transferencia de Propiedad Ilícita de Bienes Culturales de la UNESCO, aprobada en 1970. Aunque al principio el proceso de ratificación avanzó con lentitud, en la década de 1990 tomó impulso y hoy son ya 120 los países que han ratificado esta convención. Entre ellos se cuentan países productores y otros de tendencias más liberales que hasta ahora solían facilitar la transferencia y adquisición de “antigüedades ilícitas”. La Convención de 1970 está vinculada al Convenio de UNIDROIT de 1995, que es su complemento en aspectos del derecho privado relacionados con el comercio indebido.

Gracias a la aplicación de estas Convenciones y a la reflexión y el debate público que suscitaron, los compradores, coleccionistas y vendedores de antigüedades son cada vez más conscientes de que un objeto de compraventa debe tener limpio su historial. Los objetos de índole obviamente arqueológica cuya historia es poco clara o presenta lagunas levantan de inmediato sospechas de robo o pillaje. El comercio de objetos “sucios” atrae cada vez menos a los comerciantes, que tratan de mantener una imagen de fiabilidad y responsabilidad, no quieren ser tachados de contrabandistas y ladrones y, por lo demás, están obligados a guardar un registro de cada transacción. Nadie quiere ser acusado de tener en casa un objeto robado, saqueado o manchado de sangre.

Estas Convenciones que combaten el tráfico ilícito son un buen complemento para la Convención de 2001, que prevé reglamentos sobre el control de la importación del patrimonio procedente del tráfico ilícito, su comercialización y posesión, la prohibición de actividades no conformes a la Convención en las zonas de jurisdicción de los Estados Partes y las sanciones correspondientes

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